La ley es muy clara: no se necesita el permiso de la Asamblea Nacional, para enjuiciar penalmente a un ex presidente o ex vicepresidente de la República.
En diálogo con “Punto de Orden”, el jurista Gonzalo Muñoz explicó que el artículo 120 de la Constitución lo señala: esa autorización solo es requerida cuando el mandatario o segundo mandatario están en funciones.
En vista que Glas ya no es vicepresidente, el juez Luis Rivera, de la Corte Nacional, no debió oficiar al Parlamento este permiso, dijo.
Para Muñoz, la actitud del magistrado es cómplice de la impunidad, pues busca dilatar el proceso penal contra Glas, implicado en actos de corrupción en la reconstrucción de Manabí.
El constitucionalista recordó que ya hay precedentes de pedidos similares, y que fueron respondidos en base a la ley: no es necesaria la autorización de la Asamblea. Por tanto, no cabía preguntar de nuevo.
Además, precisó que el ex vicepresidente, si bien goza por ahora de un régimen de prelibertad, debe presentarse periódicamente ante un juez y un fiscal. Si no lo hace, pues se encuentra oculto en la Embajada de México, podría revocarse su situación legal, y por tanto deberá cumplir el resto de las condenas pendientes.
Para Muñoz, Glas no es un perseguido político. Tiene 2 sentencias penales ejecutoriadas, en tercera instancia, por graves delitos contra la administración pública. Es decir actos de corrupción, que nada tienen que ver con su actividad proselitista.
Basta establecer, apuntó el jurista, si el gobierno logra convencer a México de no otorgarle asilo, pues no reúne las condiciones para ello.
