La Contraloría General del Estado estableció irregularidades, en la revisión técnica vehicular realizada por el Municipio de Quito, a través de empresas privadas.
De acuerdo a un examen especial, se aplicaron a los usuarios determinadas tasas por este servicio, sin sustento técnico alguno.
Asimismo, luego de finalizar los contratos suscritos en el 2002 con las empresas DANTON S.A. y Consorcio ITLS del Ecuador, para la operación de los centros de revisión vehicular, el Municipio realizó desembolsos por 7,4 millones de dólares, sin respaldo contractual. Los pagos correspondieron a una supuesta prestación de servicios.
En total, el ex secretario de Movilidad suscribió ocho convenios, a pesar de los criterios en contra emitidos por el asesor legal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el procurador Metropolitano, quienes señalaron que no se podía seguir utilizando esa figura excepcional, hasta que se regularice el tema.
Asimismo, en las negociaciones con las operadoras, se estableció en enero del 2021 que el Municipio recibiría el 36% de los ingresos, y los aliados privados el 64%. Estos porcentajes no se sustentaron en informes técnicos, económicos o legales, y no se establecieron valores de reinversión en los centros de revisión, como construcción, instalación y actualización de líneas de revisión, adquisición o mejora de sistemas y equipos informáticos, reacondicionamiento y refacciones de los centros.
