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Uruguay triplica su cantidad de presos en 20 años y ya tiene la tasa más alta de Sudamérica

Internacionales / streaming streaming / 16/04/2023

EL PAÍS .- Cuatro de cada 1.000 uruguayos están en la cárcel. Las drogas y el hacinamiento lastran el sistema punitivo nacional La sólida estructura social y política que suele exhibir Uruguay se resquebraja en las áreas que conforman su sistema penitenciario. Con cuatro de cada 1.000 uruguayos en prisión, el país tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur y se ubica en el puesto 12 a escala mundial. La población carcelaria se ha triplicado en las dos últimas décadas y crece a un ritmo de un 10% anual, provocando el colapso de parte del sistema, con altos niveles de hacinamiento y violencia interna, según lo refleja el informe de la oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. De acuerdo con los datos oficiales, en 2002 Uruguay tenía aproximadamente 5.000 personas privadas de libertad. En 2022, eran casi 14.500. En el país hay 26 establecimientos penitenciarios, con un promedio de ocupación del 123% (123 personas cada 100 plazas), aunque ese porcentaje de hacinamiento crítico se dispara sobre todo en el área metropolitana de Montevideo. El informe detalla que solo un 10% del total de reclusos se encuentra en unidades que reúnen las condiciones y oportunidades de rehabilitación e integración social, un 56% no cuenta con suficientes oportunidades, mientras que un 34% pasa su reclusión en condiciones de “trato cruel, inhumano y degradante”. “Uruguay tuvo un modelo penitenciario muy notable hasta la época previa a la dictadura (1973-1985). Las cárceles dependían del ministerio de Educación y tenían una guardia penitenciaria que actuaba con mecanismos preventivos de diálogo y reservaba la violencia para los casos extremos”, dice Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. Señala que ese modelo fue desmoronándose hasta que fue intervenido por el Ministerio del Interior durante la dictadura y se mantuvo bajo su órbita en democracia. Según Petit, la explosión demográfica carcelaria se explica, en parte, por la aparición y circulación masiva de drogas como la pasta base de cocaína en los años 2000 y las consecuentes formas de exclusión social y criminalidad que esta trajo aparejada. Dos décadas después, las cárceles uruguayas están superpobladas de jóvenes varones menores de 35 años (el 75% del total), condenados en su mayoría por delitos de hurto, tráfico o venta de estupefacientes y rapiña, con una trayectoria vital marcada por la deserción del sistema educativo y el consumo problemático de drogas. En ese sentido, un informe de ASSE –principal prestador público de salud- indica que las adicciones afectan al 80% de los reclusos, mientras que otro diagnóstico del ministerio de Educación muestra que el 53,5% de los ingresados en 2022 era analfabeto. “Se requiere una especie de unidad de cuidados intensivos para recuperar el tiempo perdido, sanar y transformar”, dice Petit. Sin embargo, el informe muestra que las respuestas del sistema carcelario uruguayo son deficientes y la reclusión se convierte en un eslabón más de la violencia social que conlleva el delito. En 2021, hubo 224 reclusos heridos graves y otros 45 murieron de forma violenta. La reincidencia es del 60%. “Hay pocos programas, con bajos niveles de cobertura y poca capacidad para diseñar e implementar tratamientos individualizados que atiendan las causas del delito y busque modificarlas”, dice Ana Vigna, socióloga e investigadora especializada en sistema penitenciario. La consecuencia más obvia de esto, añade, es que Uruguay está hipotecando el potencial de generaciones de jóvenes, que no logran salir de un circuito dominado por la violencia, el delito y la cárcel. Vista exterior de la cárcel de Santiago Vázquez, en Montevideo.ERNESTO RYAN (GETTY IMAGES) Dentro y fuera del sistema “Para sobrevivir, tenés que estar todo el día a prepo (con prepotencia). Prepo para comer, prepo para salir al patio, prepo para conseguir un colchón. Cuando salís a la calle, seguís en la misma: prepo, prepo y más prepo”, le comentó un joven recluso a Petit mientras el comisionado recorría un centro penitenciario. “Cuando miramos lo que pasa en el tejido social carcelario, también estamos viendo el mismo tejido relacional de aquellos barrios donde la violencia transformó los mecanismos para alcanzar objetivos”, dice Petit. Ese vivir deprisa, a prepo, busca tapar la angustia de un encierro sin oportunidades y está estrechamente ligado al consumo de drogas que afecta a la mayoría de los reclusos. “Es fundamental empezar a desarrollar un programa de tratamiento de las adicciones en todo el sistema penitenciario”, remarca Petit. En 2022, solo 344 reclusos participaron en un programa para tratar el uso problemático de drogas, según datos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Los “efectos perversos” de estas condiciones de reclusión no solo se manifiestan en la dinámica cotidiana de los establecimientos carcelarios, acota Vigna, sino que los traspasa y golpea de lleno a la sociedad, sobre todo a las personas vinculadas afectivamente con los reclusos. “Sentimos que estamos pagando por un delito que no cometimos”, sostiene Gabriela Rodríguez, de Familias Presentes, asociación creada en 2022 por familiares de personas privadas de libertad en Uruguay. Rodríguez sostiene que en varios centros los familiares hacen colas de tres o cuatro horas, con sol o lluvia, frío o calor, para acceder a las visitas, y en muchos casos deben desnudarse íntegramente durante el control por la falta de escáneres. “Es un nivel tremendo de invasión a la intimidad”, afirma. Además, explica que reciben muy poca información de sus familiares recluidos: si están sanos o heridos, si fueron trasladados de celda o de prisión. “Es incomprensible y nos genera sentimientos de mayor angustia e incertidumbre”, añade. Rodríguez se hace eco de la demanda extendida de programas estratégicos de rehabilitación, al tiempo que pide el fin de los encierros permanentes en las celdas, de 24 horas, que afecta a un número significativo de reclusos, incumpliendo las Reglas Mandela que estipulan un mínimo de una hora diaria al aire libre. La situación de las mujeres En medio del “agotamiento estructural” que padece el sistema penitenciario, la población privada de libertad ha crecido a un ritmo sostenido de un 10% anual, aunque en el caso particular de las

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La paradoja de Latinoamérica: región líder en producción de alimentos y donde más se encarece la comida

Internacionales / streaming streaming / 13/04/2023

EL PAÍS .– Si bien la inflación alimentaria ha aumentado en todo el mundo, la FAO asegura que la magnitud del fenómeno en Latinoamérica y el Caribe es mucho mayor que en otras regiones América Latina vive una paradoja. Es una región líder en producción de frutas, verduras, pescado y carne a escala mundial y exporta cientos de miles de millones de dólares en comida cada año. Pero es también la región en donde más se ha encarecido la comida, por lo que casi 57 millones de personas pasan hambre. El problema se ha agudizado a partir de la pandemia de la covid-19, cuando quedaron expuestas las vulnerabilidades de la región, entre ellas una subinversión en el desarrollo de fertilizantes propios. Si bien la inflación, tanto general como la de alimentos en particular, ha aumentado en todo el mundo, la magnitud del incremento en Latinoamérica y el Caribe es mucho mayor que en otras regiones, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La tasa de inflación de los alimentos promedio para la región alcanzó 43,9% en septiembre de 2022, muy por encima, por ejemplo, del 30% registrado en Asia, región con la segunda inflación alimentaria más alta en el mundo. El fenómeno guarda relación con varios factores. La depreciación de las monedas en los respectivos países impacta el precio de aquellos alimentos importados. El incremento en el precio de los combustibles, también a escala global, afecta el transporte y la distribución. Además, la guerra en Ucrania ha tenido también un efecto importante ya que Rusia es uno de los principales suministradores de fertilizantes a América Latina y la guerra complicó tanto la producción como la compra de éstos productos desde febrero del año pasado. La región es exportadora neta de alimentos. América Latina acumula el 14% de la producción mundial de productos agrícolas y pesqueros. Brasil y Argentina han apostado por las tecnologías transgénicas para multiplicar sus cultivos, mientras que, en México, empresarios de sectores como el aguacate han invertido en fuertes campañas publicitarias en el exterior para colocar su producto. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) asegura que la región exporta anualmente productos por valor de 160.000 millones de dólares. El 87% de esta cantidad tiene como destino otras regiones del mundo; solo el 13% restante se queda en los países productores. Esta es una de las razones por las que resulta paradójico que 49,4 millones de personas en América Latina y 7,2 millones en el Caribe pasen hambre, según datos de la Cepal. El 5 de abril, México encabezó una videollamada con seis jefes de Estado y dos ministros de la región para llegar a un acuerdo en la reducción de aranceles que pudiera resultar en menores precios de productos básicos. La idea era buscar “soluciones conjuntas frente a las presiones de precios y la carestía presentes en la región”, así como “fortalecer la integración y el comercio regional”, según la declaración de la alianza. “Para abordar una posible crisis de seguridad alimentaria y hambre, los países pueden implementar una serie de respuestas políticas integradas”, recomendó la FAO en un reporte publicado el martes. “Los programas de apoyo agrícola, como proporcionar a los agricultores semillas, fertilizantes y herramientas, así como capacitación e infraestructura, como sistemas de riego, pueden ayudar a mejorar la producción de alimentos”. Las políticas de protección social, empezando por los programas de alimentación en las escuelas o vouchers o transferencias monetarias, pueden ayudar a la población de bajos ingresos a acceder a alimentos nutritivos, apuntó la multilateral. “Las políticas de regulación de precios pueden garantizar que los alimentos estén disponibles y accesibles a precios asequibles”, señaló el organismo.

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Sin gasolina, con colas fantasma y sin ver la luz al final del túnel en Cuba

Internacionales / streaming streaming / 10/04/2023

EL PAÍS .– Una nueva crisis de abastecimiento de combustible semiparaliza el transporte público y privado en la isla. En Cuba no escampa. Ni se ve la luz al final del túnel. Luego de meses de apagones debido al pésimo estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en los últimos días una nueva crisis de abastecimiento de combustible ha semiparalizado el transporte público y privado en Cuba, provocando colas kilométricas en las gasolineras y escenas delirantes, como la de cientos de choferes y taxistas durmiendo en sus vehículos durante varios días a la espera de un camión cisterna que nadie sabe cuándo llegará. Son las llamadas “colas fantasma”, que la gente hace a cuenta y riesgo en los alrededores de los destartalados servicentros que despachan gasolina y diésel, pero solo por si acaso, sin seguridad alguna de que finalmente se produzca el milagro de repostar. Para matar el tiempo y el aburrimiento, algunos hasta jugaban al dominó bajo un árbol. “Estamos peor que nunca. Uno ya no sabe para dónde mirar”, dice Manuel, dueño de un Lada ruso que tiene más de 40 años rodando por las calles de La Habana. Es Sábado de Gloria, y Manuel habla en la fila con otros dueños de coches. Entre ellos comentan que antes se han vivido otras crisis similares y que al final la situación se ha normalizado. “Esto no puede seguir así, sin abastecimiento de combustible no se puede estar mucho tiempo, porque si no todo colapsa”, dice el interlocutor más optimista. Piensa que, como en otras ocasiones, las autoridades acabarán “por resolver un barco de petróleo en algún lado” y que esta nueva crisis también pasará. Varios se le echan encima. “No, compadre. La situación hoy es diferente. Esto ya es cíclico. Cuando no es la gasolina es el apagón, y después faltará el pollo y habrá que conseguir un barco de pollo, y de nuevo faltará el diésel…”, argumenta un joven que dice estar haciendo los papeles en la embajada española para adquirir la nacionalidad y marcharse del país. En el último año, cerca de 320.000 cubanos —el 3% de la población— entraron ilegalmente a EEUU por la frontera mexicana, según datos de los servicios migratorios norteamericanos. En una cola fantasma se puede escuchar cualquier opinión, hasta la más extrema y exagerada. Pero lo cierto es que el momento actual es especialmente difícil para todo el mundo. El transporte público desde hace años viene funcionando muy mal. En La Habana, una ciudad de más de dos millones de habitantes, en diciembre de 2021 había solo 878 autobuses, o guaguas, (menos de la mitad que a principios de los años noventa), y de ellos 440 no funcionaban debido a falta de neumáticos, baterías, filtros de aceite, material para coger pinchazos, y por roturas diversas. Hoy la situación es incluso más grave, admiten las autoridades, que han reconocido que se trata de la peor crisis del transporte público en los últimos 10 años. El problema se agrava con el actual desabastecimiento de combustible. En la capital, las paradas de autobús están abarrotadas y la gente tarda horas en cubrir un trayecto entre el centro y los barrios más alejados. Los taxis ruteros y los privados, que eran una alternativa, también se detienen y cobran cada vez más caro los trayectos a una población que ya está exhausta por la inflación. El salario de un profesional en Cuba está entre los 4.000 y 5.000 pesos, mientras que un litro de aceite vegetal cuesta 700 y un kilo de leche en polvo, 2.000—. En el mercado informal, un euro equivale a 185 pesos. Más allá del actual déficit de combustible, diversos economistas aseguran que la crisis cubana es general y estructural, de modelo. Y que el Gobierno debe introducir verdaderas reformas de calado y liberalizar la economía, no seguir poniendo parches que a estas alturas ya no funcionan. “El asunto es de vida o muerte, de máxima prioridad”, indica el economista cubano Omar Everleny, que recuerda que acaban de cumplirse tres décadas del informe Solchaga, que redactó en 1993 el exministro de Economía de Felipe González Carlos Solchaga sobre los cambios que deberían introducirse en la isla para hacer sostenible el sistema. “Resulta llamativo que el informe parece recién redactado. Parte de sus apreciaciones están vigentes hoy. Me pregunto si se necesitan nuevos diagnósticos o lo que se necesita es poner en marcha algunas de esas recomendaciones”, considera Everleny. Observa este economista que es cierto que hace dos años “por fin se aprobó” la ley que ha permitido la creación de más de 7.000 pequeñas y medianas empresas privadas, una de las demandas de Solchaga, y aunque estas empiezan a convertirse en el factor más dinámico de la economía, todavía diversos obstáculos lastran su funcionamiento —como los elevados impuestos, la excesiva burocracia que ralentiza y complica cualquier gestión o la ausencia de un mercado cambiario oficial que permita a los nuevos empresarios adquirir las divisas que necesitan para importar y cerrar el ciclo de sus negocios—. En aquel informe, recuerda Everleny, Solchaga advertía de la importancia del ritmo y de la concepción de una reforma integral. “La globalidad de la reforma es, en nuestra opinión, un ingrediente esencial del éxito. Pero no es el único requisito. También hace falta que las medidas se adopten con la máxima urgencia. Que se hagan antes de que el deterioro económico desemboque en una irreversible degradación y caos que comprometa la confianza de la nación en sí misma y erosione el liderazgo de sus dirigentes. En la actual situación económica, la pasividad o el empeño en reformas parciales equivale, con toda probabilidad, a confiar en que sea el exterior quien imponga la filosofía, ritmo e intensidad de las reformas”, expresaba en el documento el exministro español. A juicio de Everleny, aunque algunas de sus sugerencias hayan sido puestas en práctica en años recientes, las reformas de calado se han aplazado “durante demasiado tiempo”. Todavía, asegura, “se sigue pensando en la llamada empresa socialista estatal, sin comprender que el Estado debe

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Guayaquil, la ciudad ecuatoriana donde cunde el terror del crimen organizado, según diario El País

Nacionales / streaming streaming / 09/04/2023

EL PAÍS .- Las balaceras se multiplican mientras el Gobierno deja en manos de los ciudadanos el combate contra la inseguridad La promesa de mano dura del Gobierno ecuatoriano y de ganar la guerra que declaró contra el crimen organizado hace dos años, después de tres masacres carcelarias que cobraron la vida de 200 presos, cambió con el reciente anuncio del presidente Guillermo Lasso de autorizar la tenencia y porte de armas a civiles para defensa personal, llamando al combate a todos. “Tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación el 1 de abril y que ha desatado toda clase de críticas. “Esto es parte de la mirada militarista de la seguridad que ha venido implementando el presidente”, señala el analista Luis Carlos Córdova y que, en su opinión, “ahora traslada la responsabilidad a la sociedad civil”. La decisión del presidente llega cuando el país enfrenta la peor crisis de inseguridad de su historia. En el 2022 los homicidios intencionales alcanzaron una cifra récord de 4.603, eso significó un 83% más que en el 2021 y ubicó al país como uno de los más violentos de América con una tasa de 25 crímenes cada 100.000 habitantes. El foco de esa violencia se concentra en Guayaquil, la ciudad costera más importante, que además, mueve gran parte de la economía por tener cinco de los ocho puertos del país y que históricamente han atraído una importante migración interna que busca oportunidades de una mejor vida. Pero las políticas públicas de la ciudad no han sabido responder al crecimiento de la población, y lo que ha hecho es excluir a los barrios de las obras públicas, y “se han convertido en un búnker para los grupos delincuenciales”, dice Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil. Por lo menos unas diez bandas criminales disputan a sangre y fuego el poder de territorios, a través de extorsiones, secuestros, robos, asesinatos perpetrados por sicarios y atentados terroristas. Pintan su insignia en las paredes para sembrar terror en la población que ha cambiado su dinámica de vida. “Ahora pasamos [el tiempo] encerrados en las casas”, dice Virginia Cedeño, una madre de cuatro hijos que vive en el barrio Isla Trinitaria, un sector deprimido del sur de la ciudad, donde la mayoría de sus habitantes viven del trabajo informal, ante la falta de oportunidades. El sector se formó por invasiones, a los que con los años el Municipio llevó los servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado. En el mejor de los casos, las calles tienen asfalto. La falta de planificación hace de estos lugares una masa de concreto, sin vegetación, ni parques, que crecieron desde las orillas de los esteros, los brazos de mar que llevan a los puertos. Jamás imaginaron que su ubicación se convertiría en un factor estratégico para los delincuentes que se dedican a traficar con droga utilizando los contenedores de carga. El miércoles por la noche, 25 jóvenes armados en motocicletas fueron con pintura a marcar las paredes de las casas de la Isla Trinitaria. “LK, CZ”, escribieron en los muros de varias cuadras. “Significa Latin Kings, y las otras letras deben ser del nombre del sujeto que ganó la guerra. Ahora el barrio le pertenece”, dice Virginia, quien describe que la pugna ha desangrado al barrio, también arrebató la vida de su esposo, quien fue asesinado hace ocho meses a pocos metros de la casa. Casi se han normalizado las balaceras que se producen constantemente en el sector, por lo que las armas han dejado de ser algo extraño. “Yo usaría un arma si es que la vida de mis hijos estuviera en peligro”, añade la madre, que ha visto cadáveres en el portal de su casa, y ha sufrido las consecuencias de explosiones de bombas que lanzan los criminales sin distinguir. Aunque reflexiona sobre las consecuencias legales: “El problema es que los delincuentes son protegidos por la justicia en este país”. Hay razones suficientes para los temores de Virginia, cuando tanto el Gobierno como el sistema judicial permitieron la libertad del principal cabecilla de una de las bandas más peligrosas de Ecuador. A través de un informe favorable de la dirección de la prisión y de una medida cautelar concedida por un juez, alias JR, sentenciado por siete asesinatos, se fue a su casa con un grillete electrónico. Publicaba en redes sociales las fiestas en burdeles y las armas que usaba su equipo de seguridad. Después, intentaron asesinarlo, se quitó el dispositivo y se esfumó. Ahora es de nuevo prófugo de la justicia. Por ahora, Virginia no tiene las posibilidades económicas para acceder a un arma, ni a las municiones, ni al curso de entrenamiento que demanda el permiso para tenerla legalmente. El Ministerio de Defensa es el que debe entregar los certificados de destreza en armas, el Ministerio de Salud tiene a cargo las pruebas psicológicas y se deberá implementar un sistema de registro que estará bajo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero existen dudas de que los certificados que se emitan para tener armas se obtengan de forma regular, dada la corrupción reconocida en las instituciones. Incluso el Gobierno de Estados Unidos retiró la visa a varios generales por presuntos vínculos con el narcotráfico. En noviembre pasado, en la bodega policial del cuartel Modelo, en Guayaquil, descubrieron que faltaban 150 armas, que algunas se han encontrado en escenas de crímenes. Otro hecho trascendental ocurrió en 2018, cuando se allanaron las oficinas de la Comandancia del Ejército en Quito para desarticular una red que traficaba armas del Ejército y las vendía a alias Guacho, cabecilla de las disidencias colombianas conocidas como Frente Oliver Sinisterra. “Si es que esas condiciones existen en el país, pretender que con más armas importadas no va a crecer el tráfico de armas interno es una ingenuidad”, explica Córdova. El Ministerio de Salud también ha estado envuelto en escándalos por emitir de forma irregular 2.300 carnés de discapacidad en el año

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El chavismo enarbola la lucha anticorrupción y redobla la purga interna

Internacionales / streaming streaming / 07/04/2023

EL PAÍS .- Los mandos bolivarianos pretenden recuperar terreno y legitimidad ante su militancia con un tono inusualmente jacobino en torno a la moral pública. La purga política que ha iniciado el Gobierno de Nicolás Maduro enfundada en la consigna anticorrupción y que ya ha llevado a importantes cuadros políticos y gerentes públicos a prisión, no tiene precedentes en la historia del chavismo. En el epicentro de las tormentas, señalado de forma tácita, y en total silencio, se encuentra Tareck El Aissami, hasta hace poco uno de los pilares más poderosos del andamiaje revolucionario. El proceso anticorrupción en curso es la comidilla cotidiana y el tema de conversación por excelencia en las calles, la mayoría de las veces de manera socarrona e incrédula. La radio y la televisión oficial adelantan la información con prudencia, pero la indignación, cuando no la decepción, hierve en las redes sociales. El fiscal general, Tarek William Saab, ha declarado que 51 personas – entre altos funcionarios y empresarios vinculados al régimen- tendrán que presentarse ante los tribunales por existir “elementos de convicción” que indican que forman parte de una trama fraudulenta hilvanada para desviar los fondos de la república en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la siderúrgica Corporación Venezolana de Guayana. Saab informó que 262 funcionarios más están siendo procesados e investigados. Casi todos los inculpados conocidos –Hugbel Roa, Pedro Maldonado, Joselit Ramírez- son cercanos en lo personal al exministro de Energía y Petróleo y exvicepresidente del Área Económica, El Aissami, cuyo paradero se desconoce. El último en ser detenido ha sido Hugo Cabezas, también del entorno político de El Aissami. Cabezas fue presidente del Saime, la oficina de los servicios nacionales de identificación; es actual directivo de la empresa Cartones Venezolanos, vinculada a la CVG, y fue gobernador del Estado Trujillo. Saab no quiso adelantar información sobre un posible juicio al propio El Aissami. Los montos desviados en negocios ilegales en esta ocasión han sido calculados en tres mil millones de dólares. El propio Nicolás Maduro afirmó sentirse “indignado” ante tal conducta, y prometió que, al final de las pesquisas, el dinero sería reinvertido en obras de gobierno y gestión social. Aunque no es el primero, ni el más grave del voluminoso expediente de casos de corrupción en los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los mandos revolucionarios pretenden recuperar terreno y legitimidad ante su militancia con un tono inusualmente jacobino en torno a la moral pública. Alguna circunstancia parece haber disparado la espoleta para abrir la cacería interna. “Los equilibrios internos son complejos dentro del chavismo”, afirma la politóloga y escritora Colette Capriles. “Maduro sale adelante con esta iniciativa, no por un tema moral, sino político. Los excesos de El Aissami y el resto de los dirigentes han puesto en peligro a la propia coalición gobernante. Maduro tiene rato urgido de ingresos, el descontento social está aumentando, tiene planes de hacer inversiones sociales que le permitan encarar las próximas elecciones con perspectivas de victoria, y ha descubierto que la plata le faltaba. Maduro siente que puede orientar esta iniciativa y obtener réditos políticos con ella afianzando su autoridad”. Una apreciación similar tiene Stefania Vitale, académica del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Universidad Central de Venezuela. “Creo que hubo sorpresa ante la magnitud de los montos, y eso se puede haber combinado con las tensiones del momento. Aquí hay necesidades de dinero, pero es un tema, sobre todo, de economía política. Maduro está buscando reorientar las cosas con sus decisiones”. En el pasado se produjo una enorme cantidad de desprendimientos por razones ideológicas en el seno del oficialismo –Luis Miquilena, Henri Falcón, Ernesto Alvarenga, Gustavo Márquez, Rodrigo Cabezas-; o por desavenencias políticas, legales y personales, como Andrés Izarra, Gabriela Ramírez, Luisa Ortega Díaz o Miguel Rodríguez Torres. Las crisis a causa de la corrupción, a pesar de las múltiples denuncias, investigaciones legislativas y reportajes periodísticos que la han documentado en estos años, no han sido nada relevantes, y solo han sido explotadas aquellas que han tenido utilidad política para Miraflores. El exministro de Defensa Raúl Baduel, un líder influyente en los cuarteles, enfrentado personalmente a su antiguo amigo Hugo Chávez, fue llevado a la cárcel bajo cargos de corrupción, aunque era muy obvio que existía interés en sacarlo del camino y opacar su influencia. Jorge Giordani, tutor personal de Hugo Chávez, y durante años su ministro de Planificación, terminó execrado de las filas revolucionarias al asumir Maduro la presidencia, al presentar quejas por la corrupción desbordada y criticar con dureza la política económica oficial. El voluminoso expediente de corrupción y excesos orquestado en los años de Rafael Ramírez frente a PDVSA, -denunciados en 2016 por parlamentarios de la oposición mientras los fondos nacionales se evaporaban en medio de una prolongada crisis cambiaria-, fueron tenazmente negados por toda la clase política chavista, que bloqueó las investigaciones y terminó cercenando al legislativo en sus funciones para abrir las compuertas de las protestas populares generalizadas de 2017. Al salir de PDVSA, Ramírez fue primero embajador ante Naciones Unidas, para luego renunciar a su cargo y quedarse en el exterior en calidad de exiliado. Es ahora, casi seis años después, cuando los tribunales chavistas han decidido formalizar cargos contra él. “El ingrediente de este proceso interno es que se ha presentado en un momento en el cual los ingresos fiscales del estado venezolano están muy limitados para cubrir el número de necesidades del país,” afirma Piero Trepiccione, politólogo y coordinador del jesuita Centro Gumilla. “Maduro necesita recursos para encarar la reelección. Frente a su debilidad en la opinión pública y su poca popularidad, afinca su autoridad, con una recomposición que le permite concentrar poder.”

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El ELN le hace jaque a la paz total de Petro

Internacionales / streaming streaming / 30/03/2023

EL PAÍS .-El ataque de la guerrilla que deja nueve militares muertos pone en peligro toda la arquitectura de la estrategia de paz que tiene el presidente. Gustavo Petro lleva media vida promoviendo un discurso de paz después de haber sido un joven y miope guerrillero que creía en la lucha armada para llegar al poder, más como una ensoñación que como un propósito realizable. Hace unos meses, estaba convencido de que podría trasladar ese transformación que él mismo vivió en persona a los dirigentes del ELN, unos hombres con modales de seminaristas que han sobrevivido décadas escondidos en las profundidades de la selva. Sin embargo, la negociación con ellos resulta tan ardua que ahora mismo pone en peligro lo que Petro ha llamado la paz total, la ausencia absoluta de violencia en Colombia. Un acuerdo para no matarse más que está en el aire. El presidente quiso que el diálogo avanzara rápido y por eso anunció en vísperas de año nuevo un alto el fuego que en realidad no existía. No fue ni una confusión ni un malentendido. Creía, y así lo ha contado a este periódico gente que trabaja de cerca con él, que una vez anunciado el armisticio la guerrilla no tendría más opción que acatarlo. Era un movimiento audaz, una jugada que empata con su personalidad, pero que no dejaba de ser arriesgada. Le salió mal. El ELN tardó tres días en desmentirle y dejarle claro que nadie les iba imponer acuerdos que estuvieran fuera de la mesa negociación. Desde entonces, Petro espera con ansias el alto el fuego mientras el ELN se muestra impasible, convencido de que sería un suicidio bajar la guardia en medio de la guerra que libra en sus territorios. Pero después del ataque en la madrugada del miércoles que dejó nueve militares muertos y ocho heridos, resulta inaplazable una discusión sobre el tema. Así lo ha hecho saber el jefe de los negociadores del Gobierno, Otty Patiño, que le da prioridad absoluta a exigir un alto el fuego y de hostilidades en la reunión de urgencia que ha convocado Petro para el lunes después del atentado. El ELN, de todos modos, no opina igual, las urgencias no son lo suyo. El comandante Pablo Beltrán ha dicho que ese acuerdo supone quedarse como una estatua y eso los pone en riesgo. Beltrán está convencido de que las fuerzas armadas colombianas están compinchadas con los otros grupos armados con los que se disputa el territorio, el Clan del Golfo y otros ejércitos derivados del paramilitarismo. El asunto resulta clave porque sin acuerdo con el ELN no hay paz total que valga, todo se desmorona. Un acuerdo con esa guerrilla, que se ha sentado a hablar sin ningún éxito con otros seis presidentes, son los cimientos sobre lo que debe construirse el resto, la primera piedra de la iglesia. Las condiciones son inmejorables para el ELN, que enfrente tiene a un Gobierno de izquierdas con el que comparte muchos postulados. Hasta ahora nunca había tenido una oportunidad semejante, en esa mesa de negociación hay gente como Patiño, exguerrillero del M-19, o María José Pizarro, hija del líder de esa guerrilla asesinado en plena campaña presidencial de los años noventa. Gente que ha llegado a la izquierda por senderos parecidos. Esta no ha sido la primera crisis que ocurre en la negociación. La primera surgió a raíz del alto el fuego que Petro se fabricó de la nada y la segunda a cuenta de unos tuits del presidente en los que comparaba a la guerrilla con el narcotraficante Pablo Escobar. Hubo una tercera de menor calado, una minicrisis, que se zanjó con una reunión entre las partes por una entrevista que dio a este periódico Pablo Beltrán. Se refirió en términos muy duros a los negociadores del Gobierno, aunque empezaba con una declaración entusiasta a la pregunta de que por qué esta vez iba a ser la negociación definitiva después de seis fracasadas: “La novedad es que tenemos un Gobierno progresista que tiene en su programa lograr la paz. Coincide con nosotros en que la paz es una urgencia del país y lo único que nos hace viables como nación. Somos socios en este asunto”. Ese factor todavía no ha sido determinante, no ha logrado dar un impulso. Hay mucho en juego. Petro ansía el alto el fuego y el ELN lo retrasa. Hasta que eso ocurra se pueden dar matanzas como la de los militares, a la que a buen seguro responderá el Ejército con una ofensiva. En resumen, más muertos.

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Encerrados y carbonizados: la muerte de decenas de migrantes en México revela la crudeza de la crisis migratoria en Estados Unidos

Internacionales / streaming streaming / 29/03/2023

EL PAIS .- Un incendio en una instalación del Gobierno en Ciudad Juárez deja 38 muertos y 28 heridos. Las autoridades dicen que los migrantes lo provocaron La muerte de decenas de migrantes este lunes en Ciudad Juárez, en el límite de México con Estados Unidos, profundiza la crisis en la frontera. Saturada desde hace años, el incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (Inami), dependiente del Gobierno federal, ha elevado el horror de las penalidades habituales de la travesía a un nuevo nivel. Las autoridades contaban el martes por la tarde 38 muertos y decenas de heridos, todos hombres, la peor tragedia que se recuerde en una instalación gubernamental. Las dudas sobre la actuación de sus responsables marcan lo ocurrido. En un vídeo que empezó a circular el martes se ve a guardas del centro dejando a los migrantes encerrados, mientras las llamas y el humo se tragan la imagen. El terror que sugiere el vídeo, la desesperación y la muerte que adelanta, chocan con las primeras reacciones del Gobierno mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Este martes, el presidente señalaba que los migrantes se enteraron de que iban a ser deportados, cuando estaban en el centro de detención. Parte de los 68 habían sido detenidos la tarde anterior en la ciudad. Otros volvían deportados de Estados Unidos, según informaron medios locales: “Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”, dijo el mandatario. Lo anterior no explica por qué estaban encerrados en celdas, o por qué los vigilantes no abrieron cuando vieron el fuego. Por qué parece que se van. Además, deja fuera otras posibles explicaciones, apuntadas en algunos medios desde el martes de madrugada: el hambre de los migrantes, la sed… Organizaciones internacionales han levantado la voz estos días, empezando por Naciones Unidas, que ha exigido una investigación “exhaustiva” de lo ocurrido. Otras han sido más críticas, caso de Refugees International. Rachel Schmidtke, su abogada senior para la región, ha dicho: “El Inami tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México, y una mayor rendición de cuentas por esos abusos podría haber evitado esta tragedia”. Bomberos y otras autoridades trabajan para sacar a los migrantes durante el incendio, el lunes por la noche en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua (México).JOSE LUIS GONZALEZ (REUTERS) América Latina vive múltiples crisis migratorias, alimentadas por la violencia, el hambre, la falta de oportunidades, el cambio climático… En los últimos cinco años, cientos de miles de ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras o Guatemala, por citar unos pocos, han cruzado selvas y desiertos para tratar de llegar a Estados Unidos o Canadá. No ha sido fácil. Muchos han encontrado la muerte en el camino, por la misma violencia de las mafias o por la logística criminal de traficantes y transportistas. Ahora, también, el Estado aparece como facilitador de su desgracia. No es nada nuevo. Los últimos dos presidentes de EE UU, Donald Trump y Joe Biden, han confiado a México parte de su política migratoria, consistente en detener a los que llegan antes de que toquen su puerta. México ha aceptado. En los últimos dos años, el país ha registrado números record de detenciones de migrantes de manera consecutiva. En 2021 fueron 228.115. En 2022, 444.439. Al norte del río Bravo, el Gobierno ha ido cerrando rutas a los migrantes, incluso las de asilo político o humanitario, bajo candado todavía gracias a una directiva sanitaria recuperada por Trump en tiempos de la pandemia de covid-19, el título 42, que Biden conserva. En México, las cosas han cambiado mucho en pocos años. El presidente López Obrador llegó al cargo en diciembre de 2018 con un discurso humanista, transversal, que pronto chocó con las amenazas de Trump de construir un muro en la frontera. Una barrera que, dijo, pagarían los mexicanos. La batalla retórica fue por un lado y la realidad por otro. López Obrador dijo que nadie en México pagaría ningún muro, pero en la práctica convirtió al Inami en barrera, apoyado en la corporación de seguridad nacida bajo su mandato, la Guardia Nacional. Personas se manifiestan afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, este martes.JOSE LUIS GONZALEZ (REUTERS) La multiplicidad del Inami en tareas de seguimiento y persecución a migrantes, solos o en caravana, no ha detenido el flujo. Lo ha ocultado, mandándolo aún más al margen. Así, las tragedias se han sucedido. En diciembre de 2021, un tráiler lleno de migrantes chocó en Chiapas, en el sur de México, dejando un saldo terrible: 54 muertos y más de 100 heridos. Antes, en febrero, una caravana de migrantes que se movía a salto de mata en Tamaulipas, en el noreste, topó con un grupo de policías que, por un motivo aún sin aclarar, les acribillaron. Luego prendieron fuego a sus cuerpos. Eran 17. Pero todo lo anterior no se compara con lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez, porque allí, los migrantes estaban a cargo del Estado mexicano. El Inami, que depende nominalmente de la Secretaría de Gobernación, gestiona la estación migratoria del Puente Internacional Stanton-Lerdo, a menos de un kilómetro de EE UU. Sus agentes están a cargo de las instalaciones y de quienes están dentro. Hasta ahora, el instituto ha dicho que colaborará con la investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). Está por ver qué actitud adopta el Gobierno, si trata el asunto como un error puntual, protocolos no seguidos por agentes concretos, o apunta al sistema. Este martes por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dado alguna pista de lo que podría seguir. En un tuit, el alto funcionario ha dicho que “los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR”, sin dar más detalles. A la vez, algunos medios cercanos al Gobierno han informado de avances en los trabajos de la Fiscalía, que insisten en la responsabilidad de los migrantes en el incendio.

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La Fiscalía chilena abre una unidad de investigación por las amenazas contra las autoridades

Internacionales / streaming streaming / 29/03/2023

EL PAÍS .- Chile adopta por primera vez esta medida para proteger a fiscales y jueces. Además, al menos cuatro alcaldes y dos diputados han sido amenazados de muerte El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, que asumió en enero pasado, dispuso la creación de una unidad especial para investigar las amenazas del crimen organizado a las autoridades. Es una medida inédita en Chile, que nunca se había visto en la necesidad de tener un organismo especializado para atender este tipo de asuntos. Actualmente, al menos hay cuatro alcaldes de municipios de Santiago de Chile que se encuentran amenazados de muerte tras haber realizado denuncias contra el narcotráfico. Además, fiscales tanto del norte como del sur del país han sido víctimas de amedrentamientos verbales y por escrito. El último caso, del lunes recién pasado, fue la amenaza de muerte a dos diputados opositores, Miguel Mellado y Mauricio Ojeda, que representan a la región de La Araucanía, ubicada a unos 700 kilómetros de Santiago. Sus nombres aparecieron en un lienzo después de un atentado en un puente que se adjudicó uno de los ocho grupos radicales que operan en ese territorio. El Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó una querella. Valencia nombró a cargo de esta nueva unidad al jefe de la fiscalía metropolitana sur, Héctor Barros, que liderará un equipo de 13 fiscales de todo el país. El investigador está en pleno diseño de la estructura de trabajo, que contemplará la indagatoria de amenazas a autoridades, entre ellas jueces y fiscales, siempre y cuando provengan de organizaciones asociadas al crimen organizado. Incluso, está en evaluación que las indagatorias también contemplen los amedrentamientos a las policías. Barros es especialista en crimen organizado y su jurisdicción abarca a 12 municipios del sector sur de Santiago. Precisamente, tres de los alcaldes que han sido amenazados de muerte –Claudia Pizarro de La Pintana, Gustavo Toro de San Ramón y Germán Codina de Puente Alto– pertenecen a este territorio, y sus causas han sido investigadas por su fiscalía. La cuarta autoridad es Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, un municipio del sector oriente de Santiago y el quinto más grande del país. Desde febrero, Carter ha impulsado una polémica medida de demolición de viviendas asociadas a narcotraficantes, que ha sido respalda por la ciudadanía en la última encuesta Cadem con un 83%. “Con el inicio del enfrentamiento con el mundo del narco, hace meses atrás empezaron a aparecer carteles, panfletos y un mono mío ahorcado. La última vez fue el miércoles (22 de marzo), cuando hicimos la última demolición. Los soldados de los narcos me gritaron: ‘Sabemos dónde vives, quiénes son tus hijos, vamos a matar a su mamá. Pero el miedo dura un segundo”, relató Carter en una rueda de prensa. Pizarro, cuyo municipio La Pintana es el más pobre de Santiago, fue la primera autoridad en tener protección policial debido a las amenazas de muerte que comenzaron en 2019, por lo que se encuentra con protección policial desde esa fecha. Aunque la alcaldesa nació y vivía en esa misma comuna, por medidas de seguridad debió cambiarse a otra. “Permanente tengo temor, tengo miedo. Han marcado mi oficina. Es bastante complejo vivir con protección policial”, dijo en una entrevista el domingo pasado. “Bonita tu familia” Hasta antes de la creación de la unidad que lidera Barros, las amenazas a autoridades en Chile las investigaba cada una de las fiscalías donde se realizaba la denuncia. Hoy, en cambio, estarán centralizadas en su repartición. En julio de 2022, la Asociación Nacional de Fiscales, que preside Francisco Bravo y que agrupa al 90% de los persecutores del país, realizó una encuesta que reveló que el 30% de los fiscales, o su entorno familiar, han recibido amenazas por las labores propias de su trabajo. El sondeo también arrojó que, de ellos, cerca del 10% dijo haber recibido agresiones físicas. Bravo explica a EL PAÍS que realizaron la encuesta luego de una serie de amenazas a fiscales tanto de la zona sur de Chile, donde indagan casos de violencia rural, y de las regiones del norte, que concentran causas de narcotráfico y crimen organizado. “A partir del 2015, a medida en que en Chile los delitos de homicidio con armas de fuego han aumentado considerablemente, este tema ha concitado una mayor preocupación para nosotros”, señala. En el sur, grupos radicales han dejado pancartas y lienzos con los nombres de a lo menos tres fiscales. De ellos, solo se ha hecho público uno. En julio de 2021, tras un atentando incendiario en La Araucanía, apareció un lienzo con la siguiente amenaza: “Fiscal Enrique Vásquez. Bonita tu familia. Te tenemos en la mira”. Es una situación similar a la que han enfrentado en esa zona los tres últimos alcaides de la cárcel de Angol, en la misma región, con mensajes de un tono parecido. Bravo agrega que existe preocupación de su gremio, en especial por los fiscales de la zona norte del país. Menciona a Tarapacá, Arica y Antofagasta, tres regiones de Chile donde el crimen organizado configura una nueva criminalidad, en parte asociada a la irrupción de bandas internacionales que han llegado al país en forma irregular. Recuerda que, luego de la encuesta, la fiscalía nacional, que entonces lideraba Jorge Abbott, realizó un nuevo estudio con características similares, pero en esa ocasión se seleccionó a los fiscales según su situación de riesgo: alto, medio o bajo. “Según la información que tenemos, cerca de 50 fiscales en Chile están una situación de riesgo alto”, dice Bravo, que no entrega detalles por razones de seguridad.

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Maduro volverá a la mesa de México si se liberan los activos en el extranjero y recibe licencias para vender petróleo

Internacionales / streaming streaming / 28/03/2023

EL PAÍS .- Estados Unidos, por su parte, insiste en que son necesarios gestos del chavismo, como liberar presos políticos y levantar inhabilitaciones a opositores La mesa de negociación de México permanece en punto muerto y en vista de las exigencias de las partes no parece sencillo que se vuelva a reactivar en el corto plazo. Según fuentes conocedoras de la situación, Nicolás Maduro condiciona el regreso al diálogo con la oposición a la liberación de los fondos venezolanos congelados en el extranjero y la concesión de licencias a la petrolera estatal PDVSA para que pueda vender la cantidad de crudo producido que ahora mismo no tiene salida. Washington ha recibido el mensaje a través de Juan González, el asesor de Joe Biden para América Latina, y la diplomacia colombiana, cada vez más implicada en el asunto. Estados Unidos insiste a su vez que necesita gestos del Gobierno chavista, como podrían ser la liberación de presos y el levantamiento de inhabilitaciones a políticos de la oposición. Solo así podría acceder a liberar un dinero con el que se crearía un fondo, supervisado por la ONU, destinado a combatir la crisis social y económica que vive Venezuela. La última vez que se reunió en México el Gobierno y la oposición, en noviembre, acordaron descongelar esos fondos estatales en el extranjero, que suman varios miles de millones de dólares. No ha llegado a ocurrir. La OFAC, la oficina de control de bienes extranjero de EE UU, advirtió que esos activos podrían ser reclamados por los acreedores a los que el Gobierno venezolano les debe dinero. Maduro cree que Biden no tiene voluntad verdadera de liberar esos fondos y la situación se ha enrocado. Desde entonces no se ha producido ningún movimiento que pueda destrabar la situación. En México se debe concretar una fecha exacta para las elecciones presidenciales de 2024 y la promesa de que la oposición podrá disputarle el poder a Maduro con un mínimo de garantías. Los opositores van a celebrar un referéndum del que saldrá un candidato único que recibirá, en principio, el apoyo del resto. Los antichavistas no han logrado cohesionarse en estos años y han dado bandazos que han facilitado la tarea del Gobierno. A principios de año, eliminaron la presidencia interina de Juan Guaidó, al que durante un tiempo Estados Unidos utilizó como presidente alternativo para aislar a Maduro. No funcionó. Guaidó perdió todo el respaldo y, en paralelo, la coyuntura internacional favoreció a Maduro, más asentado en el poder que nunca. Países hasta hace poco enemistados con el chavismo, como España y Colombia, han restablecido relaciones diplomáticas y han reabierto sus embajadas. El presidente Joe Biden, este lunes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.ASSOCIATED PRESS/LAPRESSE (AP) Precisamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tomado la iniciativa para llevar a Venezuela a lo que él llama una democracia liberal. En su primer encuentro con Maduro usó este término en una rueda de prensa conjunta ante el rostro pétreo del presidente venezolano. Se han visto en otras cuatro ocasiones más y este tema siempre ha estado encima de la mesa. Petro, a su vez, va a organizar un foro con la oposición, como adelantó EL PAÍS, y se trae entre manos otros encuentros más ambiciosos que este. Maduro le pidió que en ese espacio incluyera a partidos que él considera de oposición moderada, pero que en el antichavismo llaman alacranes con desprecio. Consideran que esas formaciones le hacen el juego al chavismo y perviven bajo su sombra. Petro no consideró que fuese una buena idea. Jorge Rodríguez, mano derecha de Maduro, es conocido por ser un hábil negociador. Él quiere poner encima de la mesa la concesión de licencias para vender petróleo venezolano. Estados Unidos lo prohíbe con las sanciones, aunque a finales del año pasado hizo algunas concesiones al permitir las operaciones de Chevron. Fue un gesto de acercamiento al chavismo, al que empezó a considerar un interlocutor válido a raíz de la invasión rusa de Ucrania. EE UU necesitaba buscar proveedores de energía alternativos. En clave interna, esas licencias que exige Rodríguez serían un balón de oxígeno para las maltrechas arcas venezolanas y más después de que tenga que reacomodar sus negocios petroleros tras la defenestración del ministro de ese ramo, Tareck El Aissami. El Gobierno ha encontrado en PDVSA un agujero de 3.000 millones de dólares producto de la corrupción. Por su parte, Colombia ha desplegado todo su arsenal diplomático para resolver la crisis venezolana. Armando Benedetti, el embajador, ha establecido unas fuertes relaciones con el chavismo y ha visitado Washington para trasladar mensajes confidenciales, de ida y vuelta. Petro también ha encomendado esta tarea a Luis Gilberto Murillo, el embajador en Estados Unidos, que ha actuado con mucho sigilo y cautela. El canciller Leyva juega un papel relevante, pero él sobre todo se ha enfocado en que Caracas ayude a Colombia en los procesos de paz y resuelva algunos asuntos espinosos como la extradición de Aida Merlano, una exsenadora que se refugió en Venezuela cuando era buscada por las autoridades por compra masiva de votos. Dicho de otro modo, la normalización de la vida política venezolana copa la agenda del presidente, que se ve capaz de resolver los problemas. Sin embargo, Venezuela y Estados Unidos tienen sus exigencias, y nunca parece dispuesto a ceder, por ahora.

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Cristina Kirchner: “Si me van a meter presa, no me importa”

Internacionales / streaming streaming / 22/03/2023

EL PAÍS .- El Grupo de Puebla arropa a la vicepresidenta de Argentina en un evento con críticas a los jueces que la condenaron por corrupción. Cristina Kirchner dice que no le importa si la meten presa por corrupción. “Lo que me importa es reconstruir un país como el que alguna vez tuvimos”, aclaró. Se refería a “la década ganada”, como llama a los 12 años, entre 2003 y 2015, en los que gobernó Argentina junto a su marido ya fallecido, Néstor Kirchner. Cristina Kirchner ya no habla de la gestión que integra como vicepresidenta y ni siquiera nombra a Alberto Fernández, el presidente. Prefiere destinar las pocas apariciones que hace a criticar a los jueces que en diciembre la condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta vez fue en centro cultural que lleva el nombre de su marido, ubicado en la exsede del correo, a metros de la Casa Rosada en Buenos Aires. Kirchner cerró un encuentro del Grupo de Puebla organizado en su honor bajo el lema Voluntad Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial. El partido judicial trabaja, según la lectura del kirchnerismo, por la proscripción de Kirchner en las elecciones generales de octubre. Lo de este martes fue un mitin kirchnerista. Participaron tres expresidentes latinoamericanos – Rafael Correa, Evo Morales y Ernesto Samper- y el español José Luis Rodríguez Zapatero. Entre el público estaba el uruguayo José Mujica. La excusa fue la presentación de un libro coordinado por el exjuez Baltasar Garzón que desgrana con duras críticas la causa judicial contra Kirchner, a la que consideran víctima de lawfare, esto es el uso político de la Justicia para perseguir opositores. Garzón agradeció al presidente argentino, Alberto Fernández, por promover la creación del Grupo de Puebla. La mención de Fernández, que no asistió al evento, no mereció un solo aplauso. Pero cuando el colombiano Samper nombró a Kirchner, los 2.500 asistentes estallaron en un “Cristina, presidenta” que duró varios minutos. Kirchner apoyó la mano en el corazón y escuchó el clamor con una sonrisa. “Qué bueno una caricia después de tantos golpes”, dijo en el arranque de su discurso. Kirchner recibió el primer golpe el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó asesinarla de un disparo en la cabeza en la puerta de su casa. El 6 de diciembre, fue condenada en la llamada causa Vialidad por recibir sobornos para el reparto de la obra pública. Dijo entonces que era víctima de un “pelotón de fusilamiento judicial”, se declaró proscripta y anunció que no sería “candidata a nada” en las próximas elecciones. En cada de sus apariciones escucha el pedido de sus seguidores para que revea su decisión y se presente a la presidencia. El “Cristina presidenta” interrumpió varias veces su discurso. Kirchner habló de lawfare, de economía, del FMI y de la oposición, a la que acusó de entregar en 2019 “el país hecho percha”. Criticó también al Fondo Monetario Internacional y el crédito de 44.000 millones de dólares que en 2018 entregó a Mauricio Macri. “Discúlpenme si hablo mucho de economía últimamente, pero todas las persecuciones tienen que ver con la economía. Tiene que ver con esa Argentina que vino a reconstruir el Estado democrático constitucional”, dijo. Sobre la Justicia, la acusó de “disciplinar a los dirigentes del campo popular”. Al final, el público volvió a pedir que sea candidata, pero Kirchner nada dijo al respecto. El entuerto judicial en el que está complica la estrategia electoral de la vicepresidenta, pese a que es la dirigente que más caudal de votos tiene dentro del peronismo. En la práctica puede ser candidata, porque su condena a inhabilitación para ejercer cargos públicos no está firme. Pero Kirchner teme que si se lanza a la carrera, la Corte Suprema se apure a ratificar la sentencia antes de las elecciones. Por ahora solo puede aspirar a que, tras el operativo clamor de sus seguidores, el peronismo se rinda a su popularidad y le ceda la estrategia para las elecciones de octubre.

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Javier Milei, el candidato libertario que capitaliza el descontento en Argentina

Internacionales / streaming streaming / 20/03/2023

EL PAÍS .- El diputado que apela a los descreídos de la política crece en las encuestas para la presidencia de Argentina armado con una motosierra y la promesa de destruirlo todo. Javier Milei era hasta hace poco menos de dos años un economista provocador de pelo negro ensortijado e insulto fácil. Los programas políticos de televisión lo amaban: con su verba incendiaria y sin filtro aseguraba el espectáculo. Pero en 2019 decidió dejar el análisis económico, se postuló a diputado y ganó. Nadie se lo tomaba muy en serio hasta que anunció su intención de postularse a presidente y comenzó a ascender en los sondeos. Cuanto peor le va a Argentina, mejor le va a Milei, que ha sabido atraer el voto bronco de los descreídos de la política. Esta semana, el candidato libertario grabó un video para presentar su “plan motosierra”, una mezcla de ideas ultraliberales donde no hay ministerios de Educación, Salud, Obras Públicas ni Desarrollo Social, se permite la venta y compra de órganos y la delincuencia se resuelve armando sin restricciones a los civiles. La crisis que vive Argentina está pasando la factura a los políticos. El estancamiento económico y la frustración social por la falta de futuro da alas a figuras emergentes que prometen dinamitarlo todo para empezar de cero. La fórmula le sirvió a Jair Bolsonaro en Brasil en 2018, cuando se temió un contagio en Argentina. Pero el peronismo, en su versión kirchnerista, encontró la fórmula para neutralizar cualquier aventura individual antisistema y se impuso en las elecciones de 2019. El fracaso de aquel experimento, con Alberto Fernández como presidente y Cristina Kirchner como vice, abrió la puerta del Congreso a Milei en las elecciones de medio término. Y desde entonces, su figura no para crecer. La Libertad Avanza de Milei es hoy la tercera fuerza política en Argentina, y ya nadie se ríe de sus posibilidades electorales. Un promedio de seis encuestas nacionales elaboradas por el diario Clarín dio al economista el 17% de los votos. Está, cuando faltan cinco meses para las elecciones primarias obligatorias y siete para las generales, apenas por detrás de las dos grandes coaliciones que hoy dominan el escenario argentino: el gobernante Frente de Todos (25%) y Juntos por el Cambio (27%). Milei ha logrado quebrar la polarización, instalándose desde el margen como un árbitro electoral. Los últimos días concentró todas sus fuerzas en un armado nacional que le dé fortaleza en el interior del país. Pesca en río revuelto. Cuando el peronismo no ordena, la estampida de dirigentes locales abunda. Mieli se asoció a todo tipo de personajes. En Tucumán (norte), por ejemplo, lleva como candidato a gobernador a Ricardo Bussi, hijo de un exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad. Bussi presentó su candidatura con un video donde dispara a un blanco fijo en medio de imágenes de asaltos a civiles. “Que la próxima vida no sea la tuya”, dice a cámara. Milei tomó el guante desde Buenos Aires. Consultado por una periodista del canal de noticias TN por qué defendía la libre portación de armas, respondió con el estilo que ya es su marca de campaña: “¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes?”. El votante de Milei no necesariamente defiende el porte libre de armas, propone la venta de órganos, quieren el fin de la educación gratuita o llaman a quemar el Banco Central para terminar contra la inflación. Los une la protesta contra todo lo establecido y coincide en que los políticos son “una manga de delincuentes y ladrones”. “Tiemblen políticos. Sigan mintiéndole a la gente. No le gusta nuestro plan porque de ahí ustedes no pueden morder, se van a quedar sin robar y van a tener que laburar como personas honestas” dijo Milei durante la presentación de su plan. Su frase de cabecera es “odio a los zurdos de mierda”. Y para diferenciarse de “la casta”, cada mes sortea su sueldo de diputado nacional. El crecimiento electoral de Milei ya es un problema para los partidos tradicionales. Sus votantes son en su mayoría jóvenes y de clase media, pero también crecen en las barriadas pobres del extrarradio de Buenos Aires que fueron tradicionalmente peronistas. El Gobierno poco puede hacer. El dato de inflación de febrero difundido el martes alcanzó el 6,6% y el interanual superó por primera vez el 100% desde 1991. A medida que se profundiza la crisis y crece el malhumor social, el ministro de Economía, Sergio Massa, pierde fuelle como posible candidato de consenso en un peronismo que hoy se desangra en peleas intestinas. No le va mejor a Juntos por el Cambio, la coalición opositora creada por el expresidente Mauricio Macri. El discurso de Milei obliga a los precandidatos de centro, en particular el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a pendular hacia la derecha. Y da alas al mismo tiempo a las figuras más extremistas de la alianza, como la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Mauricio Macri. Que Milei terminara fagocitado por Juntos por el Cambio parecía una obviedad meses atrás. Pero el diputado crece en las encuestas y conseguir su apoyo cotiza cada vez más alto. Su aspiración es pasar a una segunda vuelta en las elecciones de octubre y captar todo el malestar posible en las urnas. Milei ya no provoca risas.

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Bukele sustituye a Uribe como inspiración de la derecha en Colombia

Internacionales / streaming streaming / 19/03/2023

EL PAÍS .- La admiración por el presidente de El Salvador crece entre figuras como María Fernanda Cabal mientras Petro lo busca como enemigo. Un nombre de origen árabe ha entrado de lleno en la política colombiana. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se abre paso como nuevo representante de la polarización. Al mismo tiempo, la figura de Álvaro Uribe, que hasta ahora había ocupado ese lugar, se ha difuminado en los últimos tiempos. Entre la oposición tampoco hay un líder que lo releve. La buena y extraña relación entre el expresidente y Gustavo Petro ha dejado vacío el hueco del antagonista, necesario para una figura como Petro, que creció políticamente desde la confrontación al uribismo. El joven autócrata salvadoreño ha ocupado ese espacio con gusto. El presidente de Colombia ya tiene con quien pelear y la derecha más radical ha encontrado a quien encumbrar. Bukele se deja querer: “Creo que iré de vacaciones a Colombia”, dijo en Twitter. El primero en nombrar al salvadoreño fue el propio Petro, aunque sus palabras podían haber pasado desapercibidas. En un acto en Bogotá, el presidente se refirió a la política de seguridad de su homólogo centroamericano: “El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas”. Bukele colgó el vídeo en su perfil de Twitter: “Los resultados pesan más que la retórica”, le contestó. Ahí se abrió la veda. Empezó un intercambio de mensajes en la red social que se mantiene con el paso de los días. Los ataques entre ambos han ido en aumento. En uno de ellos Bukele interpela al colombiano: “No entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”. Un golpe bajo contra Petro, que días antes había solicitado a la Fiscalía que abriera una investigación a su propio hijo por corrupción. Nicolás Petro está la mira de la justicia por supuestamente utilizar su apellido para quedarse con dinero destinado a la campaña a la presidencia de su padre. Petro, conocido por su afición a tuitear y no evitar ningún charco, respondió retador: “Estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos”. Así han seguido varios días. Este mismo jueves, aunque sin citar a Bukele, Petro se refirió a las cárceles salvadoreñas como “campos de concentración”. El filón estaba servido para la derecha, tan huérfana de líderes desde las pasadas elecciones, donde los partidos tradicionales ni siquiera alcanzaron la segunda vuelta. La primera en entrar a la batalla en defensa de Bukele fue María Fernanda Cabal, senadora del ala más radical del uribismo. “Presidente Nayib Bukele, Gustavo Petro jamás construyó un colegio y menos una universidad. Lo que sí hizo fue promover centros de consumo de drogas, en vez de rehabilitar adictos”. Se refería a su época como alcalde de la capital. Días después, la revista Semana, de tendencia conservadora, dedicó su portada al presidente de El Salvador. “El milagro Bukele”, tituló. Una referencia religiosa para un hombre que ya se presenta ante su pueblo como un “instrumento de Dios”. La publicación narra la carrera presidencial del joven mandatario, de 41 años, obviando deliberadamente algunos detalles no menores. Por ejemplo, se limita a decir que aspira a la reelección, pero no cuenta que la Constitución lo prohíbe. Tampoco explica su deriva autoritaria, su mangoneo sobre la justicia, sus abusos contra los derechos humanos amparado en un único fin: acabar con las pandillas. En solo dos semanas, Semana ha publicado más de 15 noticias sobre el salvadoreño. El fenómeno Bukele que aterriza ahora en la política colombiana no es único. Más allá de su popularidad avasalladora en El Salvador por la caída espectacular de la violencia, que supera el 90%, sus vídeos, perfectamente coregrafiados, circulan en los chats de whastapp de tendencia ultraderechista de todos los países de América Latina y hasta de España. Una política de mano dura que genera tanta atracción en unos como rechazo en otros. Un episodio ya conocido en Colombia, en el que se prioriza la reducción de la violencia a la salud de la democracia. Países como Costa Rica ya han anunciado que copiarán el modelo Bukele. Organismo internacionales han llamado la atención sobre los abusos en el país, que ha aumentado su política propagandística. En los vídeos que se difunden, con música ambiente y planos cinematográficos, se ven a miles de pandilleros sometidos, esposados de pies y manos y vestidos con un calzón blanco, durante su traslado a la supercárcel de máxima seguridad que Bukele inauguró hace un mes. Una prisión con espacio para 40.000 presos, lo que la convertiría en la mayor del mundo. La senadora Cabal ya ha convertido en apuesta política su política de seguridad: “Prometo que vamos a replicar el modelo de Bukele en Colombia para que los niños puedan crecer con sus padres. No vamos a perdonar bandidos y no vamos a dar impunidad”, dijo en Twitter. La derecha tiene un nuevo ídolo. El presidente ya encontró enemigo.

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Gustavo Petro confirma la muerte de 21 mineros tras las explosiones en las minas de carbón de Sutatausa

Internacionales / streaming streaming / 16/03/2023

EL PAÍS .- Dos días después de la explosión en el municipio minero, el presidente lamenta que los trabajadores murieron bajo tierra. Marco Rincón escuchó la tragedia en forma de tres explosiones: “Se oyó como si fueran tres detonaciones de dinamita, pero luego supe que era algo mucho peor”. Lo que escuchó en la noche oscura del martes, poco después de las ocho de la noche, ocurrió dentro de las montañas andinas del municipio minero de Sutatausa, a solo dos horas de Bogotá. Rincón, un hombre de 62 años, vive en una pequeña casa blanca ubicada cerca a varias minas de carbón, en la vereda Peñas de Cajón, y lo que oyó venía de debajo de la tierra. “Esas minas bajan un poco más de un kilómetro de profundidad y decían que ahí la combinación del metano con polvillo de carbón podía explotar en cualquier segundo”, dice Rincón, quien fue minero por más de 40 años. La combinación química nunca explotó cuando él estaba bajo tierra. Sí le ocurrió a más de 30 mineros en la noche del martes. “Nunca vi algo así, se lo juro”, dice. La explosión ocurrió en unas minas interconectadas cuando los 30 trabajadores apenas empezaban su turno nocturno, que va de las las seis o siete de la noche a las dos o tres de la mañana. Algunos de ellos llevaban solo un año trabajando allí, otros más de 10, la mayoría había visto a sus padres y hermanos dedicarle su vida a la extracción del carbón. En la madrugada del miércoles las autoridades informaron que nueve de ellos habían logrado salir de las minas con vida. Pero en la madrugada del jueves, dos días después de la explosión, el presidente Gustavo Petro confirmó que 21 de los 30 mineros perdieron la vida. Un hombre que se encontraba cerca de la mina Los Chocos es llevado a una ambulancia para recibir primeros auxilios.VANNESSA JIMÉNEZ ¿Qué ocurrió en Sutatausa? “Según las hipótesis iniciales, lo que ocurrió fue una aglomeración de gases: gas metano, monóxido de carbono, y polvillo de carbón. Juntos son altamente explosivos”, dice el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de bomberos. Desde la noche del martes un enorme grupo de rescatistas llegó a la zona, pero varias características han hecho muy difícil entrar en grupos grandes para buscar a los cuerpos bajo tierra: el largo kilómetro de profundidad por bajar, las más de 500 hectáreas subterráneas por revisar y el aire tóxico que se mantiene en las minas. En la tarde del miércoles los rescatistas aún esperaba que ocurriera un milagro y aparecieran con vida 10 de los mineros (los autoridades habían confirmado la muerte de 11 de ellos, y el rescate de 9). Farfán, que intenta ocultar las ojeras que le han dejado más de 20 horas de vigilia, no se adelanta al futuro. Pero su tono no suena optimista. Un colega suyo, unos metros más adelante, lo dice explícitamente: “Si están vivos, sería un milagro”. Desde que salió el sol en la mañana del miércoles decenas de mineros, hombres y mujeres, vestidos con botas pantaneras y ruanas para defenderse del frío andino, observaban desde lejos las operaciones de rescate. En Sutatausa hay minería informal y formal de carbón, pero las minas donde ocurrió la explosión son formales y en principio cumplen con la regulación de prevención contra accidentes. “Somos más de 100 personas los que trabajamos acá y, no me gusta decir esto, pero menos mal el accidente fue de noche y no de día, porque hubiéramos podido morir muchos más”, dice un minero que prefiere no dar su nombre. Jhon Chiquizá, uno de los mineros que trabaja en las labores de rescate.VANNESSA JIMÉNEZ Él explica que las minas deberían tener muy buenos ventiladores, para que circule el aire bajo tierra. “Eso no siempre pasa, uno lo siente cuando falta el oxígeno, por el calor, y lo mejor que uno puede hacer en ese momento es salirse”, añade. Las autoridades no han dicho si las minas fallaron en cumplir con los protocolos, pero varios familiares de los fallecidos y desaparecidos están molestos porque no fueron las empresas quienes los llamaron a contarles del accidente. Se enteraron por redes sociales. “Ustedes lo que quieren es que nuestras familias se mueran bajo tierra para no pagarles la salud”, le grita un hombre mayor a un militar, antes de que su familia lo abrace y lo aleje de la confrontación. La Cruz Roja también está presente en Peñas de Cajón, dando apoyo psicosocial a los familiares de los desaparecidos o fallecidos, y protegiéndolos de la jauría de periodistas internacionales y nacionales que han llegado. Varios de los cadáveres siguen bajo tierra y sus familiares miran desde lejos los hoyos por los que bajaban sus hermanos o hijos a trabajar. Miran con la triste esperanza de reconocer un cuerpo, pero verlo sin vida. Cerca a ellos hay un mural con el dibujo de un minero y un niño. En él, el padre le dice a su hijo que en manos de Dios está la posibilidad de que “nosotros, los mineros de corazón, salgamos desde las entrañas de la tierra a ver a nuestros seres amados”. Familiares de los mineros atrapados esperan información alrededor de una carpa de la Cruz Roja.VANNESSA JIMÉNEZ Algunos familiares quieren acercarse a la prensa. Nidia Sofía Monroy, por ejemplo, es una mujer de 20 años que carga en sus brazos a un bebé de un año y cuenta que su hermano es uno de los desaparecidos. “No he podido decirle a mi mamá lo que pasó. Ya perdimos a otro hermano hace unos meses en un accidente de tránsito, y a ella se le paraliza un lado del cuerpo por el estrés”, dice después de una noche sin dormir. Otra es Angela Cristina Pineda cuyo hijo, Cristian Eduardo, de 31 años, también quedó atrapado en la mina esa noche. “Él me contó hace un mes que supo de un escape de gases en la mina, pero la verdad pensaba que eso ya se

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Bukele intensifica su guerra contra las pandillas con el traslado de 2.000 nuevos presos a la supercárcel de máxima seguridad

Internacionales / streaming streaming / 16/03/2023

EL PAÍS .-Las organizaciones civiles salvadoreñas y la comunidad internacional denuncian múltiples abusos a los derechos humanos durante el régimen de excepción que dura ya un año. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha hecho de las redes sociales su principal tribuna política, ha vuelto el miércoles a lanzar uno de sus tuits favoritos. Dos frases escuetas, incluido un recado para sus críticos, y un vídeo espectacular. El anuncio es el traslado de 2.000 presos más a la supercárcel de máxima seguridad, que inauguró hace poco más de un mes con otro de sus habituales despliegues mediáticos como el golpe definitivo en su guerra contra las pandillas. La semana que viene se cumplirá un año desde que Bukele decretó un duro régimen de excepción, que ya va por 11 prórrogas y que limita derechos y libertades constitucionales en todo el país. Tanto la comunidad internacional como organizaciones salvadoreñas de derechos humanos acusan al Gobierno de usar la tortura, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en su embestida contra las llamadas maras. El Gobierno, por su parte, responde con poca información, más allá de los mensajes en redes sociales del presidente, y saca pecho de una reducción histórica de la violencia. Traslado de pandilleros a la cárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), este jueves.GOBIERNO DE EL SALVADOR (EFE) El vídeo del miércoles, de menos de minuto y medio, parece el tráiler de una serie de Netflix. Con música de película de acción, se repiten las escenas de presos esposados de pies y manos, vestidos con apenas un calzón blanco para que se vean los tatuajes, una de las marcas de las pandillas. Van saliendo en fila, con la cabeza agachada hacia un autobús que los lleva a la nueva cárcel, donde se colocan hacinados como animales en el suelo, en interminables filas de cuerpos pegados unos a otros. Los vídeos exhibiendo a los presos han sido una constante durante los últimos meses en el marco de su polémica política de seguridad. El texto que acompaña el vídeo dice: “Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Con esto, ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”. Hace menos de un mes, Bukele publicó otro vídeo similar con el primer traslado de presos a ese enorme complejo presidiario localizado a las afueras de San Salvador y anunciado por el mandatario como “la cárcel más grande de toda América”. En aquella ocasión dijo también: “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin hacerle más daño a la población”. Traslado de presos, el miércoles.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (REUTERS) Ya van más de 60.000 detenidos, según las cifras del Gobierno, desde que arrancó en marzo pasado el régimen de excepción. La suspensión de garantías constitucionales incluye las detenciones injustificadas y la rebaja de 16 a 12 años la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas. La incomunicación total con el exterior incluidos abogados y familiares, juicios virtuales sin intervención de testigos y en general un proceso plagado de opacidad e irregularidades. Organizaciones de derechos humanos del país han denunciado que apenas un tercio de los detenidos tienen vínculos comprobados con las pandillas. El resto, afirman, son producto de una campaña de limpieza social para ganar puntos de cara a las elecciones del año que viene. La guerra extrema contra las mafias ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18. Al mismo tiempo, la estrategia electoral le está funcionando al presidente, que registra los mayores niveles de popularidad de un mandatario desde la vuelta a la democracia a principios de los noventa tras la sangrienta guerra civil. Policías militares con escudos antimotines escoltan a los pandilleros.GOBIERNO DE EL SALVADOR (EFE) Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) también han denunciado “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios. La investigación del organismo, que tuvo acceso a una base de datos oficial, registró desde marzo hasta agosto del año pasado la muerte de 32 personas bajo custodia en los penales. Además de hacinamiento extremo, “miles de personas, incluidos cientos de menores, detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso”. La deriva autoritaria del Gobierno de Bukele incluye también el asalto a las instituciones de justicia. En mayo de hace dos años, poco después de arrasar en las urnas y lograr el control de la Asamblea salvadoreña, el presidente impuso, saltándose todas las reglas, a un nuevo fiscal general y a nuevos magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estos golpes fueron respondidos con la reprobación de EE UU, ante lo que el presidente no ha dudado en entrar a la gresca perfilando un nuevo adversario en su agenda de polarización y campaña permanente. A esta situación hay que sumar también acoso y los señalamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obstáculos para acceder a la información de interés público. Presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el miércoles.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (REUTERS)

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Líder en energías renovables, Uruguay apuesta al hidrógeno verde

Internacionales / streaming streaming / 09/03/2023

EL PAÍS .-El país sudamericano, que experimentó una radical transformación de su matriz eléctrica, se prepara para producir hidrógeno verde, una industria incipiente no exenta de interrogantes. La última conferencia internacional de energías renovables, llevada a cabo en Madrid a finales de febrero, tuvo entre sus invitados especiales a Uruguay, el segundo país del mundo con mayor participación de energías renovables variables (como solar y eólica) en la generación de electricidad, según el informe REN21. “Europa está muy perdida con el tema energético y ven al caso uruguayo como un modelo muy fuerte a seguir”, dice a América Futura el físico Ramón Méndez, director nacional de energía de Uruguay entre 2008 y 2015, tras haber expuesto en Madrid las singularidades del proceso que logró descarbonizar la matriz eléctrica uruguaya por encima del 95% en menos de diez años. Méndez recuerda que, sin recursos como gas, petróleo o carbón, Uruguay, un pequeño país de 3,4 millones de habitantes, vivía en 2008 una “tormenta perfecta”, provocada por los altos precios del combustible, el aumento de la demanda eléctrica y la limitada infraestructura local que derivaron en una crisis de abastecimiento energético. “El hecho de no tener recursos nos ayudó a buscar caminos diferentes”, explica. Un acuerdo multipartidario alcanzado en 2010 adoptó como política de Estado la transición energética hacia las fuentes autóctonas y renovables, garantizando su ejecución y continuidad. Desde entonces, el país ha experimentado una transformación radical en la generación de electricidad, al reemplazar el uso de combustibles fósiles importados por una combinación de agua, sol y viento. Este último, sobre todo, cobró especial protagonismo: se instalaron 700 aerogeneradores, distribuidos en 41 parques eólicos, públicos y privados, con una capacidad total de generación de 1.500 megavatios que cubren más del 30% de la demanda eléctrica local. “A nivel mundial, Uruguay está en segundo lugar después de Dinamarca en penetración de energía solar y eólica”, dice a América Futura Marcelo Mula, presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. En un año de lluvias normales, el 97% de la demanda eléctrica nacional es cubierta por energías renovables, mediante una combinación de eólica (32%), combustión de biomasa (17%), solar (3%), además de la tradicional y veterana hidroeléctrica (45%), según explica. El porcentaje restante corresponde a la electricidad generada por las centrales térmicas con combustibles fósiles, cuyo uso se incrementa cuando el clima afecta el funcionamiento de las otras fuentes limpias, como ha ocurrido debido a la “excepcional” sequía que azota al país desde 2020. Según la Agencia Internacional de la Energía, a escala global estos números son significativamente distintos: sólo el 24% de la electricidad consumida mundialmente se produce con fuentes renovables, mientras que más del 75% de la electricidad sigue dependiendo del carbón y otros combustibles fósiles. Un trabajador de Tecnogroup camina cerca de paneles fotovoltaicos en Constancia (Uruguay).MARIANA GREIF (BLOOMBERG) El modelo uruguayo: una asociación público-privada Méndez asegura que la rápida transformación de la matriz eléctrica uruguaya fue posible gracias al “rol fundamental” que jugó el Estado en el diseño y la dirección del proceso. En ese sentido, se estableció la asociación público-privada mediante contratos de compraventa de energía por un plazo de 20 años. Así, las empresas privadas que producen energía eléctrica están obligadas a vendérsela solamente a la eléctrica estatal UTE, que genera, transmite y distribuye la electricidad en Uruguay. Por su parte, la empresa pública se comprometió a comprar toda la energía eléctrica producida en el país, que destina al uso doméstico o a la exportación. Según el exdirector de energía, con este modelo, el país pasó de un costo medio de generación de 1.100 millones de dólares anuales a 600 millones. “Estamos gastando 500 millones de dólares menos que antes”, remarca Méndez. Durante este proceso, agrega, se volcaron 2.000 millones de dólares a la economía, se crearon 50.000 puestos de trabajo y se llegó al 99,9% de la electrificación en el territorio. Uruguay, por ejemplo, fue el primer país en Iberoamérica con el 100% de las escuelas rurales con acceso a la red eléctrica. Entre las obras concretadas durante la transición energética, Mula destaca la construcción de una planta de conversión energética en Melo (este del país), que permitió robustecer la interconexión con Brasil. “Desde 2018, Uruguay es un exportador neto de energía y (la eléctrica estatal) UTE es una de sus principales empresas exportadoras, superando a las ganaderas”, sostiene. Sin embargo, matiza: “Desde ese año hasta ahora no se ha instalado más potencia renovable y eso es un gran problema, porque la economía ha crecido y la demanda de energía también”. “Tenemos que volver a incorporar energía renovable”, remarca. La segunda transición: la apuesta por el hidrógeno verde En Uruguay, hay consenso en que el giro dado en el sector eléctrico ha contribuido significativamente a descarbonizar la economía, pero aún quedan muchas actividades que se alimentan de combustibles fósiles contaminantes. Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable, recuerda que el 40% de toda la energía que consume el país proviene del petróleo. Y explica que la mitad de las emisiones de CO2 tienen su origen en la quema de gasoil, utilizado en la industria y en la movilidad, como camiones de carga y autobuses. “La transición energética tiene un debe muy importante en el sistema de transporte”, dice Viñas. Precisamente, hacia ese sector altamente contaminante apunta la segunda transformación energética que promueve el actual Gobierno, cuya hoja de ruta hacia 2040 propone la producción local de hidrógeno verde, un vector energético generado a partir de la electrólisis del agua mediante fuentes renovables, que se presenta como una alternativa no contaminante al uso de combustibles fósiles. Un hombre trabaja en la planta de biomasa en Tacuarembó.MARIANA GREIF ETCHEBEHERE (BLOOMBERG) “Uruguay está convencido de que tiene condiciones para formar parte de la economía del hidrógeno, con el objetivo de descarbonizar la producción de aquí a 2050″, señala a América Futura el ministro de Industria, Omar Paganini. Actualmente, indica, el Gobierno uruguayo está evaluando una serie de propuestas para desarrollar proyectos piloto de pequeña escala, orientados a las aplicaciones de hidrógeno verde y derivados, dirigidas al mercado

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El espionaje de EE UU concluye que no hay indicios de un “adversario extranjero” en el síndrome de La Habana

Internacionales / streaming streaming / 02/03/2023

EL PAÍS .- El Gobierno pide que la Justicia federal investigue si el fuego que comenzó en un pastizal y terminó afectando a una tercera parte del territorio nacional fue provocado. Una exhaustiva investigación sobre el llamado síndrome de La Habana ha llegado a la conclusión de que es “muy improbable” que un agente extranjero fuera responsable de las dolencias (un cuadro de migrañas, náuseas, lapsos de memoria y mareos) que diplomáticos y agentes de inteligencia estadounidenses han reportado durante su trabajo en legaciones en el extranjero. Identificado por primera vez entre funcionarios de la Embajada estadounidense en la capital cubana en 2016, ha aquejado desde entonces, y sigue haciéndolo hoy, a diplomáticos, funcionarios y familiares expatriados. Documentos desclasificados publicados este miércoles excluyen la posibilidad de que el citado cuadro fuera el resultado de “un arma o dispositivo” usado por un “adversario extranjero”, dice sin especificar cuál, capaz de causar síntomas compatibles con el síndrome. La pormenorizada evaluación de los casos por parte de la inteligencia estadounidense no ha encontrado “pruebas creíbles” sobre la acción intencionada de terceros países o entidades enemigas, y empaña la generalizada teoría de que Rusia u otro país podría haber estado orquestando una campaña mundial de ataques a estadounidenses mediante algún tipo de energía electromagnética. En el marco de la investigación, que se ha prolongado durante más de seis años, las siete agencias de inteligencia de EE UU consideraron incluso la posibilidad de que los extraterrestres fueran responsables del síndrome, pero lo descartaron enseguida, ha explicado hoy a los periodistas un funcionario en la sede de la CIA, en Virginia. Así que, eliminada la pista esotérica, todo parecía apuntar a Rusia o alguno de sus satélites, con Cuba a la cabeza, para explicar episodios que parecían salidos de los años más tensos de la Guerra Fría. Sin embargo, ya en enero de 2022 una fuente de la CIA adelantó que resultaba poco probable que Rusia u otro “actor extranjero” causara la mayoría de las molestias anómalas. La misma fuente, al describir las conclusiones de un informe provisional sobre el citado cuadro, apuntó que la mayoría de los casos, algo más de 1.500 incluidos algunos denunciados este año, “pueden explicarse razonablemente por condiciones médicas o factores ambientales y técnicos, o por incluso la existencia de enfermedades no diagnosticadas previamente”. La Administración del presidente Joe Biden se había visto presionada para responder al misterio por parte de quienes denunciaron haber sufrido el síndrome y de sus muchos defensores, incluidos algunos miembros del Congreso. El año pasado, el mandatario promulgó la Ley Habana, por la que se indemnizaba a las personas que habían padecido lesiones compatibles con lo que el Gobierno ha denominado “incidentes sanitarios anómalos”. La investigación tampoco ha encontrado explicaciones médicas comunes para todos los síntomas referidos. Según la documentación desclasificada, las siete agencias de inteligencia estadounidenses que participaron en la investigación tenían distintos niveles de confianza sobre el objeto de las pesquisas. Dos de ellas tenían una confianza de moderada a alta en la conclusión clave de la “improbabilidad” de la acción de un adversario extranjero, otras tres tenían una confianza moderada, y las dos restantes, poca confianza “basándose en las lagunas de recopilación y su evaluación de las pruebas”. “No podemos vincular a un adversario extranjero con ningún incidente”, ha zanjado uno de los dos funcionarios de inteligencia que hoy han informado a los periodistas. La investigación, en la que han participado cientos de agentes de inteligencia, expertos de la Administración y externos, y que ha abarcado a más de 90 países, examinó también informes anteriores a 2016 sobre cuadros similares, pero según uno de los funcionarios citados, no pudieron reunirse datos suficientes sobre los casos más antiguos. La Oficina del director de la Inteligencia Nacional, que supervisa las labores de la amplia comunidad de inteligencia del país, ha afirmado que las siete agencias continuarán estudiando los incidentes y dando respuesta a individuos que reporten nuevos casos del síndrome.

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Ecuador: junio 4, 2026