El País .- La fiscalía, que pide 30 años para cuatro acusados, busca condenas ejemplares para neutralizar a los posibles imitadores El segundo domingo de 2023 el Tribunal Supremo de Brasil, un bello edificio acristalado, fue invadido y depredado por una turba violenta de bolsonaristas que, enarbolando la bandera nacional, tomó también el Congreso y la Presidencia, en Brasilia, en el ataque más grave contra la democracia brasileña desde la dictadura. La máxima corte se ha reunido este miércoles con la solemnidad de las ocasiones importantes para celebrar el primer juicio contra los golpistas. Han empezado por cuatro acusados detenidos in fraganti el 8 de enero, parte de la tropa de choque. La fiscalía los acusa de intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que aquel día cumplía una semana en el poder. “Intentaron deponer a un Gobierno legítimamente elegido con el pretexto de un fraude electoral”, ha recordado el número dos de la Fiscalía General de la República, Carlos Federico Santos, en su alegato. Los cuatros acusados afrontan penas que suman 30 años de cárcel y una indemnización por daños morales de 100 millones de reales (19 millones de euros). Unas 1.300 personas más están imputadas en este megacaso que está en manos del Supremo y que avanza a enorme velocidad. En un país muy garantista hacia los acusados, casi 130 personas llevan ocho meses encarceladas por un ataque cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. La Fiscalía y el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, han dejado claro que pretenden imponer a los más violentos entre la turba condenas ejemplares con la vista puesta en disuadir a cualquiera que ose emular a los bolsonaristas que imitaron a los trumpistas. “Queremos mostrar al mundo que Brasil dejó de ser una república bananera, que es un Estado de derecho serio, que los golpes de Estado son una página ya cerrada de nuestra historia”, ha dicho el representante de la Fiscalía tras advertir de que “las noticias falsas siguen circulando y tenemos que aclarar [lo ocurrido] de una vez por todas”. No estaban en la sala los acusados en este primer juicio (un informático que era funcionario, un ingeniero forestal y dos repartidores). Tienen entre 24 y 52 años y proceden en ciudades de São Paulo y de Paraná. Los delitos que se les imputan, como a cientos de los procesados, son abolición violenta del estado de derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada y daños contra el patrimonio. Tres de ellos lo han seguido por videoconferencia desde la cárcel; el primero pidió estar presente en el juicio pero no fue autorizado. El cuarto está en libertad condicional. El expresidente Bolsonaro, que aquel día estaba en EEUU, es investigado como instigador. Aquel domingo culminó una campaña sistemática del bolsonarismo para deslegitimar a las instituciones, cuestionar el proceso electoral y sembrar dudas sobre la victoria de Lula. Durante el juicio se han exhibido los vídeos que el acusado se grabó aquel día, vestido con una camiseta con el lema “intervención militar federal” y anunciando de que defecaría en el Congreso. Había llegado hasta allí desde São Paulo en bus con un grupo denominado patriotas. Durante la vista también se han mostrado otras imágenes del asalto, incluidas algunas grabadas en esa misma sala el día de autos, cuando una multitud de bolsonaristas arrasó con el sitio donde los togados tienen la última palabra sobre la justicia en Brasil. El Supremo es el edificio que con más saña atacaron, donde más caras han salido las reparaciones. La primera jornada no ha bastado para concluir ni siquiera el juicio al primer acusado. La sesión ha estado marcada por el cuerpo a cuerpo dialéctico entre el juez Moraes y el abogado defensor de Aécio Lucio Costa Pereira, de 51 años. Desde la tribuna, el letrado ha proclamado que este “es un juicio político” y “la corte, ilegítima”. Y, perfectamente consciente de que la vista se retransmite en directo por televisión, ha recalcado que su cliente lleva ocho meses preso sin poder ver a su esposa e hijos porque las normas carcelarias exigen la cartilla de vacunación y han decidido no inmunizarse. “Lo considero tortura psicológica”, ha dicho. Moraes ha echado mano de la ironía para contrarrestar el relato de que el acusado iba en son de paz a defender su libertad. “Hablamos de golpistas”, ha recalcado el juez. “Porque en ese relato negacionista, parece que el 8 de enero tuvimos un domingo en el parque de una multitud que de repente dijo: ‘¡Hala, vamos a invadir un poco!”. Famoso por los superpoderes que le han sido otorgados en nombre de la defensa de la democracia y por sus métodos de shérif, Moraes quiere asegurarse de neutralizar el riesgo de que la democracia brasileña sufra un nuevo ataque. Como las deliberaciones de la máxima corte también son públicas, el voto de los dos primeros magistrados ha puesto en evidencia que no existe unanimidad en el tribunal sobre la dureza de la condena. Moraes pide para el primero 17 años, mientras uno de sus colegas solicita 2,5 años porque solo lo castiga por dañar el patrimonio y lo absuelve de los delitos golpistas. La sesión continúa este jueves con los votos restantes. Los juicios por los actos antidemocráticos han empezado con cuatro acusados de ejecutarlos. Ciudadanos de a pie que, intoxicados por una sobredosis de falsedades, muchas agitadas machaconamente por el ultraderechista Jair Bolsonaro desde la Presidencia. La idea es que, más adelante, se sienten en el banquillo los que contribuyeron a la asonada, pero sin mancharse las manos: los autores intelectuales, los financiadores y las autoridades que hicieron dejación de funciones. Recientemente, toda la cúpula de la policía militar de Brasilia fue detenida y encarcelada. Y su jefe inmediato, Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro, está en libertad condicional. Oficializado el triunfo de Lula el 30 de octubre, miles de seguidores del derrotado presidente ultra acamparon ante cuarteles por todo Brasil reclamando a los militares que impidieran un tercer mandato de
