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Ecuador: julio 20, 2024

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Ecuador, julio 20, 2024
Ecuador Continental: 05:37
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Ex contralor Pólit ‘ayudaba’ a empresario corrupto a conseguir cita con Correa

Primicias .- En una serie de correos electrónicos entre Carlos Pólit y un empresario español que le pagó sobornos, se menciona a la Presidencia de Rafael Correa y a dos de sus exfuncionarios de confianza. El 25 de septiembre de 2023, Estados Unidos notificó a la Corte de Florida su intención de utilizar nuevas pruebas en el caso de Carlos Pólit. A través de Markenzy Lapointe, fiscal para el Distrito Sur de Florida, el país norteamericano informó al excontralor ecuatoriano que quiere presentar evidencia de otros crímenes, errores o actos durante el juicio por lavado de activos, previsto para enero de 2024. El Gobierno de Estados Unidos cree que esta evidencia “está intrínseca o inextricablemente entrelazada”, por lo que advirtió que el anuncio lo presenta “con mucha precaución“. Un empresario español a escena Estados Unidos anunció que esas nuevas pruebas revelarían un supuesto plan de Pólit para recibir sobornos del propietario de una empresa española y lavarlos a través de su hijo, Jhon Pólit, identificado como el ‘Co-Conspirador 1’. La Fiscalía estadounidense ha identificado correos electrónicos de las cuentas personales tanto de Carlos Pólit como de su hijo, que indican que el excontralor recibió sobornos de este empresario. A cambio de este dinero, el excontralor Pólit habría ayudado con los asuntos fiscales pendientes de la empresa española con las autoridades ecuatorianas. Los correos también revelan el plan para lavar el dinero de ese soborno en Estados Unidos. Estos mensajes se habrían intercambiado entre finales de 2015 y principios de 2016. Los correos electrónicos En el anuncio de prueba nueva, la Fiscalía de Estados Unidos adelantó el contenido de varios de los correos electrónicos que involucran a Pólit. El primer intercambio de correos anunciado por la acusación es entre Carlos Pólit y el empresario español. El europeo pide ayuda a Pólit para conseguir una cita en Carondelet. El excontralor ofrece su intervención a través de Pedro Solines, quien fue secretario de la Administración Pública, en el Gobierno de Rafael Correa, del 15 de octubre de 2015 al 4 de enero de 2017. Meses después, Pólit y el empresario español volvieron a intercambiar correos. En esa ocasión, en cambio, el europeo le pide su ayuda con los problemas que su empresa tenía con el fisco ecuatoriano, lo que habría sido el objeto del soborno. Los sobornos y la asesoría de A.M. Pero las conversaciones no eran únicamente entre el empresario y Carlos Pólit. Las autoridades estadounidenses también hallaron que en marzo de 2015 hubo un intercambio de mensajes entre el español y Jhon Pólit, el hijo del excontralor. El 18 de marzo de 2015, Jhon Pólit envió un correo al empresario español. El asunto del mensaje fue especificado como “transferencia para el amigo“. Pólit hijo escribió al empresario que el “amigo” le pidió que le enviara la información bancaria para la realización de una transferencia de 109.800 euros. En el correo electrónico, Jhon Pólit proporcionó instrucciones para recibir transferencias a una cuenta bancaria en España. 11 días después, el 29 de marzo de 2015, el empresario español reenvió el correo electrónico que recibió de Jhon Pólit a uno de sus socios y afirmó que había hablado con “C.P.”, quien le dijo que Jhon Pólit lo llamaría. En el correo electrónico, además, el empresario español afirmó que C.P. había revisado el tema y que sería resuelto por la asesoría jurídica del Presidente y que C.P. le había comentado la posible intervención de su amigo “A.M.”, quien estaba manejando el asunto. Las iniciales utilizadas en ese mensaje coinciden con las de los nombres de Carlos Pólit, acusado en este caso. Pero también con las de Alexis Mera, quien era el secretario Jurídico durante la Presidencia de Correa. Poco después, el 31 de marzo de 2015, el empresario español envió un correo electrónico a Jhon Pólit confirmando una transferencia de 109.800 euros a una cuenta bancaria en España. El 6 de agosto de 2015, un asociado del empresario español envió a Pólit hijo una lista que mostraba transferencias totales realizadas por aproximadamente 573.000 euros. Pruebas iniciales contra Pólit En Estados Unidos, el excontralor Pólit está acusado de seis cargos de conspiración para lavar dinero, encubrimiento de lavado de dinero y participación en transacciones monetarias con bienes derivados de delitos. La acusación alega que, entre 2010 y 2017, Pólit, como contralor General de Ecuador, participó en un plan para enriquecerse recibiendo sobornos y lavando los sobornos en el sur de Florida con la ayuda del Co-Conspirador 1, que es su hijo, Jhon Pólit. Los Pólit, padre e hijo, habrían lavado los sobornos que el excontralor recibió de un representante de la constructora brasileña Odebrecht. A cambia de esa coima, Carlos Pólit habría ayudado a Odebrecht a evitar la imposición de grandes multas o glosas a los proyectos que construía en Ecuador. Otro grupo de supuestos sobornos, en cambio, habrían sido pagados a Pólit por un empresario ecuatoriano. En este caso, en cambio, el exfuncionario habría actuado como nexo para que el empresario obtenga contratos con Seguros Sucres, aseguradora estatal ecuatoriano que hoy está en liquidación e involucrada en varias tramas de corrupción.

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Expresidente Rafael Correa y otras 44 personas son notificadas de investigación previa relacionada con el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón

EL UNIVERSO .- El líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, dejó el Ecuador en mayo de 2017, luego que lo reemplazó en la Presidencia de la República Lenín Moreno.   Fiscalía notificó a la defensa del expresidente Rafael Correa que está siendo investigado de forma previa por supuestas irregularidades relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Así lo confirmó, la mañana de este viernes 3 de marzo, Fausto Jarrín, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y uno de los abogados del ex primer mandatario que se encuentra radicado en Bélgica, desde mediados de 2017 que dejó el poder en Ecuador.   La semana pasada habrían recibido los abogados de Correa la notificación para que ejerzan su derecho a la defensa respecto a hechos que se habrían denunciado en 2019. El líder correísta mantiene una sentencia en firme de ocho años de cárcel por el delito de cohecho, en el caso Sobornos 2012-2016, y, además, tiene un llamado a juicio en suspenso por el plagio ocurrido en 2012 contra el activista político Fernando Balda.   La nueva investigación para Jarrín es una reacción de la Fiscalía a que desde su sector político se le está relacionando con todo este proceso de persecución que vive el correísmo. “Creemos que la motivación de esta notificación es la reacción de Fiscalía. Lo que están haciendo es la notificación con la investigación del caso Toachi-Pilatón. Una denuncia presentada por Julio César Trujillo cuando todavía existía el circo transitorio, es decir, nos notifican con algo que se presentó hace cuatro años”.   La notificación es parte de un impulso fiscal del 17 de febrero pasado de la Unidad de Fuero de Corte Nacional y en el que constan los nombres de 45 personas. Entre los investigados estarían Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, el ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, el excontralor Carlos Pólit, la exfiscal general Ruth Palacios, los exministros del correísmo Esteban Albornoz, Alecksey Mosquera, Ricardo Patiño, Fausto Ortiz. También el exprefecto de Pichincha Gustavo Baroja, los exdirectvos del IESS Ramiro González y Richard Espinosa, y otros exfuncionarios de ese periodo, como Gustavo Jalkh y Johana Pesántez. Relacionado con el proyecto Toachi-Pilatón, en 2017 la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia contra varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa ante posibles hechos de corrupción que se habrían dado en la construcción del proyecto hidroeléctrico.   La defensa de Correa confirma que en el impulso de notificación no se ordenan diligencias, sino solo se pone en conocimiento de la investigación existente contra quienes serían indagados.   “Ese es el juego mediático al que lastimosamente nos han acostumbrado estos años. Lo que están diciendo es por aquí hay más investigaciones, así que cuidado. Es una forma de amenazarnos creo yo. Rafael Correa tiene 42 investigaciones previas. Fiscalía ha jugado con eso. Unas tienen cinco años, otras seis años, otras tres años, en todas ha transcurrido más de lo que la ley establece, sin embargo, la Fiscalía las mantiene abiertas para hacer justamente estas cosas: hacernos sentir que todavía tiene alguna capacidad de perseguirnos, de afectar nuestras garantías”, expresó Jarrín.   El abogado Fausto Jarrín acudió el jueves y viernes últimos a la Corte Nacional de Justicia para asistir a la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro, proceso penal en el que uno de los 37 investigados por el delito de cohecho es Lenín Moreno, el excompañero presidencial de Rafael Correa.   Respecto a Moreno, Jarrín dijo que la justicia va no solo a procesar al exvicepresidente de su cliente, sino a quien fue presidente de la República después. Lo calificó como el “personaje principal de la traición” de la que fueron víctimas y de la “persecución” que siguen viviendo”.   “Vamos seis años de persecución, creo que eso no haya cesado así como así. El hecho de que ahora existan estos procesos (caso Sinohydro), que se han denunciado desde hace cuatro o cinco años, no significa que la percepción haya cesado. Las investigaciones previas siguen abiertas”, apuntó Jarrín, al tiempo de decir que aunque vale la pena que se haya iniciado el procesamiento de Moreno, lamenta lo tarde que ha empezado.

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Alexis Mera dejó la cárcel de Tungurahua tras recibir el beneficio de prelibertad

El exfuncionario del correísmo deberá cumplir la medida de presentación periódica una vez por semana. No usará grillete.   A las 17:10 del  viernes salió en libertad Alexis Mera Giler, exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa. El exfuncionario abandonó los pabellones para personas privadas de libertad (PPL) con vulnerabilidad del Centro de Privación de Libertad Tungurahua N° 1, en Ambato, luego de que su abogado Diego Guarderas llegó al lugar con la boleta de excarcelación.   Junto con Guarderas aparecieron otros abogados de la defensa de Mera y dos personas más identificadas con el correísmo. Previamente también estuvo el parlamentario andino y exasambleísta Virgilio Hernández, quien ingresó alrededor de las 15:30 y se retiró al cabo unos treinta minutos.   Alexis Mera vistió una chompa de color rojo, camisa a cuadros y un pantalón tipo jean. Se negó a dar declaraciones a los representantes de los medios de comunicación que esperaban su salida afuera de la cárcel. Abordó una camioneta junto a Guarderas y se fue.   De esta manera el exsecretario jurídico de la Presidencia se acogió al beneficio penitenciario de prelibertad o libertad controlada, luego de que el juez de Garantías Penitenciarias de Ambato, Galo Rodríguez, en la audiencia que se desarrolló desde las 09:30 del viernes acogió el pedido de la defensa.   El magistrado dispuso que Mera cumpla la medida de presentación periódica una vez por semana -todos los lunes- en una cárcel del Guayas y no deberá usar dispositivo electrónico o grillete. El exfuncionario del correísmo es uno de los 20 sentenciados como culpables del delito de cohecho pasivo agravado, dentro de la causa en la que también fueron condenados el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, ambos en calidad de autores mediatos por instigación.   Fuente: El Universo

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Alexis Mera mantiene por más de un año y medio abierto un proceso penal por asociación ilícita en el que no se instala la etapa preparatoria de juicio

Desde septiembre del 2020 está en firme la pena en el caso Sobornos, proceso en el que se condenó a 20 personas, entre ellas, Rafael Correa y Alexis Mera.   Además de la sentencia en firme por el delito de cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República durante el correísmo, mantiene un proceso penal en Guayaquil por el delito de asociación ilícita, el cual desde febrero de 2022 no avanza de la fase de evaluación y preparatoria de juicio.   Desde finales de octubre pasado, la defensa de Mera busca que el sistema de garantías penitenciarias de Ambato (Tungurahua) se pronuncie respecto al cómputo de la pena que mantiene como coautor del delito de cohecho. El fin último de esta acción sería acceder a solicitar un beneficio penitenciario que le permita cumplir al exfuncionario de Rafael Correa lo que resta de la sentencia de ocho años de prisión fuera de un Centro de Privación de la Libertad (CPL).   Inicialmente en el caso que ahora se investiga por el delito de asociación ilícita se formuló cargos, en junio de 2021, por el delito de tráfico de influencias. En ese momento la única procesada fue la exfiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, pero más de tres meses después se dio una audiencia para vincular a la causa a Alexis Mera y a Jonás Gonseth, exgerente del Hospital Abel Gilbert Pontón. En esa misma audiencia de septiembre se refomularon cargos y el caso quedó con la carátula por el delito de asociación ilícita.   La investigación contra Morejón, Mera y Gonseth se desprendió de información obtenida durante la instrucción fiscal del caso Sobornos. En el teléfono periciado de Alexis Mera se encontraron chats entre este y Morejón que corresponderían a mayo, junio y octubre de 2017, cuando ella era fiscal del Guayas y Mera estaba ya fuera de su cargo por el cambio de gobernante.   En una conversación del 31 de mayo de 2017, Mera le escribe a Morejó para hablarle del “caso Gonseth, por peculado” y el “tema Jaimovich”. Y luego dice el exsecretario Jurídico: “Hola Patricia. Este es el caso del español, director del hospital Abel Gilbert, que le dije alguna vez. Es un buen hombre. Fallas administrativas cometió, pero jamás peculado”. Luego le aclara que “es apreciado mucho por Rafael Correa”.   Morejón le responde: “Hola mi doctor querido. Claro que sí, encantada. Ya reviso. Debe haber llegado en consulta. Yo le informo, doctor”.   La hoy exfiscal ha reconocido en diversas entrevistas que Mera, al final ya de sus funciones, le hizo un pedido formal para una cita en la que se hablaría de un caso puntual. “Yo como fiscal provincial estaba en la obligación de recibirlo a él y a cualquier funcionario “.   Pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, el juez negó el pedido pues al momento de la vinculación Mera ya se encontraba recluido en el CPL de Cotopaxi, en Latacunga; mientras que a Goseth se le dispuso la presentación periódica una vez por mes ante la Fiscalía y no progresó el pedido de prohibición de salida del país, pues él ya estaba a esas fechas fuera del país.   Una vez se cerraron los 120 días de instrucción fiscal, a mediados de diciembre de 2021 se convocó a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para el 24 de enero de 2022. El llamado no se concretó, pues por pedido de Fiscalía se difirió la diligencia para días después, es decir, para el 8 de febrero siguiente.   Esta última audiencia tampoco se pudo dar, porque la jueza encargada dijo no podía avanzar con la causa ya que no se había agotado a ese momento el trámite de la demanda de recusación que le fue designada al juez Oswaldo Sierra Ayora y, además, para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y a que con posterioridad no exista una alegación de nulidad sustentada por alguna de las partes.   El proceso ha sufrido una serie de incidentes procesales como la jubilación de un juez, la recusación de otro, alegaciones sobre la competencia, excusas, entre otras que no han permitido que avance la causa. La única variación de fondo en la causa se dio a finales de agosto pasado y tiene que ver con el levantamiento de la presentación periódica dispuesta para Goseth por incumplir por más de once meses esa disposición.   Se ordenó que se proceda a la captura de Goseth, quien se encontraría en Estados Unidos, para que cumpla la orden de prisión preventiva. La defensa del español apeló la decisión y hasta el momento no se ha dado la respectiva audiencia.   Según las fechas expuestas por el director del CPL de Tungurahua número 1 en un informe respecto al cómputo de la pena impuesta a Mera, a enero de 2023 el exfuncionario del correísmo ya habría cumplido tres años, seis meses y seis días de los ocho años de prisión definidos y en firme. Desde esa perspectiva, el exsecretario Jurídico ya podría solicitar se analice su prelibertad, una vez el 13 de agosto de 2022 cumplió el tiempo necesario patra pedir ese beneficio.   CHATS PERICIADOS CASO SOBORNOS   El 15 de junio de 2017 los dos interlocutores habrían vuelto, según la pericia, a intercambiar mensajes.   La fiscal Morejón le dice: ” Doctor querido, buenos días. Quiero que me ponga un visto en el tema en mención. Lo sacamos al amigo por varias razones inclusive, porque él es el que pide auditoría, dejamos a los demás. Y Mera responde: “En el tema del hospital de Guayaquil se trata de una ligereza. No creo que nadie tenga mala fe allí”. La fiscal del Guayas, Patricia Morejón (i), mientras esperaba ser atendida en las oficinas de Televisión Satelital, en el norte. Ahí Morejón le envía un archivo y le dice: “Si usted me dice sacamos a todos, doc. Justamente con ese criterio. La Contraloría se opuso”. Mera: “Sí. Sería una injusticia de verdad”. la fiscal

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Juez que exculpó a 18 acusados de narcotráfico fue asesor de la Presidencia en el correísmo

El juez José Luis Alarcón Bowen está en el ojo de la tormenta, junto a su colega Mary Quintero Prado. Ambos declararon la inocencia de 18 procesados por el tráfico de 20 toneladas de cocaína, con el voto salvado del juzgador Carlos Fuentes. Alarcón fue asesor jurídico en la Presidencia de la República en dos períodos, durante el correísmo, y secretario de la Fiscalía en 2010. Hasta 2017 estuvo casado con Estefanía Grunauer, actual candidata al Concejo de Quito por la lista de Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella lo enjuició por alimentos. ​​​​​​ La investigación transnacional que duró un año y medio se fue, por el momento, al traste. La estructura delictiva enviaba cocaína por toneladas desde Manta por mar a Centro y Norteamérica en alianza con el cartel de Sinaloa. Los 18 detenidos acaban de ser declarados inocentes por dos de los tres integrantes del tribunal que conoció el caso. Uno de los votos a favor de los acusados corresponde al juez José Luis Alarcón Bowen. El juzgador acredita una trayectoria como funcionario de la Presidencia y la Fiscalía, durante el gobierno de Rafael Correa.   La revisión de su historial judicial revela que Alarcón Bowen fue esposo de Estefanía Grunauer, actual candidata al Concejo de Quito por la lista de Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella lo demandó por el pago de pensiones alimenticias en 2017, argumentando que desde que estuvo embarazada él no le proveyó de recursos económicos para su manutención. Grunauer fue muy cercana al correísmo y a partir de 2019 se convirtió en una estrecha colaboradora de Yunda en la Alcaldía de Quito. Fue supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, hasta enero del 2021, cuando dejó el cargo. Su nombre también aparece en los chats del celular incautado al hijo de Yunda, Sebastián, hoy prófugo, como persona de mucha confianza de Christian Hernández sobrino del entonces Alcalde. El juez Alarcón también registra procesos judiciales por un choque con volcamiento y muerte, en 2011, y tres contravenciones de tránsito. Estefanía Grunauer es candidata a concejal de Quito por Pachakutik, de la mano de Jorge Yunda que busca nuevamente la alcaldía de Quito. El Carrusel de la Presidencia y la Justicia Entre 2010 y 2022, Alarcón ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia de la República y el Poder Judicial. En 2010, Alarcón Bowen fue secretario de Fiscalía. Para 2014, ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia de la República, en el segundo período de Rafael Correa en el poder. Un distributivo de la época lo muestra como asesor 2 en la Secretaría General Jurídica, que a esa época estaba liderada por Alexis Mera, hoy sentenciado y preso por el caso Sobornos. En 2015 y 2016 probó suerte en la Justicia: fue juez en el tribunal de garantías penales de Manabí. Pero en 2016 volvió a asesorar a la Presidencia de la República, en la Secretaría Jurídica. Y dos años después regresó como juez a los tribunales en Manabí. Desde 2018 se desempeña como juez de tribunal de garantías penales. En 2022 aparece como integrante del tribunal de garantías penales de Manta. No obstante, en la base de datos del Ministerio de Trabajo no está registrada su relación laboral presente. Como juez de garantías penales, Alarcón Bowen fue ponente en la audiencia que resolvió el estado de inocencia de 18 acusados de participar en abastecimiento y logística a embarcaciones dedicadas al envío de drogas. La audiencia duró 22 días. Según fuentes de la Fiscalía, entrevistadas para este reporte, se practicaron 35 testimonios, se reprodujo la grabación del testimonio anticipado de un agente estadounidense que participó en las investigaciones; se introdujeron tres asistencias penales internacionales. Una analista, además, explicó que dos de los principales implicados movieron, por separado, más de un millón de dólares entre 2018 y 2020. La evidencia probatoria además incluyó todas las pericias informáticas, que incluyen mensajes interceptaciones en teléfonos satelitales. En códigos se mencionan coordenadas para el encuentro de las naves en alta mar. Esta alianza periodística contactó a Alarcón a tres de sus números celulares, para pedirle su versión sobre las críticas a su fallo, pero no respondió nuestros mensajes. 20 toneladas de coca del cartel de Sinaloa La investigación en el país empezó en agosto de 2020, a cargo de una unidad de élite especializada en delitos transnacionales. Durante un año y medio aproximadamente se identificaron propietarios y capitanes de buques pesqueros, que abastecían en alta mar de combustible a las naves que transportaban droga. En Estados Unidos, las incautaciones relacionadas con esta estructura ascendieron a 20 toneladas, explicaron a esta alianza fuentes cercanas a la investigación. Personas de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y mexicana fueron detenidas. Los capos del cartel de Sinaloa coordinaban los envíos de droga, según la investigación en EE.UU., donde hay varios detenidos, incluidos ecuatorianos. MAPA CON GEORREFERENCIACIÓN DE NAVES DE ABASTECIMIENTO A través de tres asistencias penales internacionales, Estados Unidos proporcionó información sobre los procedimientos de incautación, identidades de los responsables, detalles de las embarcaciones. Uno de los procedimientos incluyó la incautación de 300 kilos de cocaína en una lancha de arrastre de propiedad del ecuatoriano Pedro Pilligua. Según el expediente, abastecía de combustible a las narcolanchas. Él y su pareja, que también tiene la nacionalidad española, se encuentran detenidos en una cárcel de California. Los expertos identificaron el geoposicionamiento de las embarcaciones que abastecieron de combustibles y logística a las narcolanchas, explicaron fuentes cercanas a la investigación. Además, comentaron que quedaron registros de tripulantes de una nave abastecedora que fueron dejados a su suerte, a la deriva en el mar, y se supone que fallecieron. Dentro de la operación internacional se identificaron lanchas abastecedoras de combustible para los barcos que llevaban cocaína desde 2018. Foto cortesía. Operación antidrogas transnacional Con la información de las embarcaciones, los propietarios y las tripulaciones se realizó un megaoperativo que combinó fuerzas de varios países. Así, a fines de octubre de 2021, en la Operación Poseidón se detuvieron diez embarcaciones pesqueras. A día seguido se formularon cargos contra 14 coautores del delito tipificado en el art 221 del COIP. Entre los detenidos se incluye un miembro de la Armada en servicio pasivo, propietario de una de las embarcaciones. Otras ocho personas fueron vinculadas en enero de 2022, como coautores. En marzo de 2022, el agente estadounidense que participó en el proceso narró durante seis horas los detalles del abastecimiento logístico, explicando la participación de cada embarcación en el proceso que implicó la llegada de la droga a su destino final. Y en junio, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía sustentó el

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