Ecuavisa .- Entre los implicados consta el exdirector del Centro de Detención Provisional (CDP).
La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que apelará el sobreseimiento dictado a favor de cinco sospechosos de ingresar armas, balas, drogas y otras elementos prohibidos al Centro de Detención Provisional (CDP) de Guayaquil, entre ellos el exdirector de la prisión.
La institución recordó a través de un mensaje en redes sociales que el lunes 23 de octubre un recluso fue condenado a 40 meses de cárcel tras reconocer su culpabilidad en el caso, mientras que otros cuatro procesados fueron absueltos.
La audiencia de juzgamiento de este caso se instaló este martes por la presunta participación de varios funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) en el ingreso de materiales prohibidos a esa cárcel.
El pasado 4 de agosto, policías y militares efectuaron una requisa en el CDP y encontraron fusiles, municiones, explosivos, droga y dinero en áreas administrativas del centro penitenciario.
Entre julio y agosto pasado, fuerzas policiales y militares realizaron requisas en el complejo penitenciario de Guayaquil, un conjunto de cinco cárceles que alberga a más de 12 000 presos y donde se encuentra el CDP.
En este complejo han ocurrido varias masacres entre bandas criminales que se disputan el control de las prisiones y que desde 2020 han dejado más de 400 presos asesinados, según han afirmado las autoridades.
Las intervenciones se realizaron entonces en el marco de un estado de excepción decretado por el Gobierno de Guillermo Lasso en el sistema penitenciario nacional.
La operación sucedió a una serie de enfrentamientos mortales ocurridos entre el 23 y 25 de julio en la Penitenciaría del Litoral, la más grande complejo carcelario de Guayaquil, con 31 presos asesinados.
La violencia carcelaria también ha saltado a las calles, lo que ha generado que Ecuador pase de 5,8 homicidios intencionales por cada 100 000 habitantes en 2017 a 25,62 en 2022, la cifra más alta de su historia.
Varios expertos consideran que en 2023 ese indicador podría llegar a 40 crímenes por cada 100 000 habitantes, lo que pondría al país como uno de los más violentos de América Latina.
