Han pasado ocho días desde que el exvicepresidente Jorge Glas dejó la cárcel de Latacunga. El pasado 9 de abril del 2022, el juez Javier Moscoso, de una Unidad Judicial de Santa Elena, le otorgó un habeas corpus y así recuperó su libertad.
Al dejar el centro penitenciario, el exvicepresidente viajó en caravana hasta Guayaquil. A las 21:45, del 10 de abril del 2022, arribó al Coliseo River Oeste. Allí fue recibido por unos 400 simpatizantes y coidearios.
Glas se subió a una tarima y dio un discurso de aproximadamente 20 minutos. En ese tiempo aseguró que estuvo detenido durante cuatro años y medio a causa de una persecución política.
Indicó que no pudieron probar que haya cometido delitos y tampoco que se haya beneficiado de “un centavo mal habido”.
“Fui sentenciado por la fuerza de las circunstancias y por influjo psíquico, pero nunca probaron nada. Nuestras manos están limpias, somos gente decente, no tenemos nada que ocultar”, indicó.
Las penas no se eliminan
Glas aún debe cumplir, en libertad, sus tres sentencias por asociación ilícita, concusión y peculado. Las dos primeras ya están en firme, es decir que tres instancias judiciales ratificaron la condena.
Por eso, hasta que culmine sus penas debe presentarse el primer lunes de cada mes en la Corte del Guayas y también tiene prohibido salir del país.
Esto ocurre porque el habeas corpus, que le otorgó el juez, no lo libera de su culpabilidad. Así lo explican abogados expertos en este tema.
El abogado constitucionalista, Juan Francisco Guerrero indicó que, al aceptar ese recurso, el magistrado no está determinando la culpabilidad o inocencia de una persona y tampoco es un mecanismo para revisar la ejecución de una pena.
La abogada constitucionalista, Catalina Medina, también dijo que otorgar un habeas corpus no implica que la pena o el proceso judicial se elimine. “La persona sigue siendo culpable a pesar de que se haya ordenado su libertad”, indicó.
Ella explicó que el habeas corpus solo tiene dos objetivos. El primero es la liberación de una persona que ha sido privada de su libertad de forma arbitraria, ilegal o ilegítima. Y el segundo es la protección de la vida e integridad de un detenido.
Fuente: El Comercio
