El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo Estado de Excepción por 60 días, que abarca a 5 provincias del país -Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Orellana- y al cantón Camilo Ponce Enríquez, perteneciente a la provincia del Azuay. Su argumento es que persiste la “conmoción” interna, y el denominado “conflicto armado interno”.
Consultado por “Punto de Orden”, el reconocido constitucionalista, Salim Zaidán, consideró acertada la medida del Ejecutivo, debido a la grave situación de inseguridad que vive el país.
Sin embargo, advirtió que el decreto en mención tiene algunas lagunas que deben ser aclaradas. La más importante se refiere a la supresión de ciertos derechos, como los de inviolabilidad de domicilio y correspondencia, y el de reunión. El escrito no establece si tales derechos son “suspendidos”, es decir eliminados temporalmente, o “limitados”, lo que significa que tendrán menor alcance.
También consideró un error mencionar en los considerandos, los denominados casos Metástasis, Plaga y Purga, pies se trata de actos de corrupción que ya están en manos de la justicia.
Zaidán estimó que, por esta y otras situaciones, el presidente debe reforzar su equipo jurídico, para no caer en más ambigüedades.
Asimismo, exhortó a la Corte Constitucional (CC) a acoger la disposición presidencial, dejar de lado la rigidez jurídica y pensar más en función social, ya que existe un nivel de violencia fomentada por grupos delictivos, alineados con carteles internacionales de la droga.
Sí, es deber de la CC hacer respetar la Constitución, pero también aplicar un método sociológico de interpretación, no ser tan esquemática y adaptarse a la realidad del país.
Aumento de penas no es la respuesta
Para el jurista, aumentar las penas para ciertos delitos no es la respuesta a la crisis de inseguridad del país.
Zaidán advirtió que condenas más severas no serán disuasivos para los delincuentes. Más bien se requiere identificar la causa de los delitos, y aplicar políticas sociales que alejen a los jóvenes del crimen. Por ejemplo, a través del fomento a la práctica deportiva.
La represión no es la respuesta, dijo. El Código Penal ha sido reformado varias veces, y no se han reducido los índices de criminalidad.
