El mandatario colombiano pide medidas cautelares en favor del expresidente peruano. El organismo de la OEA, sin embargo, declara que reconoce “la respuesta democrática” de las instituciones del país vecino El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha vuelto el jueves a mostrar su afinidad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ha solicitado en sus redes sociales que el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) expida medidas cautelares “en favor” del exmandatario peruano Pedro Castillo, destituido el pasado miércoles. Además, ha afirmado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es “el gran pacto latinoamericano” que la región necesita para salir adelante. No obstante, el sistema interamericano de justicia no está en la misma sintonía: la CIDH había cuestionado antes el frustrado intento de Castillo de disolver el Congreso para mantenerse en el poder. Y había reconocido “la respuesta democrática” de las instituciones peruanas. En ningún momento expresó preocupación por los derechos potencialmente violados del expresidente. Petro conoce bien el sistema interamericano de justicia, encargado de promover el respeto de los derechos humanos por los países que integran la OEA. Recurrió a él en 2013 cuando la Procuraduría lo destituyó como alcalde de Bogotá por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo. La Corte IDH le dio la razón en 2020: declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la entidad implicada para destituir funcionarios electos por voto popular. El presidente presenta similitudes entre su caso, el de Castillo y los de otros líderes latinoamericanos. “Por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día”, declaró en redes sociales. El Legislativo peruano, según Petro, vulneró los derechos a “a elegir y ser elegido” y a tener un tribunal independiente. Y avanzó por una senda que revivieron los “golpes parlamentarios” que destituyeron al expresidente hondureño Manuel Zelaya en 2009 y al paraguayo Fernando Lugo en 2012. “Es el camino de la eliminación del contrincante, irrespetando las decisiones populares en las urnas. Ese es el camino que acabó con [Salvador] Allende y sumió las Américas en la dictadura”, agregó antes de señalar que Castillo “se equivocó” al disolver el Congreso. Pero los casos de Petro y de Castillo son distintos. La experta en derecho constitucional Catalina Botero remarca por teléfono que la Procuraduría es un organismo administrativo sin garantías de independencia o imparcialidad, mientras que el Congreso es una entidad política facultada para realizar un juicio político. Botero explica que la “pérdida de confianza” es una figura reconocida en la constitución peruana y que Castillo atentó contra el orden constitucional. “Aún si se hubiesen cumplido condiciones para revocar el Congreso, en ninguna parte se reconocen facultades para reorganizar el poder judicial”, comenta en referencia a otra de las medidas que llegó a anunciar el entonces presidente. Además, las decisiones de Castillo fueron consideradas como un golpe de Estado por toda la institucionalidad peruana: la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía. También por entidades internacionales, como la CIDH que las condenó como “contrarias al orden constitucional”. “La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”, se lee en su comunicado. En ninguna parte expresa preocupación por los derechos del exmandatario y ha preferido no pronunciarse sobre el mensaje de Petro, tras ser consultada por este periódico. En todo caso, el sistema interamericano de justicia no actúa a través de medidas preventivas. Walter Arévalo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, comenta por teléfono que no se han vulnerado los derechos del expresidente peruano. “En un futuro procedimiento penal es que Castillo tiene derecho a una serie de garantías. Una medida cautelar se puede solicitar en ese momento, si las garantías se vulneran y se agotan las instancias pertinentes en Perú”, resalta. Más allá del caso de Castillo, Petro ha dicho que le apuesta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la gran solución para América Latina. Según sus mensajes en Twitter, es el gran pacto que necesita la región para avanzar en un “un camino pacífico, sólido y democrático”. En eso coincide Botero, aunque matiza: “Tiene que haber voluntad política de mantenerse fieles a esos principios, más allá de las ideologías”. Arévalo agrega que el sistema que construyó la región ya es eficiente jurídicamente. Para él, los Estados deben aumentar el financiamiento, pero no hay reformas significativas que sean necesarias. “Las instituciones peruanas saben que están siendo observadas y que la Comisión tiene competencia sobre el Perú. Van a estar atentos a cumplir”, comenta el profesor, que también es presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. La integridad física y los derechos de Castillo, que ha solicitado asilo político en México, no parecen estar en peligro. Fuente: El País