El afán del correísmo y otros grupos opositores, de ganar puestos en el Parlamento y “reanudar” el juicio político contra el presidente Lasso, no tiene asidero legal.
Así se pronunció el jurista Ramiro Aguilar, en diálogo con “Punto de Orden”.
Para García, la interpelación desapareció en el momento en que la Asamblea fue disuelta, mediante la “muerte cruzada”. Ello implica que, si quieren enjuiciar de nuevo al mandatario, tendrían que empezar desde cero, incluyendo la búsqueda de causales y la solicitud respectiva ante la Corte Constitucional.
De darse este caso, dijo, podría ocurrir que Lasso renuncie y deje en el poder a Alfredo Borrero, para que a su vez éste dicte una nueva “muerte cruzada”. La misma sería válida desde el punto de vista legal, ya que se trata de otro gobernante.
Corte Constitucional, el contrapeso
Por otra parte, al analizar los dictámenes de la Corte Constitucional, en torno a los decretos-leyes enviados por el presidente Lasso, García estimó que se justifican plenamente.
El jurista explicó que la actual Constitución, así como contempla el mecanismo de “muerte cruzada”, que disuelve a la Asamblea Nacional, también coloca a la Corte como necesario contrapeso en ausencia de la Legislatura.
El analista precisó que esta figura es necesaria, para evitar una posible dictadura.
García recordó que, de acuerdo a la ley, dichos decretos deben reunir dos requisitos: ser económicos y ser urgentes. Y en el caso del decreto destinado a la creación de zonas francas, no cae en urgencia. Bien puede esperar a la próxima Asamblea Nacional.
Con tal antecedente, la Corte Constitucional obró en derecho, pues en ningún momento cuestionó el contenido, sino solo ambos aspectos ya señalados.
