En medio de incidentes, reclamos y gritos destemplados, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió, durante su sesión de la noche del lunes, “recuperar” los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
Además, no calificó el proceso contra la fiscal general, Diana Salazar, si bien la decisión final debe ser tomada por el pleno. Las normativas establecen que los informes de las comisiones deben ser aprobados o rechazados por todo el Parlamento.
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La jornada se extendió hasta horas de la madrugada, y estuvo salpicada de acusaciones mutuas y algunos insultos. Asesores y parlamentarios ajenos a la comisión también estuvieron presentes, y por la falta de espacio la tensión aumentó.
Con la decisión, la comisión ataca el fallo del juez de Quito, Edgar Romero, quien aceptó una acción de protección planteada por la legisladora de ADN, Inés Alarcón, y dispuso que se cumplan los citados procesos.
Los juicios contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena, y los exsecretarios de la Administración, Sebastián Corral, y de Educación Superior, Andrea Montalvo, habían sido archivados, pero ahora tendrán que cumplirse de forma obligatoria.
Solo cuando sean evacuados, habrá vía libre para la interpelación de la ministra del Interior, Mónica Palencia. El de la fiscal general, Diana Salazar, como quedó señalado, no fue calificado, tal como ocurrió semanas atrás con el de la canciller, Gabriela Sommerfeld.
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La intención del correísmo, que preside la comisión a través de Pamela Aguirre, era enjuiciar a Palencia y a Salazar cuanto antes. Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito. La causa contra la fiscal prácticamente está perdida, y el tiempo no alcanzaría para el de la ministra, pues quedan por tratar los otros 3 juicios ya citados. De acuerdo a la ley, las interpelaciones deben sustanciarse en el orden en que son presentadas.
Durante la sesión, César Umajinga, vocal de la mesa, apeló la gestión de Aguirre, por no acatar el fallo judicial y no convocarlos con rapidez. Por 5 votos contra 4, y pese a sus reclamos, la correísta fue apartada provisionalmente de sus funciones. Luis Alvarado, del oficialista ADN, quedó a cargo de la sesión.
El propio Umajinga planteó acatar la decisión del juez, lo cual fue aprobado por similar votación.
A la hora de calificar el juicio contra la fiscal, el correísmo tampoco logró los votos suficientes. ADN, el PSC y CONSTRUYE se pronunciaron en contra, lo que prácticamente significaría el fin de la aspiración de la Revolución Ciudadana.
Fiscal se pronunciará después de decisión del pleno
Por su parte, la fiscal general, Diana Salazar, anunció en sus redes sociales que se pronunciará sobre la no calificación de su juicio político en la Asamblea Nacional, una vez que el pleno se pronuncie al respecto.
Salazar insistió en que se trata de un “narcojuicio”, que solo busca la impunidad.
