Como parte de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional, para acceder a un crédito de 4.000 millones de dólares, el gobierno de Daniel Noboa se habría comprometido a ponerse al día con los prestadores privados de salud.
El primer paso sería aclarar el monto real de la deuda, que mantiene por las derivaciones de pacientes del IESS y del Ministerio de Salud.
Para ello se realizará una auditoría, que permitiría establecer las deudas que hay en ambos casos. El objetivo sería cumplir hasta fines de octubre del presente año.
El trabajo estará a cargo de un auditor especializado, que analizará las obligaciones pendientes que vienen desde el 2022. El FMI quiere que se “mapeen y liquiden los atrasos”, y se proteja además la cadena de pagos.
Según datos de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe), la deuda, en el caso de los prestadores externos, asciende a 297 millones de dólares, hasta noviembre del 2023.
Los más afectados por el no pago son los pacientes con problemas renales, debido a que requieren diálisis, que son costosas.
Además de las deudas por pagar, el Estado Ecuatoriano se comprometió a mejorar las citas médicas, y sobre todo a vigilar que se paguen las que sí se realizan. En los últimos 10 años, el IESS ha pagado 6.000 millones de dólares a prestadores externos.
