Recién el 30 de mayo próximo se retomarán las negociaciones entre el Estado y las empresas extranjeras, que brindan el servicio de telefonía celular mediante concesión.
Los diálogos comenzaron apenas entró en funciones el actual gobierno, pero el pasado 4 de diciembre quedaron suspendidas, debido a desacuerdos en ciertos puntos.
Sin embargo, el servicio se mantendrá sin contratiempos, gracias a un acuerdo de prórroga establecido oportunamente.
Actualmente operan en Ecuador el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel), dueña de la marca “CLARO”, y la Empresa Telefónica, propietaria de Otecel y de MOVISTAR. La primera tiene el 52% de participación en el mercado, mientras que la segunda llega al 30%. El resto se lo lleva la empresa nacional CNT.
Las negociaciones están estancadas debido, según las partes, a la falta de insumos. En especial por la valoración del espectro radioeléctrico, que está a cargo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Adicionalmente, no se han establecido las cláusulas de seguridad.
En el 2008, cuando se renovaron las licencias a las dos empresas por 15 años, Claro pagó al Estado 480 millones de dólares, mientras que Telefónica pagó 220 millones. En el 2015 hubo una nueva renegociación de los contratos, para ampliar el uso del espectro, a fin de desarrollar la red 4G. Eso implicó un nuevo pago de 330 millones entre ambas.
Adicionalmente, las empresas realizan pagos mensuales por uso del espectro radioeléctrico.
Una de las nuevas condiciones de la concesión, sería colocar inhibidores de señal en las cárceles.
