Las fundaciones y personas naturales que tienen sus fondos congelados a raíz del paro, emprenden acciones legales y constitucionales para revertir la medida.
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El abogado Carlos Poveda, que ha defendido a organizaciones sociales y dirigentes indígenas, tiene inmovilizadas sus cuentas bancarias desde el 20 de septiembre por una medida emitida por la UAFE con base en la ley de transparencia social, o ley de fundaciones.
Poveda volvió a presentar una acción judicial y tendrá audiencia el próximo 6 de noviembre para insistir en que liberen sus cuentas. Es la misma situación de siete personas más y de la Confeniae a quienes también se fijó la diligencia para esa fecha.
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Otras acciones se han presentado en la Corte Constitucional, que ya acumula seis demandas en contra de la cuestionada ley que permite congelar fondos sin orden judicial.
En total son 30 fundaciones y organizaciones sociales que piden a la Corte que suspenda inmediatamente la ley y luego la declare inconstitucional. Las seis causas están sorteadas con distintos magistrados.
