PortadaHomeRadioCentro

Ecuador: junio 4, 2026

Ecuador Continental:

Ecuador Insular:

Facebook Twitter Youtube Instagram Spotify
Ecuador, junio 04, 2026
Ecuador Continental: 13:02
Ecuador Insular: 13:02

Ecuador, junio 04, 2026

Facebook Twitter Youtube Instagram Spotify

Gary Espinoza afirmó que sigue siendo presidente de la Fenocin

Nacionales / /

EL UNIVERSO.- Una fracción de la Fenocin destituyó a Gary Espinoza el pasado 24 de febrero y en su lugar posesionó a Hatari Sarango.   Gary Espinoza aseguró que sigue siendo presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), esto luego que el pasado viernes 24 febrero una facción del movimiento lo destituyó y posesionó en ese mismo cargo a Hatari Sarango.   Este lunes 27 de febrero, durante una rueda de prensa, Espinoza aseguró que se mantiene en el cargo y denunció persecución y acoso en su contra desde el primer día que fue posesionado en el cargo “por un grupo de compañeros”.   “En vista de que veníamos siendo acosados, un grupo de compañeros divisionistas venían trabajando desde el primer día que me he posesionado, no me han dejado trabajar en paz, esto ha sido una persecución, un acoso, una situación de odio contra Gary Espinoza, de racismo…”, manifestó el dirigente, que fue elegido presidente el 24 de julio del 2021.   De acuerdo con Espinoza, quien lamentó que estén atravesando esta situación de fraccionamiento, dijo que debido a ese divisionismo promovido que detectaron “hace mucho tiempo”, el pasado 17 de febrero determinaron expulsar a Sarango y también a Franklin Columba, Santos Villamar, Franklin León y Guido Perugachi. “Están tratando de dividir la Fenocin desde hace mucho tiempo”, sostuvo.   Espinoza manifestó “que tienen las pruebas de que se han reunido clandestinamente para tratar de desestabilizar esta administración de Gary Espinoza. Es una situación que no la podemos tolerar. Hemos conversado, dialogado con ellos, sin embargo, siguen y han seguido en este propósito, por eso el 17 los expulsamos y por eso escuchan que ahora se han autoconvocado supuestamente para formar otra directiva”. Señaló que dicha autoconvocatoria “es ilegal e ilegítima, que no tiene validez, que no tiene representación”, esto porque los nombres mencionados fueron expulsados y no pueden hacer este tipo de acciones violando los estatutos de la Fenocin, por “tanto Gary Espinoza con el equipo que tenemos aquí de la directiva estamos electos hasta julio del 2025″, manifestó. “Nuestra administración sigue vigente, Gary Espinoza sigue siendo presidente de la Fenocin y vamos adelante en la lucha que hemos decidido”, agregó.   En ese sentido, Espinoza manifestó que en la asamblea que tuvieron el 17 de febrero decidieron “cesar o cortar” el diálogo con el Gobierno nacional, “porque creemos que es realmente tormentoso seguir sentado sin recibir la respuesta adecuada, hemos estado casi un año en esta mesa de diálogo y no vemos los frutos”.   El dirigente señaló que ahora pasan a una fase de exigencia para el cumplimiento por parte del Gobierno de los 218 acuerdos.   Dijo que han escuchado el llamado del Gobierno al diálogo, a la concertación, a un acuerdo nacional, “sin embargo, le decimos al presidente de la República, al señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que lo primero que tienen que hacer es pedirle disculpas públicas al pueblo ecuatoriano”.   “Es decir, no pueden llamar al diálogo, a la concertación, sino piden disculpas públicas al pueblo ecuatoriano. Le recuerdo pueblo ecuatoriano que el señor presidente nos vinculó con el narcotráfico, nos vinculó con la delincuencia, nosotros no somos delincuentes, señor presidente, somos dirigentes, por tanto nos debe una disculpa pública, porque nosotros lo que hicimos fue votar por una opción que usted puso, o votar por el sí o votar por el no, nosotros valientemente decidimos votar por el no y esos son los resultados, que el no ha ganado en la consulta popular, por tanto nos debe una disculpa al pueblo ecuatoriano si es que quiere llamar al diálogo…”, manifestó.   Leandro Ullón es el nuevo vicepresidente de la Fenocin. En la rueda de prensa también asistió el comité ejecutivo de la Fenocin, que también rechazó la división e hizo un llamado a la lucha por los acuerdos con el Gobierno nacional. Espinoza dijo que la Fenocin también participará en la movilización contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso para el próximo 8 de marzo.

Gary Espinoza afirmó que sigue siendo presidente de la Fenocin Leer más »

Asambleístas piden a la Fiscalía que evite la salida del país de ocho ex funcionarios del Gobierno que tendrían relación con casos de corrupción

Nacionales / /

EL UNIVERSO .- Este fin de semana continúan las comparecencias ante la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga los presuntos actos de corrupción.   La comisión ocasional por la verdad, la justicia y la lucha contra la corrupción exhortó a la Fiscalía General del Estado que evite la fuga de los ex funcionarios del Gobierno nacional: Fabián Pozo Neira, Ítalo Cedeño, Iván Correa, Hugo Aguiar Lozano, Aparicio Caicedo, Marcos Miranda, Mauricio Guim y María José Romo.   La resolución planteada por la asambleísta, Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), recibió el respaldo de seis votos, y se dio tras la comparecencia de las autoridades de la Contraloría y Fiscalía General del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), ante la mesa que investiga la presunta existencia de una red de corrupción en las empresas públicas.   La fiscal General, Diana Salazar, confirmó que al momento se realizaron 14 impulsos fiscales para la práctica de diligencias investigativas, 12 allanamientos, 315 solicitudes de información, incautaciones, 51 recepción de versiones vinculadas al caso.   Salazar indicó que apenas conoció la noticia criminis, el 9 de enero de 2023, iniciaron las investigaciones por presunta delincuencia organizada, cohecho y un posible delito de concusión.   En el texto de la resolución aprobada en la mesa pide además a la Fiscalía General que garantice la protección de testigos que posean información relevante para el esclarecimiento de la investigación. De su lado, el contralor del Estado, Carlos Riofrío, señaló que en el caso de las empresas públicas emitió 164 informes con indicios de responsabilidad, en el periodo 2019-2022.   Mientras que el canciller, Juan Carlos Holguín, sostuvo que no conoce a Rubén Chérrez, ni sabe el motivo por el cual habría sido nombrado en el audio que se hizo público a través del medio digital La Posta. Pero, aceptó conocer y haber saludado con Danilo Carrera, en dos ocasiones y aclaró que no ha sido parte de ninguna comitiva oficial en los viajes efectuados por las autoridades del Estado.   Para este sábado, la mesa que investiga los supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas espera reunirse a las 10:00, para recibir a: Ítalo Cedeño; Danilo Carrera; Rubén Chérrez; Jairón Merchán, secretario de planificación y desarrollo: Jhonny Estupiñán, ex gerente de Flopec EP; Marco López, superintendente de Compañías; Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Roberto Andrade, director de la UAFE; y, Mauro Vargas, director de Inteligencia Policial.  

Asambleístas piden a la Fiscalía que evite la salida del país de ocho ex funcionarios del Gobierno que tendrían relación con casos de corrupción Leer más »

Caso Encuentro: Policía detuvo en Rumichaca a Mauricio Guim, exfuncionario de la Presidencia

Nacionales / /

El Universo.- A Guim se le atribuye un audio relacionado con la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas.   Mauricio Guim, exsevidor de la Presidencia de Guillermo Lasso, fue detenido la noche del miércoles en el puente de Rumichaca, en la frontera con Colombia, como parte del caso Encuentro que investiga una supuesta red de corrupción en las empresas públicas.   Las sospechas recaen sobre Guim debido a que el medio digital La Posta reveló un audio que lo comprometería con presuntas negociaciones irregularidades, en las que también estarían involucrados personas particulares y exautoridades de las empresas estatales del actual Gobierno.   El exfuncionario fue capturado por disposición de la Fiscalía cuando intentaba salir del país, informó el presidente Guillermo Lasso. Indicó que dos equipos de la subzona de Inteligencia de Carchi y un equipo de la Policía Judicial concretaron la aprehensión.   El ciudadano será trasladado a Quito y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, avisó el jefe de Estado, en redes sociales. Afirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción es total.   Guim fue subsecretario de Desarrollo Normativo de la Presidencia de la República y a finales de 2022 se convirtió en el secretario particular del Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. De este último cargo habría sido removido tras la divulgación del audio. Mauricio Guim también fue uno de los nueve candidatos para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Su nombre fue parte de la terna que presentó la Función de Transparencia y Control Social.  

Caso Encuentro: Policía detuvo en Rumichaca a Mauricio Guim, exfuncionario de la Presidencia Leer más »

El Gobierno costeará repatriación de restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el extranjero

Nacionales / /

La Asamblea Nacional acogió las observaciones del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Movilidad y pasará a publicación en el Registro Oficial El Estado costeará la repatriación de restos mortales de las personas ecuatorianas fallecidas en el extranjero, siempre que los familiares demuestren una situación de vulnerabilidad económica y la falta de recursos suficientes para realizar la repatriación del cadáver.   Así lo determinó la Asamblea Nacional, este 31 de enero, al aceptar las observaciones que hizo el Ejecutivo al proyecto que reforma a la ley orgánica de Movilidad Humana. Por la moción de allanamiento votaron 129 legisladores.   A través del reglamento, que deberá emitir el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se regulará la repatriación con enfoque en derechos humanos, y la elaboración del informe técnico socio económico y la ficha de vulnerabilidad estará a cargo de la Comisión de Calificación que se conformará en las oficinas consulares.   El informe que emita la Comisión de Calificación deberá considerar factores como: entorno familiar, entorno social, situación económica, situación migratoria y ubicación territorial.   Según las reformas que pasarán a publicarse en el Registro Oficial, la Comisión de Calificación de solicitudes de repatriación no podrá demorar más de quince días laborables para resolver si acepta o niega el pedido de repatriación. Si no se emite el informe dentro del plazo establecido, se entenderá que la solicitud está aprobada. La entrega de los restos mortales en el Ecuador, no podrá superar el término de treinta días, contabilizados desde el día de la recepción de la respectiva solicitud, excepto los casos en los que la normativa o procesos administrativos o judiciales del país en el que falleció la persona ecuatoriana impidan el cumplimiento del mencionado término.   La única excepción para los plazos son aquellos casos judicializados en el exterior que impiden repatriar los restos mortales.   Cuando se acepte a solicitud de repatriación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana procederá con el procedimiento de embalsamamiento o cremación, según corresponda.   Si la Comisión de Calificación niega la solicitud de repatriación podrá ser impugnada mediante todos los recursos eficaces prescritos en el ordenamiento jurídico.   Estas reformas a la Ley de Movilidad pasarán a publicarse al Registro Oficial para que entren en vigencia. Fuente: El Universo

El Gobierno costeará repatriación de restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el extranjero Leer más »

Más de 300 femicidios hubo en Ecuador en el 2022, según organizaciones sociales; en 6 de cada 10 casos se usó arma de fuego

Nacionales / /

Disputas de territorio entre bandas narcodelicitivas y alta prevalencia de criminalidad han sido, en algunos casos, el contexto de las muertes.   Dieciséis velas encendidas y colocadas en el piso, acompañadas de una cruz de madera y pintadas de lila, junto a rosas de diversos colores y el nombre de las mujeres víctimas de femicidio, fue la manera de representar el asesinato de mujeres en manos de sus parejas.   332 femicidios se habrían producido en Ecuador en 2022, según organizaciones sociales que forman parte de la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios. La cifra fue presentada este martes en Quito.   Aseguraron que es la cifra más alta desde 2014. Los datos son registrados a través de redes sociales y de casas de acogida para víctimas de violencia. Geraldina Guerra, presidenta de la fundación Aldea, indicó que, el año pasado, cada 26 horas una mujer fue víctima de femicidio.   Agregó que, en los dos últimos años, las condiciones y características en las que se dan esas muertes han variado, pues se dieron con mayor peligrosidad en contextos de economías criminales, disputas de territorio entre bandas narcodelicitivas, alta prevalencia de criminalidad y formas misóginas contra la vida y los cuerpos. De las 332 mujeres, al menos 48 reportaban antecedentes de violencia, 9 tenían boletas de auxilio, 16 mujeres fueron previamente víctimas de violencia sexual y 25 fueron reportadas como desaparecidas.   Además, 14 estaban embarazadas, y 4 de cada 10 eran madres. De los casos, al menos 311 eran ecuatorianas, 9 venezolanas, 5 colombianas y una peruana. 26 eran afrodescendientes, 14 indígenas y 276 mestizas.   De los culpables de femicidios, 3 intentaron suicidarse y hubo 22 suicidios.   Guayas, Manabí y Esmeraldas son las provincias donde se dio mayor cantidad de femicidios. En Guayaquil hubo 77 casos y Esmeraldas tuvo 19.   En seis de cada diez casos se usó un arma de fuego para asesinar a una mujer.   “Exigimos a las instancias competentes, tanto en el nivel nacional como en el nivel local, que generen acciones efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres, por lo menos en los cantones donde se registra mayor incidencia”, dijo. Hubo testimonios de madres sobre femicidios ocurridos el año pasado. Katherine Cuasquer se refirió a la muerte de su pequeña hija. Foto: El Universo Sonia Salamea, de Cuenca, madre de Cristina Palacios, contó que su hija fue asesinada en 2017 por un compañero de trabajo, quien tras varios meses de juicio fue condenado a 34 años y 8 meses de prisión.   Cuestionó que el asesino debería estar en la cárcel de Turi, pero habría sido llevado a la de Azogues tras haber recibido un habeas corpus.   Katherine Cuasquer, de Ibarra, era madre de Zoe, a quien —señaló— un policía le arrebató la vida. Tenía 7 meses.   Dos sicarios en una moto se acercaron y le dispararon, en abril del año pasado. Era su única hija. El responsable habría sido el padre de la niña. Hay cuatro involucrados. El juicio por este caso será el próximo 24 de enero.   Las familias y las organizaciones sociales hicieron pedidos al Gobierno para que se cumpla con la entrega de bonos por femicidio, así como las medidas de reparación.   Esto porque en 2022 hubo 245 casos de orfandad por causas de femicidio, según mencionó Mayra Tirira, de la fundación Surkuna.   En 2021 hubo 197 femicidios; en 2020, 118; en 2019, 106; en 2018, 88; y en 2017, 153, según cifras de organizaciones sociales. Fuente: El Universo

Más de 300 femicidios hubo en Ecuador en el 2022, según organizaciones sociales; en 6 de cada 10 casos se usó arma de fuego Leer más »

Comisión de Justicia dividirá en tres fases la fiscalización del caso de presunta corrupción en empresas públicas

Nacionales / /

El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, dijo en la mesa legislativa que el Gobierno no está involucrado en un esquema de corrupción.   La Comisión de Justicia de la Asamblea inició este miércoles un proceso de fiscalización y control político ante la presunta existencia de una estructura de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico, en la cual estarían involucrados funcionarios actuales y exautoridades del Gobierno, así como ciudadanos particulares y hasta Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso.   Once personas fueron convocadas a comparecer sobre el caso denominado “El Gran Padrino”; sin embargo, únicamente se presentaron Andersson Boscán, periodista del medio digital La Posta, que reveló el tema, e Iván Correa, secretario de la Administración Pública del Gobierno. Correa llegó acompañado del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien no intervino en la reunión.   No asistieron Oswaldo Rosero, gerente subrogante de Flopec; Joaquín Ponce, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Antonio Icaza, gerente de la Corporación General de Electricidad (CNEL); Hugo Aguiar, gerente de Petroecuador; Nicolás Andrade, gerente de CELEC. Ellos se excusaron con el argumento de que debían atender asuntos programados con anterioridad.   Tampoco aparecieron Hernán Luque, expresidente de EMCO; Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador; y los ciudadanos Rubén Chérrez, y Danilo Carrera.   Con una sala llena, el presidente de la mesa legislativa, Alejandro Jaramillo, explicó que la fiscalización se dividirá en tres fases: en la primera sesión (desarrollada el miércoles) se recogerá la información que proporcionen los funcionarios y civiles; en la segunda instancia se convocará a actores relacionados con la desaparecida organización política Libertad es Pueblo, creada por el hermano del expresidente Lenín Moreno; y en la tercera parte se llamará a los asambleístas que sean señalados como operadores políticos en casos de corrupción.   Cuando Andersson Boscán tomó la palabra resumió los hallazgos de las presuntas ilegalidades cometidas por la red de corrupción y que esta sería liderada por el cuñado del presidente Guillermo Lasso, aprovechando su influencia política en el Gobierno debido a su cercanía con el mandatario. Dijo que Danilo Carrera hizo que Hernán Luque esté al frente de la EMCO; mientras que el ciudadano Rubén Chérrez es amigo de Carrera y se desempeñaba como su operador dentro del grupo.   Boscán añadió que este esquema no se limita al sector eléctrico sino que también operaría en el sector petrolero, en Flopec.   Además, dio a conocer que la Fiscalía abrió una investigación de oficio sobre el caso y la noche del martes acudió a un llamado de la institución para entregar información, la cual incluye datos de contratos millonarios de CNEL, que fueron adjudicados a compañías nuevas y sin experiencia que habrían participado con documentos falsos supuestamente emitidos por una misma persona.   Las empresas señaladas serían parte de la corrupción, señaló el periodista y anticipó que en el transcurso de los siguientes días entregará más información a la Fiscalía.   Compartió a los asambleístas un fragmento del audio de la conversación que tuvo con Leonardo Cortázar, supuesto operador de Chérrez en las empresas públicas, quien dio detalles de cómo funciona el esquema y mencionó a varias personas.   En otro audio se escuchó la voz de un contratista, cuya identidad no se reveló, quien denunciaba que en CNEL de El Oro, Los Ríos y Milagro para obtener un contrato se piden coimas del 10 al 15 %; que las empresas que consiguen los contratos no tienen experiencia en el sector eléctrico.   Boscán agregó que existen varias denuncias por estos casos en El Oro, inclusive tuvo conocimiento el exministro de Energía, Xavier Vera.   El asambleísta José Chimbo preguntó si el presidente de la República conocía del tema, a lo cual el comunicador respondió que no posee información con indicios que confirmen o hagan suponer que el Jefe de Estado tenía conocimiento.   No obstante, Boscán animó a la Comisión para que se investigue este y todos los aspectos relacionados con el caso. Y mencionó que varios de los implicados ya han abandonado el país.   La legisladora Dina Farinango sugirió que la Asamblea emita una resolución para que los funcionarios que no asistieron a la Comisión comparezcan ante el pleno. Además, recordó que está en curso el caso Danubio, donde se investiga tráfico de influencias y ofrecimiento de cargos en distintas instituciones públicas.   Así mismo, la asambleísta Johanna Moreira comentó que la Comisión no debe descuidar la nueva denuncia que aparentemente involucra al cuñado del presidente. “Que en esta investigación caiga quien tenga que caer”, expresó.   Por su parte, el secretario de la Administración Pública defendió al Gobierno. “Yo debo ser esta tarde categórico y contundente. El Gobierno Nacional no tiene, no ha tenido, no tendrá, no forma, no ha formado, ni formará parte de ninguna trama, de ningún esquema, de ninguna red, y de ninguna estructura delictiva o de corrupción. Eso quiero dejarlo bien claro”, sentenció Iván Correa.   Y dijo que los ecuatorianos responsables no deben, bajo ningún pretexto, dañar la honra de otro persona, bajo ningún pretexto. Señaló que quien acusa de ilegalidades debe presentar pruebas de aquello.   Aseguró que el Gobierno colaborará con las investigaciones. Manifestó que el audio de una persona no prueba nada y que la Fiscalía deberá dar luces sobre las presuntas acusaciones y difamaciones.   Al ser consultado sobre Danilo Carrera, el secretario respondió que el cuñado del presidente no tiene ninguna función o potestad dentro del Gobierno.   Luego de que culminó la sesión con los asambleístas, el ministro de Gobierno se pronunció en redes sociales. Dijo que en la Comisión se ratificó que no se tolerará ninguna forma de corrupción. “Las investigaciones deben llevarse con celeridad, seriedad y transparencia; de lo contrario solo hacen daño, no al Gobierno, sino al conjunto del sistema democrático”, publicó Francisco Jiménez en Twitter. Fuente: El Universo

Comisión de Justicia dividirá en tres fases la fiscalización del caso de presunta corrupción en empresas públicas Leer más »

La falta de control estatal en las cárceles ha permitido a las bandas reclutar nuevos miembros, advierte informe de Human Rights Watch

Nacionales / /

El documento de Human Rights Watch aborda otros temas como el aborto o la situación migratoria.   Cinco problemas crónicos deben abordar los Gobiernos de América Latina y el Caribe, según el Informe Mundial 2023 de Human Rights Watch, para proteger los derechos humanos y la democracia.   Estos se refieren a pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad y degradación ambiental.   Con respecto a Ecuador, el documento sostiene que la sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles han permitido a las pandillas reclutar nuevos miembros y asesinar a más de 400 personas detenidas desde 2021.   Además, que el país experimentó un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas.   En el parque Calderón de Cuenca, diferentes agrupaciones en contra del aborto realizaron un plantón criticando a la Asamblea Nacional. Boris Romoleroux/API Foto: API El documento sobre Ecuador es de seis páginas y aborda las condiciones en centros de detención y masacres, uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad, Estado de derecho y lucha contra la corrupción, derecho de los pueblos indígenas, derechos de la mujer, derechos sobre discapacidad, derechos de niños, orientación sexual e identidad de género, refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, libertad de expresión, política exterior. El hacinamiento en las cárceles, indica el informe, parece tener su origen en el uso excesivo de la prisión preventiva, las duras políticas contra las drogas y los retrasos en la concesión de beneficios penitenciarios.   Los guías penitenciarios no están debidamente preparados y son insuficientes para contener la violencia, agrega.   En noviembre del 2022, 1.360 agentes penitenciarios se graduaron tras un curso que empezó en julio pasado. En Ecuador hay 36 centros de detención. Uno de los nuevos agentes fue asesinado hace pocos días, apenas había entrado a laborar en una cárcel de Manabí.   En el primer semestre del 2023 ingresarían 1.000 nuevos agentes.   Once las masacres han ocurrido en las cárceles del país desde 2021, con un saldo de al menos 413 víctimas mortales.   Sobre lucha contra la corrupción, sostiene que si bien se implementaron varias reformas que mejoraron la independencia de instituciones judiciales clave, continuaron los señalamientos de demoras injustificadas en los procesos, ausencia de garantías de debido proceso y presiones indebidas a la justicia.   “La estigmatización, los malos tratos, el temor a la posibilidad de enfrentar un proceso penal y la interpretación restrictiva de la excepción de salud siguen representando obstáculos al acceso al aborto”, señala.   Acerca de la violencia sexual, el documento menciona que es un problema endémico en instituciones educativas públicas y privadas y que casi el 30 % de las más de 14.000 denuncias ocurrieron en escuelas.   Sobre orientación sexual, a criterio de Human Rights Watch, la Constitución discrimina a las parejas del mismo sexo al excluirlas del acceso a la adopción, y la Asamblea no ha cumplido con disposiciones de la Corte Constitucional de revisar las disposiciones sobre el matrimonio civil.   En referencia a política exterior, recuerda que Ecuador firmó una declaración por la cual asumió el compromiso de fortalecer y ampliar las vías para una migración segura y legal, así como para el asilo.   Las falencias crónicas para enfrentar estos problemas han sido usadas por algunos políticos para justificar políticas que restringen o violan derechos humanos y han impulsado a millones de personas en las Américas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero, refiere el documento, a modo de conclusión. Fuente: El Universo

La falta de control estatal en las cárceles ha permitido a las bandas reclutar nuevos miembros, advierte informe de Human Rights Watch Leer más »

Consejo de Seguridad no acatará decisión judicial que ordenaba trasladar a alias ‘Anchundia’ a la cárcel de Santo Domingo

Nacionales / /

El Cosepe anunció que solicitará la revocatoria de la orden del juez. Freddy Anchundia, líder de la banda R7, seguirá recluido en La Roca.   «Negar la decisión del juez y no acatarla». Esa es la primera decisión que adoptó el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) respecto a la situación jurídica de Freddy A., alias ‘Anchundia’, a quien un juez dispuso que sea trasladado de La Roca, en Guayaquil, a la cárcel Bellavista en Santo Domingo. La noticia la dio la Secretaría de Comunicación la noche del 11 de enero del 2023 a través de un comunicado.   No trasladar a ‘Anchundia’ y dar todo el respaldo al Snai. Solicitar la revocatoria de dicha decisión del juez. Levantar la reserva de la resolución del Cosepe y hacerla pública. ¿Quién es ‘Anchundia’?   Freddy A., alias ‘Anchundia’ es considerado como el cabecilla de la banda R7, que opera en Santo Domingo.   Él estaba recluido en la cárcel de Turi, Cuenca, y es señalado como el causante de una masacre carcelaria que dejó 20 víctimas mortales en abril del 2022. Por este motivo fue trasladado a la cárcel de La Roca en Guayaquil, la de máxima seguridad en el país.   No obstante, solicitó medidas cautelares que le fueron concedidas y se los trasladó a la cárcel de Santo Domingo. Ahí ocurrió una nueva masacre carcelaria: 44 ppl asesinados. Se presume que querían segar la vida de ‘Anchundia’.   Una vez más fue traslado a La Roca, pero el juez de Santo Domingo José Julián concedió que regrese a la cárcel de Santo Domingo. El Gobierno teme que esto cause otra masacre carcelaria. De ahí que se nieguen a cumplir la decisión judicial. Fuente: El Comercio

Consejo de Seguridad no acatará decisión judicial que ordenaba trasladar a alias ‘Anchundia’ a la cárcel de Santo Domingo Leer más »

Gobierno llama a mantener ‘debate de altura’ sobre consulta popular

Nacionales / /

El Gobierno Nacional hizo un llamado este jueves, 5 de enero de 2023, a la ciudadanía a mantener un ‘debate de altura’ con respecto a las preguntas de la consulta popular. Así lo señaló Ana Changuí, viceministra de Gobernabilidad, a la vez que recalcó que el referéndum contiene temas de interés nacional, sin banderas políticas. «Hemos hecho un llamado a elevar el debate, quién puede oponerse a extraditar a líderes del crimen organizado, a los beneficios integrales y transversales que trae la consulta, si consideramos que, en un país donde mejora la seguridad ciudadana, también mejora la economía de manera proporcional», refirió Changuín durante una entrevista en radio Sucesos. Sus declaraciones se dan respecto al periodo de campaña electoral del referéndum que inició el 3 de enero y durará hasta el 2 de febrero. El 5 será el día de las elecciones seccionales y la consulta popular. Campaña sobre la consulta popular Hay seis organizaciones calificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en la campaña. Dos van por el Sí: Partido AVANZA, Lista 8; y Movimiento Creo, Lista 21. Mientras que cuatro impulsan el No: Movimiento Político Revolución Ciudadana, Lista 5; y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE). Changuín dijo que en la campaña se debe apuntar a los contenidos de las ocho preguntas de la consulta para que no se haga un reduccionismo. Es «un reduccionismo perverso pensar que vamos a llamar a los ciudadanos a que se pronuncien por un afecto o desafecto por quien propuso una idea y no sobre los grandes temas que están sobre la mesa. Es un llamado firme de no insultar la inteligencia de los ecuatorianos, de no decir No por el No», cuestionó la funcionaria. Pidió dejar de lado las banderas políticas porque son preguntas sobre «temáticas nacionales» porque van a beneficiar a la gestión y dar herramientas para este Gobierno y los venideros. Los temas que engloban las preguntas y sus anexos son: Seguridad, institucionalidad y medio ambiente. Periodo de transición La Viceministra recordó que cada pregunta de la consulta incluye un régimen particular de transición a aplicarse, en el caso de que sean aprobadas por la ciudadanía. Se trata de determinados pasos que tendrán que darse luego del 5 de febrero. Serán «los instrumentos a través de los cuales estos cambios se materialicen las enmiendas», dijo. Respecto a las preguntas sobre quitar la facultad de designación de autoridades del Cpccs y cambiar el mecanismo de designación, Changuín dijo que el periodo de transición se ha enfocado en que el Cpccs se dedique «a una de las facultades más importantes y a la que no ha dedicado ni un dólar, que es el tema anticorrupción. Esa va a ser la gran función del Cpccs a partir del 5 de febrero». El Gobierno plantea, en el caso de que se aprueben estas preguntas, que todas las autoridades cuya designación no haya sido legalmente reemplazada, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas. En cuanto a la pregunta para reducir el número de organizaciones políticas, Changuín explicó que estas serán controladas por el CNE. «Se da el plazo de un año para que las organizaciones completen las firmas y tengan su lista de afiliados», también hay plazo para que se implemente un sistema biométrico y los ciudadanos consten en dos organizaciones de forma irregular. La funcionaria afirmó que por el momento el Gobierno se concentra en informar los objetivos de las ocho preguntas de la consulta a ejecutarse el 5 de febrero, por lo que aún no se analiza realizar otra consulta para los próximos meses, a excepción de la que se desprenda para la reforma parcial sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía. Este proyecto aún está en manos de la Asamblea Nacional. Fuente: El Comercio

Gobierno llama a mantener ‘debate de altura’ sobre consulta popular Leer más »

Consejo Nacional Electoral propondrá al Gobierno que declare un día de descanso recuperable después de las elecciones del 5 de febrero

Nacionales / /

El objetivo es incentivar a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto a que no desistan en el conteo de votos de las papeletas electorales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) propondrá al Gobierno nacional que se declare un día de descanso recuperable el próximo 6 de febrero, al siguiente día de celebrarse los comicios seccionales, de elección de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y del referéndum de enmienda a la Constitución.   Aunque el hecho no se ha concretado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que se están buscando acercamientos con el poder Ejecutivo y las instituciones correspondientes para evaluar y aplicar esta medida.   La propuesta surge debido al trabajo que tendrán los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) respecto del conteo de votos de las papeletas de los tres tipos de procesos electorales sobre los que se pronunciarán los 13′450.047 ecuatorianos habilitados para sufragar.   El 5 de febrero de 2023 se elegirá a 5.690 autoridades de los gobiernos locales; a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a pronunciarse por el Sí o el No al referéndum de enmienda a la Constitución; y, en la parroquia Sevilla Don Bosco, en Morona Santiago, habrá una consulta popular para decidir si quieren ser cantón.   En ese sentido, los integrantes de las mesas de votación tendrán entre siete y ocho papeletas, dependiendo de la jurisdicción, sobre las que deberán contar los votos de los 350 electores que recibirá cada junta. Así: Una papeleta de la dignidad de alcaldes. Una papeleta de la dignidad de prefectos y viceprefectos. Una papeleta de la dignidad de concejales urbanos. Una papeleta de la dignidad de concejales rurales (solo en las poblaciones rurales). Una papeleta de los vocales de las juntas parroquiales (solo en las poblaciones rurales). Una papeleta de los 20 candidatos hombres al Consejo de Participación Ciudadana. Una papeleta de las 17 candidatas mujeres al Consejo de Participación Ciudadana. Una papeleta de los 8 candidatos de los pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos, montuvios y ecuatorianos en el exterior del Consejo de Participación Ciudadana. Una papeleta del referéndum de ocho preguntas de enmienda a la Constitución. Una papeleta de la consulta popular para la cantonización de Sevilla Don Bosco (solo en Sevilla Don Bosco). Dentro del Consejo Electoral hay preocupación por el número de papeletas sobre las que se debe efectuar el escrutinio y que ello tenga como efecto un incremento en el porcentaje de documentos con inconsistencias, afectando la publicación de los resultados oficiales de estos comicios.   Atamaint indicó que tienen acercamientos con las universidades para que a los estudiantes que participen como vocales de junta se les reconozca esta actividad como vinculación con la sociedad civil.   Así también, se está estudiando la viabilidad de plantear que el 6 de febrero haya un descanso nacional recuperable. “Es una idea que la estamos madurando, para que de pronto se pueda aprobar un día de descanso, pero recuperable para el país”, sostuvo Atamaint.   Esta propuesta se planteará al presidente de la República, Guillermo Lasso, pues el objetivo es disminuir el porcentaje de inconsistencias en las actas de escrutinio que deben llenar los miembros de las JRV o, de ser el caso, que “abandonen” las mesas de votación.   También se estaría analizando solicitar a los gobiernos municipales que el 5 de febrero de 2023 extiendan el horario de la transportación pública para facilitar la movilidad de aquellos que deben contar los votos.   Estas acciones que se han debatido en los despachos de los consejeros responden a que en los primeros simulacros que se han realizado se habría observado que contar los votos tomará entre diez y once horas, lo que podría hacer que los miembros de las mesas de votación extiendan su jornada hasta las tres de la madrugada del lunes 6 de febrero.   Para reducir ese tiempo de diez horas a seis horas, los consejeros aprobaron una nueva metodología de trabajo para estos actores del proceso electoral.   Primero se convocó de forma obligatoria a uno de los vocales suplentes que fueron sorteados para integrar las 39.892 juntas receptoras del voto, en caso de ausencia de los principales. Al sumarse este ciudadano, se facilitará un conteo simultáneo.   Este método consiste en que se creen dos grupos para el escrutinio: un grupo lo integrarán el presidente de la JRV y un vocal, quienes contarán los votos de las papeletas de los candidatos a alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales, que constan en la urna blanca.   El segundo grupo lo integrarán el secretario y dos vocales, quienes contarán los votos de las tres papeletas de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y de las papeletas del referéndum.   Generalmente, las juntas receptoras del voto se integran por tres vocales, aunque requieren de cuatro. Es por ello que para anticiparse a la posible inasistencia de un vocal principal se resolvió convocar a un suplente adicional y aplicar esta metodología de conteo simultáneo.   Un incentivo para quienes sean convocados a formar parte de las juntas es la compensación de $ 40, aprobada por la autoridad electoral Fuente: El Universo

Consejo Nacional Electoral propondrá al Gobierno que declare un día de descanso recuperable después de las elecciones del 5 de febrero Leer más »

‘En la Policía no hay narcogenerales, y eso que quede muy claro’: comandante policial defiende trabajo institucional

Nacionales / /

Según el ministro del Interior, Juan Zapata, el mando institucional está más firme.   El ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la Policía, Fausto Salinas, negaron que en las filas policiales existan narcogenerales.   Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, señaló que se han retirado visas a narcogenerales ecuatorianos y que existe mucha preocupación respecto a la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden. El diplomático nunca dio nombres.   Sus declaraciones causaron un remezón en la cúpula policial y derivaron en investigaciones en la Asamblea Nacional y otras instituciones, como la Contraloría General del Estado.   “Con la dignidad de las personas no se juega”, dijo este jueves Zapata en una rueda de prensa, en la que se refirió a los operativos por el feriado de Fin de Año, pero en el que también abordó ese tema.   Según el funcionario, hay un informe de Contraloría del patrimonio de los generales policiales: todos los que están en servicio activo se encuentran sin ningún problema jurídico ni legal, incluyendo uno de los altos oficiales que supuestamente tenía un inconveniente en el monto económico de sus bienes. Aseguró que el alto mando institucional de la Policía está “más firme” y ha dado extraordinarios resultados estos últimos tres meses.   “Eso de ‘narcogenerales’ no le hace bien a una institución que está poniendo el pecho a las balas…”, respondió a la pregunta de un periodista acerca de una depuración interna en relación con los llamados narcogenerales.   En el mismo orden de defensa estuvo el comandante de la Policía, Fausto Salinas.   “En la Policía no hay narcogenerales, y eso que quede muy claro. Hay oficiales comprometidos con su trabajo, con su esfuerzo”, acotó el jefe policial.   Afirmó que se extremarán más las medidas de confianza con algunos aspectos adicionales en 2023, para que se investigue a los policías que podrían estar involucrados en algún delito.   Pidió a la Asamblea que revise las disposiciones con respecto al régimen disciplinario. Mencionó que Zapata está trabajando en reformas al reglamento de disciplina de la Policía.   Salinas indicó que cualquier policía que viole la ley o que tenga un mal comportamiento tendrá que atenerse a las consecuencias.   Resaltó la labor de sus compañeros, pues mencionó que se han capturado 195 toneladas de droga y 8.853 armas de fuego han sido retiradas a la delincuencia, con 150.000 municiones. Fuente: El Universo

‘En la Policía no hay narcogenerales, y eso que quede muy claro’: comandante policial defiende trabajo institucional Leer más »

Jueza levanta medida cautelar y libera $ 291 millones que pertenecen al Isspol

Nacionales / /

Los recursos que estaban retenidos fueron transferidos de las cuentas de Nats Cumco LLC hacia las del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Como “un logro histórico en la lucha contra la corrupción” calificó el Gobierno la decisión de la jueza Gianella Noritz, quien dictó el levantamiento de la medida cautelar que retenía $ 291,65 millones que pertenecen al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).   En un comunicado, el Gobierno informó que el 24 de noviembre el dinero fue transferido de las cuentas de Nats Cumco LLC, filial de Citibank, a las del Isspol, en el Banco Central del Ecuador (BCE). “Recuperamos la titularidad y disponibilidad de recursos del Isspol”, celebró el presidente de la República, Guillermo Lasso. La jueza acogió el pedido de la Fiscalía, así como de la acusación particular, durante la audiencia de revisión que se llevó a cabo el martes. Del monto comprometido, $ 263 millones millones corresponden a capital y $ 28 millones son intereses. La Fiscalía indicó que solicitó el levantamiento de la medida cautelar “debido a que ese dinero estaba a nombre de una compañía financiera que participó en la negociación de compra y venta de valores bursátiles”. Que el Banco Central detectó la anomalía y devolvió la titularidad al Isspol. El comandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, también se congratuló con la resolución judicial. Mientras, la institución policial anunció que los recursos serán utilizados en las diferentes prestaciones y servicios que ofrece el Isspol. Fuente: El Universo  

Jueza levanta medida cautelar y libera $ 291 millones que pertenecen al Isspol Leer más »

Nueva pugna legal por la designación de vocal de trabajadores del IESS

Nacionales / /

Richard Gómez fue calificado por la Superintendencia de Bancos por orden de un juez, pero otro juez lo prohíbe. Continúan los problemas legales en torno a la designación del vocal de los trabajadores ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).   Mientras la Superintendencia de Bancos decidió calificar, hace pocos días, como vocal de los trabajadores a Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), obedeciendo una sentencia de un juez de Quevedo, un trabajador del Municipio de Mejía rechazó el tema y ha presentado una nueva acción de protección para que la Superintendencia no prosiga con el tema. El pedido de acción de protección con medida cautelar presentado por German Oña Mateus, representante de los trabajadores del Municipio de Mejía, se hizo el 23 de diciembre y fue acogido por la autoridad.   Por ello, se ha programado una audiencia para el próximo 4 de enero para resolver sobre el tema. Así, una eventual calificación está prohibida mientras esta acción no se lleve a cabo.   Este martes, 27 de diciembre de 2022, dirigentes del Frente Popular rechazaron lo actuado por el juez de Quevedo. El Frente Popular y las demás centrales sindicales históricas apoyan, en cambio, al binomio integrado por Ramiro García y Ramiro Beltrán para ocupar dicha vocalía. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos había indicado la imposibilidad de calificar a ningún delegado de trabajadores, entre otros motivos, porque la Asamblea Nacional aprobó una ley que establece otras reglas para la designación. En estos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya emitió un reglamento para dicho nombramiento.   Entre tanto, Fernando Ibarra, presidente de la Central de Organizaciones Clasistas (Cedoclat), informó que este día presentaron una impugnación a la calificación de Gómez. Esto debido a que se lo hizo con base en la orden del juez, pero no se analizó si cumple los requisitos de ley. Ibarra aseguró que Gómez no cubre los requerimientos. La designación y calificación del vocal de los trabajadores ha estado envuelta en una serie de problemas que han impedido su recambio para reemplazar a Luis Clavijo, quien se encuentra en funciones prorrogadas. Fuente: El Universo

Nueva pugna legal por la designación de vocal de trabajadores del IESS Leer más »

Presidente Guillermo Lasso advierte de una afectación a la seguridad social militar de aprobarse un beneficio económico por desvinculación anticipada

Nacionales / /

El Ejecutivo objetó parcialmente el proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, que está en debate de la Comisión de Soberanía.   El presidente de la República, Guillermo Lasso, alerta de una posible afectación al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y a la capacidad operativa de la institución militar si se da paso a un beneficio económico por desvinculación anticipada de los militares, como lo aprobó la Asamblea Nacional en el proyecto de Ley Orgánica de Personal y Disciplina. En la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional se debate un paquete de 23 objeciones parciales que realizó el presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, que se aprobó en octubre pasado en el seno legislativo.   Como parte de sus observaciones, el mandatario pidió que se sustituya una disposición general que podría afectar el sistema de seguridad social y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.   El Ejecutivo se refiere a la disposición undécima del proyecto, en el cual se establece la asignación de un beneficio económico por desvinculación, que permitiría a los uniformados percibir por una sola vez un beneficio económico por retiro que corresponderá a cinco salarios básicos del trabajador privado, vigente al 1 de enero de 2015 por cada año de servicio contados a partir del quinto año; y, hasta un monto máximo de 150 salarios al momento que se desvinculen por retiro obligatorio o voluntario, previo al cumplimiento de ciertos requisitos.   El texto aprobado en la Asamblea permite que el personal que cumpla cinco años de servicio, pero que no alcance a cumplir con requisitos previstos para el seguro de retiro, el Ministerio del Trabajo expedirá la resolución que establezca el monto de beneficio económico por desvinculación. Además, permite que el personal militar que se retiró a partir del 21 de octubre de 2016 y hasta la vigencia de la ley y que no hubiere percibido el beneficio por desvinculación, tendrá derecho a recibir por una sola vez el beneficio de cinco salarios, vigente al 1 de enero de 2015 por cada año de servicio y hasta 150 salarios previo cumplimiento de los requisitos para el retiro.   Sin embargo, el Gobierno cree que esta disposición se “convierte en un incentivo para que el personal militar opte por su desvinculación anticipada, lo que podría ocasionar no solo un grave perjuicio a la institución y su capacidad operativa para el cumplimiento de su misión, sino que (también) pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas reduciendo el número de aportantes e incrementando el número de pensionistas”.   Datos oficiales del Issfa detallan que hasta octubre del 2022, la población protegida por el Issfa alcanzó a las 228.370 personas. De este número, 40.165 son afiliados activos; mientras que 35.772 son pensionistas de retiro, 130 por invalidez y 81 por incapacidad.   Hasta octubre de este año, por retiros e invalidez, se han cancelado $ 473′806.585. Esto, mientras la deuda que mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas con el Issfa, hasta el 11 de noviembre del año en curso, es de $ 359′678.565.   De ese rubro, el 71 % corresponde a la contribución de pensiones que hace el Estado y que es de $ 253′824.767, se detalla en el portal oficial del Instituto.   En ese contexto, el régimen considera que el beneficio económico por desvinculación debe dirigirse a quienes no puedan continuar en servicio activo, pero no debe darse a quienes decidan voluntariamente separarse por su “propia responsabilidad”.   La propuesta de Lasso como un texto alternativo es que accedan a dicho beneficio quienes cumplan ciertos requisitos, como que el personal de oficiales y tropa complete el tiempo para el retiro previsto en la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o que por falta de vacante orgánico o cupo anual no sea promovido al siguiente grado.   También a aquellos oficiales que cumplan el último año en el grado de coronel; para la tropa, cuando cumpla el último año en el grado de sargento primero; al personal de oficiales y tropa que haya cumplido cinco años o más de servicio y que por enfermedades catastróficas, discapacidad, entre otras, les impida desempeñar sus funciones; para los oficiales generales o sus equivalentes en las otras fuerzas, así como el personal de suboficiales, recibirán por una sola vez el beneficio económico de desvinculación.   No se otorgaría a aquellos que soliciten voluntariamente la disponibilidad o la baja, o aquellos que sean colocados en situación de disponibilidad; ni a quienes sean dados de baja por tener sentencia condenatoria ejecutoriada en juicios penales. De acuerdo con el análisis de la Presidencia de la República, si la Asamblea Nacional aprueba su propuesta de articulado, evitará la salida anticipada del personal militar y así una posible crisis al régimen de seguridad social.   Durante el análisis de la objeción parcial en la Comisión legislativa, se presentó Julio Mendieta, representante de los militares en servicio pasivo, quien exhortó a la Legislatura a ratificarse en uno de los incisos de dicho artículo, en lo relacionado con los militares retirados.   Este permite que el personal militar que se retiró a partir del 21 de octubre de 2016 y hasta antes de la vigencia de esta ley (en el caso de aprobarse) y que no hubiere percibido el beneficio por desvinculación, tendrá derecho a recibir por una sola vez el beneficio de cinco salarios básicos vigente al 1 de enero de 2015 por cada año de servicio y hasta un monto máximo de 150 salarios si cumple con los requisitos legales para el retiro de la institución castrense.   Mendieta recordó que este beneficio se creó en el 2012 y estuvo vigente hasta el 2016, cuando mediante un acuerdo ministerial se lo eliminó, por lo que piden que se lo reintegre y para ello que la Asamblea Nacional se ratifique en su texto.   La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre

Presidente Guillermo Lasso advierte de una afectación a la seguridad social militar de aprobarse un beneficio económico por desvinculación anticipada Leer más »

Fiscalía formulará cargos en contra de 14 miembros de la FAE por presunto delito de sabotaje

Nacionales / /

Los uniformados integraron el equipo asignado a la seguridad y patrullaje del cerro Montecristi, el día en que fue destruido el sistema de vigilancia. La Fiscalía solicitó fecha y hora para que se realice la audiencia de formulación de cargos en contra de catorce miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por presunta participación en el delito de sabotaje. La entidad informó que esta solicitud se da con relación a la destrucción del radar en el cerro Montecristi. El radar fue colocado en esa área para el control de actividades ilícitas de narcotráfico. La madrugada del domingo 7 de noviembre de 2021, gran parte de los habitantes de la zona urbana de Montecristi escucharon un sonido similar a una explosión, que se originó en el cerro de esta urbe. Ese día, las autoridades de la Fuerza Aérea Ecuatoriana reconocían que se presentó un inconveniente. El lunes 8 de noviembre, Luis Hernández —entonces ministro de Defensa— visitó la cima del cerro, en donde verificó los daños. Tras esa inspección, se anunció el inicio de investigaciones para conocer qué fue lo que sucedió en la madrugada. La Fiscalía indicó que los catorce militares a los que se les formularán cargos integraban el equipo asignado a la seguridad y patrullaje del cerro Montecristi. Los uniformados estaban el día en que fue destruido el sistema de vigilancia instalado en el lugar. Por su parte, la FAE también fijó sanciones administrativas para 16 oficiales y 9 aerotécnicos; unos fueron relevados de funciones y otros arrestados. Un oficial pidió la baja.   Fuente: El Universo

Fiscalía formulará cargos en contra de 14 miembros de la FAE por presunto delito de sabotaje Leer más »

Scroll al inicio