La decisión de la Asamblea Nacional, de no autorizar el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta, Verónica Abad, por el llamado “Caso Nene”, no significa que ella se ha librado de los cargos.
En diálogo con “Punto de Orden”, el reconocido analista y exlegislador, Ramiro Rivera, recordó que el Parlamento no tiene la potestad de juzgar y mucho menos sentenciar a la segunda mandataria. Lo único que hizo fue establecer si daba o no el permiso necesario, para que un juez la procese.
Rivera precisó que la concusión, delito imputado a Abad, es imprescriptible. Por lo tanto, cuando termine su periodo y venza su inmunidad –en mayo del 2025- podrán juzgarla sin necesidad de la autorización de la Asamblea.
Sin embargo, dijo, sería conveniente preguntarle a la vicepresidenta, en caso de que le encarguen el poder, si gobernará con prudencia, o con venganza y rencor, con el único propósito de demoler lo que ha realizado el presidente Noboa.
En especial debe establecer si bajará el IVA o si concederá el indulto a Jorge Glas, como suena de forma insistente, factores que llevarían a la República a un ambiente de turbulencia.
Para Rivera, tenemos una vicepresidenta irracional, desbordada por las pasiones y cargada de resentimientos. Además, a su criterio tiene enormes limitaciones. Basta visitar Cuenca, su ciudad natal, y preguntarle a la gente lo que opina de ella.
El exlegislador descartó que Abad tenga 4 o 5 personas con la suficiente inteligencia para ocupar un ministerio, en el caso que pretenda hacer cambios por su cuenta. Tampoco cuenta con respaldo político, y como evidencia la bajísima votación que obtuvo en las dos elecciones previas a las del 2023.
El juego de la política
Al evaluar la situación política actual, y las “pujas” entre el gobierno y la oposición, opinó que es una situación normal en camino a unas elecciones, y puntualizó que cada partido y movimiento utiliza su propia estrategia.
Además, quedó en claro que, dentro del llamado “pacto de gobernabilidad” que existió durante algunos meses, el objetivo del correísmo era conseguir la impunidad de sus líderes.
En su opinión, el gobierno difícilmente podrá esperar mucho de la Asamblea, pues conforme avancen los meses, muchos de los actuales legisladores se ausentarán para realizar campaña.
Incluso expuso sus dudas sobre las reformas relacionadas a los resultados de la Consulta Popular, realizada el 21 de abril pasado, y que no muestran un avance significativo, pese a que existe un plazo obligatorio.
Lo que sí debe insistir el gobierno, apuntó, es en su lucha contra la inseguridad. De acuerdo a varias investigaciones, el crimen organizado, y en especial el narcotráfico, maneja entre 15.000 y 20.000 millones de dólares al año. Es decir, la tercera parte del movimiento económico nacional.
Por tanto, mal hizo la Corte Constitucional en poner reparos al Estado de Excepción que decretó el gobierno nacional.
