La Procuradoría General del Estado presentó una acusación particular contra el exlegislador Pablo Muentes y otros 10 procesados, del denominado “Caso Purga”.
La acusación se basa en un artículo del Código Penal, que confiere al Estado la condición de víctima de la infracción penal.
La demanda fue interpuesta en la Sala Especializada de lo Penal, Corrupción y Crimen Organizado.
Aparte de Muentes, están acusados su esposa, Mónica Alvarado; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; los jueces Johann Marfetán, Henry Taylor, Nelson Ponce, Reinaldo Cevallos, Alberto Lino Tumbaco y Guillermo Valarezo; la ex procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano; y el empresario Fausto Alarcón, primo de Muentes.
La Procuraduría basa su acción en el artículo 441, numeral 6, del Código Penal, que reconoce al Estado la condición de víctima de la infracción penal, por el “Caso Purga”.
Por ello solicita el cumplimiento de medidas de satisfacción, y la reparación material que corresponda.
De ser hallados culpables, los implicados tendrían que cubrir fuertes montos.
