Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo concretan acción de protección que deje sin efecto su censura y destitución

Su abogado defensor, Diego Chimbo, explicó que hubo una afectación al debido proceso porque la interpelación avanzó sin que haya de por medio un informe elaborado y aprobado por la Comisión de Fiscalización, sobre el cual debía resolver el pleno, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

“La Asamblea Nacional debe obedecer la norma que la rige, por lo que en la tramitación de este juicio político se rompió el orden procesal y tiene que ver con violaciones a derechos constitucionales. El paso vital no está (el informe) y eso tiene que resolverlo la justicia constitucional, pues no procedía la votación sin un informe”, precisó Chimbo.

Esta acción de protección incluyó la solicitud de medidas cautelares para evitar que se ejecute la resolución de la Asamblea y se principalice a los nuevos cuatro vocales en su reemplazo, hasta que se resuelva este recurso.

Chimbo aspiró a que la próxima semana se convoque a la audiencia para tramitar su pedido, mientras esperan que la justicia dicte la medida cautelar.

Hernán Ulloa, quien presidía el CPCCS desde el 9 de febrero pasado, defendió la presentación de esta acción. “Todos los actos de la administración pública se encuentran sometidos al control constitucional, por lo que es una injerencia el advertir a los jueces que cometerían una afectación a su institucionalidad”, espetó en referencia a la declaración del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que llamó a los jueces a no interferir en las decisiones políticas de su función.

Por su parte, María Fernanda Rivadeneira, quien ejercía la vicepresidencia y fue también censurada y destituida por este enjuiciamiento, presentará su recurso de forma individual, según se conoció.

Otra acción de protección la presentó el legislador Washington Varela (BAN) y fue admitida a trámite, cuya audiencia se convocó para las 17:00 de este miércoles en la Unidad Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito.

El accionante presentó el recurso el viernes pasado y en su escrito advierte al juez sobre un arbitrario e ilegítimo juicio político seguido por el pleno de la Asamblea Nacional únicamente en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana, en el que se vulneraría el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, por cuanto la Comisión de Fiscalización habría presentado un informe fuera de los plazos legales, correspondiendo legalmente ordenar el archivo del juicio político.

Esto ocurre mientras el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, convocó para este jueves, a las 16:20, a la posesión de dos nuevos vocales principales para el Consejo de Participación Ciudadana que reemplacen a los censurados.

En la actualidad, hay solo dos vocales suplentes que pueden principalizarse, pues tomaron posesión de sus cargos tras los comicios del 2019: Mónica Moreira y Karina Ponce.

Ellas sucederían a Rivadeneira y Estupiñán. En el caso de Hernán Ulloa y Francisco Bravo, ascenderían Carlos Figueroa y Jaime Chugchilán, de acuerdo con una certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) que contiene el listado de los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos en el 2019.

Sin embargo, sobre el candidato Chugchilán hay dudas, pues registra una sentencia por el delito de fraude masivo dictada por un Tribunal de Quito, por el que cumplía medidas alternativas a la prisión, como la presentación periódica, que dejó de cumplirlas desde marzo pasado, a lo que se suma que estaría estaría fuera del país.