La Hora .- La socióloga Gloria Ardaya Salinas apela a un consenso entre los candidatos y la sociedad civil para la construcción de una agenda de país para superar la crisis política, social, y económica.   El problema de la corrupción en Ecuador afecta cada vez más a los ciudadanos que exigen más control de las entidades del Estado.   En tiempos de precampaña y campaña electoral (del 8 al 17 de agosto), la lupa ya está sobre las propuestas que, sobre esta materia, plantearán los ocho precandidatos a la Presidencia de la República que participarán en los comicios anticipados del 20 de agosto de 2023.   Las estrategias electorales de los postulantes deben estar enfocadas en presentar proyectos serios y opciones medibles en el terreno. A partir de entonces se podría generar una vigilancia ciudadana para evaluar su cumplimiento o no.   Contrario a la teoría de prometer que se impulsarán leyes a través de la Asamblea Nacional, y reformar la política anticorrupción, los aspirantes deben ir “del dicho al hecho”, a través de acciones concretas, pero previamente, definir una hoja de ruta.   Un primer paso, a criterio de Freddy Salas, presidente del Comité Ecuatoriano de Oficiales de Cumplimiento, es que los indicadores anticorrupción deben ser públicos y prácticos.   Sistemas técnicos Por ejemplo, los candidatos pueden proponer que las instituciones del Estado cuenten con sistemas de gestión anticorrupción “certificables”, con el apoyo del sector privado, para “castigar de forma severa” los actos de corrupción que emerjan de los diferentes estamentos.   Otro indicador que puede ser tomado en cuenta por los presidenciables es habilitar, en caso de llegar al poder, departamentos anticorrupción en las instituciones estatales en las que el problema es “más crítico”, como el petrolero.   Pero estas dependencias no deben estar integradas por políticos, sino por técnicos que conozcan si los procedimientos van a ser efectivos. Estas personas deberán encargarse de medir la eficiencia del sistema anticorrupción: cuántos casos se han investigado, si se han producido sanciones, cuántos han llegado a un proceso judicial o cuántos han terminado en sentencia.   Una decisión en este sentido, reflejará que los aspirantes al sillón presidencial han tomado el pulso a la preocupación de los ciudadanos y toman en serio la lucha anticorrupción.   Jueces especializados En el país existe una normativa anticorrupción. Muestra de ello es la vigencia de la Unidad de Jueces Especializados en temas anticorrupción, conformada por 14 magistrados encargados de juzgar 44 tipos penales.   Pero esto solo es una parte de la cadena. El Estado es el encargado de normar que se judicialicen y castiguen los actos de corrupción.   Aunque todavía hay cierto rechazo en la población a involucrarse en temas políticos, el llamado del Comité Ecuatoriano de Oficiales de Cumplimiento es que, si se quiere combatir este flagelo, debería haber una mayor participación y empezar a conocer y analizar los planes de los candidatos en esta materia.   Agenda de país Para Gloria Ardaya Salinas, socióloga, lo normal es que los candidatos tengan un programa de gobierno lo más concreto posible, en el que especifiquen cómo debería ser su gestión de política pública, y pueda ser verificado.    Sin embargo, sostiene que lo ideal sería que se produzca un consenso para la construcción de una agenda de país entre los candidatos y la sociedad civil, en medio de una crisis política, social económica e internacional que atraviesa Ecuador.   La agenda podría estar relacionada con tres temas centrales: reactivación económica,  seguridad y corrupción, que le restan al país inmensos recursos económicos.  (SC)   Recuperar los dineros sustraídos La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), a través de su coordinador, Germán Rodas, propuso a los ocho candidatos presidenciales hablar con frontalidad, exponer sus propuestas con claridad para recuperar los dineros sustraídos, sin que se convierta al soborno, cohecho y otros delitos en una mercancía electoral.   Es necesario que los aspirantes a ocupar la primera magistratura del país no evadan esta problemática y que sea abordada con responsabilidad.   En febrero, la CNA propuso una reforma legal para que los sentenciados por corrupción no puedan salir de prisión hasta que no paguen los valores dispuestos, como indemnización y reparación al Estado. Ahí hay un tema tangible en el que debe haber compromisos no solo desde los presidenciables, sino también entre quienes aspiran ocupar las 137 curules en la próxima Asamblea Nacional que asumiría funciones en octubre de 2023.