Las polémicas reformas al Código Penal, que están en manos de la Asamblea Nacional, generan voces de rechazo.
En diálogo con “Punto de Orden”, el jurista Ramiro García advirtió que el proyecto como tal, únicamente apunta a incrementar las penas para determinados delitos, cuando está demostrado que un mayor castigo no significa necesariamente mayor seguridad.
Además, expresó su cuestionamiento al artículo planteado en la Comisión de Justicia del Parlamento, que pretende establecer como argumento para la revisión de una sentencia un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), o un pronunciamiento de los comités de las Naciones Unidas.
En el caso del CIDH se justifica, pues de hecho Ecuador reconoce a dicho organismo, y acepta que sus pronunciamientos sean vinculantes, es decir obligatorios. Pero en el caso de los comités, carece de los mismos efectos, pues no está a similar nivel.
García advirtió que esta propuesta, que partió de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, resulta irónica, pues el ex presidente Rafael Correa, durante su mandato, desestimó y desacató los fallos del CIDH.
Claro que el correísmo, agregó el jurista, nunca ha sido coherente, pues se mueve “al vaivén de sus intereses”.
El verdadero objetivo de este cambio, es utilizar el informe de alguno de esos comités, para establecer supuestas “vulneraciones” en los procesos contra los líderes correístas, y así pugnar por su absolución.
Reserva es necesaria
Parecida opinión le mereció a García la posible reforma, que eliminaría la reserva de las investigaciones fiscales, en caso de que la Asamblea, la Defensoría del Pueblo u otros organismos autorizados, solicitaran información sobre determinados casos.
El analista advirtió que, si la Fiscalía ha tenido éxito en sus operativos, ha sido precisamente por el sigilo con que maneja sus indagaciones.
Que alguien, fuera de la Fiscalía, pueda romper esa reserva y acceder a la investigación, significaría una “metida de mano” en la justicia, y una franca politización. A su juicio, se cae de inconstitucional.
Ramiro García estimó que la verdadera solución a la inseguridad consiste en combatir las causas, que son socio económicas. Mientras la situación del país siga igual, será muy difícil reducir el número de delitos.
Como prueba mencionó que desde el 2014, en que entró en vigor el actual Código Integral Penal, se han realizado 8 o 9 reformas, siempre con el afán de endurecer las penas. Sin embargo, ninguno de esos cambios ha tenido éxito.
