El país .- El presidente desafía la ley electoral, que prohíbe a los funcionarios públicos usar sus cargos para promover el voto a su favor o en contra de otros partidos.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha usado su investidura para pedir el voto a favor de su partido, Morena, en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. El mandatario ha llamado este jueves a votar “porque continúe la transformación” para que su movimiento logre una mayoría calificada en el Congreso que posibilite una reforma al Poder Judicial, al que el presidente considera corrupto y contrario a los intereses de la nación. Si bien López Obrador no ha mencionado directamente a su partido, el concepto de “transformación” alude al nombre que él mismo ha dado a su movimiento, la Cuarta Transformación, una referencia a las revoluciones históricas que han configurado a México. Los dichos del presidente en su conferencia mañanera desafían la Constitución y las leyes electorales, que en general prohíben a los funcionarios usar sus cargos públicos para influir en el voto de los ciudadanos. Hace unos días hubo una nueva etapa de tensiones con las autoridades electorales, luego de que el INE ordenó a la Presidencia de la República incluir una cortinilla en las transmisiones de la mañanera para advertir sobre la neutralidad que debe observar el mandatario en sus expresiones.
“Tenemos que seguir haciendo conciencia para no dejarnos someter y actuar con libertad, y no dejarnos engañar, por eso sí creo que el Poder Judicial se va a reformar hacia adelante, y es una tarea que va a quedar pendiente, pero que se puede resolver ya en nueve meses [en junio de 2024], si la gente vota porque continúe la transformación”, ha dicho el presidente en su conferencia de este jueves. “También el pueblo es libre, y si dice ‘no nos gusta’, cada quien va a decidir libremente, y nada de coerción, nada de amenazas”, ha agregado.
López Obrador ha retomado sus críticas al Poder Judicial a propósito del caso Ayotzinapa, en el que el mandatario acusa un pacto de impunidad entre funcionarios y jueces federales. Concretamente, el presidente ha criticado un amparo concedido por un juez a Tomás Zerón, exmando de la Fiscalía General y quien está prófugo en Israel. El recurso legal impide a las autoridades mexicanas referirse a él como “torturador”. Precisamente, el Gobierno le acusa de haber recurrido a la tortura de presuntos implicados en la desaparición de los normalistas para abonar a la cuestionada verdad histórica. “Son muchos intereses, mucha mezquindad”, ha afirmado López Obrador. “Hay que limpiar el Poder Judicial, se necesita, y la mejor forma, el mejor método, es el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, así como se elige a los diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, al presidente de la República: de manera directa”, ha indicado.
Hace unos meses el mandatario describió por primera vez sus anhelos de que en las elecciones del 2 de junio Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo ganen no solo la presidencia, sino también el Congreso. Este “plan C”, como lo ha llamado él mismo, consiste en que en septiembre del año próximo, una vez que tomen posesión los nuevos diputados, él envíe al Congreso una iniciativa de reforma para cambiar en la Constitución el modo de selección de los jueces, en lo que sería su última gran maniobra legislativa antes de entregar el poder.
El presidente ha reseñado en su mañanera de este jueves que en México, en el siglo XIX, la Constitución permitía a la ciudadanía elegir a los jueces. Actualmente, los ministros de la Corte son propuestos por el Ejecutivo y elegidos por el Senado. A su vez, los magistrados son designados por la Corte. “Se va a renovar el Poder Judicial, yo tengo confianza en eso, nada más hay que hacerlo por la vía legal y democrática, hay que esperar las elecciones, ya no falta mucho. Son elecciones importantísimas, porque no solo es elegir a las nuevas autoridades, es también decidir si se continúa con el proceso de transformación o no, ¿y quién va a decidir? El pueblo, los ciudadanos, porque así es la democracia, entonces yo tengo confianza de que se va a seguir avanzando”, ha sostenido esta mañana.
El artículo 134 de la Constitución establece para los servidores públicos la obligación de usar con imparcialidad los recursos públicos, esto es, “sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Ese mismo artículo señala que la propaganda gubernamental “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Por su parte, el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales penaliza los actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones “que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido”.
Precisamente, la cortinilla que el INE le ordenó a la Presidencia de la República desplegar en las mañaneras recitaba lo que indica la normatividad mexicana: “Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Sin embargo, a instancias de López Obrador, la Presidencia incluyó una “posdata” dedicada a los “conservadores” y a quienes están “contra la transformación del país”: “No veas este programa, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”, decía el recado de López Obrador.
