La petrolera canadiense New Stratus Energy Inc. informó que tras una reunión con el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, no se llegó a un acuerdo sobre los bloques 16 y 67 y acudirá a un arbitraje internacional formal. Lo hizo a través de un comunicado de prensa, publicado el lunes 5 de diciembre de 2022. La reunión se realizó en el palacio Carondelet, en Quito, con la presencia del presidente de la República y el ministro de Energía, Fernando Santos. Allí el Ecuador resolvió rechazar la ampliación del contrato y disponer la reversión al Estado de los Bloques 16 y 67, actualmente operados por Petrolia Ecuador, filial de New Stratus Energy Inc. Los contratos de estos bloques petroleros se vencen el 31 de diciembre de 2022. La intensión de la petrolera canadiense era extenderlos por hasta 20 años más. «El gobierno del Ecuador informó a la Corporación y a sus asesores que no pretende cumplir con su obligación legal y contractual de designar el Comité de Negociaciones requerido para la extensión y migración de los contratos de los bloques 16 y 67″, informó New Stratus Energy. Como respuesta a la decisión gubernamental, la canadiense señaló que ejercerá sus derechos legales y contractuales a través de un arbitraje internacional formal. Según el Ministerio de Energía, Petrolia no cuenta con autorización para operar los bloques 16 y 67. New Stratus Energy está en el país desde noviembre de 2021, luego de concretarse una transacción internacional, en España, con la que adquirió el 35% de acciones de Repsol, que hasta entonces operaba los bloques 16 y 67. Repsol vendió a la canadiense New Stratus Energy su participación en la operación de Ecuador en 2020. Y el 17 de noviembre de 2021 el Ministerio de Energía del Ecuador, liderado en ese entonces por Juan Carlos Bermeo, autorizó la transferencia de Repsol a Petrolia. La petrolera internacional agregó que, «habiendo actuado de buena fe a lo largo de 18 meses de conversaciones con el Gobierno, la Corporación está conmocionada por este repentino cambio de postura del presidente, quien en varias reuniones anteriores había acogido y alentado los planes de la Corporación para buscar las prórrogas contractuales». Desde febrero de este año, la compañía, junto con otras 23, solicitó formalmente la migración del contrato y esperaba que, conforme a la normativa vigente, se nombre una comisión ad hoc para la conversión contractual. Sin embargo, dicha comisión no se constituyó. Según el comunicado, Guillermo Lasso y Santos indicaron a la Corporación que esta resolución tiene motivaciones políticas. «La decisión ciertamente desalentará la inversión extranjera directa en Ecuador dada la interpretación ilegal de los contratos por parte del Gobierno, una infracción clara y flagrante del estado de derecho», señaló. Para Alberto Acosta Burneo, analista económico, el irrespeto de los contratos le ha salido muy caro al Ecuador. Por ejemplo, en 2006, el gobierno de Alfredo Palacio creó un impuesto a las ganancias extraordinarias del 50%. Luego, el gobierno de Rafael Correa lo aumentó al 99%. Estas decisiones le costaron al país USD 448 millones en indemnizaciones a la petrolera Perenco, a quién un laudo arbitral otorgó la razón. Asimismo, en 2006, el gobierno declaró la caducidad del contrato de Occidental, y el Ecuador terminó pagando USD 980 millones en indemnizaciones. «Pensemos en cómo esos recursos pudieron financiar una reforma integral al pensum educativo, o modernizar los servicios de salud», señaló Acosta Burneos. New Stratus Energy ya ha anunciado la controversia por un perjuicio de USD 260 millones. El nuevo arbitraje internacional estará bajo las reglas de la Uncitral. Fuente: El Comercio