PortadaHomeRadioCentro

Ecuador: junio 4, 2026

Ecuador Continental:

Ecuador Insular:

Ecuador, junio 04, 2026
Ecuador Continental: 07:49
Ecuador Insular: 07:49

Ecuador, junio 04, 2026

Cristina Kirchner renuncia definitivamente a ser candidata en Argentina: “No voy a ser mascota del poder”

El País .- La vicepresidenta vuelve a denunciar que la condena por corrupción que recibió en diciembre supone una proscripción Cristina Kirchner no participó este martes del congreso nacional del peronismo, pero volvió a ser el centro de sus discusiones. Mientras cientos de militantes del Partido Justicialista clamaban en un estadio de Buenos Aires porque se presente a las presidenciales de octubre, la vicepresidenta argentina ha ratificado una vez más que no buscará ser candidata. “Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura”, ha escrito la expresidenta (2007-2015) en una carta publicada en sus redes sociales. Kirchner, a quien sus militantes le piden desde hace meses que vuelva a encabezar a un peronismo sin otros referentes en las elecciones, ha justificado su decisión achacando un uso político de la Justicia, que en diciembre pasado la condenó a seis años de prisión e inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos por corrupción. Kirchner, de 70 años, no está inhabilitada de participar en las elecciones de octubre. La sentencia del juez federal que leyó su condena el pasado 6 de diciembre por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, el bastión patagónico del kirchnerismo, no es firme y le quedan instancias de apelación. Pero la expresidenta alienta desde ese día la teoría de que sus rivales políticos, los medios opositores y los jueces federales quieren impedir que sea candidata para eliminar al peronismo de la carrera electoral. “La condena e inhabilitación en dicha causa tiene una única traducción política y electoral: la proscripción”, ha escrito en la carta dirigida a su militancia. “Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata solo de la proscripción de una persona, sino del peronismo”. La carta publicada por la vicepresidenta ha sido un nuevo baldazo de agua fría al peronismo gobernante mientras corre contra el reloj. Según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la ultraderecha encabeza la intención de voto en primera vuelta con un 29,3%, y el 77% de la población evalúa de forma negativa la gestión del actual Gobierno peronista. El presidente, Alberto Fernández, resignó presentarse a la reelección a finales de abril para priorizar que los militantes elijan un candidato en las primarias abiertas, pero la coalición gobernante aún no ha dado señales de definición. La vicepresidenta ha repetido en las contadas intervenciones públicas desde su condena que no quiere ser candidata, pero gran parte de las esperanzas de la militancia peronista descansaban en que tome las riendas para unir a su partido que, según el estudio de CELAG, mantiene el 26,1% de la intención de voto dividida en al menos seis candidatos. “Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial”, ha advertido la vicepresidenta en su escrito difundido este martes. La inflación desbocada, que el pasado abril alcanzó el 108,8% interanual, es solo uno de los problemas del Gobierno. El presidente y la vicepresidenta dejaron de hablarse hace casi un año y la gestión del Gobierno ha pasado a depender del ministro de Economía, Sergio Massa, que también encabeza la tercera pata de la coalición gobernante. A pesar de que la inflación ha empezado a encadenar marcas inéditas desde la crisis del corralito en 2001, Massa todavía es una de las cartas fuertes que mantiene el Gobierno para presentarse a las elecciones. Pero no desata pasiones. La inflación mensual ya había roto su propio récord en marzo con un 7,7%, y lo hará seguramente durante mayo, cuando se mida el impacto de la corrida contra el peso que a finales de abril disparó las cotizaciones del dólar en los mercados financieros. El índice no deja de subir desde hace seis meses y las pocas chances de que Massa sea el candidato de la unidad se desvanecen mientras la sombra de los dos dígitos asoma para mayo. El congreso del Partido Justicialista concluyó con la ratificación de sus autoridades nacionales en una reunión que terminó en anécdota tras la carta de Cristina Kirchner. El renunciamiento de la vicepresidenta, junto al de Alberto Fernández y del expresidente Mauricio Macri, que también renunció a postularse en marzo pasado mientras los referentes de su partido pelean por encabezar su lista, inaugura un panorama inédito en Argentina. Ningún referente de los últimos 20 años peleará por las presidenciales. La oposición ha celebrado la renuncia definitiva de la vicepresidenta a las elecciones. Desde la ultraderecha libertaria, lo toman como una oportunidad perdida de “verla tercera” en las elecciones; desde la coalición que lidera el macrismo como “una puerta a la necesaria renovación de la política”. El peronismo, mientras tanto, aún se aferra a una última decisión de su líder. El próximo 25 de mayo, cuando Argentina celebre la independencia, Cristina Kirchner volverá a encabezar un acto público. El gran renunciamiento frente a la militancia ya está fuera de la mesa.

Cristina Kirchner renuncia definitivamente a ser candidata en Argentina: “No voy a ser mascota del poder” Leer más »

La Fiscalía de Perú solicita 35 años de cárcel para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el ‘caso Odebrecht’

El País .- El economista está acusado de lavado de activos y de conformar una trama corrupta para cobrar 12 millones de dólares de la constructora brasileña En un país como Perú, donde la mayoría de mandatarios tienen el sino fatídico de acabar tras los barrotes, en su momento Pedro Pablo Kuczynski intentó utilizar su trayectoria laboral como una garantía de su honorabilidad. “Han destruido la reputación de un hombre que ha trabajado 60 años (…) Esto realmente me hace llorar en mi corazón”, dijo en abril de 2019 en una audiencia donde estaba por dictarse una solicitud de 36 meses de prisión preventiva en su contra. El economista había renunciado un año atrás a la Presidencia de la República, pero era investigado desde el 2017 por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Según la tesis fiscal, PPK, como se le conoce coloquialmente, favoreció a la constructora brasileña Odebrecht y a sus empresas asociadas con la concesión de diversas obras a cambio de millonarios sobornos que cobró mediante consultorías y asesorías, cuando era ministro de Economía y Finanzas durante el mandato de Alejandro Toledo entre el 2001 y 2006. Finalmente, a PPK se le dictó arresto domiciliario, medida que cumplió hasta julio de 2022, cuando el poder judicial lo modificó por comparecencia con restricciones. En todos estos años, a medida que el caso avanzaba, PPK era noticia por su estado de salud. En el 2019 se le colocó un marcapasos por una insuficiencia cardiaca. Al año siguiente fue trasladado a una clínica por una sinusitis crónica y en 2022 fue internado por un cuadro de neumonía. En su momento, su hija, Alexandra Kuczynski, imploró humanidad a la justicia peruana, alegando que un hombre enfermo, de más de 80 años, no podía darse a la fuga. “No podrá sobrevivir a una prisión. Sería una sentencia de muerte”, señaló. Este viernes la Fiscalía del Equipo Especial de caso Lava Jato en el Perú ha solicitado una pena de 35 años de cárcel para el exlíder de la agrupación política Peruanos Por el Kambio por lavado de activos con el agravante de haber conformado una presunta organización criminal que habría recibido más de 12 millones de dólares de Odebrecht. En la acusación fiscal se ha incluido al empresario chileno y socio de PPK Gerardo Sepúlveda para quien también se pide 35 años. Para la secretaria y mano derecha de PPK, Gloria Kisic se ha solicitado 23 años mientras que para su chofer José Luis Bernaola, 11 años y seis meses. Julio Midolo, abogado del economista que gobernó el Perú entre el 2016 y el primer trimestre del 2018, declaró que su representado ha tomado la noticia con calma y que está seguro que saldrá bien librado. “El señor Pedro Pablo Kuczynski está enterado de la información. Está bastante tranquilo y confía en que vamos a demostrar al final de todo esto su total inocencia. La línea de defensa es la misma que hemos planteado desde el inicio (…) No tienen ninguna prueba que determine lavado de activos”, indicó Midolo. Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, aseguró haber aportado dinero a la campaña presidencial de PPK en el 2011. Hecho que el exmandatario ha negado en reiteradas oportunidades. Por otro lado, en 2021 fue denunciado constitucionalmente por haber indultado en el 2017 al expresidente Alberto Fujimori, pero el caso se archivó. Lo último que se supo de PPK fue en febrero pasado, cuando dio su opinión acerca de las protestas que afrontó el actual gobierno. “Todo este caos ha destrozado la mayoría de los partidos políticos en el Perú (…) debe haber una explicación para que parezcamos un país civilizado, no un país de matanzas”, dijo otra vez sin perder la honorabilidad.

La Fiscalía de Perú solicita 35 años de cárcel para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el ‘caso Odebrecht’ Leer más »

La frontera sur de México se convierte en un tapón para miles de migrantes: “¡Aquí ya no caben más!”

El País .- El fin de la norma que negaba la entrada a EE UU por motivos sanitarios provoca un ‘efecto llamada’ en la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala. Es de noche en Tapachula y una estampida de migrantes irrumpe a empujones en uno de los accesos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración instaladas en el parque Ecológico, en los suburbios de la ciudad mexicana fronteriza con Guatemala. Dos agentes de la Guardia Nacional que cuidan la entrada sostienen con todo lo que dan la barda metálica que han colocado para intentar controlar el flujo de migrantes hacia el interior. Tras la barda, unos 2.000 migrantes se apiñan esperando su turno. La multitud entra sin control y los agentes intentan detenerla a gritos. “¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!”, grita uno de ellos. Ante el caos, un grupo de venezolanos migrantes se apiada de los agentes y ayuda empujar las bardas y a cortar el flujo. Los policías se recomponen y uno de ellos grita a los agentes de Migración que intentan controlar al grupo tras la barda: “¡Aquí ya no caben más! ¡Ya no caben más!”, dice exasperado. Todos los días, desde hace dos semanas, miles de migrantes forman kilométricas colas frente a estas oficinas de migración en la ciudad más grande de toda la frontera que divide México de Guatemala y que es la principal vía de entrada en la frontera sur de México. Su objetivo es solicitar al Gobierno mexicano un permiso temporal para poder avanzar legalmente hacia la frontera con Estados Unidos. La mayoría de ellos tiene la esperanza de cruzar a territorio estadounidense ante el inminente fin del Título 42, la política migratoria impulsada por Donald Trump para expulsar de forma exprés a los migrantes con argumentos sanitarios. Los migrantes, venezolanos, haitianos, centroamericanos y hasta africanos, llevan horas e incluso días esperando su turno. Están desesperados. Este lunes han aguantado el implacable sol y temperaturas de hasta 35 grados. Por la tarde, el cielo empezó también a escupir lluvia sobre sus cabezas. La noticia del fin de esta política de Trump vinculada a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, que expirará el 11 de mayo, ha provocado una crisis en la frontera sur de Estados Unidos, donde el Gobierno ha apostado a 1,500 soldados para reforzar la seguridad e impedir el paso de decenas de miles de migrantes que avanzan hacia ese país. Unos 3,500 kilómetros más al sur, en la frontera de México con Guatemala, hay otra crisis. Los miles de migrantes que consiguen llegar a suelo mexicano se acumulan mientras esperan un permiso para poder transitar legalmente hasta el norte. Sin embargo, otros deciden seguir su camino por rutas alternativas donde no puedan ser detenidos por agentes migratorios y ser deportados, arriesgándose a ser víctimas de robos, secuestros, extorsión o hasta la muerte. Esperar el trámite para seguir avanzando también es un proceso doloroso. “Hermano, yo llevo cuatro días haciendo cola aquí. No me voy a mover ni un centímetro”, dice un venezolano de 37 años, mientras soporta la lluvia al lado de su esposa. Personas discuten en Tapachula mientras esperan en la fila para tramitar sus papeles, el 8 de mayo.JUAN MANUEL BLANCO (EFE) La acumulación en la frontera sur no es nueva. Las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno calculan que en Tapachula hay entre 40.000 y 50.000 migrantes atrapados en esta ciudad. Muchos de ellos han llegado aquí buscando tramitar una visa humanitaria o el estatus de refugiados, pero la lentitud de la burocracia obliga a muchos a regresar o los deja varados aquí durante meses. El pasado 23 de abril, una caravana de cerca de 3.000 migrantes salió de Tapachula rumbo a Ciudad de México, a casi 1.200 kilómetros de distancia. El líder de la caravana, Irineo Mujica, activista de la organización Pueblo sin Fronteras, logró un acuerdo con el Gobierno mexicano para que se otorgue un permiso temporal de 45 días a los migrantes a cambio de disolver la marcha que buscaba generar una protesta en la ciudad. En Tapachula, Migración abrió una oficina ambulante en el parque Ecológico y empezó a otorgar permisos exprés a cientos y luego a miles de migrantes. Algunos periódicos locales informan de que las autoridades entregan más de 1.000 permisos diarios. Sin embargo, la cola parece que no termina nunca. Los que allí aguardan aseguran que los agentes migratorios trabajan hasta la madrugada para reducir las aglomeraciones. Pero a media mañana del día siguiente la cola vuelve a incrementarse. Aunque Migración emite permisos temporales sin parar, el flujo de las últimas semanas supera por mucho su capacidad de gestión. El caos entre los migrantes y la falta de organización por parte de las autoridades provoca que muchos pasen días esperando bajo el intempestivo clima y durmiendo en las calles aledañas. Un grupo de migrantes se resguarda del sol y del calor junto a las oficinas del Inami, el 5 de mayo.JUAN MANUEL BLANCO (EFE) El Instituto Nacional de Información informó este martes que entre el 23 de noviembre del año pasado y el 6 de mayo emitió 81.245 permisos temporales a personas de 103 países de los cinco continentes del mundo. Muchos migrantes vienen de países que antes era impensable escuchar en esta región como Kirguistán, Burkina Faso, Djibouti, Estonia, Eritrea, Sri Lanka e Islas Reunión, entre otros. Los países que encabezan la lista de solicitantes son Venezuela, Ecuador, Haití, Honduras y Angola. Nadie sabe qué pasará después del jueves, cuando el Título 42 haya finalizado. Sin embargo, la crisis se sigue agravando en ambas fronteras de México, al norte y al sur. “Esto no se va a acabar. Detrás de nosotros vienen más y más. Dicen que Estados Unidos va a abrir las puertas y nosotros lo único que queremos es que nos dejen pasar”, dice Óscar, un joven hondureño que lleva tres meses atrapado en Tapachula y desde hace tres días pendiente del papel que le permitirá avanzar hacia su destino: el norte, Estados Unidos.

La frontera sur de México se convierte en un tapón para miles de migrantes: “¡Aquí ya no caben más!” Leer más »

Fricciones en la oposición venezolana ante el proceso de primarias en las que debe salir un candidato contra Maduro

El País .-Las dudas sobre la participación técnica del Consejo Nacional Electoral es el principal factor de conflicto La Plataforma Democrática, instancia paraguas de los partidos de la oposición venezolana, está encontrando muchas dificultades para consensuar los mecanismos que le permitan organizar la elección primaria para escoger un liderazgo unificado de cara a los comicios presidenciales de 2024. En la oposición todo el mundo tiene muy presente que la unidad política es una obligación, pero está costando mucho zanjar determinados desacuerdos, y el resultado de estas tensiones podría redundar en deserciones que debiliten su estrategia. La anhelada unidad de la oposición podría ser, en 2024, una circunstancia bastante matizada, en la cual irremediablemente se presente más de un nombre a competir con el chavismo en condiciones desiguales. La encrucijada que se avecina, que podría convertirse en un parteaguas con consecuencias inevitables, lo constituye la decisión de organizar esta consulta con o sin la asistencia del Poder Electoral del país, una instancia controlada por el chavismo, y que, luego de tantas elecciones polémicas, genera enormes reservas en un sector importante de la oposición. En los sectores con posiciones más intransigentes frente al régimen de Maduro, como Vente Venezuela, de María Corina Machado, no pactar un protocolo de asistencia técnica con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar esta consulta ciudadana es un punto de honor. Machado exige una consulta organizada por cuenta propia con conteo manual. Una óptica similar tiene Andrés Velásquez, de la Causa Radical. Estos actores insisten en que el CNE hará lo necesario para desnaturalizar la consulta, y se muestran particularmente desconfiados del mecanismo biométrico de las captahuellas, presente en los sistemas automatizados del voto, el cual retiene la identidad del votante con el objeto de cumplir con el principio “un hombre, un voto”, pero que almacena una información que, opinan, puede ser usada en contra del elector, particularmente en una elección como esta, que no es nacional, sino la consulta previa de la disidencia a la revolución bolivariana. En el campo opositor está muy vivo el recuerdo del famosa “Lista Luis Tascón”, en 2004, que almacenó la data de los ciudadanos opositores que promovieron un referéndum revocatorio para sacar a Hugo Chávez del poder, y que luego fueron castigados, cesados de sus puestos laborales o impedidos a contratar con el Estado como represalia por formar parte de esta iniciativa constitucional. “Si la Comisión de Primarias claudica ante el CNE no me estarían excluyendo a mí, sino a la gente,” ha declarado María Corina Machado, en una amenaza no tan velada sobre las consecuencias que puede acarrear este anuncio. Algunos políticos opositores dan por descontado en privado que Machado continuaría con su candidatura por cuenta propia. “Si la Comisión de Primaria termina entregando información al CNE terminará pintada en la pared, matarán la elección y eso afectará gravemente la unidad”, dijo Velásquez. Los partidos opositores más moderados, agrupados sobre todo en torno al denominado G-3 –Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo- también tienen sus dudas, y no dejan de ver los puntos que coloca sobre la mesa Machado, pero en general parecen dispuestos a acordar –como ha ocurrido en el pasado- con el CNE. En una posición similar están los candidatos Henrique Capriles y Benjamín Rausseo. En esta parcela suele argumentarse que unas elecciones autogestionadas por la oposición serían el doble de costosas –y parte importante de los recursos para organizar cita no han llegado-, y mucho más expuestas a ser saboteadas con cualquier maniobra que quiera ensayar el chavismo: judicializar toda la cita ante cualquier desacuerdo entre candidatos, o sabotearla con militantes chavistas que actúen por cuenta propia. Ante el panorama, como ha afirmado un importante dirigente opositor que ha preferido mantener su nombre en la reserva, “no habrá decisión buena”, puesto que las dos presentan enormes costos. “Estamos obligados a tomar la que logre la mayor unidad posible”. El centro de gravitación estructurado en torno al G-3, proclive a acordar con el CNE, estaría en condiciones de imponer su mayoría. Organizar o no la consulta primaria con el CNE es, además, una decisión que la fragmentada oposición venezolana deberá tomar pronto: los tiempos del cronograma electoral se avecinan, se acumulan gestiones logísticas, y podrían no dar los tiempos si el debate con la decisión final se sigue retardando, puesto que, al no haber acuerdos, la decisión final se ha pospuesto en dos ocasiones.

Fricciones en la oposición venezolana ante el proceso de primarias en las que debe salir un candidato contra Maduro Leer más »

Giro en Chile: Boric retrocede y la extrema derecha se convierte en la primera fuerza política

El País .- El Partido Republicano de José Antonio Kast logra el 35% de los votos. Con la derecha tradicional, Chile Seguro (21%), controlaría la redacción de la Constitución. El oficialismo del presidente Boric, con un 28%, cae y pierde el poder de veto El Partido Republicano, la formación de extrema derecha de Chile, obtuvo el domingo un contundente triunfo en las urnas en las elecciones de los 50 consejeros constitucionales, los encargados de redactar una nueva Ley Fundamental tras el rechazo del pasado septiembre. La fuerza liderada por el excandidato presidencial José Antonio Kast, a quien derrotó el mandatario, Gabriel Boric, ha defendido la vigencia de la Constitución actual, redactada en 1980, en la dictadura de Augusto Pinochet. La nueva propuesta de texto será plebiscitada en diciembre. Los republicanos chilenos han alcanzado un 35% de los votos, con 22 escaños dentro del consejo. Es un terremoto en la política chilena, porque esta fuerza no solo se impone al oficialismo del presidente Gabriel Boric, cuya lista ha quedado en segundo lugar con el 28%. La izquierda ha logrado apenas 17 de los 50 consejeros, con lo que se quedará sin poder de veto dentro del órgano, para lo que necesitaban 21 miembros. La extrema derecha ha superado por mucho al conservadurismo histórico, que ha alcanzado un 21% y obtuvo 11 consejeros. “Si estos pronósticos se cumplen, paradojas de la historia, quienes se negaron por décadas a la posibilidad de un cambio constitucional y quienes representan hoy la principal amenaza para la democracia, tendrán la cancha abierta para escribir el nuevo texto sin mayores dificultades”, señalaba antes de conocer los resultados la directora ejecutiva Fundación Nodo XXI, Pierina Ferretti, ligada al Frente Amplio de Boric. Miembros del Partido Republicano celebran los resultados en la sede de la formación en las elecciones de constituyentes en Santiago, Chile.SOFÍA YANJARÍ Kast habló la noche del domingo, desde la sede de su partido. “Hoy es el primer día de un mejor futuro para nuestro país”, aseguró el líder de esta formación, con vínculos con Vox. “Chile ha derrotado a un Gobierno fracasado”, añadió entre gritos de “viva Chile” y “paliza”, en alusión a la amplia ventaja sobre las otras fuerzas en competencia. El presidente Boric también se dirigió al país. En un discurso convocante, el mandatario reconoció que “el fracaso” del primer intento se debió en parte a la falta de escucha entre quienes pensaban distinto. “Quiero invitar al Partido Republicano a no cometer el error que cometimos nosotros”, añadió. Las dos derechas, la extrema y la tradicional —liderada por una nueva generación que se ha comprometido con una nueva Constitución— han tenido un muy buen resultado. En conjunto, este sector político alcanza 33 consejeros en el órgano que redactará la propuesta de nueva Constitución, lo que supera incluso las mejores proyecciones de las últimas semanas. Con este resultado, pueden proponer, aprobar y modificar normas constitucionales, porque sobrepasan holgadamente los tres quintos de quórum, para lo que necesitaban 30 puestos en el Consejo Constitucional. Pero los tres partidos tradicionales de la oposición (la UDI, Renovación Nacional y Evópoli) estarán fuertemente presionados entre dos opciones: la tentación de endurecer sus posturas y mimetizarse con el Partido Republicano de Kast, un exmilitante de la UDI, o intentar mantener su distancia táctica y negociar con los otros sectores del Consejo Constitucional. “La gran pregunta es si la dirigencia de la derecha convencional va a aguantar el tsunami. La tentación de seguir a Kast y compañía será muy grande”, explica a EL PAÍS el académico Cristóbal Rovira, experto en ultraderecha. “Todos los actores (desde los comunistas a los republicanos) han debatido sobre seguridad ciudadana día y noche, es el tema de la ultraderecha. Igual que en Europa: si todos hablan de inmigración, quien gana la batalla es quienes están contra la inmigración”, explica el líder de la investigación Apoyo y rechazo a la ultraderecha en Chile. En estas elecciones se han terminado por fijar, a su vez, al menos otros dos hitos de máxima relevancia. La extinción de la centroizquierda agrupada en la lista Todo por Chile (el partido PPD del presidente Ricardo Lagos y de la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, la única fuerza de las tres que no pertenece al Gobierno de Boric). Este conjunto de partidos obtuvo un 9% de los respaldos, con lo que no logró ningún consejero. Es un golpe duro para este sector moderado que alguna vez conformó los gobiernos de la Concertación (1990-2010) y apostó por diferenciarse de La Moneda de Boric y de la izquierda a través de una lista separada. Un segundo asunto crucial: el Partido de la Gente, la fuerza populista del economista Franco Parisi, que esta misma noche ha dejado Chile rumbo a Estados Unidos, donde vive, quedó en último lugar, pese a las proyecciones que indicaban que conseguiría algunos escaños. Alcanzó el 5,4% de los respaldos, con lo que tampoco tendrá representantes dentro del Consejo Constitucional. Los resultados del domingo en Chile han configurado una gran paradoja: cuando los 15,1 millones de chilenos tengan que volver a las urnas para aprobar o rechazar la nueva propuesta de Ley Fundamental en diciembre, deberán elegir entre la Constitución de Kast o la de Pinochet. El presidente chileno, Gabriel Boric, mostraba su voto en Punta Arenas.REUTERS

Giro en Chile: Boric retrocede y la extrema derecha se convierte en la primera fuerza política Leer más »

La inseguridad alimentaria llegó a 18 millones en Latinoamérica en 2022

Expreso.- Haití registraba el mayor número de personas que se enfrentaban a una grave crisis por alimentación. La inseguridad alimentaria aguda afectó a 17,8 millones de personas de Latinoamérica y el Caribe en 2022, según el informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) publicado este miércoles 3 de mayo de 2023 en colaboración con distintas agencias de la ONU, que destaca que 258 millones de personas de 58 países del mundo la sufrieron el año pasado. La GNAC señala que cinco países de la región sufrían «graves crisis alimentarias»: Colombia (refugiados y migrantes), República Dominicana, Guatemala, Haití y Honduras, mientras que de cuatro no había datos o no cumplían los requisitos para su inclusión en el informe, Cuba, Ecuador, Perú (residentes, refugiados y migrantes) y Venezuela. Haití tenía el mayor número de personas que se enfrentaban a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, con 4,72 millones, el 26 % de la población, seguido por Guatemala (4,6 millones), Honduras (2,64 millones) y República Dominicana (1,55 millones). «Resulta preocupante que Venezuela, el epicentro de la crisis migratoria en la región, no disponía en 2022 de ningún dato sobre inseguridad alimentaria a nivel nacional en 2022″, se señala en el informe. Además, la GNAFC destaca que «tres grandes crisis alimentarias en la región -Colombia (refugiados y migrantes), Guatemala y República Dominicana- son países de renta media-alta, lo que sugiere que tienen mayor capacidad para hacer frente a la situación en comparación con los países de renta baja y media que sufren o los que se enfrentan a una afluencia de refugiados/migrantes». Sobre Colombia, «la grave situación de inseguridad alimentaria de los refugiados y migrantes era preocupante debido a las crecientes crisis económicas que se han sumado a los efectos negativos del conflicto y los fenómenos meteorológicos extremos», indica la GNAFC, que recuerda que el país acoge al mayor número de refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo, con 4,8 millones de personas. El 62 % de esa población se estima que sufría de inseguridad alimentaria moderada o grave en junio-agosto de 2022, lo que representa un deterioro en comparación con el análisis anterior realizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en 2019, cuando era del 55 % de esa población. La situación era aún peor para los migrantes pendulares y en tránsito, con un 73 % de las personas de ambos grupos con una inseguridad alimentaria aguda moderada o grave en comparación con el 52 % de las personas con intención de establecerse.

La inseguridad alimentaria llegó a 18 millones en Latinoamérica en 2022 Leer más »

Un mal resultado de la lista oficialista y una Constitución partisana: la pesadilla de La Moneda ante la elección del domingo en Chile

El País .– El Gobierno de Boric y la izquierda esperan con realismo la votación de 50 constituyentes. La derecha tradicional y la extrema llegan como favoritas, aun con elementos que hacen impredecible el resultado El Gobierno de izquierda de Gabriel Boric enfrenta con realismo la elección del próximo domingo en Chile, donde 15,1 millones de personas votarán de forma obligatoria para elegir a los 50 consejeros que redactarán una propuesta de Constitución. Es el segundo intento del país sudamericano por reemplazar su Carta Fundamental, después del fiasco del proceso anterior que culminó en septiembre pasado, cuando un 62% rechazó en un plebiscito el texto redactado por la primera convención. A diferencia de aquella ocasión, cuando La Moneda tomó partido abiertamente por aprobar la fracasada propuesta, el Ejecutivo chileno ha tomado una distancia estratégica, para evitar que la elección se observe nuevamente como una especie de referéndum a una gestión que tiene una baja popularidad, en torno al 30%. El termómetro electoral no ayuda al buen ánimo de esta Administración. Aunque la elección tiene elementos que hacen impredecibles asuntos como la participación y el resultado, la derecha tradicional y la extrema llegan como favoritas. Los más de 350 candidatos que postulan para los 50 cupos están agrupados en cinco opciones y el corazón del oficialismo de Boric está fundamentalmente en Unidad para Chile, la lista integrada por el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Liberal, estos dos últimos de la izquierda moderada. Pero el oficialismo, en esta ocasión, compite dividido. Existe una segunda lista –medio oficialista–, que está compuesta por los partidos de Gobierno PPD y Partido Radical, que postulan junto a la Democracia Cristiana, que está fuera La Moneda. Es la lista Todo por Chile. En ese sentido, existen varios asuntos que inquietan al Gobierno y uno apunta al lugar en que quedará la lista del oficialismo entre las cinco fuerzas en competencia. Al menos de acuerdo a las proyecciones como las del analista Pepe Auth, la oficialista Unidad para Chile quedaría segunda tras la derecha tradicional, consiguiendo entre 14 y 15 consejeros. Pero existe la posibilidad de las dos listas ligadas al oficialismo no alcancen en conjunto los 21 consejeros representantes, el piso mínimo para tener poder de veto dentro del órgano que redactará la nueva propuesta de Constitución. El presidente Boric habla por teléfono al interior de La Moneda al cierre de la votación en el plebiscito del 4 de septiembre pasado.LUIS HIDALGO (AP) En el Gobierno chileno se habla de una cifra base para la lista oficialista Unidad para Chile: un 38%, el porcentaje que obtuvo en septiembre pasado la opción de los que aprobaron la propuesta de nueva Constitución. Este porcentaje en esta ocasión equivaldría a 19 consejeros, aunque todavía faltarían dos para llegar a los 21, lo que no les parece un imposible. “Ninguna de las izquierdas saldrá bien parada” “Todo indica que la elección del 7 de mayo no cambiará favorablemente la situación del Gobierno que encabeza Boric. Es más: su resultado –tomando en cuenta la situación actual del país en términos económicos, políticos y sociales– tendería a resultarle esquivo”, opina Ernesto Ottone, ensayista de centroizquierda. “Ello probablemente significará un gran revuelo entre las fuerzas que lo apoyan, que no conforman una izquierda, sino dos orientaciones, dos izquierdas, que agravarían sus diferencias en consonancia con las lecturas del resultado electoral”, dice el sociólogo con respecto a la fuerza de los moderados del Partido Socialista y a las del Frente Amplio y el Partido Comunista, que conformaban la coalición original del presidente. Para Ottone, “el resultado no será bueno para ninguna, pero contará mucho cuál salga más bien parada”. El nuevo ministro Álvaro Elizalde, el socialista que lleva las relaciones con el Parlamento, en la previa de las elecciones del consejo constitucional aseguró que, independiente del resultado, el Gobierno persistirá en su empeño de dialogar con las distintas fuerzas políticas: “El Gobierno tiene un mandato claro”, dijo el martes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en un intento de evitar lo que ocurrió tras el plebiscito de septiembre pasado. En 2022, La Moneda se percató demasiado tarde que era altamente probable el triunfo de los que rechazaban la propuesta de nueva Constitución. Tras un resultado aplastante que fue entendido como una derrota del propio Gobierno, por semanas se observó una especie de vacío de poder, porque el Ejecutivo quedó prácticamente paralizado, sin discurso. Elizalde, en ese sentido, actualmente no solo intenta bajar las expectativas, sino que, sobre todo, busca separar el destino del proceso constituyente del futuro de la actual Administración. “El Gobierno tiene un mandato claro de hacerse cargo de problemas anteriores, como el cuadro inflacionario y los problemas de seguridad. Además, avanzar en las demandas como, por ejemplo, un programa de seguridad social a través de la reforma previsional. Obviamente el Ejecutivo va a insistir en estas materias. Esta voluntad no va a cambiar”, señaló el ministro, que asumió el pasado 19 de abril tras renunciar al Senadoo, del que fue presidente. Una Constitución que no una En La Moneda no se descartan sorpresas, porque esta elección, como el plebiscito pasado, será con voto obligatorio, lo que supone una entrada al sistema de millones de ciudadanos que no siempre ejercen su derecho al sufragio y cuyas preferencias son desconocidas. Pero, a diferencia de septiembre, esta vez no se tratará de un referéndum, sino de una elección de candidatos de partidos políticos, lo que le agrega incertidumbre a lo que ocurrirá el 7 de mayo. Pese a la apatía de la gente –en las ciudades chilenas no se observa ambiente electoral–, habría alta intención de asistir a las urnas. De acuerdo al Servicio Electoral, Servel, podrían concurrir más de 12 millones de personas. En el Gobierno de Boric, sin embargo, existe bastante claridad sobre el escenario adverso que enfrenta la izquierda y el oficialismo. No se descarta que el Partido Republicano, de la extrema derecha de José Antonio Kast, obtenga el mayor número de escaños en el órgano constituyente, incluso superando a la derecha tradicional,

Un mal resultado de la lista oficialista y una Constitución partisana: la pesadilla de La Moneda ante la elección del domingo en Chile Leer más »

La DEA, sobre Los Chapitos: “El Cartel de Sinaloa nunca ha sido más poderoso ni ha hecho más dinero”

El País .- Anne Milgram, directora de la agencia antinarcóticos, asegura que la organización criminal opera en más de 40 países y subraya que los herederos de ‘El Chapo’ Guzmán son “más letales y despiadados”   Los Chapitos son más ricos, poderosos y sanguinarios que su padre. Así lo afirmó la directora de la DEA, Anne Milgram, en una conferencia este martes. Fueron 30 minutos de declaraciones explosivas sobre el poder de fuego del Cartel de Sinaloa, los cambios que ha habido bajo la tutela de los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán, el efecto corrosivo del fentanilo en Estados Unidos y el papel de México en el negocio mundial de las drogas. “Sus hijos tomaron el control y el cartel nunca ha sido más poderoso, nunca ha hecho más dinero”, dijo la titular de la agencia antinarcóticos de EE UU en una charla auspiciada por el Instituto Milken. Milgram aseguró que la Casa Blanca ha identificado la presencia de la organización criminal en más de 40 países y puso en entredicho las afirmaciones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que en el país no se produce fentanilo y que es solo un territorio de paso en la cadena mundial de la oferta de drogas sintéticas.   “Hay dos carteles, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, que son responsables de prácticamente todo el fentanilo y las metanfetaminas que se consumen en Estados Unidos”, afirmó Milgram durante una conversación con Nick Kristof, columnista del periódico The New York Times. La directora de la DEA dijo que China es el epicentro de la cadena de suministro de la droga sintética, pero aseguró que desde hace años los socios de los grupos criminales han dejado de enviar productos terminados y se han centrado en proveerlos de precursores, los químicos que sirven para la fabricación de las dosis. “Compran precursores químicos de China, los envían a México, producen fentanilo en masa, buena parte la usan para hacer pastillas falsas y después lo introducen a Estados Unidos por tierra, por aire y por mar”, agregó la funcionaria, que llegó al cargo en junio de 2021.   “Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que esto está causando”, declaró Milgram en una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos en febrero pasado. En esta ocasión, Kristof preguntó si las presiones sobre el Gobierno de López Obrador darían más frutos en el combate contra los carteles de la droga, pero la directora de la DEA evitó dar una respuesta concreta, tras meses de tensiones entre ambos países en materia de seguridad. Sí dio un diagnóstico de cómo están las relaciones con Pekín: “Sabemos que China no va a cooperar con nosotros en la lucha antinarcóticos”. Anne Milgram, directora de la DEA, durante una charla en Beverly Hills (California), este martes.MIKE BLAKE (REUTERS) En cuanto a México, Milgram prefirió, en cambio, mandar un mensaje entre líneas para justificar la cacería que anunció la Administración de Joe Biden contra Los Chapitos el pasado 14 de abril. “Cuando tomé el cargo, quise dar un paso atrás y pregunté quién era el principal responsable del fentanilo que está matando a los estadounidenses. La respuesta fue el Cartel de Sinaloa”, señaló. Las autoridades estadounidenses empujan para concretar la extradición de Ovidio Guzmán El Ratón y ofreció recompensas millonarias para la captura de otros tres hijos de El Chapo: 10 millones de dólares por información sobre Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán y cinco millones de dólares para arrestar a Joaquín Guzmán. “Ellos tomaron el mando e hicieron que el cartel fuera más letal y despiadado, y fueron los primeros en fabricar fentanilo y transportarlo en las redes de distribución que vemos al día de hoy”, insistió la funcionaria. Los cuatro hijos del capo y más de una veintena de colaboradores enfrentan una batería de cargos que van desde delincuencia organizada y narcotráfico hasta portación ilegal de armas y lavado de dinero.   Milgram se refirió al fentanilo como “la crisis más urgente que enfrentamos como país” y “la mayor amenaza que hemos tenido que combatir”. “Lo que muestra la acusación contra los Chapitos es la cadena de suministro de fentanilo en todo el mundo”, afirmó. La funcionaria hizo un repaso de cómo el Cartel de Sinaloa evolucionó a partir de 2014 y 2015, incluso antes de la recaptura de El Chapo en 2016, y apostó por el fentanilo como el futuro del negocio. Agregó que se logró rastrear quiénes eran los socios chinos que los proveen de precursores y que también tienen identificados a sus emisarios en Estados Unidos. También habló del “enorme” margen de ganancias del grupo criminal. “A los carteles les cuesta entre 10 y 20 centavos hacer una de estas pastillas falsas en México, que se venden entre cinco y 30 dólares en Estados Unidos”, explicó a la audiencia.   A finales de marzo, la DEA dio a conocer en un informe que había creado células especializadas para atacar las estructuras financieras y de narcotráfico del Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, que se nutrían del trabajo de las 334 de la agencia en el mundo. Milgram no dijo en cuáles países operaban Los Chapitos, pero los documentos judiciales del caso contra ellos ponen de manifiesto un corredor panamericano que abarca desde Perú hasta Canadá. La acusación contra Los Chapitos también reveló que agentes antinarcóticos se infiltraron en la cúpula del grupo criminal y desgranaron las técnicas de trasiego, lavado de dinero y torturas contra capos rivales. Pero los hallazgos no cayeron bien al Gobierno de López Obrador, que reclamó que esas operaciones no fueron pactadas ni autorizadas. “Es una intromisión abusiva y prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo”, reprochó el mandatario. En este último acto, no hubo ninguna mención sobre los roces que ha habido con México.

La DEA, sobre Los Chapitos: “El Cartel de Sinaloa nunca ha sido más poderoso ni ha hecho más dinero” Leer más »

Los venezolanos exigen en la calle un salario digno mientras Maduro decreta bonos de emergencia

El País .- Desde marzo de 2022 no se ha incrementado el sueldo mínimo en Venezuela mientras la inflación ha aumentado un 500% La marcha del Día del Trabajo transcurrió en Caracas como otra de las constantes protestas que en los últimos meses han organizado los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, que perciben una remuneración diluida por la voraz inflación. La movilización fue más concurrida, estuvo muy vigilada por los cuerpos de seguridad y fue bloqueada por vallas antimotines antes de llegar a su meta, en la sede la Fiscalía. Los manifestantes exigieron un salario digno y suficiente y denunciaron vivir con sueldos de hambre, de poco más de cinco dólares al mes. En una movilización paralela convocada por el Gobierno, Nicolás Maduro ofreció incrementos en dos bonificaciones, la de alimentación y la de la “guerra económica”, que no perciben todos los trabajadores y pensionados, no tienen incidencia en las prestaciones sociales y suman 60 dólares en total. Mientras, el ingreso mínimo se mantiene en 130 bolívares, que hoy equivalen a cinco dólares, desde marzo de 2022, cuando se hizo el último ajuste, aplastado por más de un 500% de inflación acumulada. Una manifestante grita a los policías del otro lado de un muro antimotines.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO En la marcha de los trabajadores, el profesor de dibujo técnico Miguel Martínez dijo sentirse asfixiado por la supervivencia. Tiene 61 años, está jubilado después de 30 años de servicio y ha tenido que salir a buscar trabajo. Algunos días le toca subirse al tope de edificios como ayudante de sus hijos en la instalación de antenas de telecomunicaciones. “Estamos en una condición deprimente. No me alcanza, no me puedo mantener. Mis hijos me ayudan, pero ellos salieron del país, tuvieron que regresar y tampoco están bien. Esto es algo que te agota, que te asfixia. Ellos hablan de bloqueo y sanciones y uno se pregunta por todo el dinero que se perdió en PDVSA”, dice el docente, también dirigente sindical del Sindicato de Maestros de Venezuela. “Dejaré los huesos en la calle en esta lucha, porque es doloroso que mis hijos y mis nietos estén viviendo lo peor cuando yo de joven pude vivir mejor”, asegura antes de seguir hacia el centro, donde los esperaba un piquete que impidió a la movilización llegar a su destino. Las medidas de Maduro, que ha hablado en su discurso de un “salario de emergencia” y ha pedido a los venezolanos resistir “hasta que se pueda tener la fortaleza financiera” para recuperar el ingreso mínimo de los trabajadores, se aleja del monto que vienen exigiendo los sindicatos que oscila entre los 100 y 400 dólares como ingreso mínimo vital, para cubrir una canasta básica que ya supera los 500 dólares mensuales. En el acto político, realizado a pocas cuadras de donde aspiraba a llegar la otra manifestación, el líder chavista leyó una propuesta entregada por Wills Rangel, presidente de la Central de Trabajadores Socialistas, afiliada al partido de Gobierno, y fue aprobando uno a unos los puntos que incluyen algunas mejoras en los servicios de salud, planes de vivienda y un aumento de los tributos a los más ricos. El dirigente sindical anticipó su apoyo al “presidente obrero”, a la vez que dio por perdida la lucha salarial. “Los trabajadores de la revolución no nos hacemos ilusiones con el tema de un salario mínimo porque nosotros creemos que tenemos instrumentos y usted nos ha dado el apoyo para ir por algo superior que es tomar el poder y hacer más con menos”, dijo Rangel al micrófono. La protesta por el Día del Trabajo en las calles de Caracas.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO En la propuesta de las bonificaciones, la organización propuso llevar el bono de guerra a 45 dólares y el de alimentación a 15 dólares. En pleno discurso, Maduro aceptó la propuesta, pero rápidamente aplicó la matemática en la proporción de las retribuciones dejando el bono de guerra, que tiene más beneficiarios, en 20 dólares, y el de alimentación, conocido en Venezuela como “el cestaticket”, que es obligatorio para el sector formal de la economía que es el más reducido, en 40 dólares. “Son 60 dólares redondeados como mínimo, además del salario. Este plan de emergencia y resistencia del ingreso nos debe llevar más temprano que tarde a la recuperación del salario en las convenciones colectivas. Tengan la seguridad y la confianza de que llegaremos a la recuperación total del salario, pero ahora tenemos que resistir y resistir con fuerza”, advirtió Maduro. Los cálculos reales implican un incremento de poco más de 10 dólares con respecto a lo que ya reciben y, en el caso de algunos jubilados de la administración pública, significa incluso una reducción, por el cambio en la proporción de las asignaciones. El mandatario agregó que estas dos bonificaciones estarán indexadas mensualmente al valor de la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, “para que no se deteriore”. No está claro cómo se producirá esto sin que tenga un impacto en el aumento de la inflación por el aumento del tipo de cambio. En años anteriores, el Gobierno ha dicho que el salario mínimo está anclado al precio de la llamada criptomoneda petro, que tiene como valor de referencia el precio del barril de petróleo, sin que esto se reflejara en lo que reciben los trabajadores. Hace un año también se ofreció un bono único que entonces equivalía a 2.200 dólares para 120.000 jubilados del sector público que se retiraron con salarios precarios. Hasta el momento no se ha pagado y a la tasa de hoy sería de apenas 400 dólares. Policías y ciudadanos forcejean durante la protesta.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO Después de una tímida recuperación y de los pronósticos de mejoría de la economía que hubo el año pasado, Venezuela vuelve a acercarse a un escenario hiperinflacionario. La contracción de la economía durante el primer trimestre y la caída del consumo ha sido reportada por varias firmas económicas. La presión por el aumento del salario mínimo se mantiene desde hace meses y se

Los venezolanos exigen en la calle un salario digno mientras Maduro decreta bonos de emergencia Leer más »

“¡Al balcón!”,Petro llama a las trincheras

El País .- El presidente aspira a retomar el rumbo de su Gobierno con más izquierda en el gabinete y más ruido en las calles Gustavo Petro busca aplicar una vieja receta a su mandato presidencial. Lo intentó con una nueva estos primeros nueve meses, pero ha acabado desesperado. El plan consistía en estirar el tono conciliador, en intentar unir a una sociedad extremadamente polarizada. En dejar de ser el Petro opositor que quería arrasar con todo el orden establecido para mostrar otra cara, la del líder de todos los colombianos. Eso, se ha dado cuenta, ni es posible ni da rédito político. Las encuestas le dan la valoración más baja desde su llegada y el Gobierno apenas avanza en sus reformas. Por eso, busca recuperar sus esencias, las que lo llevaron a la presidencia: mucha izquierda, mucha calle y mucho discurso.   “¡Vuelve el presidente Petro al balcón!”, tuiteó Laura Sarabia, la mano derecha de Petro, después del día más intenso en el Palacio de Nariño desde que empezó el mandato. Era la forma de anunciar que, una vez cargado el Gobierno del petrismo más puro, es hora de volver a recuperar la calle. Ya lo había advertido el presidente un día antes cuando, por sorpresa, en un acto de los cientos que hace cada mes, de esos que no llaman la atención de los medios, dio un puñetazo en la mesa y dijo que hasta aquí había llegado la mano tendida. Un Petro encendido, colérico, arremetió contra todos rodeado de campesinos en Zarzal, un municipio del Valle del Cauca, donde fue a entregar unas tierras: “A pesar del triunfo electoral cuando le dijimos al pueblo del estallido social cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas y se calmó. Pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser”.   Se refería al establecimiento, a los partidos tradicionales, al mundo conservador colombiano con el que tanto esfuerzo hizo por congraciarse al principio: ministros liberales, acuerdos con la derecha en el Congreso, reuniones con empresarios. Ya ha tenido suficiente, los resultados no llegan y el nerviosismo empieza a devorar la actualidad. Lo que quiso decir el presidente en el Zarzal frente a unos campesinos era en realidad un mensaje a todos los colombianos: ese que han visto hasta ahora no es Petro y fue Petro quien ganó las elecciones. El primer ingrediente del nuevo plan ya lo tiene. El martes cambió a siete de sus 19 ministros y a un alto cargo. Le enseñó la puerta a los moderados, a aquellos con los que había buscado tender puentes con los sectores antipetristas. Se fueron el ministro de Hacienda o la ministra de Agricultura, gente con experiencia y respetada en todos los sectores, que nunca dudaron en cuestionar a algunos de sus compañeros de gabinete, a los que consideraban unos activistas inexpertos. Petro siempre cerró filas con los suyos, pero el peso de los moderados, a la vez los ministros más reconocidos públicamente, era lo suficientemente grande como para opacar al resto. Ahora quiere movilizar a los suyos, a la militancia de izquierdas que lo considera un héroe desde su alcaldía en Bogotá (2012-2016). En 2013, Petro fue destituido por la Procuraduría, que lo inhabilitó durante 15 años en un polémica decisión que fue revocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En ese tiempo, Petro salió varias veces al balcón de la Alcaldía, donde miles de personas lo recibieron como un mártir del sistema. Petro quiere que las masas en la calle acompañen la labor del Gobierno, que con una minoría en el Congreso y con el resto de partidos enemistados, se enfrenta al reto gigante de sacar adelante las reformas prometidas. Ya lo intentó en febrero, cuando acababa de presentarse la reforma sanitaria, pero no logró movilizar a tanta gente como hace una década. Hoy no hay ninguna destitución, la izquierda ni siquiera es oposición, sacar a la gente a la calle a favor es más difícil que hacerlo a la contra. Por eso el presidente quiere mostrar su enfado. Buscar un enemigo que encienda a la izquierda y a la juventud que acorraló en 2021 al Gobierno de Iván Duque y sacó a miles de colombianos a protestar por todo el país. Un estallido social que marcó el futuro político de Colombia e hizo a Petro presidente. Después de que Álvaro Uribe, su mayor adversario político, se haya bajado de la batalla, el mandatario señala ahora a todo el establecimiento, al neoliberalismo, como culpable de no dejarle gobernar. El lunes 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, el mandatario volverá a dar un discurso en el balcón. Buscará conectar con los suyos, con los que seguramente siente que se distanció estos meses. Ya no necesita hacer esos equilibrios imposibles entre los partidos tradicionales y los petristas, ya sabe que no puede ser el presidente que los una a todos bajo la necesidad de cambiar un país que muchos no quieren cambiar, o cambiar solo un poco. Es como si se hubiera quitado una carga muy pesada que arrastraba desde hace nueve meses. Vuelve el petrismo en esencia.

“¡Al balcón!”,Petro llama a las trincheras Leer más »

Argentina importa billetes desde Brasil, Europa y China, pero los bancos ya no tienen dónde guardarlos

El País .- La inflación acelera la emisión monetaria y obliga a construir depósitos de emergencia   El valor de los billetes de Argentina está en mínimos históricos en lo que va de siglo. El de mayor denominación, de mil pesos, equivale a 4,4 dólares en el mercado oficial y poco más de dos en el paralelo. La decisión del Gobierno de Alberto Fernández de postergar la salida de billetes más grandes en una economía golpeada por una inflación del 104,3% interanual tiene cada vez más impacto en el sistema financiero. El Banco Central se ha visto obligado a encargar billetes en el extranjero e importa desde Brasil, España, Francia, China y Malta por barco y por avión. Los bancos no tienen espacio suficiente en sus bóvedas de seguridad para almacenarlos: han tenido que construir nuevas e improvisar espacios como depósitos de emergencia.   La inflación galopante acelera también la emisión monetaria y agranda el problema. Según datos del Banco Central, la cantidad de billetes en circulación alcanzó en marzo la cifra récord de 9.946 millones de unidades. Casi un tercio corresponde a billetes de mil pesos, mientras que la mayoría restante se divide en billetes de 500 y de 100.   Estos últimos son los que provocan un mayor quebradero de cabeza en las entidades bancarias. El Banco Central no tiene capacidad para destruir todos los papeles en mal estado ni para guardarlos y ese rol queda a cargo de los distintos bancos. Acumulan así millones de billetes de valor casi nulo (20 centavos de dólar). En algunos casos, ni siquiera son válidos para estar en la calle. Fuentes del sector aseguran que se trata de un “problema importante” porque la situación actual “eleva los costos” de almacenamiento, de transporte y de logística.   “La situación de los billetes es un problema cuya criticidad va a en aumento, ocasionando dificultades en cuanto a la logística, capacidad edilicia y elevados costos financieros”, dice una carta que las dos mayores cámaras bancarias del país – la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba)- enviaron días atrás al Banco Central de la República Argentina.   Los bancos ponen como ejemplo el problema al que se enfrentan con los cajeros automáticos. La carga máxima estándar para cada uno de ellos es de 8.000 billetes. De llenarse sólo con billetes de mil, el dinero disponible sería de ocho millones de pesos (unos 16.000 dólares), una cantidad insuficiente para los fines de semana largos, por ejemplo. Pero se incluyen también billetes de 500 y de 100, lo que acelera la velocidad a la que se agota la capacidad de carga. Los clientes deambulan así de un cajero a otro en búsqueda de aquel que todavía no se ha vaciado o recurren a supermercados y otros locales donde también se brinda efectivo.   La oposición une fuerzas con los bancos para reclamar que se acelere la circulación del billete de 2.000 pesos anunciado ya por el Gobierno de Fernández. Pide también que se autoricen otros de mayor denominación, de 5.000 y 10.000 pesos. Referentes de la coalición Juntos por el Cambio sostienen que la razón para evitar esos billetes es que obligaría al Ejecutivo a reconocer la aceleración de la inflación y critican el gasto extra que supone para las arcas estatales insistir con los papeles de baja denominación.   Según el exdirector de la Casa de la Moneda Augusto Ardiles, “el costo de no imprimir billetes de mayor denominación en 2020 y 2021 fue de 186 millones de dólares”. Ardiles destaca que el organismo argentino responsable de la fabricación de pesos tiene mayor capacidad de producción que su par de Brasil, aun con una población cuatro veces menor, pero aún así necesita importar. “La diferencia está en que Brasil tienen denominaciones acordes a la inflación que tienen y nosotros no, y no parece que vayamos a tenerla hasta que cambiemos de Gobierno”, señaló en Twitter. Según un cálculo de la agencia Bloomberg, Argentina ha cerrado contratos de importación por 700 millones de billetes.   El fenómeno no es nuevo en Argentina y ya en 2017, bajo la presidencia de Mauricio Macri, los bancos advirtieron que no tenían espacio para almacenar billetes. Pero se ha agravado mucho desde entonces a pesar del importante aumento de las transacciones electrónicas desde la pandemia. El motivo es que una parte significativa de la economía argentina es en negro y el efectivo permite escapar del radar estatal.   Hace un mes, un hombre fue asaltado en Buenos Aires por unos ladrones que le intentaron robar la mochila en la que trasladaba siete millones de pesos argentinos (en ese momento 33.000 dólares al cambio oficial). Como él, a diario hay personas que se desplazan de un lado al otro con importantes sumas encima, ya sea para pagar el alquiler o para comprar bienes de gran valor como automóviles o inmuebles. Con billetes de tan baja denominación el volumen requerido para transportar los pesos es cada vez mayor. La alternativa es pactar y realizar las grandes transacciones en dólares.

Argentina importa billetes desde Brasil, Europa y China, pero los bancos ya no tienen dónde guardarlos Leer más »

El derrumbe de la economía argentina pone a prueba la capacidad de gestión de un peronismo fracturado

El País .- La gravedad de crisis argentina devuelve la centralidad política a Cristina Kirchner dentro de la coalición de Gobierno El peronismo tiene por delante ocho meses al frente de la Casa Rosada. Todo indica que será un largo via cucis. Dividido y sin armas para revertir la peor crisis económica en 20 años, la popularidad de sus dirigentes está por los suelos. La imagen negativa del presidente, Alberto Fernández, roza el 70%, según un sondeo publicado durante el fin de semana por la consultora Opina Argentina. La crisis se aceleró esta última semana y hundió las posibilidades electorales de la que hasta ahora era la principal apuesta del partido, el ministro de Economía, Sergio Massa. El desconcierto es tal que ha vuelto al centro de la escena Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente del Gobierno mejor posicionada en las encuestas, pero autoexcluida de cualquier candidatura electoral desde diciembre, cuando fue condenada por corrupción. La inflación interanual está en el 104%, las reservas líquidas del Banco Central apenas superan los 2.000 millones de dólares y el peso perdió desde el lunes el 10% de su valor ante el dólar en los mercados no regulados por el Estado. El golpe de gracia lo ha dado la sequía, la más grave en 60 años. Los ingresos por exportaciones se reducirán este año en 20.000 millones de dólares, la mitad de lo que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI). Massa tiene un trabajo ingrato: debe evitar una devaluación del peso que dispare aún más el hambre y la pobreza, que en el segundo semestre de 2022 alcanzó el 39,2%. El índice del primer semestre de 2023 será mucho peor. La única esperanza del ministro es que el FMI adelante los desembolsos acordados hasta diciembre; y que el campo acelere la liquidación de sus ventas al exterior gracias al “dólar soja”, con una cotización casi 50% por encima de la oficial. El plan para llegar hasta diciembre encuentra al peronismo sin candidato para las presidenciales de octubre. Alberto Fernández se bajó de la reelección el viernes, luego de que el kirchnerismo lo presionara de todas las formas posibles para que lo haga. Pero ahora que lo ha logrado, no tiene a quien poner en su lugar. Por primera vez desde el regreso a la democracia, en 1983, el peronismo no logra encontrar la puerta de salida y pone a prueba, como nunca antes, su capacidad de gestión. El partido fundado hace ochenta años por Juan Domingo Perón lleva desde hace 20 años puesta la chapa de salvador. En 1989, el recién eleegido Carlos Menem asumió antes de tiempo cuando el Gobierno del radical Raúl Alfonsín se hundía en el mar de la hiperinflación. En el año 2001, tras la salida anticipada de otro radical, Fernando de la Rúa, el peronista Eduardo Duhalde se puso al frente de la peor debalce económica de la historia reciente y salió a flote. En 2019, Fernández recibió de manos de Mauricio Macri una economía con más del 50% de inflación y prometió resolver el problema. Cuatro años después la ha más que duplicado. Fernández es sin duda el presidente peronista con menos poder. Cristina Kirchner lo ungió como candidato en 2018, convencida de que necesitaba una figura disruptiva que sumara los votos de esos peronistas que no la soportaban. La jugada de ajedrez le dio el triunfo al Frente de Todos ante Macri, que buscaba la reelección, pero pronto se volvió profundamente disfuncional. A medida que la economía se hundía, las diferencias en el binomio presidencial se agrandaban. Fernández quedó solo y el kirchnerismo pronto hizo oposición desde dentro mismo del Gobierno. Ahora han llegado al punto en que deben buscar un candidato a presidente antes de junio y no tienen un nombre.   La pelea pasa ahora por cómo elegir al sucesor. En el video de su renuncia, Fernández se erigió como garante de una elección primaria abierta y transparente en agosto para votar un candidato en las urnas. El kirchnerismo había defendido hasta ahora la idea de participar en una interna electoral, pero sin Fernández en la contienda pretende que sea Cristina Kirchner quien elabore la estrategia del Frente de Todos. El sábado, en un mitin organizado en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, dijo que así como “ayer nada era sin Perón, hoy nada es sin Cristina”. Es decir, que la expresidenta debe quedar otra vez como única electora y dueña del peronismo. En el kirchnerismo reina el desconcierto, porque Cristina Kirchner se ha mantenido hasta ahora en sus trece y no quiere ser candidata ni da señales de quien es su elegido para la papeleta. La vicepresidenta sabe que sus posibilidades de ganar son mínimas, pero sabe también que es la dirigente que dentro del movimiento cosecha la mayor cantidad de votos.   El peronismo está en una encrucijada. Si Kirchner no es candidata, su hombre es Sergio Massa. Pero para ello, Massa debe al menos evitar una catástrofe que ponga en peligro, incluso, la gobernabilidad. Es un misterio como haría Massa para ser ministro y candidato al mismo tiempo, pidiendo el voto mientras la economía se derrumba. En ese río revuelto aparecen las figuras de la antipolítica.   La crisis de 2001 engendró al kircherismo, surgido desde la izquierda del peronismo. De esta crisis, en cambio, afloran figuras como Javier Milei, un economista que promete terminar “con la casta política” cerrando el Banco Central, dolarizando la economía y cerrando ministerios como el de Educación o Desarrollo Social.   Desde los márgenes, Milei está obligando a los precandidatos de la alianza opositora Juntos por el Cambio a derechizarse. Crece en las encuestas Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Mauricio Macri. Bullrich tiene origen peronista, pasó por el radicalismo y ahora es una ferviente macrista. Su discurso extremista complica las aspiraciones presidenciales del alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que prefiere hacer campaña desde el centro de la coalición opositora. En agosto se definirán los nombres de los candidatos a presidente de los distintos partidos. Con el peronismo sumido en el desconcierto y

El derrumbe de la economía argentina pone a prueba la capacidad de gestión de un peronismo fracturado Leer más »

Petro y la oposición venezolana urgen al chavismo a fijar la fecha de las presidenciales de 2024

EL PAÍS .- El Gobierno de Colombia insiste en que tiene que haber un proceso democrático en Venezuela que a la larga renueve todas las instituciones   Gustavo Petro y la oposición venezolana han coincidido este sábado en la necesidad de que el chavismo fije una fecha para las elecciones presidenciales de 2024 en las que esperan que un candidato antichavista pueda hacerle frente a Nicolás Maduro con todas las garantías. El presidente de Colombia y la Plataforma Unitaria, una alianza política opositora que negocia con el Gobierno de Maduro en México, se han reunido por primera vez y han estado de acuerdo en que debe haber unas reglas electorales claras en las que se respete la democracia. “El momento es este, no hay otro”, dijo el canciller colombiano Álvaro Leyva tras la reunión. “Esperamos que las elecciones tengan lugar en 2024 con todas las reglas propias del sistema interamericano (…). Es el momento de dar un campanazo en América Latina en el sentido de que lo que vale es la democracia”, abundó Leyva. La primera petición que Petro le hizo a Maduro al llegar al poder fue que se adhiriera al sistema interamericano, pero el presidente venezolano todavía no ha dado muestras de querer regresar al organismo que abandonó el país a petición de Hugo Chávez. La semana pasada, Petro dijo en la propia OEA que se tenía que cambiar la carta democrática para reintegrar a Venezuela y Cuba.   El canciller enfatizó que después de esas elecciones —el verdadero punto sobre el que gira toda la discusión entre el Gobierno, la oposición y la Casa Blanca— debe venir otro proceso electoral en el que tienen que reelegirse los cuerpos colegiados y celebrarse elecciones de gobernaciones y asambleas. Leyva repitió tres veces en su intervención que debe acordarse la fecha de las presidenciales, “de forma acelerada, pero no precipitada”.   Gerardo Blyde, el líder de la Plataforma Unitaria, señaló que de la cumbre internacional organizada por Petro en Bogotá para tratar el tema venezolano debe salir “un exhorto” para que las partes vuelvan a la mesa de negociación de México, en punto muerto desde noviembre. “Nuestra intención es llegar a acuerdos que conformen el agotamiento de toda la agenda para obtener los acuerdos que requiere el país para que haya elecciones libres, para que haya condiciones de recuperar la economía venezolana, para que no haya presos políticos ni perseguidos ni violaciones a los derechos humanos”, abundó.   Fue muy claro en agradecer el gesto de Petro, que ha adquirido mucho protagonismo en este proceso, pero reiteró hasta en dos ocasiones que la negociación debe llevarse a cabo en México. Esa es “la herramienta fundamental”. Insistió en que ellos nunca han paralizado le negociación ni se han levantado de la mesa, que siempre lo ha hecho el chavismo. Ellos tratan de agotar todas las vías. “Vamos a seguir trabajando con el Gobierno de Petro y todos los gobiernos de la cumbre para llevar democracia, libertad y mejoría económica y social a nuestro país”, acabó.   El Gobierno de Colombia ha apostado casi toda su política exterior a la relación con Venezuela. Petro se había visto con Maduro hasta en seis ocasiones, pero no había tenido hasta ahora ningún acercamiento con la oposición. Su posición en esos encuentros era un tanto ambigua. Le pedía a Maduro que implementara una democracia liberal, pero a continuación defendía algunas posiciones del chavismo. Llegó a hablar de promulgar una amnistía para que los actuales dirigentes del Gobierno de Maduro no pudieran ser perseguidos judicialmente. Eso le ha granjeado críticas muy duras. El ministro de Exteriores brasileño, por ejemplo, ha tenido otro tono y siempre se ha referido a las dos partes cuando habla de la crisis política venezolana. “El diálogo político en Venezuela es doméstico, es interno, pero Brasil está listo para conversar con el Gobierno y la oposición y participar en ese diálogo”, dijo Mauro Vieira a principios de abril.   Petro no ha dado esos pasos hasta estas últimas semanas. Ha citado a una parte de la oposición por carta y ha invitado al resto a unirse, incluso a los más escépticos. Sabe que necesita dialogar con las dos partes para conseguir un acuerdo, o al menos para convencerlos de que vuelvan a México. Ese diálogo está estancado desde hace cinco meses, cuando un lado y otro alcanzaron un acuerdo que parecía poner la primera piedra de un gran pacto que permitiese celebrar unas elecciones el año que viene en las que la oposición tenga posibilidades reales de victoria. El canciller Álvaro Leyva, en la rueda de prensa tras la reunión entre Gobierno y oposición. Detrás, Gerardo Blyde, líder de los antichavistas venezolanos en esta reunión. Ese entendimiento resultó ser un espejismo. Los fondos venezolanos congelados en el extranjero no fueron liberados, como se había prometido. Maduro se lo tomó como una afrenta. Washington respondió que el chavismo no ha mostrado interés en democratizar las instituciones venezolanas. La relación de ambos países ahora mismo es de desconfianza mutua. Ahí es donde entran los demás países, que tienen que servir de puente. De la conferencia internacional que ha armado Petro está previsto que salga una hoja de ruta con la que sentar a hablar a las partes. El presidente colombiano, así lo ha dicho muchas veces, es de la opinión de que las sanciones de EE UU se tienen que ir rebajando a medida que Maduro libere presos políticos y le levante la inhabilitación a candidatos opositores.   Sin embargo, en su encuentro con Biden en el Despacho Oval de la Casa Blanca introdujo algunos matices. Al salir de la reunión dijo que había coincidido con el presidente de EE UU en que primero deberían celebrarse las elecciones y después levantar las sanciones. Eso choca directamente con los deseos del chavismo, que condiciona lo segundo para llevar a cabo lo primero. Los optimistas consideran que esta ofensiva internacional va a servir para encontrar una salida a la crisis venezolana, la presión sobre el Gobierno, creen, es demasiado grande. Maduro no

Petro y la oposición venezolana urgen al chavismo a fijar la fecha de las presidenciales de 2024 Leer más »

De México a Argentina, Latinoamérica sufre una grave crisis de confianza en los Gobiernos que profundiza la polarización

EL PAÍS .- Una encuesta global realizada por la consultora Edelman refleja las divisiones sociales y la propagación de temores como la economía y la violencia. Los ciudadanos optan por confiar en empresas y ONG   Latinoamérica se instala en una profunda crisis de confianza en los Gobiernos y sus líderes. Una encuesta global realizada por la consultora Edelman, que se presentará el próximo martes en un foro conjunto con EL PAÍS, refleja que los cuatro países más poblados de la región, Brasil, México, Colombia y Argentina, sufren un deterioro significativo de la percepción que tienen los ciudadanos de los Ejecutivos y sus principales responsables políticos. Ese ciclo de desconfianza se agravó en 2022 y se mantiene hoy y, aunque el barómetro de este año registre un ligero repunte, las Administraciones siguen a la cola de las instituciones menos valoradas, con un promedio del 37%, seguidas de los medios, que incluyen las redes sociales y se sitúan en un 45%. La lista está encabezada, en cambio, por las empresas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), que cuentan respectivamente con un 64% y un 60%.   El caso de Argentina es sangrante. Solo el 20% de la población confía en el Gobierno. El país sudamericano afronta el próximo octubre unas elecciones presidenciales y el mandatario, Alberto Fernández, acaba de dar un paso atrás renunciando a su candidatura. La crisis económica y la inflación (que en marzo registró el dato más alto desde la crisis del corralito en 2002) determina dinámicas políticas y también repercute en el clima de desconfianza. La encuesta recoge, a este propósito un desplome del llamado “optimismo económico”. Se trata de un fenómeno global, con una caída de 17 puntos respecto al año pasado, del 71% al 54%, y 24 de los 28 países analizados en mínimos históricos. Latinoamérica no es la excepción y en Argentina solo el 43% de los encuestados cree que su situación y la de sus familias mejorará dentro de cinco años. Este horizonte no difiere mucho en Brasil y Colombia, donde los ciudadanos que miran con confianza al Gobierno representan un 40%, que en todos caso ha dado señales de mejora después de las últimas elecciones. Las imágenes del asalto golpista de una muchedumbre de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro a las sedes de los tres poderes del Estado el pasado 8 de enero son la muestra más reciente del desafío que afronta Brasil y la responsabilidad que hoy tiene el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva para tejer una nueva relación con la población. Mientras tanto, en Colombia Gustavo Petro, que asumió el cargo hace menos de nueve meses, trata de comenzar un nuevo ciclo con un paquete de ambiciosas reformas estructurales. No es suficiente para que la mayoría de los colombianos perciba un acercamiento de la Administración, aunque en el país andino la institución que sale peor parada, según el sondeo, son los medios. México el porcentaje de personas que confía en el Gobierno es algo más elevado y se sitúa en un 47%, aunque la brecha con otros referentes sociales resulta significativa. El 71% de los mexicanos prefiere confiar en las empresas y un 68% en otro tipo de organismos como las ONG. El caso del país norteamericano supone, por otro lado, una excepción, ya que a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes y al margen de este barómetro, los estudios de opinión suelen atribuir un menor desgaste a la popularidad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha enfilado la recta final de su mandato. Líderes políticos, periodistas y CEO La tendencia general a la desconfianza queda reflejada también por otra pregunta del estudio, que contó con alrededor de 1.150 participantes en cada país. En Latinoamérica solo el 26% de los encuestados confía en los líderes gubernamentales, un dato similar al del año pasado. Los periodistas tampoco aprueban y se quedan en un 40%, mientras que los científicos lideran la clasificación con un 79% y, en línea con la buena reputación de las compañías, el 65% confía en los máximos ejecutivos o CEO de sus propias empresas. Por otro lado, resulta revelador del ambiente político y de la polarización el hecho de que incluso un entorno social como la ciudadanía o el más próximo como la comunidad o los vecinos generen confianza a mitad de la población. El círculo vicioso de desconfianza y polarización Una de las consecuencias de este cóctel de factores es clima de profunda polarización. Según el estudio de Edelman, hay cuatro fuerzas que contribuyen a profundizar la brecha. Se trata del pesimismo con respecto al futuro de la economía; el “desequilibrio institucional” que hace, por ejemplo, que las empresas las ONG y sean las únicas instituciones percibidas en Latinoamérica como “éticas y competentes”, en las antípodas de los Gobiernos; la división de clases y la llamada “lucha por la verdad” en los medios, que “hoy no generan los mismos niveles de confianza, se desconfía particularmente de las redes sociales”. La polarización se percibe con especial virulencia, una vez más, en Argentina. El país encabeza el ranking seguido de cerca por Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, Suecia y España. Esto es, su población no solo reconoce las profundas divisiones existentes, sino que muestra resignación ante la posibilidad de superarlas. Brasil y México se sitúan una franja de riesgo de “severa polarización” junto, por ejemplo, a Reino Unido, Alemania, Francia o Italia. Entre las primeras causas de la polarización, encuestados ven como “fuerza divisoria” a “los ricos y poderosos”, los “Gobiernos extranjeros hostiles” y los “líderes gubernamentales”. La mayoría percibe en cambio a los profesores como una “fuerza unificadora”. Y a este propósito hay un dato especialmente significativo. Solo un 32% de los latinoamericanos estarían dispuestos a ayudar a una persona que no estuviera de acuerdo con ellos o su punto de vista. Y alrededor del 80% preferirían no tenerlos de vecinos o trabajar con ellos. Los miedos sociales Los miedos sociales son otro de los factores que profundizan la polarización, que, al mismo tiempo, actúa a la inversa empeorando esos mismos miedos. La principal preocupación en

De México a Argentina, Latinoamérica sufre una grave crisis de confianza en los Gobiernos que profundiza la polarización Leer más »

Desconcierto entre los empresarios de Chile frente a la política nacional sobre el litio anunciada por Gabriel Boric

EL PAÍS .- La nueva estrategia apuesta por un diseño donde el Estado mantenga el control de los proyectos. Las acciones de la principal productora del mineral en el país, SQM, se desploman Las relaciones entre el Gobierno de Chile y los empresarios han vuelto a tensarse, luego del anuncio del presidente Gabriel Boric sobre la política nacional para explorar y explotar el litio. Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que reúne a los principales gremios productivos del país, señaló que quedaron “descolocados” [desconcertados] luego de escuchar los anuncios que realizó el mandatario la noche del jueves en una cadena nacional. La nueva política para el desarrollo del litio del Ejecutivo chileno busca que el Estado vuelva a tener el control de este mineral, muy cotizado en el mundo por su uso en baterías eléctricas. Actualmente, experimenta un bum en sus precios. La estrategia anunciada por Boric apunta a una nueva institucionalidad en la que exista una colaboración entre el mundo público y privado, pero donde el control siempre quede en manos del Estado. El mercado tampoco quedó ajeno a la propuesta. Las acciones de la principal productora del mineral en Chile, SQM, vinculada al exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, cayeron casi un 15% en esta jornada. Su descenso arrastró AL Índice de Precios Selectivo de Acciones, IPSA, que mide en la Bolsa de Santiago las variaciones de precios de las empresas emisoras chilenas más grandes. El presidente Gabriel Boric Font durante un recorrido por la zona de explotación del litio en Antofagasta.GABRIELBORIC (TWITTER) “Hay que esperar que ese proceso se vaya desarrollando y, probablemente el mercado podrá ir aquilatando de mejor manera lo que eso significa para esa compaña en particular”, aseguró el ministro de Hacienda, Mario Marcel. SQM tiene un contrato de arriendo con el Estado a través de Corfo hasta 2030 en el salar de Atacama, que concentra el 90% de las reservas de litio del país. Como parte de los anuncios, Boric dijo que su Gobierno respetará el contrato vigente con SQM, pero que a través de la cuprífera estatal Codelco se negociará con la minera no metálica para evaluar la posibilidad de llegar a un acuerdo y adelantar la producción conjunta en el salar Atacama. La empresa, a través de un comunicado, optó por la cautela. “Esperamos que el anuncio, cuyo texto estamos analizando –en el marco de un contrato vigente que mantenemos con Corfo–, sea un impulso a la expansión productiva en Chile”, escribió la compañía ligada a Ponce Lerou, junto con destacar el papel que SQM ha tenido para que el país sea protagonista mundial en la industria del litio. “Esperamos ser parte de este diálogo y conversación que ahora se inicia”, agregó la empresa. En la misma línea de la CPC, Richard von Appen, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, asociación gremial de las empresas, emitió un duro comunicado. “No entendemos esta señal de desconfianza”, indicó la Sofofa. La asociación empresarial agregó que la medida está “relegando al sector privado a un segundo plano, cuando estamos de acuerdo en la importancia de la cooperación público-privada y el rol del sector privado en el desarrollo del país”. Von Appen mencionó además que “no hay razón” para no replicar el modelo que existe actualmente en la industria del cobre en el país, “donde conviven Codelco y las empresas mineras privadas, promoviendo exitosamente la competencia y la innovación de todos los actores”. El representante del sector privado añadió que esperan que el Gobierno rectifique esta política “para restablecer la confianza del sector privado y por el bien de Chile y su gente”. Richard Von Appen, presidente de la Sofofa, después de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, el 17 de abril.MINREL_CHILE (TWITTER) En tanto, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que reúne a las empresas mineras, valoró la asociación público-privada para explorar y explotar yacimientos de litio, pero la asociación agregó que “resulta cuestionable que se pretenda revisar la propiedad de las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama”. Luego del anuncio del presidente Boric, diversas autoridades de su Gobierno han intentado entregar señales de calma. “¡Gran noticia para Chile! Ya tenemos estrategia nacional para el litio”, escribió el canciller, Alberto van Klaveren, que durante la jornada calificó de “un error” hablar de una nacionalización. “Es un recurso estratégico, abierto a un desarrollo sustentable mediante la asociación público-privada y con miras a incorporar valor agregado y generar investigación y desarrollo tecnológico”, agregó el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Ejecutivo chileno. El propio mandatario, desde su gira a la nortina ciudad de Antofagasta, aseguró que su Administración ha “trazado una meta ambiciosa que va a requerir mucho diálogo” y valoró la opinión de la Cámara de Comercio de EE.UU. que “ve con buenos ojos” los anuncios del Gobierno chileno respecto del llamado oro blanco.

Desconcierto entre los empresarios de Chile frente a la política nacional sobre el litio anunciada por Gabriel Boric Leer más »

El peso argentino se desploma en los mercados cambiarios paralelos

EL PAÍS .- Las empresas que quieren acceder a dólares deben pagar entre 411 y 423 pesos por cada moneda estadounidense, un nuevo récord   El Gobierno argentino sostiene como puede la cotización oficial del peso argentino, pero su valor en los mercados paralelos, no regulados, se desploma. A finales de la semana pasada se rompió la barrera de 400 pesos por un dólar y este martes se aceleró el ritmo de caída para equipararse a la inflación, del 104,3% interanual. Los argentinos que quieren ahorrar en dólares recurren a casas de cambio extraoficiales, donde pagaron 418 pesos por cada moneda estadounidense, 18 pesos más que el viernes pasado. Las empresas cuentan a su disposición instrumentos financieros como el “dólar MEP” o el “contado con liqui”. En el primer caso, por cada dólar tuvieron que depositar 411 pesos; en el segundo, 423 pesos.   La depreciaciónn ha dejado casi sin valor los billetes que circulan de mano en mano en Argentina. El de mayor denominación, de mil pesos, equivale a cuatro dólares en el mercado oficial y a poco más de dos en el extraoficial. Para las empresas, cuadrar los presupuestos y planificar a medio y largo plazo se vuelve un rompecabezas imposible y desalienta inversiones productivas.   Con el nuevo salto, la brecha entre las cotizaciones ha vuelto a aumentar. En el mercado controlado por el Gobierno, el paso hacia adelante ha sido minúsculo: de 222,5 a 223 pesos por dólar. En el “blue” (al que recurren los argentinos de a pie) y en los financieros la depreciación del peso ha sido casi del 5% en el mismo lapso.   La caída del peso es la contracara de la inflación desbocada que registra Argentina, mientras crece la desconfianza en que el Gobierno de Alberto Fernández pueda frenarla en la recta final de su mandato. Según las últimas cifras oficiales, los precios aumentaron un 7,7% entre febrero y marzo, el peor dato intermensual desde la crisis del corralito de 2001-2002.   La escalada de precios es tan rápida que ha dejado atrás incluso el ritmo de devaluación controlada que realiza el Gobierno, por lo que la mayoría de economistas daban por descontada una corrección el tipo de cambio paralelo esta semana. “La inflación de marzo por arriba de lo esperado, más emisión monetaria por el déficit, más dólar agro, más atraso cambiario, todo apunta a un dólar con alas hacia arriba en abril”, anticipó el analista Damián di Pace nada más conocerse el IPC de marzo. “Cada vez que salió un dato de inflación alto, el blue reaccionó acomodándose”, coincide la economista Elisabet Bacigalupo, de la consultora Abeceb. “Por ahora no estamos en una crisis cambiaria. No digo que no vaya a suceder”, tuiteó el periodista y economista Pablo Wende.   Bacigalupo considera que el ministro de Economía, Sergio Massa, diseñó un plan económico destinado a “aguantar hasta las elecciones” presidenciales de octubre y evitar que salte todo por los aires antes. Los numerosos controles cambiarios y las devaluaciones encubiertas por sectores —como el ‘dólar agro’ o el ‘dólar tech’— forman parte de una amplia batería de medidas que han chocado con un obstáculo inesperado: la peor sequía de los últimos 60 años.   El campo argentino, la principal fuente de ingreso de divisas, estima que la mala cosecha de esta campaña supondrá pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares. Es un duro golpe para los productores pero también para el Estado, que aplica importantes impuestos a las exportaciones agroindustriales. La disminución de ingresos deteriora aún más las cuentas fiscales e impide la acumulación de reservas y la reducción del déficit pactadas con el Fondo Monetario Internacional a cambio de la reestructuración de una deuda de 44.000 millones de dólares. El freno del campo se reflejará también en el Producto Interior Bruto: después de dos años de crecimiento, este 2023 las previsiones son de una contracción.   Ante ese escenario adverso y a la espera de que el Banco Central decida un nuevo aumento de tasas de interés, los argentinos se vuelcan al dólar. Recurren a la moneda estadounidense para ahorrar pero también como termómetro de la salud de la economía. Ver el dólar por arriba de los 400 pesos despierta en algunos el fantasma de la hiperinflación.   La cesta de la compra, que se ha encarecido casi un 30% en el primer trimestre, es otra mala señal: a principios de año, con mil pesos se podía comprar un kilo de carne. Hoy a duras penas alcanza para dos docenas de huevos o un kilo de tomates.   El deterioro económico agrava la incertidumbre electoral y polariza aún más al país a cuatro meses de las elecciones primarias y a seis de las presidenciales. A través de las redes sociales, detractores del Gobierno peronista exigen la renuncia de Massa mientras que sus defensores advierten que en caso de ganar la oposición la pobreza aumentará y la situación empeorará aún más. La campaña electoral girará alrededor de cómo estabilizar la economía  

El peso argentino se desploma en los mercados cambiarios paralelos Leer más »

Scroll al inicio