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Secretaria de Comunicación afirma que declaraciones del presidente “fueron descontextualizadas”

Nacionales / /

La secretaria de Comunicación del Gobierno, Irene Vélez, lamentó que el diario estadounidense “The New Yorker”, que realizó una entrevista al presidente Daniel Noboa, “descontextualizara” sus expresiones. Según Vélez, el periódico fue invitado por el régimen para constatar, de primera mano, el respeto a los derechos humanos en pleno estado de excepción. Durante este acercamiento, el mandatario conversó de forma coloquial y reservada con el reportero, que difundió muchas de sus expresiones, pero de forma distorsionada. “Las conversaciones que se dieron entre el presidente y el periodista fueron en un tono coloquial, absolutamente coloquial y privados. En ese sentido, cualquier cosa que haya dicho el presidente, especialmente sobre los presidentes, está descontextualizado”, subrayó la funcionaria. “The New Yorker” afirmó que Noboa, supuestamente, definió a su par salvadoreño, Nayib Bukele, como “arrogante”, y que solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia. Sobre Javier Milei, mandatario argentino, Noboa habría dicho, de acuerdo al periódico, que se enorgullece de su labor, pese a que no ha conseguido nada importante. En cambio, se siente más alineado con Lula Da Silva, el presidente de Brasil, por ser un emblema de la izquierda. En la supuesta entrevista, Noboa también habría mencionado la posibilidad de construir una prisión en la Antártida, donde Ecuador tiene un sector, y analizado sus expectativas en las elecciones presidenciales del próximo año, donde señaló como su principal rival al correísmo. El expresidente Correa, señala la presunta entrevista, es el responsable del avance del narcotráfico en el Ecuador, pues dispuso la salida de una base militar estadounidense de Manta, en el año 2009. También señaló que hubo intentos por acabar con su vida, para lo cual los carteles de la droga enviaron sicarios desde Colombia. Pero fueron detectados y su plan quedó truncado.

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Las personas sin hogar en Brasil se multiplican por diez en una década y superan las 200.000

Internacionales / /

El País .- El presidente Lula anuncia un plan de 200 millones de dólares para darles asistencia social, aunque solo se prevé la construcción de 150 viviendas El paisaje en los centros de las grandes ciudades brasileñas es bastante elocuente: cientos de personas refugiadas bajo los soportales, viaductos o puentes, auténticos campamentos de plástico y cartón en las plazas más céntricas y en algunos casos, bolsas extremas de miseria y drogodependencia, como la célebre Cracolandia de São Paulo, un puñado de calles dominadas por los consumidores de crack. El problema de las personas sin hogar no es nuevo y salta a la vista, pero los datos muestran que se agravó enormemente en los últimos años. El número de sin techo se multiplicó por diez en una década, pasando de casi 22.000 en 2013 a más de 227.000 este año. Los datos son del Ipea, un órgano de investigación económica del Gobierno. Para afrontar esta problemática, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó el lunes un plan dotado con 982 millones de reales (200 millones de dólares) llamado Calles visibles. Sus objetivos centrales están más dedicados dar asistencia que a reinsertarlos en la sociedad o frenar el aumento. La mitad del presupuesto anunciado por el presidente Lula estará dedicado a alimentación, reforzando la dotación a Estados y municipios, quienes administran albergues y comedores. Además, se formará a 5.000 profesionales de la salud para trabajar en la calle y se creará una política de salud exclusiva para los sin techo. Casi la mitad (47,3%) de los brasileños sin hogar que viven en la calle explican su situación por problemas familiares o con sus compañeros sentimentales. El desempleo (40,5%), la adicción al alcohol y las drogas (30,4%) y la pérdida de la vivienda (26,1%) siguen en la lista de motivos. La edad media es de 41 años, la mayoría son hombres, y el estudio también evidencia que, como casi siempre, las diferencias raciales van de la mano de la desigualdad: el 69% de los sin techo en Brasil son negros, diez puntos por encima de su peso demográfico. Los autores del estudio concluyen que la explosión de gente que vive en las calles se explica por el estancamiento económico —Brasil lleva casi una década sin crecer con fuerza— y por los efectos de la pandemia del covid-19. Ipea advierte de que los datos que cifran este colectivo en 227.000 personas no pueden leerse como un censo oficial porque muchos de los afectados ocultan a las instituciones que viven en la calle: por la vergüenza del estigma social o en el caso de las mujeres, por ejemplo, por miedo a perder la custodia de los hijos. Una parte importante de los recursos irá para campañas contra la aporofobia (la discriminación de las personas sin hogar), la creación de puntos de apoyo como baños o lavanderías, casas de acogida para la población LGTBQIA+, cursos de alfabetización y programas para la regularización de documentos. También se prohíbe la llamada arquitectura hostil: el uso de materiales o estructuras destinados a evitar que los sin techo duerman en un determinado lugar. La política de vivienda, que a priori pareciera ser central para abordar el problema, es, de los siete ejes con los que cuenta el plan, el quinto con menor presupuesto. Son 3,7 millones de reales (750.000 dólares), con los que se pretende incluir a los sin techo en los programas sociales de vivienda pública y construir 150 viviendas en todo Brasil, “con prioridad para familias con niños y mujeres embarazadas”. El apartado destinado a cursos de capacitación, impulso de cooperativas y asociaciones e inserción en el mercado de trabajo tiene una dotación aún menor, de 1,2 millones de reales (243.000 dólares). La explosión del número de personas viviendo en la calle coincide con un momento en que grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte o Recife, están ejecutando planes urbanísticos para atraer residentes a los barrios más céntricos, en general abandonados y con muy pocos vecinos. Se dan millonarios incentivos y exención de impuestos a las constructoras para que se animen a rehabilitar los históricos edificios casi en ruinas y convertirlos en residenciales y para levantar vivienda nueva en los numerosos solares. En general, en estos planes, la creación de vivienda pública para las rentas más bajas brilla por su ausencia, aún más si es para ceder un espacio temporal para los que mendigan en esos mismos centros degradados. Unificar las intenciones del Gobierno federal y la de Estados y municipios es otro de los principales desafíos. La anterior política nacional para los sin techo estaba en vigor desde 2009, pero en los últimos años tan sólo la aplicaron cinco Estados y 15 ciudades. El nuevo programa ideado en los despachos de Brasilia por el Ministerio de Derechos Humanos tiene un fuerte carácter asistencialista que puede no casar del todo con los anhelos de las autoridades municipales. En Río, el alcalde Eduardo Paes, aliado de Lula, generó una polémica hace semanas al proponer un mecanismo que permita que personas drogodependientes que se niegan a ir a albergues puedan ser retiradas de la calle a la fuerza para recibir tratamiento. En julio de este año, el Tribunal Supremo aceptó un recurso de partidos y movimientos sociales de izquierdas y prohibió la retirada y transporte forzado de personas sin hogar, así como la confiscación de sus bienes.

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La deforestación de la Amazonia cae un 22% en el primer balance anual desde el regreso de Lula al poder

Internacionales / /

El País .- La mayor selva tropical del mundo perdió 9.001 kilómetros cuadrados, el equivalente a Chipre La medición más precisa y fiable ha confirmado la tendencia apuntada por los datos preliminares en los últimos meses. La deforestación en la Amazonia cayó un 22,3% entre agosto de 2022 y julio de 2023, según el último balance anual realizado por el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) y divulgado este jueves. Es decir, la mayor selva tropical del mundo, un ecosistema clave para mitigar el calentamiento global, perdió en ese periodo 9.001 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente al tamaño de Chipre. El dato es una buena noticia para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde su regreso al poder ha colocado la protección de la Amazonia y el medioambiente entre sus prioridades. Durante el mandato de Jair Bolsonaro la tala ilegal aumentó de manera acelerada y solo en su último año cambió la tendencia para empezar a disminuir. Fue considerado un villano ambiental planetario. El dato de deforestación anual en la Amazonia es una especie de examen de fin de curso para los gobernantes brasileños de cara al exterior. Todos ellos son conscientes de que, desde hace más de dos décadas, el mundo mide el desempeño de su país en materia ambiental por el porcentaje de aumento o disminución. Durante la campaña electoral, Lula prometió deforestación cero para 2030, un objetivo de lo más ambicioso. Al presentar los resultados, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, declaró: “Este resultado es fruto del trabajo de todos nosotros. Es un trabajo para el que ya teníamos know-how [conocimientos técnicos] de nuestra gestión anterior. Ahora lo hemos actualizado y estamos viendo estos resultados”, ha explicado la veterana política que ya ostentó ese mismo cargo hace dos décadas, también con Lula. Fue el periodo en el que la deforestación de la Amazonia cayó de manera más abrupta. Durante sus cinco años como ministra en aquella primera etapa, la tala ilegal se redujo a la mitad hasta los 12.900 kilómetros cuadrados. Los estragos del cambio climático también se notan en la Amazonia. El rio Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo, sufre una sequía histórica agravada por El Niño mientras Manaos y otras ciudades de la región llevan semanas envueltas en un humo asfixiante que procede de los incendios ilegales. Lula tiene previsto viajar a la COP28, que empieza a finales de mes en Dubái. Sin duda, el mandatario brasileño esgrimirá en la cumbre climática de la ONU esta caída del 22,3% en la deforestación en la Amazonia como baza negociadora. También es de esperar que la utilice en las complejas negociaciones que Mercosur mantiene con la Unión Europea para intentar cerrar de una vez por todas el acuerdo comercial, atascado por exigencias medioambientales. Uruguay ha dado un ultimátum para cerrarlo antes de fin de año. Y tanto Lula como el presidente de España, Pedro Sánchez, se han comprometido ha reforzar los esfuerzos para esa fecha ahora que Brasil preside Mercosur y España, la UE. El Instituto de Investigaciones Espaciales elabora este balance anual de la deforestación en base a las mediciones hechas por satélite con un sistema llamado Prodes, que es mucho más preciso para calcular la superficie arbórea desaparecida que el sistema Deter, que ofrece datos semanales pero basados en las alertas que usan los equipos de agentes medioambientales para movilizar a los inspectores. El presidente Lula y Marina Silva aparcaron sus diferencias para unirse en la campaña electoral con la misión compartida de derrotar a Bolsonaro en las urnas. La exigencia de la antigua recolectora de caucho para apoyar al líder de la izquierda brasileña fue que la política de protección medioambiental fuera transversal. Exigía voluntad política y medios. La ministra Silva se ha felicitado de que los inspectores ambientales se hayan duplicado con este Gobierno. Bolsonaro llegó al poder en 2018 con un discurso de desprecio de las políticas ambientales y de negación de la emergencia climática que envalentonó a todo tipo de delincuentes que explotan ilegalmente la Amazonia. Para el antiguo militar, la vía más eficaz de combatir la miseria en esa región, la más pobre de Brasil, era explotar las riquezas de la selva tropical.  

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El presidente Lula ensalza a Messi como ejemplo para arremeter contra Neymar y la selección brasileña

Internacionales / /

El País .- El mandatario anima a la Canarinha a imitar la dedicación del astro argentino, “con un Balón de Oro y un Mundial a los 36 años”, y dejarse de farras. Luiz Inácio Lula da Silva, que además de presidente de Brasil es un gran aficionado al fútbol, ha ventilado este martes su frustración por años de sequía de la selección brasileña de balompié en los Mundiales con uno de esos golpes donde más duele. El mandatario ha posado su mirada en la vecina y siempre rival Argentina para ensalzar a su estrella, Lionel Messi, como un ejemplo de dedicación al trabajo que el capitán de la Canarinha, Neymar, de 31 años, y el resto de sus compañeros deberían seguir. “Messi debería servir de ejemplo a los futbolistas brasileños. El tipo, con 36 años, campeón del mundo, con el Balón de Oro y todo. La dedicación de Messi debería ser una inspiración para estos chavales. Quien quiera ganar el Balón de Oro tiene que dedicarse, tiene que ser profesional. Y eso no casa bien con la farra y trasnochar”. El izquierdista Lula ha pronunciado la demoledora indirecta durante la entrevista semanal que concede a un periodista afín para presumir de logros además de opinar sobre los asuntos más candentes de la actualidad. Y luego ha difundido lo más jugoso de la declaración por redes sociales. En menos del dos horas, su tuit en la red X (antes Twitter) tenía más de 6.000 comentarios, muchos salivando a la espera de la réplica de Neymar, que no fue mencionado pero a nadie se le escapa que era el primer señalado. Pocas horas antes, Messi había recogido en París el octavo Balón de Oro de su carrera, más que nadie. La estrella de la albiceleste acaba de despedirse de la élite del fútbol mundial —juega en el Inter de Miami— tras coronar su carrera con el Mundial, el título que le faltaba a su futbol espectacular y brindar así a sus compatriotas la mayor alegría —y una de las pocas— de los últimos años. Desde la perspectiva de los aficionados brasileños, que llegaron al Mundial viéndose como favoritos, no solo Argentina se llevó la Copa —cosa que duele— sino que la Canarinha cayó en cuartos de final en la tanda de penaltis contra Croacia, el 9 de diciembre. En ese instante quedó enterrado el sueño de conquistar la sexta en honor a Pelé, que luchaba por su vida en un hospital. O Rei murió el 29 de diciembre. El dardo más afilado lanzado por Lula iba contra Neymar, que es cinco años menor que Messi y que ahora juega en Arabia Saudí por un dineral. El capitán brasileño se lesionó recientemente en un partido clasificatorio del próximo Mundial. Aparte de ser considerado un caprichoso que se esfuerza poco, medio Brasil no olvida que el futbolista se embarcó de lleno en la campaña electoral pidiendo el voto para el ultraderechista Jair Messias Bolsonaro, al que Lula derrotó por la mínima. Con este ataque a los jugadores de su propia selección, el presidente de Brasil también logra organizar un notable revuelo, dejar claro que está de vuelta después de que le colocaran una prótesis de cadera hace un mes y desviar la atención de la polémica sobre si su Gobierno cumplirá la meta de eliminar el déficit fiscal. Precisamente, el lunes viralizó en Argentina un viejo tuit de 2016 del ultra Javier Milei, que disputará la segunda vuelta de las presidenciales, en el que elogiaba a Pelé frente al también fallecido Maradona, al que acusaba de drogadicto y gordo además de un peor palmarés, para criticar a los peronistas. La sequía mundialista de Brasil cumple ya 21 años. Alzó su última copa en 2002, cuando Neymar era un crio y algunos de sus compañeros ni siquiera habían nacido. La frustración en su tierra natal es grande. El presidente también se ha quejado en la entrevista porque los adolescentes brasileños que despuntan sean fichados inmediatamente por clubes europeos. Es el caso de prácticamente todos los jugadores de la selección. Kaká fue, en 2007, el último brasileño que alzó el Balón. Aquella fue una década fructífera porque Ronaldinho la consiguió en 2005 y Ronaldo, en 2002.

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Polonia y Brasil anunciaron misiones para repatriar a sus ciudadanos de Israel

Internacionales / /

Infobae .- Varsovia dijo que iba a enviar dos aviones Hércules C-130 para evacuar a unos 200 polacos del aeropuerto Ben Gurion. La misión brasileña buscará repatriar no sólo a los connacionales afincados en Israel y Palestina, sino también aquellos que residan en países del entorno, como Jordania y Egipto. Polonia y Brasil anunciaron este domingo misiones repatriar a sus ciudadanos residentes en Israel tras el ataque terrorista de Hamas que ha causado por el momento alrededor de 600 muertos israelíes. Son los dos primeros países en anunciar una medida de este tipo. El presidente polaco, Andrzej Duda, declaró este domingo que enviará aviones militares para evacuar a sus ciudadanos de Israel, un día después del ataque terrorista sorpresa contra Israel. “Vamos a enviar aviones de transporte de las fuerzas aéreas para llevar a cabo la evacuación de los polacos que se encuentran actualmente en Israel. Soldados de nuestras fuerzas especiales garantizarán la protección y seguridad de la carga a bordo”, escribió Duda en la plataforma de redes sociales X. El ministro de Defensa, Mariusz Blaszczak, dijo que Polonia iba a enviar dos aviones Hércules C-130 para evacuar a unos 200 polacos del aeropuerto Ben Gurion. En caso necesario, añadiría más aviones o se pondría en contacto con Grecia para trasladar a ciudadanos polacos al país mediterráneo antes de traerlos de vuelta a casa en aviones de transporte de la Casa. “Estamos en conversaciones para establecer un puente de evacuación con Grecia”, declaró Blaszczak en rueda de prensa. “Podemos esperar que estos aviones despeguen en cualquier momento, lleguen a su destino y recojan a los turistas polacos que esperan en el aeropuerto”, añadió. La aerolínea estatal polaca LOT canceló sus vuelos a Ben Gurion. Duda dijo el sábado que había hablado con el presidente israelí Isaac Herzog, a quien le expresó la solidaridad polaca con Israel. “Condené el ataque de Hamás, en particular los actos de violencia contra civiles. Aseguré el apoyo polaco a las actividades encaminadas a restablecer la seguridad. Israel tiene derecho a defender la vida de sus ciudadanos”, dijo el mandatario polaco. Brasil organiza repatriación de Israel, Palestina y otros países Brasil enviará dos KC-390, en el que pueden viajar hasta 80 personas (REUTERS/Paulo Whitaker/archivo) Asimismo, Brasil anunció este domingo una misión para repatriar a sus ciudadanos residentes en Israel, Palestina y otros países de Oriente Próximo. El comandante de la Aeronáutica, el brigadier Marcelo Damasceno, afirmó en una rueda de prensa, junto con el ministro de Defensa, José Múcio, que tienen seis aeronaves listas para iniciar la operación, prevista para comenzar a partir de la semana entrante. “Somos el primer país en hacer este tipo de operación en la región”, declaró. Según datos del Ministerio de Exteriores, hay 14.000 brasileños residentes en Israel y 6.000 en Palestina, la gran mayoría de los cuales vive lejos del área afectada por los ataques de las últimas horas. No obstante, el objetivo es, no solo rescatar a los connacionales afincados en Israel y Palestina que deseen regresar a Brasil, sino también aquellos que residan en países del entorno, como Jordania y Egipto. “Desde ayer estamos en coordinación” con el Gobierno y las embajadas de esos países, para “montar la tripulación y las aeronaves” y cerrar la lista de pasajeros, explicó Damasceno. Brasil ha preparado dos aviones KC-30, con capacidad para 230 pasajeros cada uno; dos KC-390, en el que pueden viajar hasta 80 personas; y dos más cedidos por la Presidencia, que pueden transportar hasta 40. En función de la demanda, utilizarán un modelo u otro para trasladar a los brasileños que quieran abandonar la zona y no lo estén consiguiendo debido a la ofensiva de terroristas palestinos de Gaza, lideradas por el grupo terrorista islamista Hamas, en territorio israelí y los bombardeos del Ejército de Israel como represalia. Según los planes del Gobierno brasileño, un primer avión pondrá rumbo a Italia en las próximas horas y allí aguardará instrucciones hasta que se cierre la primera lista de pasajeros. “Estamos con seis aviones listos para esta misión para la que vamos a llevar equipos médicos y psicólogos” para que puedan prestar asistencia a los repatriados, explicó Damasceno. Según el último balance oficial, los ataques de las milicias de Gaza a Israel han causado al menos 600 fallecidos, mientras que del lado palestino hay 370 muertos, como consecuencia de los bombardeos del Ejército israelí. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó en la víspera su “rechazo” a los “ataques terroristas” en Israel y garantizó que “Brasil no escatimará esfuerzos para evitar una escalada del conflicto”. Para el mandatario progresista, la solución del conflicto pasa por garantizar “la existencia de un Estado palestino económicamente viable, que coexista pacíficamente con Israel dentro de fronteras seguras para ambas partes”.

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Los indígenas de Brasil logran una victoria vital en los tribunales frente al agronegocio

Internacionales / /

El País .- Los indigenas de Brasil, descendientes de quienes habitaban estas tierras antes de la conquista o de que alguien contemplara la mera noción de convertirlas en un país, se han anotado este jueves una victoria vital para sus pueblos y el medioambiente. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo ha rechazado este jueves por nueve a dos la tesis defendida por el lobby del sector agropecuario que reclamaba establecer un límite temporal a la reclamación de tierras por parte de los indígenas. Este proceso judicial, que se empezó a juzgar en la máxima corte en 2021, tiene desde entonces en vilo a las organizaciones de nativos y medioambientales porque las reservas indígenas son cruciales para preservar la vasta cultura de los pueblos originarios, pero también para proteger la naturaleza y la biodiversidad tanto en la Amazonia como en los estados en los que avanzan cultivos y ganado. Representantes de los indígenas han seguido este juicio que consideran histórico desde la propia sala del Supremo, en Brasilia. Durante dos años, cada una de las vistas celebradas largos intermedios han levantado enorme expectación porque este caso sienta jurisprudencia. Y, por tanto, el resultado tiene enormes repercusiones para los indígenas, por supuesto, pero también para el sector agropecuario, el más dinámico de la economía, el que más crece y más empleo genera. De nuevo en este polarizado Brasil, la máxima corte ha quedado dividida en bandos ideológicos. Los dos jueces que han votado a favor de la tesis del agronegocio son los dos que nombró el anterior presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, que rechazó demarcar ni un solo centímetro de nuevas tierras para los nativos o la biodiversidad. El lobby del agroengocio pretendía que los indígenas no pudieran reclamar territorios en los que no estuvieran asentados el día que se promulgó la Constitución, es decir, el 5 de octubre de 1988. Su argumento era que con ese límite temporal se podrían resolver innumerables disputas por tierras y dar seguridad jurídica a los productores agropecuarios. Para los nativos, imponer esa restricción hubiera significado legalizar múltiples expulsiones ocurridas antes de esa fecha, sobre todo durante la dictadura, que acabó en 1985. Los indígenas son una pequeñísima minoría de los brasileños (1,7 millones entre los que viven en las aldeas y e las ciudades) y sus tierras suponen más del 13% del territorio. Y en ellas ejercen una función vital para el planeta porque son siemre las áreas donde la naturaleza está mejor preservada. En las imágenes tomadas por satélites en la Amazonia o en otros ecosistemas las tierras indígenas y las reservas naturales son fáciles de identificar porque suele ser islas verdes. “¡Victoria! Derrotamos la tesis jurídico-política del marco temporal”, ha proclamado en una nota la APIB, la organización que aglutina a los pueblos indígenas de Brasil y que hasta hace unos meses dirigía Sonia Guajajara, ahora ministra de los Pueblos Indígenas en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De todos modos, la APIB alerta de que a lo largo del proceso judicial han asomado algunos peligros como la posibilidad de que los productores agropecuarios deban ser indemnizados. “Nuestro derecho originario está garantizado, pero existen en el debate del Supremo cuestiones que nos amenazan”, afirma la APIB en la nota para añadir que “la propuesta de indemnización sobre la tierra desnuda puede inviabilizar las demarcaciones y el usufructo exclusivo de las tierras indígenas, que también es un derecho inviolable”. El proceso de demarcación de tierras indígenas fue intensísimo en los primeros años después de que, en 1985, Brasil recuperara la democracia. Pero hace una década se frenó por la crisis político, social y económica que atravesó el país y en los últimos cuatro años estuvo completamente paralizado. El militar retirado Jair Bolsonaro prometió en su primera campaña presidencial no legalizar “un solo centímetro de tierra indígena” y cumplió su palabra. Lula ha retomado el proceso pero a un ritmo mucho más tímido de lo que los indígenas y los ambientalistas hubieran deseado. Retomó la creación de tierras indígenas con ocho áreas cuidadosamente elegidas entre la larga lista de solicitudes porque evitó aquellas que pudieran resultar más conflictivas tanto en términos políticos como jurídicos. El caso que ahora ha juzgado el Supremo atañe a una tierra concreta del Estado de Santa Catarina, al sur del país. En 2009 un juez de primera instancia le arrebató al territorio Ibirama-Laklano la condición de reserva indígena con el argumento de que los nativos no estaban allí el día que entró en vigor la Constitución que reconoce a los aborígenes el derecho sobre sus tierras, incluida la explotación en exclusiva. Bolsonaro fracasó en el intento de permitir que los foráneos también pudieran explotar esas riquezas. El presidente Lula y su Gobierno estaban a la espera de lo que el Supremo decidiera en este caso. Pero la decisión de la máxima corte no es un punto final al asunto. Porque el lobby del agro ha buscado una vía alternativa para lograr su objetivo, el Senado, que debate un proyecto de ley al respecto. Está previsto que sus señorías lo voten la semana que viene.

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El secretario de Bolsonaro le acusa de consultar a la cúpula militar sobre un golpe tras perder las elecciones

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El País .- El teniente coronel brasileño Mauro Cid, que durante cuatro años fue secretario particular de Jair Bolsonaro, ha declarado a la policía que, tras la derrota electoral, el aún presidente se reunió con la cúpula militar para consultarles sobre un posible golpe de Estado, según ha publicado este jueves el medio digital UOL. La información sostiene también que el entonces mandatario recibió de manos de un asesor un borrador de decreto golpista que esbozaba el camino para convocar nuevas elecciones y encarcelar a los adversarios políticos. Estas confesiones, que por ahora la policía no ha confirmado, serían parte del acuerdo de colaboración con la justicia alcanzado recientemente por el militar. Bolsonaro ha emitido una nota en la que repite su mantra de que siempre actuó “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”, pero no se refiere a estas acusaciones concretas. La información de UOL sostiene que Cid le dijo a la policía que fue testigo tanto de la reunión con el asesor que entregó el decreto golpista como del encuentro con los jefes militares. Añade también que el comandante de la Armada fue el único entre los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas presentes que expresó abiertamente su apoyo a las maniobras para impedir que gobernara el legítimo vencedor de las elecciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente Bolsonaro está inhabilitado para concurrir a las elecciones en los próximos ocho años, un fallo que ha apelado. La vista para analizar el recurso comienza este viernes. En paralelo, es investigado en una larga ristra de casos. En la investigación abierta por la intentona golpista del 8 de enero está señalado como supuesto instigador del ataque contra las sedes de los tres poderes protagonizado por miles de sus seguidores. Los primeros juicios, celebrados la semana pasada, acabaron en condenas de entre 17 y 14 años de prisión. El antiguo secretario particular es el flanco más débil del expresidente Bolsonaro. Convivió con él de manera cotidiana durante todo el mandato, era el hombre encargado de acompañarlo a todas horas y de llevarle el teléfono móvil. Cid aceptó firmar una delacão premiada —un polémico instrumento de colaboración con la justicia— después de pasar cuatro meses encarcelado acusado de falsificar las cartillas de vacunación de su familia y la del presidente Bolsonaro. Al día siguiente de que el juez aceptara el acuerdo de colaboración, Cid fue excarcelado. Obligado a usar una tobillera electrónica y otras restricciones, se ha instalado en una residencia de militares en Brasilia y sigue cobrando su salario de 5.000 euros mensuales. El militar estaba entre el puñado de colaboracores que acompañaron al expresidente durante la estancia de tres meses en Florida una vez concluido el mandato. Cid también está acusado de complicidad en los tejemanejes de su antiguo jefe para, primero, quedarse con unas joyas carísimas regaladas por la familia real de Arabia Saudí en una visita oficial y para, después, venderlas. Según el relato del secretario particular de Bolsonaro, este recibió un borrador de decreto para perpetrar una ruptura del orden constitucional en una reunión con su principal asesor en cuestiones internacionales, Felipe Martins, que acudió con un abogado constitucionalista y con un sacerdote.

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Brasil celebra el primer juicio contra los bolsonaristas que intentaron dar un golpe a Lula

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El País .- La fiscalía, que pide 30 años para cuatro acusados, busca condenas ejemplares para neutralizar a los posibles imitadores El segundo domingo de 2023 el Tribunal Supremo de Brasil, un bello edificio acristalado, fue invadido y depredado por una turba violenta de bolsonaristas que, enarbolando la bandera nacional, tomó también el Congreso y la Presidencia, en Brasilia, en el ataque más grave contra la democracia brasileña desde la dictadura. La máxima corte se ha reunido este miércoles con la solemnidad de las ocasiones importantes para celebrar el primer juicio contra los golpistas. Han empezado por cuatro acusados detenidos in fraganti el 8 de enero, parte de la tropa de choque. La fiscalía los acusa de intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que aquel día cumplía una semana en el poder. “Intentaron deponer a un Gobierno legítimamente elegido con el pretexto de un fraude electoral”, ha recordado el número dos de la Fiscalía General de la República, Carlos Federico Santos, en su alegato. Los cuatros acusados afrontan penas que suman 30 años de cárcel y una indemnización por daños morales de 100 millones de reales (19 millones de euros). Unas 1.300 personas más están imputadas en este megacaso que está en manos del Supremo y que avanza a enorme velocidad. En un país muy garantista hacia los acusados, casi 130 personas llevan ocho meses encarceladas por un ataque cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.   La Fiscalía y el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, han dejado claro que pretenden imponer a los más violentos entre la turba condenas ejemplares con la vista puesta en disuadir a cualquiera que ose emular a los bolsonaristas que imitaron a los trumpistas. “Queremos mostrar al mundo que Brasil dejó de ser una república bananera, que es un Estado de derecho serio, que los golpes de Estado son una página ya cerrada de nuestra historia”, ha dicho el representante de la Fiscalía tras advertir de que “las noticias falsas siguen circulando y tenemos que aclarar [lo ocurrido] de una vez por todas”.   No estaban en la sala los acusados en este primer juicio (un informático que era funcionario, un ingeniero forestal y dos repartidores). Tienen entre 24 y 52 años y proceden en ciudades de São Paulo y de Paraná. Los delitos que se les imputan, como a cientos de los procesados, son abolición violenta del estado de derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada y daños contra el patrimonio. Tres de ellos lo han seguido por videoconferencia desde la cárcel; el primero pidió estar presente en el juicio pero no fue autorizado. El cuarto está en libertad condicional.   El expresidente Bolsonaro, que aquel día estaba en EEUU, es investigado como instigador. Aquel domingo culminó una campaña sistemática del bolsonarismo para deslegitimar a las instituciones, cuestionar el proceso electoral y sembrar dudas sobre la victoria de Lula. Durante el juicio se han exhibido los vídeos que el acusado se grabó aquel día, vestido con una camiseta con el lema “intervención militar federal” y anunciando de que defecaría en el Congreso. Había llegado hasta allí desde São Paulo en bus con un grupo denominado patriotas. Durante la vista también se han mostrado otras imágenes del asalto, incluidas algunas grabadas en esa misma sala el día de autos, cuando una multitud de bolsonaristas arrasó con el sitio donde los togados tienen la última palabra sobre la justicia en Brasil. El Supremo es el edificio que con más saña atacaron, donde más caras han salido las reparaciones.   La primera jornada no ha bastado para concluir ni siquiera el juicio al primer acusado. La sesión ha estado marcada por el cuerpo a cuerpo dialéctico entre el juez Moraes y el abogado defensor de Aécio Lucio Costa Pereira, de 51 años. Desde la tribuna, el letrado ha proclamado que este “es un juicio político” y “la corte, ilegítima”. Y, perfectamente consciente de que la vista se retransmite en directo por televisión, ha recalcado que su cliente lleva ocho meses preso sin poder ver a su esposa e hijos porque las normas carcelarias exigen la cartilla de vacunación y han decidido no inmunizarse. “Lo considero tortura psicológica”, ha dicho.   Moraes ha echado mano de la ironía para contrarrestar el relato de que el acusado iba en son de paz a defender su libertad. “Hablamos de golpistas”, ha recalcado el juez. “Porque en ese relato negacionista, parece que el 8 de enero tuvimos un domingo en el parque de una multitud que de repente dijo: ‘¡Hala, vamos a invadir un poco!”. Famoso por los superpoderes que le han sido otorgados en nombre de la defensa de la democracia y por sus métodos de shérif, Moraes quiere asegurarse de neutralizar el riesgo de que la democracia brasileña sufra un nuevo ataque. Como las deliberaciones de la máxima corte también son públicas, el voto de los dos primeros magistrados ha puesto en evidencia que no existe unanimidad en el tribunal sobre la dureza de la condena. Moraes pide para el primero 17 años, mientras uno de sus colegas solicita 2,5 años porque solo lo castiga por dañar el patrimonio y lo absuelve de los delitos golpistas. La sesión continúa este jueves con los votos restantes. Los juicios por los actos antidemocráticos han empezado con cuatro acusados de ejecutarlos. Ciudadanos de a pie que, intoxicados por una sobredosis de falsedades, muchas agitadas machaconamente por el ultraderechista Jair Bolsonaro desde la Presidencia. La idea es que, más adelante, se sienten en el banquillo los que contribuyeron a la asonada, pero sin mancharse las manos: los autores intelectuales, los financiadores y las autoridades que hicieron dejación de funciones. Recientemente, toda la cúpula de la policía militar de Brasilia fue detenida y encarcelada. Y su jefe inmediato, Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro, está en libertad condicional. Oficializado el triunfo de Lula el 30 de octubre, miles de seguidores del derrotado presidente ultra acamparon ante cuarteles por todo Brasil reclamando a los militares que impidieran un tercer mandato de

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Los países de Amazonia debaten cómo mantener la selva en pie y generar riqueza por medios lícitos

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El País .- El venezolano Maduro falla por una otitis a la cumbre convocada por Lula con los ocho países que albergan la selva tropical   La Amazonia es tan valiosa para la salud planetaria como complejos son sus problemas. Pero, para muchos de los que no la conocen de cerca, es un santuario a no tocar o un escenario de aventuras formidables. Invitados por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, los ocho países que albergan la mayor selva tropical del mundo, los que lidian con sus infinitos problemas cotidianos, han debatido este martes en una ciudad amazónica, Belém, sobre cómo preservar el ecosistema, combatir la deforestación y generar riqueza por medios lícitos para los 50 millones de personas que viven bajo las copas de los árboles milenarios de los que tanto se habla en las cumbres climáticas. Porque ahora mismo, las actividades ilegales que están destruyendo la selva resultan mucho más lucrativas. Los países amazónicos han pedido al mundo rico que cumpla sus compromisos y les ayude a financiar los pasos necesarios para lograr un desarrollo que combine preservación y prosperidad en este ecosistema crucial para frenar el calentamiento global.   Seis millones de kilómetros cuadrados tiene la Amazonia, 1,5 veces la extensión de la Unión Europea. Al resto del mundo le afecta lo que aquí ocurra porque alberga el 20% de las reservas de agua dulce del planeta y una biodiversidad excepcional. Pero también es una especie de lejano oeste con la población de España, escasa presencia del poder público, extremadamente pobre y carcomido por la deforestación, el narcotráfico, el contrabando, la minería o la pesca ilegal. La de Belém es la primera reunión que la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica celebra en 14 años. la cita ha reunido a los presidentes de Brasil, Bolivia, Colombia y Perú junto a represetantes de menor nivel del resto —Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela—. La ausencia de Nicolás Maduro, anunciada de víspera con el argumento de una otitis, supone un revés para Lula, que ha hecho grandes esfuerzos para sacarlo del ostracismo diplomático. Para la peruana Dina Boluarte ha sido, en cambio, su primer viaje al extranjero desde que asumió el poder tras un fallido intento de golpe.   Aunque los países amazónicos se han comprometido a estrechar relaciones para forjar un bloque para las cada vez más cruciales negociaciones climáticas, la cumbre se ha quedado corta en resultados concretos: Lula no ha logrado que todos se sumaran al compromiso ya adoptado por Brasil y Colombia de reducir la deforestación a cero para 2030, una meta ambiciosa. Los resultados preliminares indican que la tala ilegal ha caído notablemente en Brasil desde que Lula gobierna pero habrá que esperar a fin de año para saber si los satélites más precisos confirman esas cifras.   Lula ha chocado con uno de sus principales invitados, su homólogo Gustavo Petro, sobre los combustibles fósiles. El colombiano quiere prohibir por ley la explotación petrolífera en la Amazonia mientras el brasileño mantiene una postura ambigua y se refugia en la necesidad de emprender una transición más tranquila. Petro se lo ha afeado en público con un golpe contundente: “[Los Gobiernos de] derecha tienen una escapatoria fácil, que es el negacionismo. Niegan la ciencia. Para los progresistas es muy difícil. Entonces genera otro tipo de negacionismo: hablar de transiciones”, ha dicho el mandatario que cumple un año en el cargo y está en medio de un huracán político por las revelaciones sobre la financiación de su campaña presidencial y los manejos de su hijo Nicolás.   La declaración final de Belém, que ocupa unas 20 paginas, no incluye ningún compromiso ni referencia a los combustibles fósiles. Es un asunto sensible para Lula porque la petrolera estatal ya extrae petróleo en la selva y tiene ambiciosos proyectos en otros puntos de la región.   El texto pactado por los ocho países sí que recalca el compromiso de trabajar juntos para que Amazonia no alcance el punto de no retorno, es decir, el momento en que en vez de absorber emisiones nocivas para el medio ambiente las genere. Y la declaración también incluye una alusión, aunque sin mencionarlo explícitamente, al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que la UE esperaba rematar con el regreso de Lula a la presidencia pero que está atascado por las exigencias medioambientales planteadas por los europeos al texto pactado hace ya cuatro años. Los países de la Amazonia condenan “la proliferación de medidas comerciales unilaterales que, con base en requisitos y regulaciones ambientales, suponen barreras comerciales que afectan principalmente a los pequeños productores de países en desarrollo (…) y los esfuerzos para erradicar la pobreza y aliviar el hambre”.   El encuentro de países amazónicos continúa el miércoles con la incorporación de los principales países donantes de proyectos de desarrollo sostenible en Amazonia, Noruega y Alemania. También se sumarán al debate en Belém representantes de los países que acogen las otras grandes selvas tropicales del planeta, Indonesia, Congo y la República Democrática de Congo, con la vista puesta en actuar de manera coordinada en los foros internacionales, donde a ojos de Lula les plantean muchas exigencias de preservación sinn recibir a cambio ayuda para emprender un desarrollo sostenible, crear alternativas a la lucrativa explotación ilegal y sacar de la pobreza a los habitantes de estos valiosos ecosistemas.   Reflejo de las contradicciones y complejidades de la Amazonia, Belém es la capital de Pará, el Estado brasileño con los peores índices de deforestación, un territorio con 27 millones de cabezas de ganado, tres veces más que habitantes, responsables de que sea campeón en emisiones de gases nocivos. Está previsto que la ciudad acoja la gran cumbre climática de la ONU en 2025, la llamada COP 30. La cita actual es el ensayo. El sueño de Lula es que dentro de dos años el mundo conozca la Amazonia con todos sus matices y colabore para preservarla.

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La Justicia inhabilita a Bolsonaro durante ocho años por abusos de poder en las elecciones

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Vistazo .- El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) fue despojado este viernes de sus derechos políticos por la Justicia electoral, que lo declaró culpable de «abusos de poder» durante la campaña que el año pasado llevó a la Presidencia al progresista Luiz Inácio Lula da Silva. Con esta decisión, adoptada por cinco votos frente a dos en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el líder de la ultraderecha, de 68 años, no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios ganados por Lula. El último voto fue proferido por el presidente del TSE, el juez Alexandre de Moraes, quien fue objeto de virulentos y permanentes ataques del bolsonarismo antes y durante la campaña electoral, en la que fue acusado, sin prueba alguna, de «maniobrar» para «favorecer» a Lula. Según De Moraes, la sentencia es una respuesta al «degradante populismo nacido en los discursos de odio y antidemocráticos, que propagan una asquerosa desinformación» no sólo en Brasil, sino en «todo el mundo», con el «único objetivo» de «engañar» a los electores. Cinco de los siete miembros del TSE respaldaron la posición del relator del proceso, Benedito Gonçalves, quien consideró a Bolsonaro culpable de «abusos de poder» durante la campaña para las elecciones de octubre del año pasado. La acusación tuvo como eje una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para volver a descalificar la transparencia del sistema electoral y la propia democracia. Ese hecho, según dice la sentencia, configuró un «abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo» y también un «uso indebido de predios públicos y medios de comunicación», pues Bolsonaro ordenó que la televisión pública transmitiera el evento. Las consideraciones de la mayoría de los jueces fueron incluso más allá y enmarcaron esa reunión en una «sistemática campaña de desinformación» que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral y todas las instituciones democráticas del país. «No eran opiniones personales», como sostuvo la defensa, dijo el juez De Moraes, quien enfatizó que se trató de «mentiras permanentes y fraudulentas» que apuntaban a «subvertir y pervertir» el proceso electoral y con eso, «a la propia democracia». Agregó que «libertad de expresión» no es «libertad de agresión», de «mentira», de «desinformación» y de «fraude», ni una herramienta para que «líderes populistas y extremistas conquisten al elector» con «discursos de odio y antidemocráticos» difundidos en las redes sociales «con un barniz falso de veracidad». Esa campaña incluyó sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica que Brasil utiliza desde 1996 sin que desde entonces se haya comprobado un solo fraude, e insultos de todo calibre lanzados durante meses contra el TSE, sobre el cual Bolsonaro dijo una y otra vez que había decidido «convertir a Lula en presidente». El discurso de Bolsonaro, según dijeron algunos jueces, hasta pudo incitar el asalto a las sedes de los tres poderes del pasado 8 de enero, cuando una horda de bolsonaristas sembró el caos con la intención de llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar a Lula. De hecho, el expresidente todavía responde ante la Justicia en una decena de causas, una de las cuales, que tramita en la Corte Suprema, lo tiene como «sospechoso» de haber alentado ese fracasada intentona golpista.

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Brasil busca crear una alianza antiliberal y antinorteamericana con regímenes de izquierda latinoamericanos y otros rivales de EEUU

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Infobae .- Lula extendió la alfombra roja en Brasilia al dictador venezolano Nicolás Maduro e intentó relanzar la fallida alianza de la Unasur. La jugada se concretó después de su viaje a China, de recibir al canciller de Putin y de permitir buques iraníes en Río de Janeiro Durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil contribuyó a la seguridad de las rutas marítimas transatlánticas aliadas y, en 1944, envió a Italia una fuerza expedicionaria del tamaño de una División, que luchó valientemente para ayudar a liberar a Europa de las dictaduras asesinas de Hitler y Mussolini. En 1985, los brasileños se unieron en torno a Tancredo Neves y José Sarney para poner fin a un período de gobierno militar antidemocrático en su propio país. Qué inquietantemente lejos ha llegado el mundo. En mayo de 2023, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenado anteriormente por delitos graves de corrupción pero excarcelado en 2021 por un tecnicismo, extendió la alfombra roja en Brasilia al dictador venezolano Nicolás Maduro, también buscado internacionalmente por una amplia gama de cargos criminales, tachando de “exageradas” y sólo una “narrativa” las bien establecidas violaciones de Maduro del orden constitucional democrático de Venezuela, de la ley y de los más de 7 millones de venezolanos a los que su régimen abusa y mal gestiona el país. De hecho, Maduro evitó previamente asistir a la reunión de diciembre de 2022 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires por temor a que la justicia independiente argentina emitiera una orden de arresto internacional contra él mientras se encontraba en el país. Al parecer, Maduro no tenía temores similares por parte del poder judicial de Lula. El abrazo de Lula a Maduro fue sólo la salva inicial de la convocatoria de 12 líderes sudamericanos por parte del populista izquierdista brasileño, en una táctica para resucitar la fallida alianza UNASUR de 2008, fundamentalmente anti-estadounidense. La agenda de Lula era implícita, si no explícitamente antiestadounidense; arremetió contra Estados Unidos y otros países por sus sanciones y otros esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela, pero lo que es más importante, pidió que UNASUR estableciera su propia moneda (con un gran coste financiero e ineficacia transaccional) para liberar a la región de la dependencia del dólar estadounidense. El intento antiestadounidense de Lula de unir a la región contra el marco de la política estadounidense y un sistema financiero basado en el dólar, se produce tras el permiso dado por su régimen para que buques de guerra iraníes atraquen en el puerto de Río de Janeiro. También se produce tras su viaje con una enorme delegación de 240 personas a la República Popular China, donde fue mucho más allá de hablar de negocios, firmando 15 memorandos de entendimiento, incluyendo compromisos para un nuevo satélite desarrollado conjuntamente por valor de 100 millones de dólares, así como para la colaboración mediática y militar. De hecho, literalmente al día siguiente de que Lula abrazara al dictador venezolano Nicolás Maduro en Brasilia, su gobierno recibió a una delegación de 20 generales y otros oficiales de todas las ramas del Ejército Popular de Liberación de la RPC. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de China, Xi Jinping, asisten a una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de abril de 2023. (Reuters) Más allá de dicha colaboración, el abrazo de Lula a la RPC también incluye la coordinación en la expansión de la alianza explícitamente política Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica (BRICS), además de los intentos de Lula de insertar a su régimen junto con la RPC en una “iniciativa de paz” en Ucrania que no incluye explícitamente la retirada rusa del territorio ucraniano que ha invadido. De hecho, Lula trajo al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a Brasilia para hablar calurosamente de la expansión del comercio entre Rusia y Brasil en un momento en el que la mayor parte del mundo democrático está intentando utilizar las sanciones para reducir la capacidad de Rusia de financiar sus depredaciones militares en curso contra Ucrania. Irónicamente, al mismo tiempo, Lula ha criticado a Occidente por ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa como “prolongar la guerra”. Es difícil imaginar al emblemático presidente de Brasil Getúlio Vargas en 1944 criticando a los EEUU por ayudar a los aliados contra Hitler como “prolongar la guerra.” Espantosamente, la táctica de Lula en UNASUR es sólo la punta del iceberg de la orientación peligrosamente radicalizada con la que ha regresado al cargo tras su encarcelamiento de 580 días. Su régimen también está colaborando con China y Rusia para ampliar el BRICS e incluir al régimen peronista antiliberal de Argentina, la dictadura antiestadounidense de Maduro, además de Irán y Arabia Saudí. Este último estaría particularmente rebosante de dinero del petróleo para financiar causas antioccidentales, incluso mientras profundiza su colaboración económica con la RPC, y cada vez más resentido por el cuestionamiento de Washington de su historial en materia de Derechos Humanos y Democracia. La labor de Lula para crear una alianza antiliberal antiestadounidense de facto entre regímenes de izquierda latinoamericanos y rivales extrahemisféricos de Estados Unidos se produce además en un momento en el que los países geográficamente más cercanos a Estados Unidos, como México, los Estados del triángulo norte y partes del Caribe, se están alejando de la cooperación política y de seguridad con Estados Unidos y se acercan cada vez más a la República Popular China, de una forma sin precedentes en la generación actual. Aunque Estados Unidos debe respetar el liderazgo democráticamente elegido de Brasil y su derecho soberano a elaborar su propia política exterior, Washington debe demostrar que no dará al régimen de Lula un pase para abrazar a dictadores internacionalmente buscados y a rivales extra hemisféricos, o para reunir activamente a regímenes de izquierda simpatizantes para que trabajen en contra de los intereses de Estados Unidos, simplemente porque Lula coopere con Estados Unidos y Europa en cuestiones climáticas y de justicia social. Washington debería aumentar la coordinación con la Unión Europea y actores democráticos afines sobre los riesgos a largo plazo que entraña la

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Lasso llega debilitado a la cita en la que podría revivir Unasur, en Brasil

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Primicias .- El presidente Guillermo Lasso viajó a Brasil para una cita de presidentes de Sudamérica, organizada por Lula da Silva. La cumbre incluirá al venezolano Nicolás Maduro.   El presidente Guillermo Lasso llegó a Brasil para reunirse con los demás mandatarios de la región, con el objetivo común de reactivar la integración. El foro con más muestras de apoyo es la Unasur.   El presidente ecuatoriano tiene previsto impulsar diálogos por la cooperación en seguridad, que es un problema transnacional. Sin embargo, la agenda de sus pares podría obligarlo a tomar una posición de frente al resurgimiento de la Unasur.   El politizado bloque regional estuvo al borde de la extinción entre 2017 y 2020, cuando la mayoría de mandatarios, en ese entonces de derecha, decidieron abandonarlo. Los únicos países que permanecieron dentro del tratado fueron Venezuela, Surinam y Guyana.   Mientras tanto, en abril de 2018, los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú decidieron buscar un reemplazo y, en marzo 2019, nació el fallido Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).   Ahora, con un nuevo viraje en la tendencia de los gobiernos, la mayoría de ellos parte de la autodenominada izquierda progresista, que confluye en el Grupo de Puebla, los líderes quieren retomar la Unasur como bandera regional. Gobiernos en crisis El 30 de mayo de 2023, Brasilia será la sede del primer encuentro presidencial de la región, en casi una década, que contará con representación de los 12 gobiernos de Sudamérica. La única ausente será la presidenta peruana Dina Boluarte.   La mandataria, que llegó al poder tras la caída de Pedro Castillo, no puede abandonar el país por las investigaciones judiciales en su contra, pero envió en su lugar a Alberto Otárola, titular del Consejo de Ministros.   Esa es solo una muestra de la crisis que atraviesan los distintos gobiernos de la región. El mismo presidente ecuatoriano llega a la cita a puertas de su salida anticipada de Carondelet.   En medio del segundo intento de la oposición de destituirlo, desde la Asamblea Nacional, el presidente Lasso disolvió el Parlamento y convocó a unas elecciones extraordinarias, que se llevarán a cabo el 20 de agosto de 2023.   Además, el ocaso de los gobiernos de derecha se muestra en que nuevamente son minoría en la región: Ecuador, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, estos dos últimos nunca se han caracterizado por tomar posiciones radicales frente a los demás gobiernos.   Mientras que, en el caso de Lasso, será la primera vez que comparta un foro internacional con el venezolano Nicolás Maduro, pese a que nunca lo reconoció como su homólogo y continuó con la línea de Lenín Moreno, de mantener congeladas las relaciones con Caracas.   Maduro llega también después de años de bloqueo internacional, con la carga de una crisis migratoria sin precedentes que ha golpeado a toda la región y con las denuncias constantes de elecciones manipuladas para mantenerse en el poder.   Es por eso que el mismo anfitrión de la cita, Lula da Silva, advirtió a Maduro que está en sus manos que Venezuela «vuelva a ser un país soberano, donde solo su pueblo, a través de una votación libre, diga quién se debe gobernar».   Mientras que el presidente venezolano afirmó que su país ha sido objeto de un cerco «ideológico» montado por la ultraderecha global, pero aseguró que «ha resistido» y que está listo para «trabajar en la construcción de un nuevo mapa de cooperación» regional.   El presidente argentino, Alberto Fernández, también llega Brasilia arrastrando la peor inflación en su país desde la crisis de 2001 y sin un horizonte claro frente a las próximas elecciones presidenciales de octubre, que provocan tensiones dentro políticas en el oficialismo.   Mientras tanto, Luis Arce, el heredero de Evo Morales, enfrenta un modelo económico fracasado, que tiene a Bolivia en quiebra, con un déficit fiscal permanente y un desplome de la producción de gas, fuente primordial de ingresos del país.

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Lula da Silva profundiza su acercamiento al chavismo: recibe al dictador Nicolás Maduro en Brasilia

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Infobae .- Los mandatarios se reúnen en la antesala de una cumbre de jefes de Estado de América del Sur. Planean firmar acuerdos sobre las tribus indígenas en la frontera amazónica   El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibe el lunes al dictador venezolano Nicolás Maduro, luego de un período de aislamiento diplomático del líder chavista y un enfriamiento de las relaciones bilaterales durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Maduro aterrizó la noche del domingo en Brasilia y agradeció la “calida bienvenida” a través de Twitter. “Estaremos desarrollando, en las próximas horas, una agenda diplomática que viene a reforzar la unión necesaria de los pueblos de nuestro continente. ¡Estén pendientes!”, publicó, con fotos de su llegada junto a su esposa, Cilia Flores. El viaje se produce como antesala de una cumbre de jefes de Estado sudamericanos convocada por Lula da Silva, con el objetivo de impulsar la integración regional. Es la primera visita de Maduro desde 2015, cuando Maduro asistió a la toma de posesión para un segundo mandato de la expresidenta Dilma Rousseff. Maduro y Lula, junto a las primeras damas, Cilia Flores y Rosangela da Silva (Reuters) Según la agenda difundida por el gobierno brasileño, Maduro y Lula tienen programada una reunión privada a las 10.30 (hora local, 13.30 GMT), una reunión ampliada a las 11.30 y una ceremonia de firma de actas a las 12.30, seguida de un almuerzo. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, los dos presidentes deben avanzar en el proceso de “normalización de las relaciones bilaterales”. Entre los temas de la agenda está la reapertura de las respectivas embajadas y sectores consulares. “También será una oportunidad para que los presidentes conversen sobre los procesos de diálogo interno en Venezuela, con vistas a la realización de las elecciones de 2024″, dijo Itamaraty. En la reunión, se espera que los dos presidentes aborden los resultados de la reciente misión multidisciplinaria a la capital venezolana, organizada por la Agencia Brasileña de Cooperación, en la que participaron representantes de más de 20 órganos gubernamentales brasileños. “Se prestará especial atención a las cuestiones fronterizas, con énfasis en la protección de las poblaciones que residen en esta franja, entre ellas los pueblos yanomami”. También según la carpeta, los dos jefes de Estado tratarán temas de la agenda regional, como la integración sudamericana y la cooperación amazónica, y multilateral, en particular en lo que se refiere a la paz, la seguridad y el cambio climático. Imagen de archivo del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (izq) y el presidente venezolano Nicolás Maduro durante un homenaje al cubano Fidel Castro en Santiago de Cuba, Cuba. 3 diciembre 2016. REUTERS/Carlos Barría Datos del gobierno brasileño indican que el comercio bilateral con Venezuela alcanzó cerca de USD 1,7 mil millones en 2022, con exportaciones brasileñas de USD 1,3 mil millones e importaciones de cerca de USD 400 millones. El intercambio entre los dos países alcanzó los USD 6 mil millones en 2013, “lo que demuestra el potencial de la relación y estimula la profundización del diálogo con vistas a la reanudación de las asociaciones económicas, la complementariedad de las cadenas productivas y la eliminación de las barreras comerciales”. Cumbre sudamericana Un encuentro entre los líderes suramericanos no ocurría desde 2014 en Quito, durante la cumbre de Unasur, la instancia creada seis años antes por Lula (2003-2010) y el venezolano Hugo Chávez durante la primera ola de gobiernos izquierdistas. Pero luego de un giro conservador en las urnas, un Brasil bajo inestabilidad política tras el “impeachment” de Dilma Rousseff en 2016 y las desavenencias entre países por la crisis venezolana, el bloque regional quedó prácticamente paralizado, sin presupuesto y sin sede. El objetivo de la cumbre de presidentes, según la Cancillería de Brasil, es promover el diálogo entre todos los países de la región, con vistas a reactivar la agenda de cooperación en áreas clave como salud, cambio climático, defensa, lucha contra el crimen transnacional, infraestructura y energía, entre otras. Será la reunión de mandatarios sudamericanos más importante en casi una década, desde el encuentro de 2014 (AFP) El canciller brasileño, Mauro Vieira, señaló que su país ha invitado a los presidentes de las otras once naciones de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Todos confirmaron su asistencia, con la excepción de la mandataria peruana, Dina Boluarte, ya que no tiene vicepresidente y su salida del país obligaría a ceder el cargo al titular del Congreso. Luego de ser recibidos uno a uno por Lula, los presidentes se reunirán en dos sesiones -primero con pronunciamientos individuales y luego para un debate informal-, seguidas de una cena en la Alvorada, residencia oficial del mandatario brasileño. Todas las discusiones serán a puerta cerrada y aún no está garantizada una declaración final con una posición común. Sin una agenda preestablecida y con un formato reducido -en la sala solo estarán los mandatarios, sus cancilleres y algunos asesores-, la idea del “retiro” propuesto por Lula es que los países puedan discutir con franqueza los problemas comunes. Le dará a la cita un aire “desacartonado”, “con el máximo de conversación posible”, dijo a la AFP una fuente de cancillería. Según Gisela Maria Figuereido, secretaria brasileña para América Latina y Caribe, el encuentro tendrá tres objetivos. Los dos primeros son “retomar el diálogo” para buscar una “visión común” y acordar una agenda de cooperación en temas como salud, infraestructura, energía, medioambiente y combate del crimen organizado. Por ejemplo, el canciller brasileño Mauro Vieira dio impulso la semana pasada al llamado “corredor bioceánico”, una iniciativa para mover carga entre los océanos Atlántico y Pacífico, y que discuten desde hace años Perú, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. La tercera meta luce más complicada: encontrar un camino para un nuevo mecanismo de integración suramericana.

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La amazonia arde aún más con Lula da Silva: creció la deforestación

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Infobae .- A 100 días del inicio del gobierno del presidente izquierdista, los reportes de marzo son negativos. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, trató de justificar los datos como un “acto” de venganza de los bolsonaristas   A pesar del marketing y de los diversos vídeos promocionales en los que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha declamado repetidamente que “la respuesta al cambio climático depende de la acción coordinada de todos los países” y que “Brasil está haciendo su parte”, los datos de marzo sobre la deforestación de la Amazonia son escalofriantes. Según el último informe del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), la deforestación se ha triplicado respecto a los meses anteriores, una cifra que convierte el primer trimestre de este año en el peor desde 2008, con 867 kilómetros cuadrados de bosque perdidos, casi 1.000 campos de fútbol por día. El estado de Amazonas es el más afectado por la furia del hombre, mientras que en el estado de Pará sólo en marzo en dos áreas de protección ambiental, el Triunfo do Xingu y el APA do Tapajós, se perdieron hectáreas de bosque equivalentes a 800 campos de fútbol. La mayor parte de la devastación, el 76%, tuvo lugar en zonas privadas. Sólo el 1% en tierras indígenas, lo que demuestra que las comunidades nativas son los mejores guardianes del pulmón del mundo. En febrero, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE, un total de 322 km2 de la Amazonia habían sido deforestados. Casi el doble de los 199 km2 destruidos en el mismo mes de 2022, bajo el gobierno de Bolsonaro, y la mayor devastación registrada desde que Brasil comenzó a medirla, en 1988.”Los gobiernos, tanto federal como los estatales, deben actuar conjuntamente para evitar que continúe la devastación, especialmente en las zonas protegidas”, advierte uno de los investigadores autores del informe de Imazon, Carlos Souza Jr. “Es necesario”, prosigue, “no dejar impunes los casos de explotación forestal ilegal y apropiación de tierras públicas”. Es sorprendente cómo algunos estados han sufrido una aceleración de la deforestación este año. Es el caso de Maranhão, que en un año ha experimentado una tendencia explosiva, con un aumento de la deforestación del 125%, con 9 kilómetros cuadrados quemados en lo que va de 2023. Vista aérea de un área deforestada cerca de Uruara, estado de Pará (Reuters) En febrero, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, había justificado el aumento de la deforestación como un “acto” de venganza de los bolsonaristas. En marzo, siguió culpando a la administración anterior de reducir el número de inspectores medioambientales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama). En una entrevista concedida a la CNN, Silva dijo que de 1.700 en 2008 se ha pasado a 700 hoy. Sin embargo, sorprendió su fervor por la posible ayuda en la Amazonia ofrecida por China que, recordemos, es uno de los países más contaminantes del mundo. “China ha conseguido recuperar 70 millones de hectáreas de bosque”, declaró entusiasmada antes de visitar con Lula a Xi Jinping, “y tiene experiencia en la producción de energía eólica y solar para promover una transición ecológica”. Pekín está interesada en la Amazonia por su agua y su tierra, tanto que no dudó en financiar con Brasil, el CBERS-6, un proyecto de un satélite conjunto para monitorizar la deforestación en la Amazonia. Es una decisión estratégica pero significaría entregar la seguridad de la selva amazónica a China, que ya ha ganado la licitación multimillonaria para construir la red eléctrica desde la central hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonia, hasta Río de Janeiro. Por diferentes razones, también Moscú tiene sus ojos en la Amazonia. El gobierno del ex presidente Jair Messias Bolsonaro autorizó una expedición científica del navío Akademik Boris Petrov en aguas amazónicas tras reunirse con Vladimir Putin el año pasado, pocos días antes de la invasión rusa de Ucrania. La zona donde el navío llevó a cabo su exploración en Brasil el pasado noviembre tiene mucha importancia geopolítica. La compañía petrolera nacional brasileña Petrobras está investigando la región en busca de nuevos recursos petrolíferos, y por la cercana costa atlántica pasan los cables submarinos que unen Brasil con África y Norteamérica. Esta es probablemente una de las razones por las que Estados Unidos ha elevado la suma para proteger la Amazonia propuesta en febrero durante la visita de Lula a Washington. De los 50 millones de dólares prometidos, Joe Biden presentará al Congreso estadounidense una propuesta de financiación de 500 millones de dólares a repartir en cinco años, suponiendo que el Senado, a mayoría republicana, acepte. Sería la primera vez que EE.UU. participa en el Fondo Amazonia, una iniciativa de Alemania y Noruega para proteger la floresta y promover el desarrollo sostenible que recaudó unos 198 millones de dólares entre 2009 y 2018, cuando el gobierno de Bolsonaro lo suspendió. El fondo ha sido criticado en el pasado, y no solo por los bolsonaristas, por ser utilizado a menudo como puerta de entrada para inversiones poco sostenibles. En el nordeste de Pará la población local y el Ministerio Público Federal han denunciado a la multinacional minera Hydro, cuyo accionista mayoritario es el gobierno de Oslo, por contaminación medioambiental. La propia Noruega ha comunicado al gobierno brasileño que su pago al Fondo Amazonia estará ahora condicionado a las próximas cifras de deforestación. En la última conferencia de la ONU sobre medio ambiente, la COP27, Lula prometió al mundo, el pasado noviembre, que “lucharía sin tregua contra los delitos medioambientales”. Lo que significará también tener que lidiar con los grupos criminales, brasileños y de otras nacionalidades, que hoy controlan las fronteras amazónicas, convertidas en ruta privilegiada para introducir cocaína y armas en Brasil y gran parte de la minería ilegal, el llamado “garimpo” ilegal. Muy positivo, entonces, fue el pedido del gobierno de retirar el proyecto de ley elaborado durante el gobierno de Bolsonaro que prevé la minería y la construcción de hidroeléctricas en tierras indígenas. Sin embargo, en otras cuestiones Lula ha abrazado el mismo antiambientalismo de

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Tras los dichos de Lula da Silva sobre la guerra en Ucrania, la Casa Blanca lo acusó de “repetir la propaganda rusa y china”

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INFOBAE .- Durante su viaje a Beijing, el Presidente de Brasil afirmó que Estados Unidos “incentiva” lo que sucede en territorio europeo La Casa Blanca criticó duramente este lunes a Brasil después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmara durante un viaje a China que Estados Unidos “incentiva la guerra” en Ucrania. “En este caso, Brasil está repitiendo la propaganda rusa y china sin observar para nada los hechos”, declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Lula afirmó el sábado durante una visita a Pekín, donde se reunió con el líder chino Xi Jinping, que “Estados Unidos tiene que dejar de fomentar la guerra y empezar a hablar de paz. La Unión Europea tiene que empezar a hablar de paz”. Se hizo eco así de una línea utilizada con frecuencia por Moscú y Pekín, que culpan a Occidente de la guerra, que comenzó en febrero de 2022 cuando las fuerzas rusas irrumpieron en Ucrania en un intento de derrocar al gobierno elegido democráticamente y anexionarse franjas del país prooccidental. Xi Jinping recibió a Lula este fin de semana (Reuters) Brasil no se ha unido a las naciones occidentales en la imposición de sanciones a Rusia y ha rechazado las peticiones de suministro de munición a Ucrania. El lunes, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo en Brasil, al inicio de una gira por América Latina, que Rusia está “agradecida a nuestros amigos brasileños por su clara comprensión de la génesis de la situación (en Ucrania)”. El veterano izquierdista Lula está dispuesto a reforzar la apuesta de Brasil por ser un pacificador no alineado. Kirby estima que el mensaje de Lula sobre la guerra es “profundamente problemático”. Washington no tiene “ninguna objeción a ningún país que quiera intentar poner fin a la guerra”, dijo. Pero Brasil ha abordado este tema de manera “retórica al sugerir que Estados Unidos y Europa de alguna manera no están interesados en la paz o que compartimos la responsabilidad de la guerra”, insistió. “Obviamente queremos que termine la guerra”, insistió Kirby. “Eso podría suceder ahora mismo, hoy, si el señor (presidente ruso Vladimir) Putin dejara de atacar a Ucrania y retirara sus tropas”. Las banderas de Brasil y China (REUTERS/Tingshu Wang) “Los comentarios más recientes de Brasil de que Ucrania debería considerar la cesión formal de Crimea como una concesión de paz son sencillamente erróneos, especialmente para un país como Brasil que ha votado a favor de defender los principios de soberanía e integridad territorial” en Naciones Unidas, añadió Kirby. El Departamento de Estado estadounidense ha sido bastante más tibio. “Brasil es un país soberano que toma sus propias decisiones sobre sus relaciones con otros países”, afirmó un portavoz que pidió el anonimato. “Seguimos enfocados en implementar nuestros principios democráticos compartidos, crear prosperidad y trabajar hacia un desarrollo económico que sea beneficioso, sostenible e inclusivo a largo plazo”, añadió. Lula no se limitó a Ucrania en sus críticas a Washington, sino que también arremetió contra el dominio del dólar en el comercio mundial y abogó por una nueva moneda para las transacciones entre los países miembros del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

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El Chile de Boric, la única potencia de América Latina que condena abiertamente la última ofensiva de Ortega

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EL PAÍS .- México evita censurar la deriva del régimen sandinista mientras que Argentina, Colombia y Brasil optan por el silencio.   La última ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en menos de una semana desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, declarándoles “apátridas”, y despojó de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores, le ha costado al régimen sandinista solo una condena rotunda entre los gigantes de la región. De las cinco principales potencias de América Latina, todas gobernadas por la izquierda, el Ejecutivo de Gabriel Boric fue el único en manifestar abiertamente su repudio ante lo sucedido. EL PAÍS consultó este jueves a las cancillerías de Chile, México, Argentina, Colombia y Brasil. La Administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó a emitir una declaración difusa sobre la protección de los derechos humanos, mientras que los Gobiernos de Alberto Fernández, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva optaron por el silencio.   “Entre los desterrados tenemos escritores como Gioconda Belli, Sergio Ramírez, periodistas, mujeres defensoras de derechos humanos, feministas, muchas de las cuales están dentro del país. Sigue habiendo al menos 30 presos políticos. Nos parece de suma gravedad, de suma gravedad”, enfatizó la canciller. El compromiso adoptado por la Administración de izquierda es continuar denunciando la situación creada por el régimen de Ortega y llevar a cabo las acciones que correspondan para apoyar a los perseguidos y la democratización en Nicaragua. “Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, apuntó Urrejola.   El presidente Boric pidió semanas atrás la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires. El mismo llamamiento hizo el pasado septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió “trabajar para que, en ningún lugar del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”. Sin embargo, el presidente chileno no ha hecho declaraciones públicas sobre las últimas medidas del régimen de Ortega.   La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha tratado, al ser consultada por EL PAÍS, de hacer equilibrios, pero su pronunciamiento se queda lejos de una condena o una exigencia a Ortega. “México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua”, señalaron fuentes de Cancillería, a cargo de uno de los principales dirigentes oficialistas y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard. “Conforme a uno de sus principios torales de política exterior, nuestro país se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de esta de manera arbitraria, y al uso y goce de sus bienes y propiedad a menos que esta sea confiscada o restringida por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una indemnización justa”, prosiguieron las mismas fuentes.   El Gobierno de López Obrador se suele escudar en el principio de no intervención en política exterior, consagrado en la Constitución, para sortear pronunciamientos potencialmente incómodos. Más claras suelen ser las posiciones de las Administraciones de Fernández, Petro o Lula da Silva. No obstante, en esta ocasión ni Argentina, ni Colombia, ni Brasil han optado por censurar la deriva de Ortega y Murillo. En el caso de Bogotá, además, se añaden complicaciones en la relación bilateral con Managua, puesto que los dos países están inmersos en una disputa territorial por la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia. Han sido Estados Unidos y España los dos países que con más contundencia se han pronunciado sobre las nuevas medidas de Ortega. EE UU ha recibido en su territorio a los 222 desterrados y les ha garantizado una protección temporal, mientras España les ha ofrecido la nacionalidad.   Las duras críticas de Chile a la deriva de Ortega y Murillo no son nuevas. Boric se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los abusos y la represión del régimen en Nicaragua y su ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, siguió el deterioro democrático del país centroamericano y las violaciones de derechos entre 2018 y 2021 desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La canciller denunció la situación públicamente este jueves sin utilizar medias tintas. “Cada día más se trata de una dictadura totalitaria”, mantuvo al condenar la persecución de cualquier tipo de disidencia nicaragüense. “No solo les quitan la nacionalidad y les confiscan los bienes, sino que también han sido declarados prófugos de la justicia”, apuntó la ministra de Relaciones Exteriores ante la prensa en el Palacio de La Moneda.

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