El Ministerio del Interior y la Policía solicitaron a la Corte Nacional de Justicia que regule, de una vez por todas, el tema de los arrestos domiciliarios.
Esta medida cautelar, alternativa a la prisión preventiva, obliga a movilizar a 1.304 agentes, lo cual tiene un enorme gasto para la institución, además de que resta efectividad a los operativos.
De acuerdo a cifras oficiales, a nivel nacional están dictados 326 arrestos domiciliarios. De dicha cifra, 124 son por delitos sexuales, 63 por narcotráfico, 47 por delitos contra la vida, 31 por delitos contra la propiedad, y otros menores por delincuencia organizada, porte y tenencia de armas, accidentes de tránsito y falsedad.
Para evitar que los “detenidos” abandonen sus domicilios, se requiere vigilancia policial las 24 horas del día, con el consiguiente problema logístico.
Cabe destacar que la cantidad de oficiales designados a esta tarea, supera toda la dotación de comandos como el de Chimborazo, que tiene 1.260 elementos.
El objetivo es reducir el movimiento de los gendarmes, y permitir que aumente la cantidad de efectivos en las calles, que son el lugar donde más se los necesita.
