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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
Ecuador Continental: 18:57
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Dos agentes de Antinarcóticos tienen prisión preventiva por pedir dinero a cambio de sacar a sospechoso de informe

El Universo .- Los policías serán trasladados a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Dos agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional de Guayaquil se encuentran con prisión preventiva como presuntos autores del delito de concusión. Según el parte policial, la detención se realizó el sábado 18 de noviembre en el suburbio, en el oeste de Guayaquil. Los agentes detenidos se contactaron con la víctima en la residencia de su progenitora y le dejaron un mensaje que indicaba que debía dar $ 300. Este pago era a cambio de que ellos lo desvincularan de un informe en una instrucción fiscal. La víctima tenía seguimiento por delitos de drogas y armas. La víctima, que no se encontraba en ese momento en la residencia, les solicitó por celular que necesitaba más tiempo, ya que solo había conseguido una parte. Los agentes le dieron una hora más para que complete la cantidad exigida. Los ahora detenidos lo citaron en los exteriores del Cuartel Modelo y la víctima les entregó solo 70 dólares. Entonces, los victimarios le dieron tres horas más para que complete el monto. Luego se fueron del sitio. Sin embargo, la víctima ya había denunciado este caso a la Policía Nacional y había fotografiado el dinero entregado. Por lo que agentes de Inteligencia ubicaron el auto de los victimarios en la calle F, entre la 23 y 24, en el suburbio de Guayaquil. Allí los involucrados se identificaron y se procedió con la inspección de su vehículo. Además, el perjudicado llegó y los identificó. En la inspección se encontraron dos armas de fuego con 17 y 13 cartuchos sin percutir, un celular y el dinero entregado por la víctima. Posteriormente se procedió con su detención y fueron trasladados a la Unidad Judicial de Flagrancia junto con los indicios levantados y el vehículo en el que se transportaban. Los indicios fueron llevados a cadena de custodia de la Policía Antinarcóticos de la Zona 8 Guayas. El fiscal del caso en la audiencia de flagrancias que se realizó el domingo 19 de noviembre presentó como elementos de convicción los informes investigativos, los partes de detención y la versión de los agentes que intervinieron en el operativo, certificaciones laborales emitidas por la Unidad Antinarcóticos, entre otros. La jueza del caso acogió las pruebas y dictó prisión preventiva para los policías en servicio activo Érick Joao L. y Ricardo Bladimir L., girando las respectivas boletas de aprehensión y su traslado a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Además, la Fiscalía solicitará unas pruebas para confirmar si las armas incautadas fueron utilizadas en otros delitos.

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Soledad Padilla denuncia a su exabogado por divulgar audios del conflicto personal con Jorge Glas

El Universo .- Este 20 de noviembre asistió a la Fiscalía General para reconocer su firma y rúbrica en una denuncia por revelar información entre abogado y cliente. Por divulgar audios de conversaciones personales relacionadas con el exvicepresidente Jorge Glas, Soledad Padilla Morán denunció a Juan Francisco Ospina Loza, a quien había contratado como su abogado defensor. A la Fiscalía General en Quito, asistió Soledad Padilla, este 20 de noviembre de 2023, para reconocer su firma y rúbrica dentro de la denuncia por divulgación información y secreto no develado a favor de terceras personas sin autorización. Padilla, excolaboradora de Glas durante la administración de Rafael Correa, había confiado los audios de conversaciones personales que mantuvo con el exsegundo mandatario en el régimen de Rafael Correa, Jorge Glas, a su anterior abogado Juan Ospina para que los analice, pero él los habría divulgado sin autorización de su cliente. Esto había provocado que la denunciante se enfrente a procesos judiciales planteados por Glas lo que la ha obligado a hablar «públicamente de su vida privada», se informó. Padilla llegó este lunes, antes del mediodía, a una de las unidades de la Fiscalía al norte de la capital, para reconocer su identidad en este proceso. Para evitar las fotografías y preguntas, la rodearon sus conocidos y solamente habló su actual abogado, Oswaldo Trujillo. El jurista, defensor de Padilla, explicó que la denuncia se sustenta en la difusión no autorizada de audios de conversaciones personales en las redes sociales y medios de comunicación, pese a que se le entregaron para que sirvan como pruebas en el trámite de la denuncia por presunta intimidación que se planteó en contra de Glas. «Esos audios, que se le entregaron como abogado de Soledad Padilla, Ospina los difundió sin la autorización, lo que configura el delito de presunta revelación de secreto o información personal de terceros que no ha sido autorizada», puntualizó Trujillo. Añadió que desconocen si por difundir esas conversaciones hubo un «precio o no, pero los divulgó y no sabemos si para causarle un perjuicio a ella o a varias personas». Así también, aclaró que Ospina había sido la «única persona a la cual se entregaron los audios, no había un tercer o cuarto, era la única persona en la que confió Padilla y él se encargó de destruir la relación abogado cliente y la puso en vulnerabilidad». Con este reconocimiento de firma y rúbrica, Padilla formalizó la denuncia contra su exdefensor y espera que se inicie la indagación previa. En octubre pasado se revelaron audios de conversaciones personales entre Jorge Glas y Soledad Padilla, quien le reclamaba ser acosada. El exvicepresidente presentó una denuncia en la Fiscalía del Guayas contra Padilla por presunta extorsión, ya que, según dijo, la mujer le habría exigido el «el pago de $ 350.000 a cambio de una grabación que ella y (el asambleísta) Ferdinan Álvarez Zambrano ilegalmente habían realizado». De su lado, Padilla asegura que fue «víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glas» y que el «punto de quiebre en su relación de amistad y de colaboración» con el exvicepresidente se dio en septiembre de 2023, cuando conoció de su relación con Álvarez. Según el artículo 179 del Código Orgánica Integral Penal (COIP), «la persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año».

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Dictan prisión preventiva para involucrado en secuestro de la decana de Medicina de la Universidad de Guayaquil

El Universo .– El detenido permanecerá en prisión preventiva hasta la audiencia de formulación de cargos. Un juez de Guayaquil acogió el pedido solicitado por Fiscalía para dictar prisión preventiva a un hombre que sería presunto involucrado en el secuestro de la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, la doctora María Antonieta Touriz Bonifaz.   Francisco C. O. fue aprehendido luego de que la decana fuera encontrada en una casa ubicada en la isla Trinitaria, sur de Guayaquil.   Touriz viajaba en un auto tipo sedán por un tramo de la avenida Francisco de Orellana junto con un compañero de labores. En la misma avenida y a la altura de la calle Benjamín Carrión, cerca de las 07:00 del miércoles 9 de agosto, tipos armados se acercaron al vehículo para llevarse a la fuerza a la decana.   En primera instancia, la víctima y su acompañante pensaban que se trataba de un robo a mano armada, pero se dieron cuenta de que se trataba de un secuestro cuando los hombres armados retiraron las llaves del vehículo y forcejearon para sacar a la docente del auto.   El protocolo de emergencia de la Policía Nacional se activó y, horas después del rapto, Touriz fue encontrada en una vivienda del sur de la urbe porteña. Varias autoridades y entidades se pronunciaron al respecto exigiendo la captura de los responsables de este delito.   Francisco C. O. permanecerá en prisión preventiva hasta la fecha de la audiencia de formulación de cargos.   De comprobarse la participación de Francisco C. O., podría ser acusado por el delito de secuestro extorsivo, anunció la Fiscalía General del Estado.

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Abogado del juez de Yaguachi insiste en que el fallo constitucional de Jhon Rodríguez no ha modificado las sentencias penales en firme contra Jorge Glas

El Universo .- La investigación previa nació en junio pasado, luego de acogerse medidas cautelares que le restituyeron los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas. “En la versión va a referirse única y exclusivamente a sus actuaciones dentro de la medida cautelar que ha conocido. Todo lo demás que ha sido materia del escándalo y de lo mediático y que no es parte del proceso será aclarado ese día”.   Así se refirió Ricardo Vanegas, abogado del juez de la Unidad Multicompetente de Yaguachi, Jhon Rodríguez, respecto a la versión a la que su cliente ha sido convocado el próximo 6 de julio dentro de una investigación previa abierta contra el magistrado por el delito de prevaricato.   La etapa reservada de investigación nació el 9 de junio pasado, luego que Rodríguez, transformado en juez constitucional, acogió unas medidas cautelares a favor del exvicepresidente Jorge Glas y le restituyó sus derechos políticos. El llamado a versionar llegó una vez que se levantó la orden de detención con fines investigativos que pesaba contra él.   Vanegas insiste en que Rodríguez el 9 de junio pasado lo que hizo es aceptar una medida cautelar con la que se suspendieron los efectos de dos actos administrativos: uno de la Contraloría General del Estado (CGE) y otro relacionado con el Ministerio del Trabajo. El abogado aclara que en ningún momento se tomó una decisión respecto a las sentencias de los casos Odebrecht o Sobornos, las cuales fueron dictadas por dos distintas salas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). “El juez sobre eso no se pronunció y no fue contra ley expresa porque no suspende el cumplimiento de esas dos sentencias que fueron dictadas por la CNJ. (…) Cuando se dicta una sentencia en materia constitucional o en cualquier otra materia el juez específicamente dice déjese sin efecto el contenido de este acto y en esta sentencia en particular no dice, ni lo puede decir, déjese sin efecto lo que resolvió la Corte Nacional en esas dos sentencias, porque no lo podía hacer y no lo hizo. Ya el resto, lo que políticamente otras partes interesadas lo han querido manejar es otra cosa y eso no es materia del análisis de lo que nosotros estamos conociendo”, explicó Vanegas. El pedido de medidas cautelares que dio paso Rodríguez fue presentado por sus propios derechos como ciudadano Rodolfo Manuel Miranda Soriano. En el dictamen del juez se indica que se le restituyen los derechos políticos de participación a Glas “para que pueda participar en las elecciones anticipadas 2023, respetando sus derechos constitucionales de participación, de elegir y ser elegido, con interrelación a la progresividad del ejercicio de derechos, al debido proceso en el cumplimiento de las normas y derechos de las partes y derecho a la defensa; de igualdad y no discriminación; y proyecto de vida”.   Jhon Rodríguez Mindiola es juez de la Unidad Multicompetente del cantón Yaguachi, en Guayas. El 9 de junio emitió un dictamen que restituyó los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas. Por esta decisión, la Fiscalía inició una investigación previa por el delito de prevaricato. Foto: cortesía. Para el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, el juez Rodríguez cometió el delito de prevaricato, ya que resolvió en contra de normas procesales expresas.   El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de prevaricato con una pena privativa de libertad de tres a cinco años para los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda.   Según Vanegas, cuando se inicia la indagación previa, en el expediente, al 9 de junio pasado, había 220 fojas, pero en la acción que inicia la Fiscalía en la provincia del Guayas hay cinco cuerpos, es decir, a su decir, se aumentaron tres cuerpos. Esos tres cuerpos más, dice, son las sentencias en el caso Odebrecht y en el caso Sobornos y lo que él le estaría preguntando a la Fiscalía es cómo se introdujeron estas sentencias a la indagación previa que no es parte de lo que conoció su representado.   Héctor Vanegas cree que en este caso la Fiscalía se apresuró en su actuación y sin antes haberles convocado a rendir una versión formalmente solicitó una orden de detención con fines investigativos. Ahora destaca que se esté permitiendo acudir a la versión por vía telemática, tal cual como lo ha dispuesto en sentencia la Corte Constitucional.   “Un juez cuando actúa, actúa dentro de la legalidad. Las medidas cautelares pueden ser revocadas si hay fundamentos para eso. Entiendo que el juez tiene la facultad si es que se le han presentado peticiones de revocatoria de correr traslado a las partes, previo a entrar a resolver en derecho. Hay que esperar que el juez se pronuncie sobre las peticiones de revocatoria si es que se han hecho”, concluyó Vanegas.   La Fiscalía señaló que abrió una investigación previa por el delito de prevaricato para continuar ejecutando diligencias con la finalidad de determinar responsabilidades en el hecho por el que se investiga a Jhon Rodríguez.   El exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra bajo una “libertad provisional”, mantiene dos sentencias en firme por delitos de corrupción ocurridos en su paso por la función pública: asociación ilícita que tiene que ver con la trama de corrupción de Odebrecht (seis años de pena de prisión) y cohecho pasivo agravado parte del caso Sobornos 2012-2016 (ocho años de cárcel de condena). Como parte de la unificación de penas, un juez penitenciario definió que únicamente debía cumplir la sanción de ocho años de reclusión.

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Fiscales del Guayas claman por mejores condiciones para trabajar

Las condiciones en que trabajan los fiscales de la provincia del Guayas, son “de alto riesgo”. Así lo denunció Reynaldo Cevallos, agente fiscal y presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía del Guayas, en diálogo con el programa “Del Día a la Noche”, que emite Radio Centro. Cevallos recordó que, en menos de un año, en el país han sido asesinados 5 fiscales, de los cuales dos eran de Guayas. De ahí la necesidad de contar con resguardo policial, sobre todo en las áreas que tratan temas más complejos. Una de ellas es la que “Delitos contra la propiedad o patrimonio”, y que enfrenta permanentes conflictos con bandas de “vacunadores”. Cevallos precisó que de los 188 fiscales que tiene la provincia, apenas 5 cuentan con protección policial. Una cifra ínfima, tomando en cuenta el peligro que enfrentan a diario. En cuanto a las posibles soluciones, el despacho vía telemática resulta difícil, ya que, por la naturaleza de su trabajo, los fiscales deben movilizarse de forma permanente a audiencias, recepción de evidencias, investigaciones y muchos otros trámites. Caso contrario al de los jueces, que pueden operar desde sus despachos. Asesinado y difamado Asimismo, Cevallos lamentó que otro de sus compañeros asesinados, Édgar Escobar, de 43 años, a quien acribillaron en septiembre del año pasado frente al edificio La Merced, en el centro de Guayaquil y a plena luz del día, haya sido difamado por la propia Policía Nacional. Los reportes señalaron entonces que en los bolsillos de la víctima había, supuestamente, 80.000 dólares, dando a entender que recibía sobornos. Sin embargo, Cevallos precisó que eran en realidad 3.000 dólares, que retiró junto a su esposa, quien tiene el cargo de jueza, para pagar deudas en un banco. El oficial que dudó de la honorabilidad de Escobar, fue declarado “persona no grata” por los fiscales. En el caso del fiscal Leonardo Palacios, asesinado en Durán el 1 de junio, tenía 4 hijos, de los cuales dos son menores de edad. Una situación crítica para la familia, ya que los servidores judiciales no cuentan con seguro de vida. Y además del peligro, dijo, la incomodidad. Debido a la falta de recursos, no todas las dependencias tienen aire acondicionado y el material de oficina necesario.      

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A Daniel Salcedo se le ratifica pena de tres años de prisión; Tribunal rechaza casación y deberá volver a prisión para cumplir su sentencia en firme

EL UNIVERSO .- El rechazo de la casación deja en firme los tres años de cárcel definidos a Daniel Salcedo por el delito de ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Por unanimidad, los jueces Luis Rivera, Marco Rodríguez y Walter Macías, todos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), rechazaron por improcedente el recurso de casación interpuesto por Daniel Salcedo a la sentencia de tres años de prisión que recibió por el delito de ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.   Pese a que el martes último el Tribunal advirtió a Salcedo que de no asistir con su defensa particular, su representación legal la asumiría un funcionario de la Defensoría Pública, Diego Córdova, abogado de quien ha sido sentenciado y sigue siendo procesado por actos de corrupción en la venta de insumos médicos durante la pandemia, a última hora ingresó un pedido de diferimiento debido a un tema médico.   El presidente de la Sala, Luis Rivera, recordó la advertencia y posesionó en la defensa al defensor público Paúl Guerrero. Salcedo, quien asistió por vía telemática a la diligencia, se opuso a que él lo represente y dijo que se le estaba violentando su derecho a que lo haga un profesional de su confianza.   Pese al reclamo, el Tribunal de Casación dio por instalada la audiencia pasadas las 12:20 de este viernes 17 de febrero.   El defensor público inició con sus alegatos para fundamentar la casación y pedir que se ratifique el estado de inocencia debido a que existe una aplicación indebida de la norma y falta de motivación en el fallo venido en grado, pero Salcedo lo interrumpía cada cierto tiempo. Primero el sentenciado pidió al Tribunal que suspenda la diligencia por diez minutos hasta él encontrar un nuevo defensor y luego dijo a la Sala que ya estaba por conectarse otro abogado para asumir el caso, a quien lo iba a autorizar verbalmente. A ninguna de esas peticiones se dio paso y más bien el juez Walter Macías le recordó que ha sido su abogado quien provocó la situación y que la CNJ lo que estaba haciendo es garantizar un defensor público para que no se le violente su derecho a estar representado legalmente.   El video se difundió en redes sociales este viernes. Esta era la tercera ocasión consecutiva que la defensa de Salcedo intentó que se difiera la audiencia de casación solicitada por él mismo. La primera audiencia se difirió por un tema de salud de su primer abogado, luego Diego Córdova dijo que recién había asumido la defensa y que necesitaba tiempo para empaparse del proceso, y finalmente este viernes 17 de febrero a última hora se ingresó un documento señalando un tema médico como motivo para solicitar que se deje para otra fecha la audiencia.   La casación fue solicitada directamente por Salcedo contra la sentencia que recibió de tres años de cárcel y el pago de una multa de cuatro salarios básicos unificados ($ 1.700).   El 17 de agosto de 2021, la jueza penal de Pichincha Marina Serrano resolvió que el implicado en delitos relacionados con corrupción en hospitales públicos era el autor directo de la infracción tipificada en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sentencia se dio mediante un juicio directo y se sumaba a otras que ya le habían sido definidas por peculado, en el denominado caso Fundas para Cadáveres, y fraude procesal, la cual más adelante de cuatro años de cárcel se la redujo a pena cumplida.   Como antecedentes del caso, agentes penitenciarios trasladaron a Salcedo a la Unidad Judicial de Flagrancia, en el norte de la capital, debido a que se encontró en su poder el 6 de julio pasado un teléfono celular. Según el parte policial, personal de la Unidad de Contingencia Penitenciaria de la Policía realizó una operación sorpresa en la Cárcel 4, donde se encontraba recluido por temas de seguridad Salcedo, y descubrió en poder del procesado el equipo que tiene prohibición legal de estar en manos de un privado de libertad.   Daniel Salcedo aceptó hablar ante el Tribunal de Casación acogiéndose a su derecho de última palabra. Ahí dijo que este caso era “extremadamente mediático” y aseguró que el celular por el que se lo está procesando fue encontrado en un maletín que no era suyo.   “Nos llevaron a una audiencia, un preso declaró que el celular era de él. Pedimos exámenes de huellas para que se verifique que el celular no tiene nada que ver conmigo y en el peritaje no encontraron nada con lo que me podían vincular. Solo espero que se haga una justicia correcta, porque al único preso al que le han dado tres años por un tema de un artículo prohibido, le han dado la pena más alta con lo cual solicito se me declare inocente o la pena mínima que es de un año”, expresó de viva voz Salcedo. Salcedo al momento se encuentra fuera de la cárcel. Esto debido a que el 9 de diciembre pasado Simón García, juez de la Unidad Multicompetente en Materias no Penales y Adolescentes Infractores del cantón Paján (Manabí), ordenó que se emita una boleta de excarcelación, luego de acoger unas medidas cautelares planteadas. Según el juez, en cinco procesos penales contra Salcedo existía ya caducidad de la prisión preventiva.   El rechazo de la casación deja en firme la pena de tres años impuesta por el delito de ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Salcedo tiene derecho a presentar recursos de ampliación y aclaración, pero ese hecho no cambia en nada la resolución de fondo. Con este panorama, la decisión tomada por el juez de Paján ya no tendría fundamentos respecto a que ya había caducado la orden de prisión preventiva, pues al tener una sentencia en firme lo que corresponde es que Salcedo vuelva a la cárcel para que se ejecute la pena de privación de la libertad.

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Alexis Mera mantiene por más de un año y medio abierto un proceso penal por asociación ilícita en el que no se instala la etapa preparatoria de juicio

Desde septiembre del 2020 está en firme la pena en el caso Sobornos, proceso en el que se condenó a 20 personas, entre ellas, Rafael Correa y Alexis Mera.   Además de la sentencia en firme por el delito de cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República durante el correísmo, mantiene un proceso penal en Guayaquil por el delito de asociación ilícita, el cual desde febrero de 2022 no avanza de la fase de evaluación y preparatoria de juicio.   Desde finales de octubre pasado, la defensa de Mera busca que el sistema de garantías penitenciarias de Ambato (Tungurahua) se pronuncie respecto al cómputo de la pena que mantiene como coautor del delito de cohecho. El fin último de esta acción sería acceder a solicitar un beneficio penitenciario que le permita cumplir al exfuncionario de Rafael Correa lo que resta de la sentencia de ocho años de prisión fuera de un Centro de Privación de la Libertad (CPL).   Inicialmente en el caso que ahora se investiga por el delito de asociación ilícita se formuló cargos, en junio de 2021, por el delito de tráfico de influencias. En ese momento la única procesada fue la exfiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, pero más de tres meses después se dio una audiencia para vincular a la causa a Alexis Mera y a Jonás Gonseth, exgerente del Hospital Abel Gilbert Pontón. En esa misma audiencia de septiembre se refomularon cargos y el caso quedó con la carátula por el delito de asociación ilícita.   La investigación contra Morejón, Mera y Gonseth se desprendió de información obtenida durante la instrucción fiscal del caso Sobornos. En el teléfono periciado de Alexis Mera se encontraron chats entre este y Morejón que corresponderían a mayo, junio y octubre de 2017, cuando ella era fiscal del Guayas y Mera estaba ya fuera de su cargo por el cambio de gobernante.   En una conversación del 31 de mayo de 2017, Mera le escribe a Morejó para hablarle del “caso Gonseth, por peculado” y el “tema Jaimovich”. Y luego dice el exsecretario Jurídico: “Hola Patricia. Este es el caso del español, director del hospital Abel Gilbert, que le dije alguna vez. Es un buen hombre. Fallas administrativas cometió, pero jamás peculado”. Luego le aclara que “es apreciado mucho por Rafael Correa”.   Morejón le responde: “Hola mi doctor querido. Claro que sí, encantada. Ya reviso. Debe haber llegado en consulta. Yo le informo, doctor”.   La hoy exfiscal ha reconocido en diversas entrevistas que Mera, al final ya de sus funciones, le hizo un pedido formal para una cita en la que se hablaría de un caso puntual. “Yo como fiscal provincial estaba en la obligación de recibirlo a él y a cualquier funcionario “.   Pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, el juez negó el pedido pues al momento de la vinculación Mera ya se encontraba recluido en el CPL de Cotopaxi, en Latacunga; mientras que a Goseth se le dispuso la presentación periódica una vez por mes ante la Fiscalía y no progresó el pedido de prohibición de salida del país, pues él ya estaba a esas fechas fuera del país.   Una vez se cerraron los 120 días de instrucción fiscal, a mediados de diciembre de 2021 se convocó a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para el 24 de enero de 2022. El llamado no se concretó, pues por pedido de Fiscalía se difirió la diligencia para días después, es decir, para el 8 de febrero siguiente.   Esta última audiencia tampoco se pudo dar, porque la jueza encargada dijo no podía avanzar con la causa ya que no se había agotado a ese momento el trámite de la demanda de recusación que le fue designada al juez Oswaldo Sierra Ayora y, además, para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y a que con posterioridad no exista una alegación de nulidad sustentada por alguna de las partes.   El proceso ha sufrido una serie de incidentes procesales como la jubilación de un juez, la recusación de otro, alegaciones sobre la competencia, excusas, entre otras que no han permitido que avance la causa. La única variación de fondo en la causa se dio a finales de agosto pasado y tiene que ver con el levantamiento de la presentación periódica dispuesta para Goseth por incumplir por más de once meses esa disposición.   Se ordenó que se proceda a la captura de Goseth, quien se encontraría en Estados Unidos, para que cumpla la orden de prisión preventiva. La defensa del español apeló la decisión y hasta el momento no se ha dado la respectiva audiencia.   Según las fechas expuestas por el director del CPL de Tungurahua número 1 en un informe respecto al cómputo de la pena impuesta a Mera, a enero de 2023 el exfuncionario del correísmo ya habría cumplido tres años, seis meses y seis días de los ocho años de prisión definidos y en firme. Desde esa perspectiva, el exsecretario Jurídico ya podría solicitar se analice su prelibertad, una vez el 13 de agosto de 2022 cumplió el tiempo necesario patra pedir ese beneficio.   CHATS PERICIADOS CASO SOBORNOS   El 15 de junio de 2017 los dos interlocutores habrían vuelto, según la pericia, a intercambiar mensajes.   La fiscal Morejón le dice: ” Doctor querido, buenos días. Quiero que me ponga un visto en el tema en mención. Lo sacamos al amigo por varias razones inclusive, porque él es el que pide auditoría, dejamos a los demás. Y Mera responde: “En el tema del hospital de Guayaquil se trata de una ligereza. No creo que nadie tenga mala fe allí”. La fiscal del Guayas, Patricia Morejón (i), mientras esperaba ser atendida en las oficinas de Televisión Satelital, en el norte. Ahí Morejón le envía un archivo y le dice: “Si usted me dice sacamos a todos, doc. Justamente con ese criterio. La Contraloría se opuso”. Mera: “Sí. Sería una injusticia de verdad”. la fiscal

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‘Vacunadores’ siembran pánico en dueños de negocios de Bastión Popular con panfletos que dejan en locales

En Ecuador han denunciado más de 6.500 casos por extorsión en el 2022. Mediante la entrega de un panfleto, extorsionadores conocidos como ‘vacunadores’ que operan en el bloque 6 de Bastión Popular dieron un plazo de 24 horas a los dueños de los locales de la zona para que los contacten y paguen a cambio de no ser atacados. El papel fue entregado a las 18:00 del martes en varios locales. Los extorsionadores también dejaron las hojas sobre los parabrisas de los carros y hasta en una escuela del barrio, ubicada a pocos metros de la vía a Daule. Quienes trabajan por ahí están alerta. Se sienten preocupados y dicen que no saben si la gente que se acerca a sus negocios son clientes que van a comprar o vacunadores dispuestos a darles un tiro por no haberse contactado aún. Ya pasaron más de 48 horas. Aunque con temor, los comerciantes se han puesto de acuerdo para que nadie llame al número de teléfono señalado en el documento, por lo que aún no tienen más detalles de qué bandas están detrás de la amenaza. Los panfletos dicen que “tras deliberar y analizar lo que está pasando en la ciudad, por su seguridad, para defender y proteger a quienes viven en el sector, pedimos a los dueños de negocios contactarse voluntariamente”. Se detalla número de teléfono y se señala la intención de acordar un “apoyo razonable”, con evidentes faltas de ortografía. Esta modalidad de extorsión es conocida como ‘vacuna’ y se ha extendido en varios sectores del Puerto Principal y en otras localidades del país. Este panfleto fue entregado en los negocios del bloque 6 de Bastión Popular la tarde del martes. Foto: El Universo El panfleto no está firmado por ninguna agrupación delictiva, pero sí se señala el plazo de 24 horas para que los comerciantes entreguen el dinero. Los dueños de tiendas, panaderías, locales de comida y hasta gimnasios de la zona piden ayuda para controlar esta situación, pues se está dando a pocos metros de donde estudian cientos de niños y señalaron que la semana pasada incluso lanzaron un explosivo en el parque, por eso ya los menores no salen. Pero no solo eso, los comerciantes contaron que están pensando en cerrar sus negocios porque temen lo que pueda pasarles. Además, dijeron que el dueño de un local de ese sector echó a los ‘vacunadores’ a bala y que los sujetos luego regresaron y le dispararon, pero afortunadamente el arma se les habría encasquillado. “Pedimos auxilio, este país se va a ir a la quiebra si los pequeños negocios empiezan a cerrar. Nosotros somos gente que trabaja para el día a día, para mantener a nuestras familias, no a vagos y drogadictos”, expresaron entre indignación y preocupación. Sobre este caso en Bastión Popular, la Policía ejecutará las investigaciones para ubicar a los responsables y verificar la veracidad de las amenazas expuestas en los panfletos. La semana pasada en Pascuales, en el sector de Guamote se registró un caso similar. Al menos cinco negocios fueron baleados desde una moto. Eran vacunadores, señalaban los vecinos. Entre enero y octubre del 2022, la Fiscalía ha recibido 6.475 denuncias por el delito de extorsión; 1.260 fueron tentativas y 5.215 personas denunciaron el delito ya consumado. En 2021 se registraron 2.797 denuncias en el país. Fuente: El Universo

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