El trabajo de la Corte Constitucional apunta a la excelencia. Su presidente, Alí Lozada, explica la fórmula utilizada por los jueces para lograr sentencias mediante consensos, y destaca la importancia de sentar precedentes, que se conviertan en jurisprudencia para casos futuros.
La Corte Constitucional (CC) es, por definición, el máximo organismo de justicia constitucional del Ecuador. Y al ser una institución jurisdiccional está conformada por jueces, que tienen a su cargo la emisión de fallos sobre posibles transgresiones a las normativas de la Carta Magna.
Como en cualquier corte, la calidad de los jueces se mide en su integridad moral y su capacidad académica. Pero la independencia –muchas veces pasada por alto- juega un rol fundamental. Independencia política, social e incluso gremial, que le permite al magistrado actuar libre de presiones.
En una entrevista especial concedida a “Punto de Orden”, el presidente de la CC. Alí Lozada Prado, repasó con Carlos de Tomaso lo que significa esa independencia, los mecanismos implementados para optimizar las sentencias, y el legado que pretende dejar sus actuales integrantes.
Catedrático y juez
Lozada -49 años, nacido en Archidona, provincia del Napo- realizó sus estudios universitarios en la Universidad Católica de Quito. Posteriormente viajó a Alicante, España, donde hizo un doctorado. Su estancia ahí se alargó, por el apasionante trabajo que encontró en el Departamento de Filosofía del Derecho junto a Manuel Atienda, su maestro y fundador de la teoría de la argumentación jurídica.
Atienda, por cierto, es considerado uno de los filósofos más influentes de Hispanoamérica, con una obra gigantesca que es centro de referencia y estudio.
Sus pasos lo llevaron luego a Chile, donde planeaba un proyecto de investigación de 3 años. Sin embargo, su nominación como candidato a juez constitucional de Ecuador lo trajo de regreso al país.
Su labor previa fue de enorme experiencia. Previamente colaboró con la Comisión Cívica Anticorrupción, donde pudo compartir con notables juristas como Ramiro Larrea Santos, Ramiro Borja y Jorge Rodríguez, con quienes se nutrió de experiencia y civismo.
Al evaluar esta parte de su carrera, Lozada Prado explicó que la fortaleza de aquella comisión, no solo era su argumentación jurídica –fuerte y razonada- sino la autoridad moral de sus integrantes, dignos representantes de la sociedad.
Al ser designado juez, en el 2019, partió con la incertidumbre de saber si su periodo sería de 3, 6 o 9 años, por tratarse de una CC totalmente nueva –los jueces anteriores fueron destituidos en el 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, presidido por Julio César Trujillo-. Y obviamente, al provenir de la academia, sin experiencia en la impartición de justicia, asumió un enorme compromiso.
¿La diferencia entre la cátedra y la toga? Como profesor se pueden cometer ciertos errores, que no tienen grandes consecuencias. Como juez, una equivocación sí las trae.
De ahí la importancia, la enorme importancia de la independencia. O somos independientes o no somos jueces, es su frase. La independencia no es una alternativa, ni una opción. Es una condición propia del cargo.
Una labor que no tiene símil en el sector público. Por ejemplo, un funcionario debe poseer la subordinación al plan de gobierno, y un parlamentario a sus electores. Pero para un juez es imposible asumir que tiene un jefe o superior.
¿De dónde sacamos los jueces nuestra representación, pues no fuimos elegidos en las urnas? Precisamente de esa citada independencia, apunta. Por más loable que sea un interés o un punto de vista, lo que sirve al final es el peso de la balanza.
Y claro, agrega el magistrado. Reciben amenazas y presiones de todos lados. De autoridades, de sectores sociales o políticos. Por ello su anhelo es ingresar, junto con sus colegas, en una “cápsula” simbólica, que los mantenga a salvo de injerencias externas.
Ser juez no es nada fácil, explica Alí Lozada. Y más aún juez constitucional. Los conceptos y los valores constitucionales son los mismos siempre, pero varía, de persona a persona, la forma de entenderlos y aplicarlos.
Esa diferente forma de captar –y dictar justicia- no significa militancia política, aclara. Lo que implica es la forma en que acogemos y aplicamos los valores que consideramos sagrados. Hay matices ideológicos –desde conservadores a progresistas- pero los valores son los que, al final del día, marcan la diferencia.
Dentro del actual cuerpo colegiado de la CC (9 jueces, incluyéndolo), es complicado construir consensos, pues cada uno tiene su forma de pensar y entender la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, se ha implementado un proceso rigoroso y refinado –pero bastante sencillo- que permite llegar a un acuerdo.
Pero primero una necesaria explicación. Cada caso admitido y calificado es asignado por sorteo a un magistrado (llamado “ponente”) que, de considerarlo necesario, ordena audiencias y pide documentación. Solo entonces elabora un proyecto de sentencia, que pasa a conocimiento del pleno de la CC.
Si los demás magistrados tienen objeciones, las pasan en una “ficha” especial, y en la cual señalan los argumentos de respaldo, siempre en un estilo de redacción práctico. El equipo legal del “ponente” toma en cuenta los puntos y, de ser procedentes, realiza los cambios necesarios. Ya con las correcciones listas, se pasa a la votación.
Lozada afirma que este mecanismo, en apariencia complejo, pero en realidad muy expedito, permite agilizar la administración de la justicia constitucional, y sobre todo deja sentados los “peros” de cada caso. De hecho, el ciclo dura apenas una semana.
La importancia de los precedentes
Dentro del manejo de la justicia de la CC, los actuales jueces le han dado enorme importancia a un aspecto fundamental: los precedentes.
El objetivo es que estos conceptos, establecidos en las sentencias, se conviertan en pilares de futuros casos, y faciliten el trabajo de los magistrados que vengan. De ahí la importancia de uniformar criterios.
Si la institución usa un precedente en un fallo, dijo, debe ser obligatorio. Y los jueces de cualquier nivel deben estar atentos a ellos. Construir un sistema de precedentes constituye una metodología exitosa. Y gracias a la tecnología, queda al alcance de todo profesional del derecho.
Lozada realiza una analogía interesante: sentar precedentes en ciertos casos, de entre los muchos que hay, es como extraer “pepitas de oro” de una mina. Son pocas, muy pocas, pero en extremo valiosas. Y esas “pepitas”, al colocarlas en la base de datos de la CC, son de enorme ayuda para los juristas de todo el país.
Que cada abogado, precisó, se convierta en “minero”, y use o aplique en sus casos esas piezas de oro.
CC y las nuevas salas constitucionales 
Para la Corte Constitucional, la reforma que implementará Salas Constitucionales en todas las cortes provinciales del país, tal como fue aprobado en la Consulta Constitucional, será de mucha ayuda. Sin embargo, la implementación de tales Salas aún no está concretada.
El Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional y la propia CC están en los primeros pasos: cruzar ideas y presentar propuestas. Hay que ser pragmático: el tema fue aprobado por el pueblo, y debe volverse realidad. En suma, habrá 66 nuevos jueces –tal vez unos cuantos más o menos- que evitarán el mal uso y el abuso de ciertos recursos constitucionales.
Y sí, la actuación de estos futuros magistrados podría, por qué no, reducir la carga de casos que sufre actualmente la CC.
Adicionalmente, la institución alista un proyecto de reformas, que busca evitar los citados abusos. Sin embargo, Lozada sabe que estas transformaciones no son tan rápidas. El aprendizaje legal va de la mano con la transformación cultural de un pueblo. No basta una ley o una sentencia. Hay que cambiar la forma de pensar.
Entrevista completa:
