La Fiscalía peruana pidió la máxima sanción posible, 34 años de prisión, para el ex presidente Pedro Castillo, por el frustrado golpe de Estado que intentó dar el 7 de diciembre del 2022.
Dentro del proceso planteado contra Castillo, se establecen cargos por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Apenas el Congreso negó el autogolpe, el ex mandatario fue destituido y detenido por su propia escolta. Por lo pronto cumple una prisión preventiva de hasta 36 meses, mientras lo investigan por liderar una posible red de corrupción.
Castillo tenía en mente la reorganización del sistema de justicia, y la instalación de un Ejecutivo de emergencia, que debía gobernar por decreto.
La Fiscalía también pidió 25 años de prisión para la entonces primera ministra, Betssy Chávez, por el delito de rebelión.
La misma pena planteó para los ex ministros de Comercio Exterior, Roberto Sánchez Palomino, y del Interior, Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
Para el también ex primer ministro, Aníbal Torres, solicitó 15 años de cárcel, por el delito de rebelión.
