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Sandra Torres disputará la presidencia de Guatemala con Bernardo Arévalo, el candidato sorpresa

El País .- El postulante del progresista Movimiento Semilla, surgido de las protestas anticorrupción de 2015, logra un inesperado segundo lugar en el recuento con el 97% de las actas procesadas   La ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue la opción más votada en las elecciones de este domingo en Guatemala y se enfrentará a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un partido consolidado en la primavera ciudadana de Guatemala, que inesperadamente se colocó en el segundo lugar de las preferencias de los guatemaltecos.   Con el 97% de las actas procesadas, la candidata de la UNE, que pasó de la socialdemocracia a unas posturas más conservadoras, tiene el 15,69% de los votos, frente al 11,8% de los apoyos del líder del Movimiento Semilla, de centroizquierda. Ambos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta que se celebrará el 20 de agosto. Tras un recuento, que se ejecuta de forma manual, y avanzó con lentitud desde el cierre de las horas a las 6 de la tarde, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo, cerca de las 3.30 de la mañana hora local que la tendencia era irreversible.   El ascenso del Movimiento Semilla en la primera vuelta de este domingo fue la gran sorpresa de la jornada. Ninguna encuesta de las publicadas durante la campaña le daba más del 3% de los votos. Esos sondeos situaban en segunda y tercera posición al diplomático Edmond Mulet y a la exdiputada Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, que finalmente quedaron en quinto y sexto lugar con el 6,73% y el 6,58% de los votos respectivamente. Por delante de ellos quedaron en tercera y cuarta posición Manuel Conde, del partido oficialista Vamos, con un 7,83% de los votos y Armando Castillo, de Vivir, con el 7,29%.   La victoria del voto rechazo Las elecciones de este domingo mostraron en general un fuerte rechazo al sistema de los partidos tradicionales y la corrupción que permea diferentes niveles del Estado. De hecho, la mayoría de guatemaltecos que fueron a las urnas optó por el voto nulo (17,39%), un volumen que supera la aceptación que logró Torres, mientras que un 6,9% de los ciudadanos votaron en blanco.   Tras una campaña marcada por las denuncias de fraude por la cancelación de tres candidatos que iban punteros en las encuestas, los tres postulantes excluidos del proceso, Thelma Cabrera, del izquierdista Movimiento de Liberación de los Pueblos, Roberto Arzú, del derechista Podemos, y Carlos Pineda, un finquero sin experiencia política previa que se hizo muy popular gracias principalmente a redes como TikTok, llamaron a sus seguidores a invalidar su voto a modo de rechazo a un proceso que han considerado fraudulento.   Una voluntaria del instituto Belén muestra una papeleta a la presidencia invalidada por un votante en la que se lee: «Todos son ladrones».ESTEBAN BIBA (EFE) La participación fue casi del 60%, algo más de dos puntos que la de las últimas elecciones, las de 2019, en las que ganó Alejandro Giammattei. De los 9,3 millones de guatemaltecos convocados a las urnas este domingo, 5,5 emitieron su voto. De ellos, más de 955.000 votaron nulo, más de 866.000 optaron por Sandra Torres y casi 649.000 por Bernardo Arévalo, que se acabó convirtiendo en el candidato de la esperanza para los ciudadanos cansados de los partidos tradicionales. Su paso a la segunda vuelta fue totalmente inesperado, incluso para el propio partido y sus seguidores. Antes de la medianoche, cuando llevaban horas en segunda posición, Arévalo y su candidata a vicepresidenta, Karin Herrera, ofrecieron una rueda de prensa en la que interpretaban el resultado como un fuerte rechazo a la forma en la que se ha hecho política en Guatemala hasta ahora. “Creemos que el electorado estaba harto, cansado del sistema político coptado y buscaba una alternativa decente y creíble”, dijo el candidato en el Centro Nacional de Información (CNI) instalado en un hotel capitalino. Esta es la primera vez que el Movimiento Semilla postula candidatos a la presidencia. En las pasadas elecciones de 2019, un fallo constitucional frenó la aspiración presidencial de la exfiscal Thelma Aldana, ahora en el exilio, como otros jueces, fiscales y operadores de la justicia que combatieron la corrupción y después fueron perseguidos. “Estamos muy contentos porque somos un partido político. No somos una colección de personas sino un partido que responde a una plataforma y una visión”, dijo Arévalo a los periodistas. “Nosotros siempre tuvimos claro que las encuestas no reflejan lo que las personas estaban pensando”, manifestó, si bien definió el paso a la segunda vuelta como una “agradable sorpresa”. Tres días antes de los comicios, las encuestas le pronosticaba un 2,9% en la intención de voto. Poco después, Sandra Torres también habló a los medios. “No sabemos con quién, pero estamos preparados para ganar la elección y para que yo sea la primera presidenta de Guatemala”, dijo en una rueda de prensa en la que ya daba por hecho por hecho su paso a segunda vuelta. La ex primera dama también criticó la lentitud del recuento pese a la inversión hecha por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para mejorar el sistema de conteo. “Estoy preparada para gobernar y para liderar Guatemala. Yo voy a llegar a dar resultados ese primer día de mi Gobierno. La gente me conoce y sabe que hemos trabajado, que tengo experiencia, conozco el Estado, conozco las necesidades de la gente. Cuando la gente más me ha necesitado ahí he estado”, dijo Torres por la noche en una entrevista con Nuestro Diario, un periódico popular y el de mayor circulación del país. La ex primera dama vs el “hijo del mejor presidente de Guatemala” Torres apela a su experiencia como primera dama durante el mandato del que fuera su esposo Álvaro Colom (2008 a 2011). Entonces, se puso al frente de programas de asistencia a la población más desfavorecida que llegaron a sectores rurales y zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado. Es precisamente en esas áreas donde Torres, de 67 años y comunicadora de profesión, tiene un

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Al menos 41 muertas en una cárcel de mujeres tras un motín en Honduras

El País – El enfrentamiento entre pandillas deja decenas de víctimas en una prisión a 25 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro anuncia “medidas drásticas” Un enfrentamiento entre pandillas ha causado una de las peores tragedias carcelarias en Honduras. Al menos 41 mujeres han muerto este martes en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ha confirmado el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien ha advertido que la cifra de víctimas puede aumentar. La presidenta Xiomara Castro ha lamentado la matanza y ha asegurado que “tomará medidas drásticas”, en un contexto en el que su Gobierno ha diseñado una política similar a la de su vecino salvadoreño Nayib Bukele para hacer frente a la violencia de las pandillas. “Conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres en Cefas, planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al Ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!”, ha escrito la mandataria a través de Twitter. La cárcel de mujeres está localizada a 25 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. Las imágenes de los medios locales muestran escenas de caos en el reclusorio, donde las autoridades han declarado un estado de emergencia tras la matanza. “No vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades en esa cárcel. Se autoriza la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías y militares, se declara emergencia”, ha informado la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva. Las autoridades han ordenado un plan de seguridad que incluye a las 26 prisiones del país, en las que están encerradas al menos 20.000 personas. Las prisiones de Honduras registran altos índices de delincuencia y dentro de ellas grupos criminales tienen el control y organizan extorsiones, ordenan secuestros y la venta de droga. Medios locales han informado que la matanza se ha producido por un enfrentamiento entre reclusas que pertenecen a las pandillas Mara Salvatucha MS-13 y la Pandilla 18. El diario La Tribuna informa de videos que muestran a un grupo de mujeres carbonizadas. “Los cuerpos calcinados están el área de los baños y son parte de las pruebas recabadas con este lamentable hecho”, informa el periódico. Fuera de la prisión hay escenas de desesperación de los familiares. “Estamos pidiendo los nombres de las personas que fallecieron o que estén vivas. ¿Cómo es posible que en las cárceles puedan entrar armas? No me explico”, ha cuestionado una de las personas que esperan noticias de las autoridades, en declaraciones al diario El Heraldo. “Exigimos seguridad para las privadas de libertad, porque estar ahí es peor que estar afuera. No es justo lo que está pasando, exigimos a las autoridades que nos ayuden y nos den el listado de las personas fallecidas para salir de la incertidumbre, no aguantamos más”, ha dicho otro familiar al mismo diario.   Algunas de las guardias a cargo de la seguridad en el Centro Femenino de Adaptación Social tras el motín, en Honduras.ORLANDO SIERRA (AFP) La viceministra Villanueva ha dicho que “este es un ataque directo contra el Gobierno de una mujer que tiene la voluntad política de avanzar, nosotros estaremos aquí respondiendo de frente, con valor, con nuestras manos limpias hacia adelante”. Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites. SUSCRÍBETE La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, ha expresado un “fuerte rechazo a la violencia” tras conocer la tragedia de Cefas. “Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias”, ha dicho la diplomática. “Mi solidaridad con las mujeres en el Centro Penitenciario y mi fuerte rechazo a la violencia”, ha expresado Shackelford en un mensaje en Twitter. Esta tragedia ocurre justo cuando la presidenta Castro ha decidido tomar medidas similares a las de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele para hacer frente a la violencia de las maras. Castro anunció en noviembre una polémica política que incluye estados parciales de excepción para combatir el crimen en las zonas más inseguras de las ciudades hondureñas, como San Pedro Sula, considerada una de las más violentas del mundo. Las medidas se han puesto en marcha en 120 comunidades, donde además se han suspendido las garantías constitucionales y se han movilizado a militares para establecer el orden. Féretros en las instalaciones del forense en Tegucigalpa, el lunes.ORLANDO SIERRA (AFP)

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Ortega y Murillo reciben al presidente de Irán en Managua ante la “preocupación” de Washington

El Páis .- La tesis del analista Eliseo Núñez es que el mandatario sandinista busca convertirse en “un estorbo” insostenible para Washington y forzar una negociación.   Daniel Ortega y Rosario Murillo recibieron con “honores” al presidente Irán, Ebrahim Raisi, la noche de este martes en Managua, en medio de la “preocupación” expresada por el Gobierno de Estados Unidos por el “comportamiento desestabilizador” del régimen de los ayatolás en la región. El mandatario iraní llegó a la capital nicaragüense proveniente de Venezuela, donde sostuvo un encuentro con Nicolás Maduro, como parte de su primer viaje a Latinoamérica desde que tomó posesión del cargo en agosto de 2021, y que también incluye a Cuba, otro aliado de su Ejecutivo.   El portavoz del del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, criticó –horas antes que Raisi aterrizara en Managua– la gira de la delegación iraní por la región: “No puedo hablar de la agenda de lo que están haciendo o quién se van a reunir. ¿Nos preocupa el comportamiento desestabilizador de Irán? ¡Claro que sí! Y hemos tomado y seguiremos tomando medidas para mitigar ese comportamiento que abarca muchos ámbitos”.   De acuerdo con Kirby, los iraníes han aumentado sus capacidades de misiles balísticos, la relación en materia con Rusia (inmersa en la invasión en Ucrania), y el acoso a la navegación marítima. “No vamos a pedir a los países de este hemisferio ni de ningún otro con quién tienen que asociarse o a quién van a permitir realizar una visita (…) Nosotros nos centramos en nuestros propios intereses de seguridad nacional en la región”, dijo el funcionario norteamericano. Mientras tanto en Managua, Ortega y Raisi, ambos sancionados por Estados Unidos por violar derechos humanos, criticaron a Washington en sus discursos. “Somos revoluciones gemelas”, dijo Ortega en un acto público transmitido en cadena nacional, luego de que los ministros del régimen nicaragüense recibieron al mandatario iraní en el aeropuerto internacional Augusto Sandino.   Una visita promocionada Desde hace días, la vicepresidenta Rosario Murillo venía publicitando con ímpetu esta visita, debido a que la pareja presidencial sandinista no suelen visitarlos jefes de estado: sufren un severo aislamiento internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido. La última vez que los Ortega-Murillo recibieron a presidentes en ejercicio fue en enero de 2022, durante la controvertida toma de posesión de ambos, tras declararse ganadores de unas elecciones sin competencia, con todos los opositores presos o en el exilio. Al igual que los mandatarios sandinistas, Raisi también fue electo en unos comicios que no son reconocidos por gran parte de la comunidad intencional porque no fueron “libres y democráticos”. “Nos sentimos honrados, complacidos de recibir esta importante delegación de hermandad de la República Islámica de Irán, que llega a nuestro país y sostendrá encuentros con nuestro presidente [Ortega] por supuesto, con nosotros, con el gabinete, y estaremos informando de lo que se vaya acordando; se firmarán acuerdos y se darán declaraciones”, dijo la vicepresidenta Murillo. “Esa delegación viene a estrechar lazos de cooperación política, comercial y científica”, agregó en otra intervención.   Enrique Sáenz, exdiputado, opositor y despojado de su nacionalidad por el régimen de Ortega y Murillo pone en duda “esos” lazos que publicita la propaganda en Managua. “Primero, ¿cuáles son esos lazos políticos?”, pregunta desde Costa Rica, donde vive exiliado. “Cualquiera sabe la intención de Irán de establecer cabezas de playa en América Latina, que le sirvan como base de apoyo en sus disputas con Estados Unidos. Y es evidente que Ortega y sus compinches de Venezuela y Cuba se prestan gustosos a jugar ese papel. Así que está claro que buscarán cómo proyectar la imagen de una poderosa alianza revestida con los consabidos discursos patrioteros, antiimperialistas y anti occidentales”, sostuvo.   El anterior presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, visitó Nicaragua dos veces: en 2007 y 2012. Varias misiones se realizaron, se firmaron memorandos de entendimiento y surgieron varios “compromisos”. Entre ellos destacan la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas, plantas procesadoras de leche, fábricas de cemento, muelles, un puerto de aguas profundas, 10.000 viviendas, entrega de 4.000 tractores y hasta un sistema de riego.   “Salvo la construcción de una policlínica de salud en un barrio de Managua, lo demás fue humo en las manos”, critica Sáenz. En 2022 fueron suscritos 22 acuerdos entre ambos regímenes, pero el opositor insiste que no han prosperado por varias razones. “¿Acuerdos culturales? ¿Para qué? Un verdadero disparate. ¿Qué tienen de común la cultura persa con la cultura nicaragüense? Ni los nicaragüenses hablan persa, ni los iraníes hablan español. Ni los nicaragüenses son musulmanes, ni los iraníes son cristianos, así que, ¿cómo podrían prosperar estos acuerdos culturales?”, ejemplifica.   Lo mismo, insiste Sáenz, en el sector científico y comercial. “¿Qué producimos los nicaragüenses que la economía de Irán necesita? ¿Café? Lo compran más barato a proveedores cercanos. ¿Azúcar? Lo compran más barato a proveedores cercanos. ¿Queso? ¿Frijoles? Ya hemos dicho en otra ocasión: los iraníes no comen gallopinto [plato típico de Nicaragua]. Las distancias, la falta de rutas comerciales y de infraestructura logística tornan ilusorio cualquier acuerdo comercial. La prueba está que han pasado 16 años y en las cuentas comerciales de Nicaragua, ni siquiera aparece Irán”, dice el también economista.   Eliseo Núñez, otro opositor en el exilio, dice a EL PAÍS que esta visita del presidente de Irán a Managua es parte de una estrategia de Ortega para posicionarse mejor en su tercia con Estados Unidos. “Su estrategia pasó de venderse como un muro de contención del narcotráfico para Estados Unidos para convertirse en una amenaza, que le permita más adelante negociar su estadía en el poder, a cambio de dejar de ser socio de los iraníes y los rusos”, analiza.   Ortega ha pedido en reiteradas ocasiones que Estados Unidos retire las sanciones internacionales que le han impuesto a su gobierno y círculo más cercano. Incluso, uno de sus hijos, Laureano Ortega, tuvo un acercamiento fallido con Washington en ese sentido. “De nuevo, la estrategia de Ortega es abandonar estas alianzas a cambio que Estados Unidos no lo siga sancionando y

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El mercado laboral chileno castiga a los jóvenes y a los mayores de 65 años

El País .- Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas muestran una recuperación del empleo respecto a los niveles prepandemia, pero con sectores que se están quedando atrás.   Los jóvenes menores de 24 años, los adultos mayores –los que tienen más de 65– y las personas que solo tienen educación básica son los grupos que en Chile todavía no pueden recuperar su espacio en el mercado del trabajo tras la pandemia de la covid-19. Es lo que muestran las cifras, pese a que el mercado laboral chileno se ha robustecido en los últimos meses. De los cerca de 2 millones de empleos que se perdieron durante los peores meses de la crisis sanitaria, hoy solo faltan recuperar 57.000.   David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, explica, sin embargo, que “la población en edad de trabajar ha aumentado en 624.000 personas” en los últimos tres años. Es decir, matiza el investigador, para tener en Chile la misma tasa de ocupación que existía antes de marzo de 2020 se requiere aumentar otros 421.000 empleos. Y es ahí cuando se hace preciso mirar los sectores que aún se encuentran rezagados respecto de los niveles pre coronavirus para focalizar mejor las políticas públicas orientadas a generar empleos, asegura Bravo.   Si en enero de 2022 eran 785.000 los ocupados menores de 24 años, cayeron a 470.000 en los peores meses de confinamiento (marzo-julio de 2020), casi la mitad. Y según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, todavía no logran recuperarse bien: hoy son 611.000 los chilenos de ese rango de edad que están dentro del mercado laboral. Es decir, todavía faltan 174.000 empleos para retomar los niveles que mostraban previo al coronavirus, sin contar con los jóvenes trabajadores que han ingresado al mercado en los últimos tres años. “La población de 15 a 24 años ha aumentado, pero el número de ocupados sigue estando rezagado. Se podría especular si están estudiando, pero el tema es qué pasa con aquellos que no estudian ni trabajan”, alerta el investigador de la Universidad Católica.   El otro grupo que le preocupa es el de los adultos mayores, aquellos que tienen 65 años o más. El académico explica que entre 2016 y 2020 fue el grupo etario que más creció dentro del universo del mercado laboral chileno. “Eso se relaciona con que las personas están viviendo más y en mejores condiciones, pero también con que necesitan trabajar para suplir las bajas pensiones”, explica.   Si antes de marzo de 2020 eran 550.000 las personas de este grupo que trabajaban, disminuyeron a 350.000 en los meses de mayor contagio y hoy se ubican en 530.000. La situación es más compleja cuando se mira a personas sobre 75 años. Los empleos para ese grupo etario cayeron 47% entre marzo y marzo y julio de 2020, y según las cifras a abril solo el 75% había regresado al mercado laboral. “Se han recuperado, pero la población de 65 años o más ha aumentado. Chile está envejeciendo, por eso la tasa de recuperación respecto de la población de esos tramos etarios es baja”, señala el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales.   Otro dato que hay que mirar con detención es la recuperación del empleo según nivel educacional. Los chilenos que solo poseen educación básica muestran un rezago importante respecto de los que tienen mejores niveles de formación. Si en marzo de 2020 eran 1.540.000, cayeron a 915.000 y hoy solo 1.150.000 de ellos están en el mercado laboral. Algo similar ocurre con aquellos que tienen educación media [o secundaria] incompleta, que sumaban 980.000 antes de la crisis sanitaria, bajaron en 33% y, según las últimas cifras del INE, hoy alcanzan a 709.000 personas. Las cifras contrastan con los chilenos con educación universitaria completa: cayeron solo 6% en la pandemia y hoy superan el nivel de empleos que tenían previo a la explosión del virus.   El aumento del trabajo por cuenta propia   El mercado laboral chileno muestra signos de debilidad, al ritmo de la desaceleración de la actividad económica. Si bien la última encuesta de empleo del INE estableció que se crearon 171.000 nuevos empleos en el último año –al comparar el trimestre móvil febrero-abril de 2023 con el mismo periodo de 2022–, el 85% corresponde a trabajos por cuenta propia, es decir, independientes informales (48%) y asalariados del sector público (37%). Solo el 3,25% de los nuevos empleos se generaron en el sector privado formal, que usualmente lleva la delantera, lo que contrasta con la cifra del trimestre móvil noviembre-diciembre de 2022, cuando el 67% de los nuevos empleos correspondía a este sector.   Para Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), estas cifras muestran de manera inequívoca que la contracción de la actividad económica –el PIB del primer trimestre registró una caída de 0,6%– está teniendo efectos en el mercado laboral. “Se están produciendo menos bienes y servicios que hace un año atrás y hay menos necesidad de contar con trabajadores”, explica el investigador.   Al observar en detalle los datos por actividad económica, las más rezagadas en Chile respecto a los niveles previos al coronavirus son las categorías alojamiento y comida y las actividades artísticas y de entretención. Los empleos en estas áreas se desplomaron 50% y 57% entre mayo y julio de 2020 y hoy se han recuperado, pero solo en 86% y 73%, respectivamente. También llama la atención la lenta recuperación de los empleos vinculados a los servicios domésticos. “Las trabajadoras de casa particular fueron el grupo más golpeado por la crisis en Chile. Había 294.000 personas dedicadas a esta labor y hoy llegan a 208.000, es decir, ese grupo no se recuperó”, dice el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica.   El empleo femenino, en tanto, si bien fue duramente afectado durante la pandemia, hoy muestra signos de retomar sus niveles anteriores. Durante la crisis del coronavirus se

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Morena anunciará su candidato a la presidencia el 6 de septiembre

El País .- El partido oficialista aprueba por unanimidad las reglas que regirán la contienda interna, por medio de una encuesta nacional. Ebrard, Sheinbaum, Monreal y el resto de precandidatos comparecen juntos para mostrar unidad   El partido en el Gobierno, Morena, ha acordado por unanimidad que su candidatura presidencial se definirá mediante una encuesta que incluirá varias preguntas con las que se medirá la percepción de la población sobre los “atributos” de los aspirantes. La Comisión de Encuestas del partido diseñará el cuestionario que se aplicará a nivel nacional, que será abierto a toda la población y cuyos resultados se darán a conocer el 6 de septiembre. La petición de algunas corcholatas —aspirantes— de que se hiciera una pregunta única —del tipo: “¿A quién prefiere como candidato o candidata a la Presidencia de la República?”— no fue aceptada por partido, ha confirmado a EL PAÍS Citlalli Hernández, secretaria general del partido.   El secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, y el líder del grupo parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal, eran los principales promotores de ese modelo de encuesta. Con el acuerdo alcanzado este domingo por el Consejo Nacional de Morena, se prevé que la encuesta sea parecida a las que ha aplicado el partido anteriormente para definir sus candidaturas a los gobiernos de los Estados, en las que se pregunta a la población cuál su percepción sobre la honestidad, la cercanía, el compromiso y el conocimiento del país de los aspirantes. La secretaria general morenista ha afirmado que la pregunta de a quién prefiere la población como candidato o candidata sí será incluida en el cuestionario, pero tendrá un valor tan importante como el resto de los reactivos.   El Consejo Nacional ha aprobado este domingo que la Comisión de Encuestas del partido conducirá el levantamiento, que será realizado entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre. Los resultados serán definitivos e inapelables. La Comisión morenista se apoyará en cuatro empresas encuestadoras que replicarán el cuestionario y harán levantamientos simultáneos. Los acuerdos fueron dados a conocer por Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional, en una conferencia en la que estuvieron todos los mandatarios surgidos del partido, la dirigencia nacional y los aspirantes presidenciales: además de Ebrard y Monreal, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. También estuvieron el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y el senador Manuel Velasco, del Partido Verde, aliados de Morena y a los que se ha invitado a participar en la encuesta presidencial.   Entre el 12 y el 16 de junio todos los aspirantes deberán renunciar a sus cargos públicos y registrarse para la encuesta. Cada corcholata podrá proponer a dos empresas encuestadoras. El partido sorteará los nombres y elegirá a las cuatro que harán los levantamientos “espejo”. Morena ha establecido un veto a las encuestadoras que en mediciones de preferencias electorales recientes han errado el resultado por grandes márgenes. También se ha impuesto a los aspirantes la prohibición de dar entrevistas a medios de comunicación “reaccionarios, conservadores y adversarios” al Gobierno de López Obrador. Los nombres de las encuestadoras y los medios vetados aún no se definen.   Las corcholatas podrán hacer campaña del 19 de junio al 27 de agosto. Dado que aún no inician oficialmente los tiempos electorales, a sus eventos proselitistas —para los que tienen prohibido usar recursos públicos y derrochar en gastos publicitarios— le llamarán “asambleas informativas”. Los aspirantes tienen prohibido confrontarse y descalificar a los otros contendientes. Para garantizar la unidad en el partido, deberán firmar un compromiso de que respetarán y respaldarán los resultados de la encuesta. Quienes queden en segundo y tercer lugares tienen garantizada la coordinación del partido en el Congreso o una cartera en el gabinete del sucesor presidencial. Los aspirantes restantes tendrán un lugar garantizado como legisladores plurinominales, según lo informado por Durazo tras una sesión del Consejo Nacional que se dio en un ambiente sin confrontaciones.   A los gobernadores, legisladores y funcionarios federales también se les impuso una restricción: no deben manifestar públicamente su inclinación por alguno de los aspirantes. Este acuerdo se ha alcanzado tras las tensiones causadas por los mandatarios que han expresado su manifiesto apoyo a Sheinbaum y a Adán Augusto López.

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Militares disparando a civiles: un video muestra una aparente ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo

El País .- Las imágenes muestran además que los soldados alteraron la escena del crimen. Colocaron armas junto a los cadáveres y a uno le quitaron unas esposas cuando ya estaba muerto El video de una cámara de seguridad muestra un nuevo caso de malos tratos contra cinco civiles en Nuevo Laredo, además de su aparente asesinato, a manos de militares. La secuencia, recogida el 18 de mayo, muestra cómo los militares sacan a los civiles de una camioneta. Algunos de los civiles portan armas. Los soldados les desarman, los patean y luego los colocan junto a un muro. Minutos más tarde, en un momento un tanto extraño, los militares parecen refugiarse de algo y, mientras, disparan contra los civiles. Todos mueren en el acto menos uno, que fallece después en el hospital.   Las imágenes, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo los soldados, con los cinco ya muertos, alteran además el lugar de los hechos. Uno de los elementos agarra armas largas con una bolsa roja para evitar tocarlas con las manos y dejar huellas, y las coloca junto a los cadáveres. Más tarde, otro se da cuenta de que uno de los cuerpos todavía lleva las esposas, que ellos mismos le han puesto antes. Pide la llave a otro compañero y se las quitan. Entre medias, paramédicos han acudido a la escena a llevarse a uno de los cinco, el que fallecería más tarde en el hospital. La Fiscalía no llegaría allí hasta pasadas las horas.   El oficial a cargo del convoy militar, el teniente de infantería José Luis N, firma el relato de lo ocurrido ante la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de las investigaciones. En el informe, del que este diario tiene copia, el teniente señala que él y sus hombres estaban desarmando a los civiles, cuando compañeros de estos les atacaron a balazos, “en un intento de rescatar a su personal”. Según el oficial, los militares contestaron. Entre tanto, los civiles detenidos trataban de recuperar sus armas, según esta versión. Acabados los balazos, los militares se dieron cuenta de que cuatro de los cinco estaban muertos y uno más en “estado crítico”, producto del fuego cruzado.   La versión del teniente contrasta con el video, pues en las imágenes no se ve ninguna otra camioneta civil cerca de donde están ellos, ni nadie que no sea militar disparando. Se observa cómo los militares tratan de refugiarse, pero no se alcanza a apreciar si les llegan disparos. Sea como sea, en el video se ve cómo al menos tres militares disparan contra los cinco civiles desarmados, junto al muro. Entre los disparos de los soldados, uno de los cinco se mueve, culebrea, como si quisiera huir. Parece herido, tiene los ojos vendados. Segundos más tarde, deja de moverse.   EL PAÍS ha contactado a un vocero de la Secretaría de la Defensa (Sedena) para saber si la dependencia ha tomado alguna medida sobre lo ocurrido. En un primer momento no ha tenido respuesta. En la noche, Sedena ha divulgado un comunicado en que señala: “Esta dependencia se encuentra cooperando con la FGR a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes. Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia Militar, en el ámbito de su competencia, desde el momento en que se dio a conocer este material videográfico editado, inició de oficio una investigación de los hechos para deslindar las responsabilidades derivadas de la legislación militar”. El comunicado sigue: “Se garantiza a la sociedad mexicana que no existe impunidad en el desempeño del personal militar, ni se solapará ninguna conducta contraria al Estado de derecho”.   El episodio recuerda al que ocurrió en febrero en la colonia Cavazos Lerma, también en Nuevo Laredo. Entonces, militares asesinaron a cinco muchachos desarmados y dejaron malherido a otro. Todos venían de pasar la noche en una discoteca. Un séptimo joven, que resultó ileso, narró después que los militares les habían atacado a balazos sin que hubiera motivo alguno, cuando volvían a sus casas. Este muchacho contó también que los militares dispararon a uno de sus colegas, malherido, cuando salía del carro en el que iban todos, ya cuando los uniformados tenían la situación controlada.   El caso de febrero alcanzó gran notoriedad en la prensa, porque en varios videos aparecían familiares de los muchachos, enfrentándose a los militares que resguardaban el lugar de los hechos. Algunos soldados disparaban al aire o al piso. Civiles lograban tumbar a algunos soldados y los pateaban en el suelo. Las imágenes de aquel día ilustran las consecuencias de la guerra encubierta que vive la frontera noreste desde hace años. El presunto gatillo fácil de los militares -si es que no se trató de algo peor- había tenido consecuencias fatales.   Cuando el caso llegó a oídos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario lamentó lo ocurrido, aunque evitó señalar guerra alguna y encauzó su relato en la lógica de los hechos aislados. Tratando de distanciarse de los dos gobiernos anteriores, que registraron decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, perpetradas por marinos y militares, López Obrador suele apuntar al error puntual, la teoría de las manzanas podridas. El video, paso a paso La secuencia del caso del 18 de mayo recoge la parte final de una persecución que inició pasadas las 14.30, entre la calle Lago Chapala y la avenida Monterrey, en el sur de la la ciudad fronteriza. El video inicia cuando una camioneta oscura de media cabina cruza a toda velocidad la avenida Monterrey y se estrella contra un muro, justo debajo de la cámara de seguridad de un centro comercial. Son las 14.36. Tras el choque, militares aparecen caminando, apuntando a la camioneta. Un vehículo militar, conocido en el medio como Sand Cat, una especie de tanqueta de uso urbano, les apoya.   La Sand Cat golpea la puerta del copiloto y la de detrás, evitando así que nadie salga por allí. Mientras, otros militares sacan al tripulante y sus acompañantes

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Chile cierra la primera etapa en su camino para reemplazar la Constitución de Pinochet

El País .- La comisión de expertos termina el anteproyecto del texto que será entregado al consejo constitucional, que asume el 7 de junio y se encargará de la redacción final. Es el segundo intento del país por cambiar su Carta Magna   “Se da por despachado el anteproyecto de nueva Constitución”. Así fue como cerró la jornada este martes 30 de mayo, con la voz quebrada de emoción, la presidenta de comisión experta, la abogada Verónica Undurraga, líder de un órgano nombrado por el Congreso chileno y que ha elaborado desde el 6 de marzo un borrador de nueva Carta Magna. La frase fue sucedida por los aplausos inmediatos de los otros 23 integrantes y de la entonación del Himno Nacional de Chile que comenzó a cantar el consejero socialista Gabriel Osorio y al que se sumaron todos los integrantes.   Undurraga, independiente por el Partido Por la Democracia (PPD), de la centroizquierda oficialista, relevó que durante el proceso los unió “un propósito común”: “Redactar el mejor texto posible pensando en el Chile del futuro. Una Constitución que no es la Constitución soñada para ninguno de nosotros, pero sí una Constitución bajo la que todos sintamos que podemos convivir y que sentimos como propia”.   Chile cerró así la primera fase de este segundo intento en tres años de elaborar una nueva Constitución, luego de que en septiembre del año pasado un 62% de la ciudadanía rechazara la propuesta de la Convención Constitucional, una propuesta que cambiaba profundamente la institucionalidad chilena. Es un nuevo intento para reemplazar a la Carta Magna actual que, aunque ha tenido modificaciones profundas y desde 2005 lleva la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), tiene su origen en 1980 en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ahora, el anteproyecto de la ley de leyes, que tiene 14 capítulos, 118 páginas y será afinado en redacción la próxima semana, se entregará al Consejo Constitucional, el órgano paritario electo de 50 integrantes que asumirá el 7 de junio y en el que el Partido Republicano, de derecha extrema, tiene una mayoría: en los comicios del 7 de mayo pasado, obtuvo el 35% de los votos. Los conservadores, por sí solos, tendrán 23 consejeros.   La comisión experta fue nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos con representación parlamentaria, por lo que se compone de representantes de todos los sectores, desde el Partido Comunista a los republicanos. La mayoría de sus miembros son juristas y, cuando asuma el Consejo Constitucional, sus integrantes se sumarán, pero solo con derecho a voz.   Ha sido un proceso de casi tres meses que ha estado marcado desde el inicio por los acuerdos y la sobriedad de sus integrantes. Además, a diferencia de la experiencia anterior, fue formulado por un acuerdo político transversal con varios límites, entre ellos 12 bordes constitucionales que sus miembros no podían traspasar. Moderada desde el principio, la comisión experta ha entregado un anteproyecto que, si bien presenta algunos cambios sustanciales, sigue la tradición constitucional chilena. La principal modificación, de fondo, ha sido la consagración de que Chile se organiza es un Estado social y democrático de derecho, una lucha impulsada desde hace años por la centroizquierda y a la que la derecha se sumó.   El vicepresidente de la comisión experta, Sebastián Soto, de Evópoli, partido de la derecha moderada, destacó al final de la jornada: “Hemos aprendido a buscar caminos comunes para proponer al Consejo una Constitución de consenso, que convoque, que no divida. Una Constitución que no sea de un partido, sino que aspire a ser el proyecto de Constitución de todos. Puede tener algunos artículos que a cada uno de nosotros no nos gustan tanto, pero que que final nos satisface colectivamente”.   Lo nuevo del texto El texto propuesto por la comisión mantuvo el presidencialismo chileno, pero incorporó novedades en la figura del presidente de la República, limitando la reelección: “Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período inmediatamente siguiente. Con todo, una persona solo podrá ejercer el cargo de Presidente de la República hasta dos veces”.   Otra novedad, respecto del texto actual, es un mecanismo de participación ciudadana en el proceso de formación de leyes. Una es la iniciativa popular de ley, que señala que “un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al cuatro por ciento del último padrón electoral y no superior al seis por ciento (…), podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. No será procedente este mecanismo para reformar la Constitución”. Otra, es la iniciativa de derogación de ley. Ambas normas, sin embargo, tienen varios pasos que sortear.   Donde hubo una intervención mayor fue en el sistema de partidos políticos, pues se estableció un umbral del 5% de los votos válidamente emitidos para acceder a las elecciones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es un cambio que se ha impulsado dada la fragmentación política que tiene Chile, donde en el Parlamento hay 21 fuerzas. Además, se aprobó una norma antidíscolos que implica que los parlamentarios que fueron electos por un partido y renuncien, perderán su escaño.   No es todo. También a los partidos legalmente constituidos se les incorporó órdenes: “La ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios”. Son determinaciones que serán excepcionales y “deberán referirse a asuntos en los cuales estén directamente en juego los principios del partido o su programa. Con todo, no podrán darse órdenes de partido cuando el parlamentario deba resolver como jurado”, dice el nuevo artículo.   La propuesta reconoció, por primera vez en la historia, a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es “que es una e indivisible”. Y aprobó artículos que aseguran la participación política de las mujeres. Por ejemplo, visó una norma, aunque solo transitoria, sobre paridad de género para que en las elecciones ningún sexo supere la proporción 60%-40%.  

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El milagro económico boliviano cruje por la falta de dólares

El País .- El Banco Central no informa de sus reservas desde hace cuatro meses, lo que ha empezado a alimentar el temor de los ahorristas y la especulación de los importadores.   “Compro dólares”. Muchos comercios de las grandes ciudades bolivianas han fijado este cartel en sus vidrieras. La divisa estadounidense se ha convertido en el bien más escaso en el país. Tanto, que el Banco Central no informa de sus reservas en divisa desde hace cuatro meses. Se supone que son exiguas, y como todo lo que es escaso sube de precio, el dólar se ha empezado a comprar por fuera del sistema financiero. En ese mercado paralelo cuesta un 15% más que el precio oficial.   Vender y comprar dólares por encima del valor fijado por el Estado está prohibido y varias personas han sido detenidas temporalmente por hacerlo. Aun así, nadie en las tiendas con los carteles piensa en comprar a un precio que ya no es real para los ciudadanos comunes. La devaluación está oficialmente descartada, pero ha ocurrido de hecho. Nadie espera que el tipo de cambio y, con él, la dinámica económica, vuelvan a ser los de antes.   Los economistas de oposición conjeturan que Bolivia seguirá el camino de su vecina Argentina, que sufre un constante deterioro de su tipo de cambio, con un mercado paralelo afianzado desde hace más de una década que dobla la cotización oficial. En Bolivia no hay inflación, pero la falta de dólares está elevando los precios de los productos importados, que son muchos en un país muy poco industrializado. No es la única dificultad para los importadores. Para evitar la fuga de dólares al extranjero, que en parte explica la caída de las reservas internacionales del Banco Central, las transferencias de divisas deben pagar el 10% del monto enviado, un porcentaje que hay que sumar a los costos de importación.   Hasta ahora, el golpe le ha llegado sobre todo a la clase media y no a los amplios sectores populares que respaldaron al presidente Luis Arce en las elecciones de hace dos años y medio. Pero los problemas se están acumulando. Los medicamentos, por ejemplo, que vienen de Chile, Colombia y la India, están subiendo y, algunos, escaseando. Es cuestión de tiempo para que el alza de facto del dólar se traslade al costo de vida. Las autoridades aseguran que eso no pasará.   Otro bien clave que está racionado en determinados rangos de consumo es el diésel. El Gobierno afirma que esto se debe a la necesidad de controlar el contrabando de este combustible, que, aunque se importa en su mayor parte, está subvencionado. El litro cuesta 50 centavos de dólar en Bolivia, más de un dólar menos que el promedio mundial. El contrabando de combustibles a los países vecinos sangra el presupuesto público en unos 250 millones de dólares anuales. La oposición cree que el racionamiento se debe a la falta diésel que el Gobierno ya no tiene cómo importar. Hay denuncias de que la administración de Arce está dejando las facturas de las empresas importadoras sin pagar. Se sabe que algunas grandes empresas mineras y agropecuarias están importando diésel directamente, a pesar de que el precio internacional es mayor.   Otra dificultad de la balanza de pagos boliviana es la caída de las exportaciones desde agosto del año pasado. La causa está en la bajada del valor internacional de varias materias primas que produce Bolivia y por una menor producción de gas. El país está extrayendo un 33% menos de gas de lo que producía en 2014. El déficit comercial resultante (más importaciones que exportaciones) se ha prolongado por ocho meses, así que, con el Banco Central sin reservas, el Gobierno no tiene de dónde sacar divisas. Encima, algunos exportadores privados no repatrian sus divisas porque temor a que queden “atrapadas” en unos bancos sedientos de dólares y por la alta tasa que tendrían que pagar para sacarlas de nuevo del país.   El presidente Arce fue el ministro de Economía de los tres Gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019. Arce es el gran rostro del “milagro boliviano”, el periodo de mayor prosperidad de la historia del país, cuando, entre otros récords, se acumularon reservas internacionales por el 50% del PIB. Arce ha llegado a ser considerado el mejor economista del país, pero ahora parece estar desprovisto de soluciones.   Arce ha negado en los últimos meses que Bolivia enfrente una crisis interna. Prefiere hablar de los efectos, en su visión pasajeros, del mal momento económico mundial. Como, por razones ideológicas, aún no considera recurrir al Fondo Monetario Internacional, su Gobierno ha empezado a buscar soluciones. La última, para atacar las restricciones cambiarias, fue aprobar la “ley del oro”, que autoriza al Banco Central vender 22 toneladas de sus reservas para obtener unos 1.200 millones de dólares. Esta ley, afirma el Gobierno, evitará que Bolivia caiga en cesación de pagos este año. Pero el país necesita una cifra igual o mayor, con la que no cuenta, para tratar de cambiar las expectativas de los bolivianos, que hoy son las que expresan los carteles de “compro dólares”.

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El candidato que lidera encuestas queda fuera de las elecciones en Guatemala

El País .- Carlos Pineda es el tercer presidenciable excluido de un proceso electoral marcado por la judicialización y señalamientos de fraude   La posibilidad de ganar la presidencia de Guatemala se esfumó en menos de un mes para Carlos Pineda, que lideraba las encuestas desde principios de mayo. El 23% en la intención de voto que le infundió fortaleza para verse ya en la segunda vuelta, también se convirtió en su mayor vulnerabilidad, porque le pusieron en el foco de acciones legales para despojarle de la candidatura.   Pineda, un empresario de provincia que escaló en las encuestas gracias a su campaña en TikTok, es el tercer presidenciable que denuncia el bloqueo institucional para participar en las elecciones del próximo 25 de junio y la anulación de su candidatura eleva las voces que denuncian fraude ante la aplicación de criterios arbitrarios para excluir a candidatos incómodos para el sistema. “La elección adquiere el carácter de elecciones restringidas donde la autoridad electoral se convierte en el primer y gran elector del proceso, restringiendo el voto ciudadano a la oferta preseleccionada”. proclamó recientemente la organización Mirador Electoral.   Entre los candidatos caídos que llaman “fraude” al proceso electoral están el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzu García-Granados y la lideresa indígena Thelma Cabrera. Los tres han sido excluidos de forma legal, pero en circunstancias que muchos opositores consideran arbitrarias y en un contexto de “cooptación institucional”, según Arzú, mientras Cabrera y Pineda fueron más allá al hablar de síntomas de una “dictadura”.   Cuando queda menos de un mes para las votaciones, la Corte de Constitucionalidad despejó la situación de dos de los tres binomios presidenciales con capacidad para disputar los primeros lugares en la elección. A Pineda se le excluye por errores en las asambleas del partido que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había dejado pasar y que no suponían obstáculo, hasta que los puso en evidencia el partido de Manuel Baldizón, el exdiputado que cumplió una condena en Estados Unidos y regresó en 2022 para retomar su influencia política.   La queja de Baldizón llegó el 7 de mayo, cinco días después de que Pineda acaparó los titulares por su liderazgo en las encuestas. Pineda iba a diputar la presidencia con el partido Cambio, que crearon los hijos del Baldizón, aunque tras una fractura en la relaciones en enero pasado buscó un espacio en el partido Prosperidad Ciudadana. Se trata de una agrupación que dirige Lilian García, una diputada afín a la presidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, que se posiciona en el segundo lugar de algunas encuestas. El partido que eligió Pineda estaba al borde de la cancelación pero lo revivieron a costa de errores que podrían rayar en ilícitos.   En el fallo que deja fuera a Pineda, la sala constitucional pide que se inicie una investigación para saber si hubo algún ilícito en los errores que dejó pasar la autoridad electoral y los exhorta a exigir a los partidos que cumplan con los requisitos, para evitar que en el futuro la corte tenga que intervenir en la “reconducción electoral”.   Eliminar contendientes La lideresa indígena Thelma Cabrera y el exprocurador de los Derechos Humanos Jordan Rodas han quedado fuera de la contienda electoral porque el tribunal electoral invalidó la solvencia de administración de fondos públicos que Rodas presentó para su postulación. La función pública de Rodas no se había cuestionado hasta días después de que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) lo proclamara como candidato a vicepresidente.   Con una propuesta de conformación del estado plurinacional y de nacionalización de los recursos públicos, Cabrera quedó en el cuarto puesto en las presidenciales de 2019. En el quinto quedó Roberto Arzú García-Granados, que se presentaba como una opción “disruptiva, de rechazo a la corrupción” y que pretendía retomar el legado de su padre, el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen del conservador partido Unionista.   El empresario y expresidente de un club de fútbol de 53 años asegura que lo sacaron de la contienda por sus posibilidades de quedar en los primeros lugares de las votaciones y porque continuó con su apuesta política pese a las amenazas de ser encarcelado, como lo han denunciado otros candidatos.   Arzú-García Granados, del partido Podemos, ha descrito el actual proceso electoral como el “fraude electoral moderno” que se gesta a partir de la “cooptación institucional” que excluye y favorece a ciertos candidatos.   Conforme avanzan los meses, ha quedado en evidencia el acomodo de piezas en el escenario electoral, a partir de la exclusión de varios binomios y la aplicación de criterios diferenciados, dependiendo de quien se trate, lo que constituye uno de los elementos de un fraude sistémico, explica el politólogo Mack.   Varios actores políticos tienen la percepción sobre el bloqueo de candidatos que no cuentan con la venia de la alianza partidaria que buscaría favorecer a Zury Ríos Sosa, la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, y a Manuel Conde, el candidato del partido Vamos, la fuerza que llevó a Alejandro Giammattei a la presidencia. Esa es la lectura al observar los movimientos, explica el politólogo Luis Mack, pero no hay más pruebas de que la eliminación de los candidatos responda a un plan ni de quiénes lo orquestan.   La candidatura de Arzú García-Granados quedó sin validez por una acción del partido FCN-Nación que postula al expresidente Jimmy Morales como candidato a diputado. Durante su gestión, Morales suspendió el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su partido forma parte de la alianza política mayoritaria que se gestó durante la actual legislatura junto con el partido de gobierno.   El Tribunal Supremo Electoral considera que Arzú-García Granados no es idóneo para optar a la presidencia, por la rebeldía que demostró al no atender varias amonestaciones por hacer campaña de forma anticipada. El criterio de la sala constitucional es que el tribunal tiene la facultad y supremacía para examinar si el candidato cumple o no los criterios de capacidad, idoneidad y honradez que establece la Constitución.   El candidato de Podemos no fue

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Chile estudia el modelo antimafia italiano para combatir el crimen organizado

El País .- En un país que ha duplicado su tasa de homicidio en seis años y donde aumenta el uso de armas, el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, viaja a Italia junto al director de la unidad de crimen organizado del Ministerio Público   En seis años, entre 2016 y 2022, la tasa de homicidios en Chile por cada 100 mil habitantes ha tenido un alza de 3,6 a 7 puntos, y la mayoría de ellos ha sido cometido con armas de fuego. Es una cifra que preocupa a las autoridades locales, en especial porque el incremento se debe en gran parte al inédito y veloz avance del crimen organizado, al punto que el país sudamericano se vio empujado a aprobar, a fines de marzo pasado, su primera ley en la historia para combatirlo. “Probablemente, muchos de nuestros vecinos digan ‘eso no es nada, su situación ciertamente es bastante mejor que la nuestra’, pero para nosotros es crítico”, ha dicho el fiscal nacional, Ángel Valencia, ante el aumento de los delitos. “Todavía no estamos mal en el contexto latinoamericano, pero nuestra tasa de homicidios se ha duplicado en seis años y eso para nosotros es una situación delicada”.   El fenómeno ha sido atribuido por Valencia a varios factores, entre ellos, a bandas criminales que han ingresado a Chile en forma irregular. Mencionó a la organización el Tren de Aragua, dedicada a múltiples delitos, como tráfico de personas, explotación sexual de mujeres migrantes, tráfico de droga y extorsiones. Es un hecho que expuso esta semana durante su participación en el foro Lucha contra el crimen organizado en Roma, Italia, hasta donde viajó para sostener, además, reuniones bilaterales con la Procuradoría Nacional Antimafias y la Dirección Nacional Antimafias en búsqueda de experiencias que, eventualmente, puedan ser aplicables en Chile.   Precisamente, el jueves de esta semana, el Tren de Aragua ha vuelto estar en la agenda pública chilena. En Arica, en el extremo norte de Chile, fueron encontrados dos cadáveres embalados que estaban enterrados bajo cemento y el fiscal de esa región, Mario Carrera, señaló que pueden ser homicidios cometidos por Los Gallegos, una facción de esa organización criminal.   Ante una audiencia de fiscales y carabineros en Roma, Valencia relató la nueva realidad de su país. “Hay más homicidios con imputado desconocidos (no se sabe quiénes son) y más homicidios con arma de fuego. Además, hay antecedentes evidentes que dan cuenta que en Chile están empezando a operar sicarios, cosa que no ocurría hace 10 años. El gran volumen de estos nuevos homicidios corresponden a ajustes de cuentas o a lucha por control territorial de parte de bandas que responden al crimen organizado directamente o que se han desprendido de ellas”, dijo. “Inevitablemente, algunas bandas criminales que tienen origen en Venezuela han empezado a operar en Chile. Una de ellas es el Tren de Aragua. Hemos enfrentado un desafío que no tenía precedentes en la historia republicana. Pasamos de enfrentar bandas de delincuentes comunes, que tienen el control del microtráfico en ciertos vecindarios, que quizás tenían la capacidad de producir operaciones de exportación de drogas que se producían en otras tierras, desde nuestro país al mundo desarrollado, a ver el esfuerzo de estas otras bandas por tomar el control territorial de cierto espacio que antiguamente lo ocupaba la delincuencia común”, agregó.   Cárceles italianas para Chile Ángel Valencia asumió el cargo en enero pasado y, durante su postulación al Ministerio Público, como la mayoría de los candidatos, puso el foco en la irrupción de la nueva delincuencia organizada. Propuso varias medidas, entre ellas el uso de inteligencia artificial en el análisis criminal, lo que ya implementó. También ha impulsado determinaciones duras y polémicas, como la que señala que los fiscales en Chile pidan la prisión preventiva a los extranjeros que sean detenidos e imputados por algún delito que no cuenten con identidad comprobada. Es una decisión que tomó después del homicidio del carabinero Daniel Palma durante un operativo en el centro de Santiago el 6 de abril.   Su primera cuenta pública fue a fines de abril. Y en ella entregó la primera señal de que Italia es un país que tiene en la mira como modelo: “Necesitamos que se establezca la creación de un recinto carcelario especial, como los que permitieron a Italia combatir, con pleno respeto a los derechos humanos, el crimen organizado”, dijo entonces.   Ignacio Castillo, director de la unidad de crimen organizado de la Fiscalía nacional chilena, estuvo esta semana en Italia y, al teléfono desde ese país, explica que, independientemente de las particularidades que tiene el fenómeno de la mafia en Italia, que la experiencia institucional y legislativa en la persecución de la criminalidad mafiosa, “es tremendamente útil para la investigación de las organizaciones criminales”. “Es un referente lo que Italia ha hecho desde la década del 90 hasta ahora. Y una de sus aristas tiene que ver con el régimen carcelario más duro para aquellos que están en el vértice apical de las estructuras criminales mafiosas”.   El régimen de cárceles que observa la Fiscalía nacional chilena consiste en la segregación de la población penal ligada a la mafia, algo que en el país sudamericano existe, pero muy lejos de esa rudeza y especificidad. “Quienes están en el vértice de las organizaciones mafiosas, y aquellas personas que han sido condenadas por tener vínculos apicales, tienen un tratamiento penitenciario mucho más estricto. Implica aislarlos dentro de las unidades a fin de evitar al máximo posible que tengan vínculos con el interior y exterior de los penales”, señala Castillo. Y agrega que es un sistema que impide que los detenidos puedan ejercer el poder y dar instrucciones hacia fuera. Ello implica que en Italia existan celdas especiales, con tiempos reducidos de salidas al aire libre que son controlados en forma permanente, así también sus conversaciones telefónicas, las que son escuchadas.   Modelo de cooperación Valencia explica a EL PAÍS que el viaje a Roma tuvo como fin construir vínculos con varias instituciones italianas. “Tienen una gran reputación internacional por su eficacia en

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El régimen de Ortega y Murillo congela las cuentas bancarias de la Iglesia católica de Nicaragua

El País .- El Gobierno acelera su persecución religiosa y ordena a las entidades bloquear los activos de las nueve diócesis del país y de las parroquias   La mañana de este viernes 26 de mayo, un sacerdote de una iglesia de la ciudad colonial de Granada, antigua capital de Nicaragua, acudió al banco a retirar dinero de la cuenta bancaria de su parroquia. La cajera le informó de que no podía darle dinero porque las cuentas habían sido bloqueadas. Horas más tarde, varias fuentes eclesiales comunicaron que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a las entidades bancarias la congelación de las cuentas de las nueve diócesis del país, como parte de la embestida que el régimen mantiene contra el catolicismo.   El PAÍS pudo corroborar de manera directa el congelamiento de las cuentas de la diócesis de Managua, una de las principales del país, y cuya cara más visible es el cardenal Leopoldo Brenes. El purpurado sostuvo una reunión de emergencia con sus sacerdotes tras conocerse el bloqueo de los activos, que incluye a las diócesis y sus parroquias. Este diario también confirmó de manera directa el bloqueo de las cuentas de la diócesis de Matagalpa, al norte del país; y la de León y Chinandega, en el occidente.   Uno de los párrocos de Chinandega notificó a los fieles de su parroquia la noche de este jueves que se abstuvieran de transferir a las cuentas de las parroquias el pago de unos libros pastorales debido al bloqueo de las cuentas bancarias.   Igual que sucedió con varias de las 94 personas despojadas de su nacionalidad por el régimen Ortega-Murillo en febrero pasado, los bancos procedieron a bloquear las cuentas de las diócesis y parroquias sin informar nada al respecto a los clientes. Hasta la publicación de este artículo, los bancos guardan absoluto silencio.   Fuentes eclesiales indicaron a EL PAÍS que el congelamiento de las cuentas puede estar relacionado con el reciente arresto el jueves de esta semana del sacerdote Jaime Iván Montecinos Sauceda, del municipio de Sébaco, acusado por el delito político de “menoscabo a la soberanía nacional”. Montecinos pertenece a la diócesis de Matagalpa, una de las más golpeadas por la persecución religiosa, a tal punto que su obispo, monseñor Rolando Álvarez, fue condenado a 26 años de prisión en febrero. Y también los sacerdotes Eugenio Rodríguez y Leonardo Guevara, de Nueva Segovia y la catedral de Estelí, respectivamente, fueron trasladados a la policía para someterlos a “investigaciones”.   “Congelar las cuentas es un grave golpe para la iglesia, porque también tiene compromisos que pagar. Inclusive están siendo afectadas casas de formación, donde hay planillas que pagar, recibos de servicios básicos y otros gastos”, dijo a EL PAÍS la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora de un estudio titulado Nicaragua, una iglesia perseguida. El estudio arroja que en 2022 los católicos sufrieron 161 agresiones, entre profanaciones de templos, arrestos, despojo de nacionalidad, destierro de sacerdotes y acoso policial. En lo que va de 2023, más de 3.000 procesiones fueron prohibidas, en especial durante Semana Santa. Este ha sido el período de mayor persecución religiosa documentado desde el estallido social de abril de 2018. En total, el régimen suma 529 ataques contra obispos, templos y laicos.   “Buscan confiscar templos” Un abogado defensor de derechos humanos dijo en condición de anonimato que los Ortega-Murillo preparan la antesala para confiscar los templos en Nicaragua, al igual que lo han hecho con otras propiedades administradas del catolicismo, como asociaciones y universidades. “Pueden hacer lo mismo que hicieron con la Cruz Roja de Nicaragua: anularla, confiscarla y pasar sus bienes a propiedad del Estado. Es decir, una iglesia a la medida de los dictadores; una que no critique, o en el peor de los casos, proscribir el ejercicio de la religión católica en el país”, dijo el jurista exiliado en Costa Rica.   Meses antes de la congelación de las cuentas bancarias de la Iglesia católica, la abogada Molina advirtió de que uno de los patrones represivos siguientes sería la confiscación de propiedades católicas. Molina informó que hasta entonces han sido confiscados siete edificios y 32 religiosas de diversas congregaciones fueron expulsadas del país. El informe de la jurista remarca que un total de 13 medios de comunicación administrados por el catolicismo han sido clausurados, 10 ONG fueron obligadas al cierre por los impedimentos legales y técnicos ocasionados por las autoridades del Ministerio de Gobernación de Nicaragua. También, otros seis proyectos sociales fueron cerrados.

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El Banco Central chileno ordena por primera vez a la banca una subida de capital como medida anticrisis

El País .- La decisión del organismo autónomo recibe críticas de las entidades y de los gremios empresariales, que alertan del impacto en la disponibilidad de créditos y el alza de tasas   Por primera vez en su historia, el Banco Central chileno activó un instrumento para exigir a la banca nacional que aumente en un plazo de 12 meses su capital en un 0,5% de los activos ponderados por riesgo. El sector calcula que son unos 1.500 millones de dólares. El objetivo de la medida, explicó el organismo autónomo, es preparar a la industria financiera del país sudamericano ante la mayor incertidumbre externa. El anuncio, que tomó por sorpresa a la banca y a los gremios empresariales del país sudamericano, se da en el contexto global de las quiebra de bancos estadounidenses Silicon Valley Bank, Signature y First Republic y la caída del gigante suizo Credit Suisse.   El mecanismo, denominado Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC), fue incorporado en la regulación chilena en el marco de la reforma a Ley de Bancos de 2019 y anunciado por el Banco Central tras su reunión de política financiera y antes de dar a conocer su Informe de Estabilidad Financiera del Primer Semestre de 2023.   En su informe, el Banco Central, junto con destacar la solidez del sistema financiero local, explicó que “las turbulencias iniciadas en marzo, producto de la quiebra de varios bancos, han sido mitigadas por la rápida y coordinada acción de las autoridades”. Desde entonces, dice el organismo, “han aumentado los riesgos de episodios de corrección abrupta de los precios de activos y salidas de capitales, especialmente en economías emergentes”. En esa línea, señaló que “no obstante que el escenario macroeconómico ha evolucionado en línea con lo previsto, no se puede descartar completamente el riesgo de ocurrencia de un shock externo severo”. En instituto emisor señaló que, aunque la probabilidad que un escenario de esas características es baja, “su impacto negativo en la economía sería significativo”.   El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, criticó la medida y señaló que “los problemas de los bancos internacionales no tienen ninguna relación con la banca chilena, tal como lo ha mencionado la autoridad (…) No vemos la activación de este instrumento como algo coherente, ni con el diagnóstico, ni con su objetivo”, subrayó. El líder de la banca local alertó, además, que la activación del mecanismo podría llevar a una contracción del crédito y agregó que pidió una reunión al Banco Central para tener mayores antecedentes técnicos sobre la medida.   También Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que reúne a los principales gremios de Chile, salió al paso del inesperado anuncio. “Nuestra gran preocupación tiene que ver con que cuando tú haces estas exigencias a la banca de aumentar capital, eso inmediatamente va a tener un impacto en los créditos a las empresas y personas”.   El mercado también acusó recibo: el dólar escaló hasta los 810 pesos, un alza de 4,2 pesos, lo que según agentes se debió, en parte, a lo anunciado por el Central.   El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sin embargo, salió a poner paños fríos. Consultado por la decisión del Banco Central, de cual fue presidente entre 2016 y 2022, justo antes de entrar al Gobierno, el secretario de Estado explicó que “los bancos han tenido utilidades importantes, tienen constituidas previsiones voluntarias muy significativas y, por lo tanto, el riesgo de que esto afecte el crédito es considerablemente menor”. El economista agregó: “La pregunta para los bancos es cuántas de sus utilidades van a retener para efectos de constituir este requerimiento de capital”. La industria bancaria chilena registró ganancias por 7.000 millones de dólares en 2022.   La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, en todo caso, reconoció este miércoles en una presentación ante el Senado chileno que “la economía podría verse afectada en el el corto plazo, porque un cambio en el requerimiento de capital [a los bancos] podría tener impactos en la disponibilidad de créditos”, aunque señaló que estos serán “acotados y transitorios”, destacando también las holguras de la banca chilena.   El coordinador macroeconómico de Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes) Hermann González, explica a EL PAIS que el RCC es un instrumento nuevo, que existe en 50 países del mundo y que pone a Chile en primera línea en materia de regulación. Reconoce que “sus efectos son inciertos y, en un escenario de economía estancada con tasas de interés altas y condiciones de crédito restrictivas, es difícil hacerlo”. El investigador agrega que el espacio para que el ente emisor tome esta decisión es en el marco del Informe de Estabilidad Financiera que se realiza cada seis meses, por lo que podría haber sido un riesgo esperar seis meses más para tomar la decisión, en el contexto del deterioro de las condiciones financieras internacionales.   González, que adicionalmente tiene el cargo de vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, explica que parte de la incertidumbre de la banca está dada porque “no se sabe hasta dónde puede subir el requerimiento de capital adicional, considerando que el tope, según la ley, es 2,5% de los activos ponderados por riesgo”. En ese sentido, la impresión de Hermann es que el Banco Central pudo haber hecho un esfuerzo mayor “porque no hay ningún valor en sorprender al mercado” con una medida de este tipo. “Hay un aprendizaje, esto es nuevo en Chile y se va ir mejorando su implementación en el futuro”, agrega.   Asimismo, el economista Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP, un centro de estudios liberal chileno, explica que “aunque puede resultar sorprendente esta señal y tener efectos a corto plazo”, si el Banco Central ha decidido utilizarla “es preferible actuar precavidamente para evitar lamentaciones en el futuro”.

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Uribe, cada vez más cerca del banquillo de acusados y más lejos del ala de la Fiscalía

El País .- La justicia desestima, por segunda vez, la petición del fiscal de archivar la causa contra el expresidente por manipulación de testigos y fraude procesal   El expresidente Álvaro Uribe quiere ser un presidente histórico, de los que aparecen en negrita en los libros de texto. Una de sus colaboradoras, en un exceso de grandilocuencia, dijo una vez en público que ya percibía el brillo del bronce en él. Uribe escuchaba azorado. Sus ochos años de gobierno a principios de siglo cambiaron el rumbo de Colombia y, si por él fuese, habría permanecido otros cuatro más. En lugar de eso puso a los dos presidentes siguientes, candidatos elegidos a dedo por él. El uribismo era entonces una fuerza predominante en el país. Con el tiempo, su ciclo político se fue desgastando y la nación acabó en manos de Gustavo Petro, su némesis. Uribe teme que su legado se borre como las olas del mar deshacen las huellas de la arena.   Su mayor preocupación, según los que le rodean, es acabar siendo el primer presidente condenado de la historia de Colombia. Uribe está empantanado por un caso que arrancó en 2018 y del que quiere desembarazarse a toda costa. Por ahora no lo ha conseguido, pese a que maniobró para que cayese en la Fiscalía General, en manos de un fiscal elegido por uno de los presidentes que puso en la silla, Iván Duque. Los jueces, por ahora, han evitado el archivo de la causa. La segunda vez, este martes, cuando una jueza rebatió los argumentos de la Fiscalía para desestimar la causa por manipulación de testigos y fraude procesal. Verlo sentado en el banquillo de los acusados cada vez parece más probable.   En este tiempo, el presidente ha limitado sus apariciones en público. Ha salido poco de su zona de confort, se limita a aparecer en foros donde se siente respaldado o en actos de su partido, donde es poco menos que un Dios. Pasa largas temporadas rodeado de caballos en su finca antioqueña o en la cordobesa, lejos de Bogotá. El caso ha minimizado las apariciones de un hombre que marcó durante casi dos décadas la agenda del país. Le ha afectado tanto que nunca quiere hablar a solas con nadie en una habitación, siempre pide que haya un testigo. Sus palabras se registran como si fuera acompañado de forma perpetua por un notario.   El astuto Petro, nada más llegar al poder, señaló a Uribe como su opositor principal. Fue una forma de desactivar a los que quisieran sacar cabeza y de paso de empoderar a un enemigo político que estaba en sus horas más bajas. A la derecha de Petro se sienta el senador Iván Cepeda, quien empezó todo este laberinto judicial. Uribe demandó a Cepeda por manipulación de testigos —el senador insistía en que el expresidente tenía nexos con paramilitares— y, cuando la Corte investigó el caso, consideró que quien podía estar falseando información era Uribe, que intentaba enlodar a Cepeda.   El hombre de confianza de Petro maneja un discurso de reconciliación y perdón, similar al que se produjo en Irlanda del Norte con el fin del IRA. En su cabeza está formar un gobierno de concertación en unos años, cuando el país esté preparado. Cuando se le pregunta si ese entendimiento pasa por indultar a Uribe, Cepeda guarda un enigmático silencio. Su nombre ha salido en algunas de las reuniones que han mantenido Petro y Uribe, aunque este asunto no se ha tratado de manera tan frontal. Por supuesto, fue en presencia de testigos.   El organizador de estos encuentros entre los expresidentes que han dejado con la boca abierta a los colombianos es el abogado Héctor Carvajal, desconocido hasta ahora. Carvajal defendió a Petro cuando fue destituido e inhabilitado como alcalde de Bogotá y tiempo después se hizo cargo de un caso que implicaba a los hijos de Uribe. Uno y otro estiman a este jurista hecho a sí mismo, que ejerce también de cojuez —juez sustituto—en el Consejo de Estado y en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. El rumor más extendido entre los profesionales vestidos de toga es que Carvajal podría ser el siguiente fiscal general, después de Francisco Barbosa, a quien en la Casa de Nariño, la residencia presidencial, consideran un opositor de facto. En los próximos meses, Petro debe enviar a la sala penal de la Corte Suprema una terna de candidatos para suceder a Barbosa, que en febrero abandonará su cargo y dejará un poco más huérfano a Uribe.   Petro podría promocionar a alguien leal, un amigo personal, que de paso tiene el afecto y el cariño de Uribe. La jugada, en teoría, beneficiaría también al expresidente, aunque tal y como se está comprobando son los jueces los que le encaminan al banquillo. “Tiene derecho a un juicio justo. Es más de lo que tuvieron miles de personas durante sus gobiernos”, dice el periodista Daniel Coronell, con quien Uribe tiene varias denuncias cruzadas. El camino se acaba y no queda mucho para que se sepa si acaba en el banquillo de los acusados, donde nunca se imaginó. Una condena que mancharía el brillo del bronce.

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Los grandes acuerdos marcan el último paso del borrador de la Constitución en Chile

El País –– La comisión de expertos está a punto terminar el texto que será la base para el trabajo del Consejo Constitucional. Un hito ha sido la aprobación del Estado social de derecho La primera fase del proceso constitucional chileno, el segundo en menos de tres años, entró en su etapa decisiva. Este martes, el pleno de la comisión experta, compuesta por 24 integrantes que fueron nombrados por los partidos políticos con representación el Congreso, ha comenzado a votar los primeros 16 artículos del anteproyecto, y aprobó uno que pone una bandera que había sido levantada por años desde sectores de la centroizquierda: la consagración de que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Es un texto que ha sido elaborado a partir de marzo y ha contado con acuerdos políticos transversales, desde la extrema derecha a la izquierda más dura. Es, a la vez, un borrador, pues será entregado como base de trabajo al Consejo Constitucional, que fue electo a comienzos de mayo, y que asumirá el próximo 7 de junio con la tarea de presentar al país una nueva propuesta de Carta Magna.   Además, fue aprobado el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas “como parte de la Nación chilena” y el compromiso del Estado de respetar y promover sus derechos individuales y colectivos. También, entraron al borrador artículos que aseguran la participación política de las mujeres, como el que establece que la ley asegurará “el acceso igualitario de hombres y mujeres a los mandatos electorales y cargos electivos”; el interés superior de niños, niñas y adolescentes y, entre otros, que Chile “adopta para su Gobierno la República democrática con separación de poderes y régimen presidencial”.   Este nuevo intento de cambiar la Constitución, que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se inició el 7 de marzo con la instalación de la comisión experta, una instancia que está constituida por una mayoría de juristas. Es un proceso completamente distinto al anterior y fue fruto de un acuerdo político que surgió tras el fracaso de la convención constituyente, cuyo propuesta de Carta Magna, que era muy transformadora, fue rechazada por el 62% en septiembre de 2022. Además, contiene 12 bordes constitucionales de los que los consejeros no podrán salirse, entre ellos que Chile es una República democrática, un Estado unitario y un Estado social.   Pese a eso, la arquitectura que debía tener la declaración de Estado social generó varias discusiones ideológicas dentro de la comisión entre las izquierda y las derechas, sobre todo respecto de la elección de las prestaciones de salud, que en Chile son públicas y privadas. Sin embargo, el tono moderado que presentaron los 24 expertos –12 hombres y 12 mujeres– desde que asumieron en marzo, permitió que llegaran amplios acuerdos que han sido destacados por sus propios integrantes aun antes de las votaciones de los artículos, las que se prolongarán durante toda esta semana. Un ejemplo de ello es lo que dijo, hace unos días, el consejero socialista Gabriel Osorio: “El acuerdo de la comisión experta para el anteproyecto de nueva Constitución es inédito. Esta es la primera vez que hay un acuerdo constitucional suscrito por representantes de todos los sectores políticos. Espero que este diálogo democrático continúe en el Consejo Constitucional”. Avances y acuerdos La comisión trabajó en cuatro subcomisiones: sistema político, reforma constitucional y forma de Estado; función jurisdiccional y órganos autónomos; principios, derechos civiles y políticos, además de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Fue la semana pasada cuando todos estos grupos llegaron a los primeros acuerdos transversales, por los que en los plenos que vienen se avizora el respaldo a sus propuestas. “Son normas que hacen sentidos, porque dialogan con nuestra tradición constitucional, que resuelven problemas de nuestro sistema político. Los momentos constituyentes no son refundacionales, sino que buscan escribir nuevas constituciones para resolver problemas concretos”, comentaba el vicepresidente de la instancia, Sebastián Soto, nombrado por Evópoli, partido de derecha moderada.   Y, otra muestra más de cómo se ha ido a llegando a consensos, también se refleja en lo que dijo el único integrante del Partido Comunista, Alexis Cortés, previo a votar los primeros artículos: “Nuestras frustraciones mutuas son una buena noticia para el proceso”. La comisionada Antonia Rivas, de Convergencia Social, partido del presidente de izquierdas Grabriel Boric, también destacó el tono conciliador: “Muchas veces los comisionados nos encontramos en la vereda política opuesta, y por momentos nuestras posturas parecían irreconciliables. El texto que hoy se vota, refleja que con diálogo, entendimiento y respeto es posible llegar a un acuerdo en común”.   Dentro de los artículos que se votarán hasta la próxima semana, y que ya tienen consenso, se encuentran la consagración, por primera vez, del derecho a la vivienda, además de varias normas clave sobre sistema político. Por ejemplo, hay una cirugía profunda al sistema de partidos políticos, cuya fragmentación actual en el Congreso –hoy hay 21 colectividades– ha provocado tanto dispersión como falta de acuerdos.   Ante ello, la comisión experta ha propuesto que solo los partidos que alcancen un cinco por ciento de los votos en la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados “tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional”. También se impulsó crea una norma antidíscolos, que consiste que el diputado o senador que “renuncie al partido que hubiera declarado su candidatura”, perderá su cargo parlamentario. Actualmente, hay una veintena de independientes pero, salvo el diputado Carlos Bianchi, todos fueron elegidos en listas de partidos.   También se votará una norma sobre paridad, pero que será transitoria, para que en elecciones ningún sexo supere la proporción 60%-40%. En este caso, no se logró acuerdo en la propuesta del oficialsimo por alcanzar el 50%-50%.   El debate por el Estado social   Las primeras votaciones del anteproyecto este martes correspondieron a las normas que presentó la subcomisión de principios, derechos civiles y políticos para el primer capítulo, la de Fundamentos del orden institucional, que presidió Máximo Pavez, de la UDI, partido

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Los científicos estiman meses de intensa ceniza por el Popocatépetl: “Es probable que haya muchos episodios como el que hay ahora”

El País .– Después de cientos de explosiones y más de 40 horas seguidas de emisiones, los investigadores apuntan a que el volcán se estabilizará, sin una erupción dramática, pero con niveles altos de actividad Hay un gigante rugiendo bajo la tierra del centro de México. El volcán Popocatépetl está activo desde 1994 y todo el mundo lo sabía, pero desde hace unos días se han disparado las alarmas por su actividad creciente: son cientos de explosiones en más de 40 horas ininterrumpidas. Alrededor de 7.000 soldados se han movilizado a los Estados de Puebla, Morelos y Estado de México por si hace falta organizar una evacuación de las poblaciones cercanas al volcán, se han suspendido las clases en 40 municipios y se ha fijado un perímetro de seguridad de 12 kilómetros en torno al Popo. Está todo preparado, pero los científicos llaman a la calma: este episodio no es único, ha pasado antes muchas veces y a lo que apunta la historia reciente es a que el volcán se estabilizará, sin una erupción dramática, en un nivel alto de actividad y emisión de cenizas. “Es probable que en los próximos meses haya muchos episodios como el que hay ahora”, apunta el vulcanólogo Robin Campion. El investigador contesta el teléfono a EL PAÍS en un intermedio entre sus viajes al gigante activo: “Es un escape de gas continuo que genera mucho ruido y lleva consigo los fragmentos incandescentes y la ceniza”. Ha pasado tres días en el Paso de Cortés, la brecha entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, monitoreando. Trae los ojos irritados, la nariz algo roja. La emisión de ceniza no es inocua. Esta noche vuelve a irse, va a acercarse cuatro kilómetros más, dentro del área restringida. Son días de mucho trabajo para los investigadores que han dedicado su carrera a estudiar los volcanes mexicanos: “Lo que más destaca es la duración del episodio, 40 horas sin parar. Es un episodio anómalo por su duración, por la producción constante de ceniza por tanto tiempo”, describe. Esta ceniza ahora está cayendo sobre el Estado de Puebla y ha obligado a cerrar el aeropuerto Hermanos Serdán, pero los próximos vientos se dirigen a Ciudad de México, donde el sábado se desató el caos en el ya saturado AICM por el cierre solo durante unas horas de las pistas. “La probabilidad de que la ceniza se dirija a Ciudad de México es muy alta. Sabemos que durante el invierno las cenizas van hacia Puebla, pero a partir de mayo, en junio y julio es hacia Ciudad de México”, explica la investigadora Ana Lillian Martin en una conferencia organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La experta en vulcanología señala que las cenizas irritan las vías respiratorias, los ojos y también pueden dar picor de piel. Al mojarse se enlodan y crean una pasta difícil de deshacer. Oscurecen el medio ambiente y se pueden colar en los motores de los aviones, dañar los parabrisas de los coches. También afectan a las telecomunicaciones de los celulares, por ejemplo. Así, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha recomendado quedarse en interiores, tapar puertas y ventanas, usar mascarilla y gafas si hay que salir al exterior y evitar manejar. ¿Cuánto tiempo habrá que estar así? “Para eso no tenemos una bola de cristal”, responde el vulcanólogo Robin Campion, que señala que es difícil hacer pronósticos exactos en las tres velocidades que se manejan: no se sabe cuánto va a durar este episodio —pueden ser días—, ni cuándo acabará este período más intenso que acaba de comenzar —pueden ser meses—, ni cuándo volverá a dormirse un volcán que lleva tres décadas despierto —pueden ser años—. “Hay que ser humildes: hay muchas cosas que no tenemos manera de pronosticar con respecto al volcán”, explica Campion, “cuantificar es importante, porque permite comparar la actividad actual con las anteriores, es como medir un río y sus inundaciones”. “Lo que estamos viendo en términos geológicos es algo pequeño” Los tiempos de los volcanes no son como los humanos. Ayuda imaginarlos como grandes máquinas que acumulan energía y después la liberan. Por ejemplo, explica el investigador Servando de la Cruz, en el Popocatépetl hubo una gran erupción hace 23.000 años y también hace 14.000. Otra en el año 800. “Estos episodios muy violentos están muy separados en el tiempo. El otro tipo de actividad es una actividad de ciclos más pequeños, más fáciles de gestionar por parte del volcán, como ocurrió de 1919 a 1927, o de 1994 hasta ahora”, describe el experto de la UNAM. Dentro del Instituto de Geofísica se contempla que cada 70 años el volcán se reactiva, dura un tiempo despierto y después se vuelve a dormir. Desde hace casi tres décadas está con un ojo abierto. En este último periodo de actividad se han registrado muchos episodios como el de ahora: ocurrió en diciembre de 1994 y en el 2000, también en 2012, en 2019 y 2020. Los picos de energía de estos días de mayo todavía no han superado, por ejemplo, los de inicio de siglo. “En la actividad del 2000 se evacuaron a 42.000 personas, 14.000 se fueron a albergues. No estamos en esa situación ni en esa condición”, señala el investigador Carlos Valdés. Esa misma idea la apuntala Carlos Gutiérrez Martínez, director de Investigación del CENAPRED: “El volcán tiene una edad de al menos medio millón de años. Sin querer minimizar el problema, lo que estamos viendo en términos geológicos y volcánicos es algo pequeño”. La imagen de ahora se empezó a fraguar a final de diciembre, explica Robin Campion. El volcán empezó a recargarse de magma juvenil, que es más rico en gases —y son los gases el motor de las erupciones—. El aumento primero fue gradual. El 10 de mayo a las 00.05 horas un estruendo hizo vibrar las ventanas de las poblaciones más cercanas, el sonido despertó a los vecinos. Se registraron más explosiones, hasta que, finalmente, el 19 de mayo saltaron acelerados los parámetros que miden los gases, el

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Libre uso de armas, privatizaciones y el fin del aborto legal: el programa de Javier Milei para gobernar Argentina

El País .– El diputado de ultraderecha se perfila como tercera fuerza en las presidenciales de octubre y marca la agenda del debate político Al grito de “los zurdos tienen miedo”, Milei convocó a una multitud el pasado domingo en uno de los eventos más esperados de la Feria del Libro de Buenos Aires. La noche no parecía estar para celebraciones. El domingo también hubo elecciones en tres provincias del país y su partido apenas figuró. La única candidata que aupó, una pastora evangélica que se postuló a gobernadora en Tierra del Fuego, quedó tercera con apenas el 7% del padrón, tres veces menos que los votos en blanco. Mientras terminaba el conteo, el diputado libertario, que lidera en muchas encuestas presidenciales en Argentina, presentó un libro ante una sala llena que enloqueció apenas atravesó la puerta. Milei había renunciado hace dos semanas a apoyar candidaturas en las provincias por falta de recursos y sus pocos candidatos se evaporaron en el aire. Poco importaba. Su partido busca centrarse en la batalla más grande: las primarias de agosto y las presidenciales de octubre.   En la línea de Jair Bolsonaro o Donald Trump, las propuestas de Milei de eliminar el Banco Central para dolarizar la economía, privatizar las empresas estatales, o liberar la venta de armas –y la de órganos– han marcado el debate público en los últimos meses. Este martes por la noche, una abogada publicó extractos de su programa de Gobierno en Twitter y las propuestas se convirtieron en el gran tema de debate. El fin del aborto legal y la educación sexual en las escuelas, un sistema de salud público de pago, o la unión de los sistemas de Seguridad y Defensa para que el Ejército tenga un despliegue mayor en el territorio nacional son algunos de los caballos de batalla de un candidato que saltó de la televisión al Congreso en solo cuatro años y hoy seduce a un tercio de los argentinos.   La Libertad Avanza, el incipiente partido que da cara a la ultraderecha argentina, se presentó el pasado 10 de mayo ante la justicia electoral para ser reconocido como persona jurídica. El debate electoral arde en Argentina, pero con las primarias de agosto como primer horizonte a la vista, aún no se han definido programas. El de Milei saltó a la luz porque fue incluido entre los documentos que se presentaron ante el juzgado encargado de darle personería a su partido.   “No queda más tiempo, por eso proponemos el cambio estructural que la Argentina necesita hoy para volver a ser potencia”, dice el programa de Milei. La Libertad Avanza propone un repaso histórico de una Argentina que fue “tierra prometida” de la migración europea del siglo XIX, que “se mantenía gracias al esfuerzo, trabajo y motivaciones de ascenso social de su clase media trabajadora”, hasta un país que Milei considera destruido por “los gobiernos populistas y totalitarios que marcaron el cambio de época de mediados del siglo pasado y coadyuvaron para la relajación de esa metodología de vida y trabajo”.   El candidato de ultraderecha propone un plan de tres etapas para promover “un fuerte recorte del gasto público”, que incluye la privatización de las empresas del Estado, eliminar los subsidios y recortar el gasto en pensiones para promover un sistema privado, como el que rigió en los años noventa y desmanteló el kirchnerismo . En Salud y Educación, dos banderas del Estado argentino que bajo su Gobierno formarían un ministerio conjunto, Milei planea empezar a cobrar los servicios que den los hospitales públicos e implementar un sistema de “cheques educativos” para dejar de financiar al ministerio de Educación y que los padres inviertan el dinero en escuelas privadas. La libre venta de armas de fuego y la transición hacia un sistema penitenciario de gestión público-privada que se militarizaría hasta completar el giro, son algunas de sus propuestas de Seguridad.   Milei también propone una reforma laboral que elimine las indemnizaciones por antigüedad, derogar la ley de tierras rurales que impide vender a extranjeros parcelas que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras, “proteger al niño desde la concepción” y cobrar los gastos médicos de los residentes extranjeros que demuestren solvencia económica.   Para revertir la crisis económica que padece Argentina, la prioridad de Milei será “liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios” y eliminar las retenciones a exportaciones. Su idea estrella de “quemar” el Banco Central para eliminar el peso argentino solo se daría tras el final de un plan proyectado a 35 años.   Un partido sin estructura nacional lopara pelear por la presidencia Milei repunta en las encuestas incluso a pesar de sí mismo. El candidato de la ultraderecha argentina gana popularidad a gritos de “echar a patadas en el culo” a “la casta política”, pero la falta de una estructura nacional para su partido le ha llevado a formar alianzas con viejos conocidos en todo el país. Entre ellos Ricardo Bussi, legislador de la provincia de Tucumán, hijo de un represor de la dictadura militar y político profesional desde 1987; o el diputado de La Rioja Martín Menem, sobrino del expresidente neoliberal Carlos Saúl Menem e hijo de otro legislador histórico de su provincia. Menem también fue el segundo candidato a gobernador provincial apoyado por Milei en las ocho elecciones que el país ha visto desde abril. Salió tercero con el 15,56% de los votos.   La última incorporación a sus listas ha sido la de su compañera en el Congreso, la abogada Victoria Villarruel, como su candidata a la vicepresidencia. Hija y nieta de militares, Villarruel saltó a la luz pública como defensora de los militares acusados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. “Hay que reformar inevitablemente la ley de defensa nacional para que los militares puedan operar dentro del territorio”, defendió esta semana en una entrevista televisiva junto a Milei. Según las últimas encuestas, están entre los favoritos para encabezar las primarias abiertas que se celebrarán en agosto, mientras el peronismo Gobernante y la oposición

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