La reforma a la Ley de Inquilinato plantea nuevas reglas para distribuir las responsabilidades entre propietarios e inquilinos en Ecuador. Una de las propuestas permitiría que los arrendatarios realicen reparaciones que correspondan al dueño y descuenten ese valor del arriendo.
El proyecto establece que, si el propietario no atiende los daños después de recibir una notificación, el inquilino podría ejecutar las obras necesarias. El dinero gastado tendría que estar respaldado con facturas para poder descontarlo del canon mensual.
Además, la propuesta contempla un recargo del 10% a favor del arrendatario sobre el valor de las reparaciones. La medida busca establecer una respuesta ante la falta de atención de los daños que afecten las condiciones de la vivienda.
El proyecto también plantea una reducción proporcional del arriendo cuando el inmueble pierda condiciones de habitabilidad por causas que no sean responsabilidad del inquilino. Esta disminución se mantendría mientras persista el problema.
La reforma establece además sanciones para los arrendatarios que provoquen daños y no los reparen. Si por negligencia del ocupante se generan averías o se interrumpen servicios básicos, podría aplicarse una multa equivalente a un mes de arriendo.
En caso de reincidencia, la sanción propuesta subiría hasta tres cánones mensuales. El objetivo es establecer obligaciones para ambas partes y proteger tanto la vivienda como los derechos de quienes la ocupan.
Otro cambio está relacionado con las garantías. La propuesta fija un límite de hasta dos cánones mensuales y establece plazos para presentar reclamos, responderlos y devolver el saldo correspondiente al inquilino.
Los contratos de arrendamiento también tendrían nuevas condiciones. La reforma plantea que sean obligatoriamente escritos, en formato físico o electrónico, y que incluyan información sobre las partes, el inmueble, el inventario, el canon y los plazos.
El proyecto establece además una duración mínima de dos años para los contratos. Durante ese periodo, el propietario no podría aumentar de manera unilateral el valor mensual acordado.
La reforma todavía no es una ley vigente. La Asamblea Nacional aprobó en septiembre el informe para segundo debate, pero el tratamiento definitivo del texto requiere continuar el proceso legislativo.
La Comisión de Justicia ha señalado que la propuesta busca modernizar las relaciones entre arrendadores y arrendatarios. Entre los temas incluidos están los contratos, las garantías, las reparaciones, los desalojos y los mecanismos para resolver conflictos.
