El analista también fustiga la forma de operar de Wilman Terán, el polémico expresidente del Consejo de la Judicatura.
El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, está cada vez más loco, y sus actitudes ahora son “bufonescas”.
Así lo señaló el reconocido jurista, Ramiro García, en diálogo con “Punto de Orden”.
García lamentó que en el reciente trámite del habeas corpus, que Terán planteó para ser cambiado de “La Roca” a la Cárcel 4, de Quito, lo cual consiguió, el SNAI mostrara argumentos tan deplorables. Casi que se acoge al silencio, permitiendo que el detenido se saliera con la suya.
Como resultado de ese éxito, el exfuncionario pretende otro habeas corpus para salir de prisión. Sin embargo, a su criterio no lo conseguirá, pues la acusación es sólida y la prisión preventiva fue bien sustentada.
Lo preocupante es que le permitan a Terán, interferir en el proceso y amedrentar a los testigos.
Valentía de la fiscal
Asimismo, el jurista destacó la valentía de la fiscal general, Diana Salazar, quien una vez superado el riesgo inicial de su embarazo, afrontará el juicio político planteado por el correísmo en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, hizo notar que la mayoría de los bloques legislativos, ya anticipó que no votará a favor de una eventual moción de censura y destitución. Como para demostrar que la RC5 se queda cada vez más sola.
Y aunque todo puede suceder en la política, todo apunta a que la interpelación terminaría con un resultado favorable para Salazar.
No hay propuestas
A nivel electoral, subrayó la falta de propuestas de los candidatos presidenciales, pese a ser 17.
Cada vez hay más movimientos y postulantes, pero menos planteamientos, remarcó Ramiro García. Y prueba de ello es que hasta ahora no se escuchan planes en temas como seguridad penitenciaria o educación superior universitaria, por citar ejemplos.
Finalmente, fustigó el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), más inmerso en pugnas que en su trabajo.
En su opinión, debe impulsarse a corto plazo una nueva consulta popular, que elimine a este “Frankestein” criollo y devuelva al Parlamento, la atribución de elegir a las autoridades de control.
