Autoridades y el mismo presidente de la República, Guillermo Lasso, se han pronunciado en contra del rol de los Derechos Humanos en la situación de violencia que atraviesa el país. El ejercicio de estos es lo que diferencia al Estado de Derecho de los criminales. El exjuez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, analiza ese tipo de discursos.
Se intenta posicionar un discurso en contra de la defensa de los DD.HH. ¿Qué opina?
Quienes ejercen poder siempre tienen estrategias para evitar asumir la responsabilidad. Una de esas es culpar a otros de las ineficiencias o de la falta de resultados de sus políticas, en este caso, para garantizar la seguridad ciudadana.
No es casual que quienes tienen poder económico o político endilguen que la responsabilidad es, por ejemplo, de los defensores de Derechos Humanos o de quienes están estableciendo discurso crítico en contra del poder. Siempre ha pasado.
¿Los DD.HH. defienden solamente a los delincuentes?
La primera cosa que hay que entender es que los titulares de DD.HH. somos todas las personas. Las personas a quienes se considera delincuentes también son titulares de esos derechos. Exigir el respeto cuando están bajo investigación, procedimiento o juzgamiento, es parte de la democracia.
La segunda es que siempre los DD.HH. se entienden cuando están dentro de una estructura de poder. Una forma de entenderlos es poner en una relación de poder para ver quién es el más débil y quién está en capacidad de ejercer opresión. Lo único que tienen ciertas personas cuando se enfrentan al poder son los derechos.
¿En temas de delincuencia también es un ejercicio de resistencia al poder?
En situaciones de inseguridad y violencia como las que vive el Ecuador, las cuales son inusuales y relacionadas con narcotráfico y crimen organizado, lo que tiene que pasar es que el Estado debe garantizar la seguridad ciudadana. Para eso tiene una herramienta y se llama política criminal.
Hay un margen en donde tiene que usar la fuerza y la coacción, lo cual, según nuestra Constitución, es el derecho penal mínimo. El Estado tiene herramientas para investigar, sancionar, juzgar; además de también reprimir las acciones delictivas, pero no puede hacer cualquier cosa. Tiene unos límites que se llaman derechos de las personas. Sin límites, la persecución penal acaba con justos y pecadores.
¿Cuál es el rol de los Derechos Humanos?
Uno de los espacios donde suele haber más violaciones a los DD.HH. es en los lugares donde hay represión del Estado. Porque la utilización de la coacción, de la fuerza pública del Estado, se manifiesta en el uso del sistema penal.
El rol de los Derechos Humanos es siempre recordar al Estado que tiene límites y esos límites son el debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, proporcionalidad. El Estado no puede utilizar las mismas herramientas que emplean las bandas criminales y las organizaciones que cometen los delitos.
¿Ve un peligro en el discurso que estigmatiza los DD.HH.?
Sí. Porque en el fondo lo que se está justificando es quitar los límites al Estado para enfrentar la delincuencia. Hay que ver la historia, no solo del país sino del mundo. Siempre que no se pone límites al poder punitivo, es como un río de aguas contaminadas que se desborda a la ciudadanía.
Y ese desbordamiento significa graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Sí, hay que enfrentar a la delincuencia, pero dentro del marco jurídico que está en la Constitución.
¿Las leyes en Ecuador son garantistas para quienes cometen un delito?
Son derechos que tenemos para evitar que el poder punitivo pueda ser arbitrario y desproporcionado con una persona. Normalmente, quienes critican las garantías son personas que están en el poder y creen ser invulnerables frente a un juicio penal. Pero en este país nadie está a salvo. Hay que ponerse en los pies de un procesado para entender por qué las garantías tienen mucho sentido.
¿Por qué es importante defender los DD.HH. en la situación actual del país?
Primero, porque están en la Constitución. Segundo, están ahí porque son límites para evitar que el poder punitivo del Estado se desborde. Y en tercer lugar, porque una democracia funciona cuando se ponen como prioridad los derechos de las personas y no esta cosa abstracta de la seguridad ciudadana o el orden público. Los derechos tienen cara, nombre y apellido y se refieren a personas en concreto.
Fuente: El Comercio
