El gobierno nacional anunció la suspensión inmediata de 39 radares, que se dedicaban a detectar supuestas infracciones de tránsito en 3 provincias del país.
Se trata de equipos instalados en Los Ríos (29), Cañar (8), y El Oro (3). Los mismos fueron instalados por los consorcios SEVIECU y ECUTRANSIT, mediante convenios realizados en el gobierno anterior.
En un comunicado difundido en redes sociales, el gobierno nacional señala de forma tajante: “No le volverán a meter la mano al bolsillo de la gente”.
El post reconoce las graves denuncias de los conductores, por la forma abusiva en que operan los citados radares, muchas veces sin advertencia previa.
Además, la mayor parte de los montos de las multas van para SEVIECU y ECUTRANSIT, y no para la Comisión de Tránsito, el gobierno o los organismos seccionales.
El comunicado establece que había “multas exorbitantes”, estafando a la ciudadanía.
También aclara que el contrato fue elaborado en tiempo récord, 42 días, sin el visto bueno de la Secretaría de Alianzas Público Privadas, como establece la ley.
Finalmente, el comunicado señala que el gobierno no permitirá contratos, que beneficie a los bolsillos de unos pocos.
