Indignados. Así están en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, debido a la actuación de ciertos operadores judiciales, que favorecen a peligrosos delincuentes.
La mesa inició una investigación exhaustiva, a fin de establecer quiénes son los jueces y fiscales implicados en estas irregularidades.
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El tema fue tratado por el presidente de la Comisión, Ferdinand Álvarez, en “Punto de Orden”.
Nudos críticos
Álvarez explicó que se han establecido ya casos de prevaricato, con el resultado de que peligrosos hampones son beneficiados con libertad o medidas sustitutivas, a pesar de las evidencias en su contra.
Como ejemplo citó el caso de un sujeto, implicado en el secuestro y posterior muerte de una comerciante de origen asiático. Cuando fue detenido se desconocía el deceso de la víctima, así que el juez, de forma inexplicable, no ordenó su prisión, porque “solo secuestró y no asesinó” a la mujer.
Estos son nudos críticos, que desde la Asamblea pretenden resolver. Y más aún porque el Consejo de la Judicatura, en algunos casos, tarda hasta un año en sancionar a los malos funcionarios.
El objetivo es establecer un proyecto de reformas, que impidan a los operadores judiciales beneficiar a los maleantes. Y en esa tónica, será fundamental el aporte de la sociedad civil y de la academia.
A su criterio, existen derechos excesivos para los delincuentes. Sin embargo, hasta poder implementar un cambio integral en el Código Penal, hay que buscar soluciones a corto plazo.
Según sus cálculos, a fines del presente mes la mesa tendrá las recomendaciones finales, sobre las reformas a tratar.
Investigaciones de Villavicencio
En otro ámbito, Álvarez confirmó que la comisión retomará las investigaciones iniciadas por el excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del 2023 en Quito.
Villavicencio también presidió la mesa de Fiscalización del Parlamento.
El rescate de los expedientes no ha sido fácil, dijo, ya que la anterior presidenta –la correísta Pamela Aguirre- no mantuvo un archivo óptimo. Las actuales autoridades tuvieron que acudir a la Secretaría general, y recuperar los casi 10.000 documentos que ahora poseen.
