Más voces suman su rechazo al juicio político, que sigue la Asamblea Nacional al presidente Guillermo Lasso.
En diálogo con “Punto de Orden”, el analista jurídico Joan Paul Egred hizo notar que, al menos hasta ahora, los interpelantes no presentan una sola prueba o testimonio, que demuestren el supuesto peculado del mandatario en el contrato de Flopec con Amazonas Tankers.
Ni siquiera ha querido comparecer el ex gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, ni existen elementos contundentes, como podrían ser una investigación fiscal, una formulación de cargos o una audiencia de llamamiento a juicio.
Ni siquiera, anotó, hay un pronunciamiento acusatorio de la Contraloría.
Egred precisó que, conforme avanza el juicio político, se pierden los poquísimos elementos que se esgrimieron para tratar de justificar la acusación, sin mencionar que se citaron artículos de ley derogados, y que los interpelantes pretenden incluir acusaciones no aprobadas por la Corte Constitucional.
Como resultado, el jurista precisó que cada vez hay menos voluntades a favor de una eventual censura de Lasso, debido a la irresponsabilidad con que se ha manejado el caso.
Egred reconoció que un juicio político se maneja de forma diferente a un juicio penal, pues forma parte de la atribución política del Parlamento, de realizar un control a las autoridades. Sin embargo, se mantiene la necesidad básica de demostrar, de forma real y palpable, el supuesto delito, que en este caso sería peculado.
El analista advirtió que los acusadores no pueden asumir lo que no existe, y lamentó que caigan en errores de bulto, debido a su desconocimiento de las leyes.
