Ellos justificaron la decisión en que este contrato para la renta de buques ya fue objeto de un examen especial de la Contraloría General del Estado en 2021, y la Ley le obliga a la Procuraduría a abstenerse de hacer otra revisión.
Larrea insistió en que esto responde al principio de coordinación, legalidad y hasta coordinación entre instituciones para no duplicar tareas sobre un mismo asunto.
Explicaron que a la Procuraduría le corresponde aprobar la cláusula, en caso de arbitraje internacional de los contratos y que en este caso nunca se emitió tal autorización. “Tenía que haberse solicitado y no se lo hizo”, complementó Larrea.
Salvador añadió que no se hubiera abstenido, de haber sabido que este serviría para el juicio político al Presidente de la República.
“No tengo conocimiento ni de los informes de la Contraloría ni de los contratos”, apuntó Salvador en su comparecencia que tomó dos horas y media.
Salvador y Larrea enfatizaron que esta institución tampoco tiene la facultad legal y constitucional para dar por terminados los contratos, sino que es una prerrogativa que tienen las autoridades máximas de las entidades.
El contrato entre Flopec y Amazonas Tanker se firmó a finales de 2018 en el Gobierno de Lenín Moreno, y la Contraloría detectó que se lo hizo sin informes técnicos y económicos, lo que generó un perjuicio de USD 6.1 millones.
La oposición legislativa liderada por el correísmo y el PSC presume que Lasso incurrió en peculado (malversación de fondos) al no haber dispuesto la terminación del mismo.
Larrea señaló que una reforma legal quitó a la Procuraduría la capacidad de realizar un control previo a los contratos, aunque sí puede revisar que se ajusten a la legalidad y de solemnidades y cumplimiento de requisitos previos para la firma.
Confirmaron que no recibieron pedidos del presidente Lasso para que la Procuraduría actúe en este contrato o en Flopec, pero precisaron que a los gerentes de la empresa pública les correspondía acatar las recomendaciones de Contraloría sobre este contrato.
En la comparecencia del exprocurador se dieron entre confrontaciones de legisladores. La correísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio político, le reclamó “no me alce la voz” al oficialista Pedro Velasco, quien condujo parte de la sesión, cuando este le reprochaba por no permitir que Salvador termine de responder. “No se puede sólo permitir las respuestas que usted quiere escuchar”, le dijo Velasco.
