El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), está nuevamente en el centro de la polémica.
La causa es un borrador de reforma al reglamento, que regirá el concurso para elegir al nuevo fiscal general.
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Los cambios serán tratados por el pleno del organismo.
Restricciones
Las reformas, en caso de ser aprobadas, permitirían que los abogados que defendieron a personas implicados en delitos penales, sí puedan participar en el concurso.
El actual reglamento deja fuera a los juristas, que patrocinaron a ciudadanos acusados de hasta 36 tipos específicos. Entre ellos narcotráfico, trata de personas, terrorismo, delincuencia organizada, asesinatos y secuestros.
Se mantendría la prohibición, en cambio, para los abogados implicados directamente en tales delitos.
El reglamento actual fue aprobado en septiembre del 2024.
Calificación de méritos
Otros cambios tendrían que ver con la forma de calificar los méritos profesionales de los aspirantes, y los puntos asignados por sus estudios académicos. Se exige “idoneidad”, pero sin dejar en claro lo que implica dicho concepto.
También hay controversia por los puntos extraordinarios que se conceden a un postulante, solo por el hecho de identificarse como parte de un pueblo o nacionalidad.
El concurso estará a cargo de una comisión ciudadana, compuesta por 10 personas. Según el CPCCS, tardaría cerca de 6 meses.
