La Policía Nacional investiga el accionar de varios uniformados, a los que se les acusa de haber golpeado a familiares de los detenidos, representantes de organismos de Derechos Humanos y periodistas.
“No ocultaremos nada, estamos dentro de un proceso investigativo y si hay que sancionar a quien haya que sancionar, iniciaremos ese proceso”, señaló Víctor Zárate, jefe policial de la Zona 8.
Los incidentes se produjeron el miércoles 5 de octubre en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral. Los familiares de los detenidos acudieron, desesperadamente, a buscar información de sus parientes retenidos en ese centro de detención, en cuyo interior se escuchaban disparos y detonaciones.
En el exterior de la cárcel se encontraban miembros de la prensa cubriendo la información y representantes de los organismos de Derechos Humanos que intentaban cumplir su misión de observación.
Los enfrentamientos al interior de la cárcel dejaron 13 personas asesinadas y 23 heridos, entre ellos seis miembros de la Policía Nacional.
Incidentes
Zárate señala que los familiares de los detenidos impidieron el paso de las ambulancias que salían de la Penitenciaría. Ese sería el punto de inicio de la represión policial.
En su enfrentamiento con los familiares, algunos policías lanzaron gas pimienta a periodistas e intentaron despojar de su cámara a Vicente Vargas de Teleamazonas. Además habrían golpeado y amenazado a los miembros de organizaciones de Derechos Humanos.
“Una exageración o exabrupto de un servidor policial no puede empañar todo el trabajo de la Policía Nacional”, señaló el oficial
Zárate señaló que tienen individualizados a los uniformados que cometieron los abusos, los que serán derivados a Asuntos Internos para que los investigue y sancione.
Tras los incidentes, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) dijo que iniciarán acciones legales contra los servidores policiales que “golpearon y mal emplearon gas químico irritante”.
“Recibimos denuncias serias de uso excesivo de la fuerza contra familiares de los detenidos que se acercaron a la prisión a pedir información, defensores de DDHH y periodistas”, señaló Juanita Goebertus, directora regional de Humans Rights Watch.
Fuente: El Comercio
