El Consejo Electoral certificará a la Asamblea Nacional quiénes fueron los candidatos más votados en el 2019 para reemplazar a Hernán Ulloa y Francisco Bravo. Dos nuevos actores que obtuvieron la más alta votación en las elecciones del 2019 podrían ser posesionados como vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), de producirse la censura y destitución de cuatro actuales vocales que enfrentan un juicio político en la Asamblea Nacional. María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa y Francisco Bravo deberán comparecer ante el pleno de la Legislatura este viernes, a las 14:30, para defenderse de un presunto incumplimiento de funciones, por haber “mocionado” la modificación del reglamento para el concurso público de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. La resolución de llamarlos a juicio político se aprobó con 84 votos en una plenaria del 15 de noviembre y de concretarse un similar número de voluntades, los cuatro vocales podrían ser censurados y destituidos de su cargo, cuyo efecto es inmediato. De darse este escenario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá remitir a la Asamblea Nacional los nombres de dos candidatos que en los comicios del 2019 obtuvieron la más alta votación para que asuman funciones de principales. El consejero José Cabrera explicó que en el artículo 47 de la ley del Consejo de Participación Ciudadana se describe el procedimiento a seguir: “En caso de ausencia temporal o definitiva de los consejeros principales, se principalizará al consejero suplente que corresponda. En caso de principalización del consejero suplente, la vacante del consejero suplente será ocupado por el candidato que haya obtenido la siguiente mayor votación de la lista correspondiente”. Con esa base, Cabrera aclaró que la Asamblea Nacional deberá notificarlos del requerimiento de los nuevos miembros para que sean posesionados y asuman funciones por el periodo que resta. Además, deberá respetarse la interculturalidad y la paridad de género, precisó. “El Consejo Electoral deberá remitir la certificación de quiénes tuvieron la mayor votación y ellos asumirán funciones”, precisó la autoridad, aunque evitó mencionar posibles nombres, hasta que haya una resolución sobre el juicio político y sobre lo que el CNE tendría que resolver. En la actualidad hay solo dos mujeres suplentes de siete que fueron posesionadas en el Palacio legislativo en el 2019. Tras la interpelación política a José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá, los suplieron Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, en su orden. Luego, con en el juicio político a Christian Cruz, lo reemplazó Hernán Ulloa. De esa manera, como vocales suplentes quedaron Karina Ponce y Mónica Moreira, aunque esta última también se lanzó a la reelección y su candidatura fue calificada. Si Moreira mantiene su suplencia, reemplazará junto a Ponce a las consejeras Rivadeneira y Estupiñán. Si Moreira decide no actuar, podría principalizarse Gina Aguilar, que alcanzó 1′092.945 votos en el 2019. En el caso de Ulloa, lo reemplazaría el médico Carlos Figueroa, que obtuvo 660.663 votos; y, respecto de la suplencia de Bravo, quien se identificó como montuvio y fue electo en representación de los pueblos y nacionalidades, el siguiente candidato electo fue Jaime Chugchilán que alcanzó 1′019.298 votos. A este último le sigue Olindo Nastacuaz, que obtuvo 1′013.031. Según el consejero Cabrera, el CPCCS no podrá funcionar solo con cinco vocales. Es decir, a los consejeros Sofía Almeida, Javier Dávalos y David Rosero podrían sumarse Moreira y Ponce y tendrían quorum para sesionar. No obstante, el pleno requiere estar completo con sus siete vocales, aclaró Cabrera. De conformarse este nuevo pleno, deberán elegir a un nuevo presidente para lo que resta de seis meses de periodo, pues en mayo el Consejo Electoral proclamará los resultados oficiales de las elecciones seccionales y del CPCCS que se efectuarán el 5 de febrero de 2023. Karina Ponce es una activista feminista que venía desempeñando funciones en la Superintendencia de Bancos, pues es economista. En tanto, Mónica Moreira es docente y en su camino al CPCCS tuvo el respaldo de grupos afines al expresidente Rafael Correa, como la Red de Maestros y la Federación de Eléctricos. Se sumó en varias ocasiones al pleno como consejera principal y apoyó las iniciativas de la mayoría que agrupaba a Almeida, Rosero y Dávalos. Hace algunos meses fue nombrada coordinadora zonal 5 del Ministerio de Educación y busca la reelección en las elecciones del 2023. Carlos Figueroa es un médico cirujano reconocido por su activismo político, pues estuvo seis meses preso después de que el expresidente de la República Rafael Correa lo demandó en 2012, al igual que al entonces asambleísta Cléver Jiménez y al hoy asambleísta Fernando Villavicencio, por supuestas injurias sobre los hechos ligados al 30 de septiembre de 2010. Finalmente, Jaime Chugchilán fue funcionario del Consejo de Participación Ciudadana en el área de Interculturalidad y años atrás fue funcionario de la Cancillería en el régimen de Correa. Fuente: El Universo