Para el movimiento SUMA, no hay ninguna duda: el juicio político planteado a la ministra fiscal, Diana Salazar, tiene el exclusivo propósito de conseguir la impunidad de los líderes correístas.
En diálogo con “Punto de Orden”, el director de la agrupación, Guillermo Celi, reiteró que su bancada mantendrá un apoyo contundente a la fiscal, y que si se plantea una moción de censura y destitución, votará en contra.
La misma opinión le merece el proyecto de reformas al Código Penal, planteado por la Revolución Ciudadana en la Asamblea, y que tenía como propósito dar excusas para tumbar sentencias ejecutoriadas, con el pretexto de pronunciamientos vinculantes de organismos internacionales.
A su criterio, esa propuesta fue una barbaridad, y una evidente acción del correísmo para salvar a quienes están sentenciados por robarse fondos del Estado.
Lo que sí apoyaría SUMA, dijo, es una reforma que señale que los condenados por actos de corrupción, no puedan salir de prisión, incluso cumpliendo el tiempo señalado, hasta que paguen las reparaciones y devuelvan el dinero sustraído.
Mejorar selección de jueces
Celi estimó que la única forma de mejorar los procesos de selección y evaluación de jueces y fiscales, es mediante “pruebas de confianza”. Es decir, con el uso del polígrafo, que permitiría establecer quiénes son honestos y quiénes no lo son.
El líder de SUMA recordó que hay dos cosas que no pueden ocultarse: ni la tos ni la corrupción.
Por otra parte, expresó su rechazo al posible traslado, de Manta a Quito, del Viceministerio de Pesca.
Celi precisó que la pesquería en Ecuador da empleo a 250.000 personas, y representa en exportaciones 3.500 millones de dólares. Por tanto, consideró un “despropósito centralista” trasladar la actividad a la capital de la República, que carece de mar.
