La orden de un tribunal internacional que exige a Ecuador pagar USD 220 millones a Chevron generó nuevas reacciones este 9 de diciembre de 2025. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, responsabilizó al correísmo por el resultado del caso.
Morillo recordó que la Procuraduría confirmó el monto final de la indemnización, muy inferior a los más de USD 3.000 millones que la petrolera buscaba. Aun así, calificó la decisión como “injusta”. Según la ministra, el problema nació hace más de una década, cuando el Gobierno de Rafael Correa “politizó” el proceso.
En un mensaje publicado en X, afirmó que “los caprichos y delirios del correísmo” le cuestan al país USD 220 millones. Señaló que esa politización contaminó una causa que, a su criterio, era legítima. También reprochó que recursos que deberían destinarse a sectores vulnerables se utilicen para cubrir decisiones “irresponsables”. Su declaración se convirtió en la primera reacción oficial del Gobierno de Daniel Noboa. Semanas antes, el presidente estimó que Ecuador pagaría más de USD 800 millones.
La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) presentó un pedido ante un juez de Sucumbíos. Buscan embargar el crédito de USD 220,8 millones y evitar así que el Estado transfiera el dinero a Chevron. El colectivo pidió celeridad al juez y sostuvo que el pago sería injusto porque, según su criterio, la empresa provocó “el peor crimen ambiental” en la Amazonía.
La Udapt también criticó a la Procuraduría. Considera que el organismo “celebra su derrota” porque resaltó que el país no deberá pagar más de USD 3.000 millones, sino USD 220 millones.
El proceso entre Ecuador y Chevron llegó a su etapa final tras años de litigio internacional. El Tribunal Arbitral fijó una indemnización de USD 220,8 millones, un monto menor al solicitado por la petrolera. La cifra incluye USD 180,4 millones de capital y USD 40,4 millones en intereses.
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