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La economía venezolana busca espacios para crecer entre el ‘efecto Chevron’ y el techo de la crisis política

Internacionales / streaming streaming / 09/07/2023

El País .– La ampliación de licencias de multinacionales devuelve vitaminas al fisco venezolano, pero persisten graves cuellos de botella ante el colapso del crédito y las sanciones Los venezolanos vieron el pasado mes de junio cómo los precios aumentaban un 8,5%, según el cálculo del Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación acumulada en el país, hasta la mitad del año, es, de acuerdo con el mismo organismo, del 100,75%. Y hay cierto consenso entre los analistas económicos en que pueda alcanzar un 200% a fines de año. El promedio de tres dígitos, si bien tiene proporciones aterradoras, es muy inferior al que sufrió el país en su historia reciente, por ejemplo en 2018, el momento cumbre de la hiperinflación y del éxodo masivo de ciudadanos. Luego del histórico derrumbe de la economía registrado entre 2014 y 2020, que se llevó consigo el 80% de su Producto Interno Bruto como consecuencia de una caída drástica de la producción petrolera, Venezuela busca desesperadamente espacios para expandirse. Y esa expectativa, de momento, parece condenada a tener un techo: su propia crisis política. La economía venezolana crece, apuntalada en una mejora de su PIB petrolero, pero a un ritmo claramente insuficiente. A finales del año pasado se registró una depreciación cambiaria que casi congela de nuevo la actividad productiva, agravada por nuevos hechos de corrupción en el Gobierno. El país necesita tener varios años con tasas de crecimiento de dos dígitos para poder recobrar su vieja fisonomía. Hoy, el inventario acumulado ha hecho posible que muchas cadenas comerciales –Farmatodo, Central Madeirense, Excelsior Gamma, Beco– enfrenten las adversidades haciendo ofertas, tocados por la necesidad de mover su mercancía. Las importaciones, tradicionalmente muy altas, han tenido un descenso. La contracción del consumo ha puesto contra la pared a muchos usuarios, que deben escoger cuál necesidad atender, y que por eso con frecuencia abandonan la lealtad a las marcas. Los productos nacionales, menos abundantes, son también más caros. El salario mínimo mensual equivale a apenas 5 dólares. Las escalas salariales del sector privado son mucho más razonables, y a menudo complementadas con bonos en dólares, pero se quedan cortas. Nicolás Maduro ha decretado aumentos de bonos complementarios que entrega el Gobierno, junto a bolsas de comida. Son muchas las personas que tienen dos y tres trabajos, cada uno de ellos muy mal pagado. Comienza a ser frecuente encontrar gente que vive del dinero enviado por sus parientes en el exterior. En los agentes económicos hay alguna expectativa ante el impacto del llamado “efecto Chevron”, ahora que esta multinacional ha obtenido licencia para ampliar sus operaciones en el país y ha aliviado las arcas venezolanas. La alicaída producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) parece recobrar algún vigor con las gestiones de Pedro Tellechea. Las compañías mixtas Sinovensa y Petromonagas han recuperado terreno. Es claro el interés de otras operadoras internacionales de crudo por obtener licencias de producción en el marco de las sanciones internacionales. El país se acerca a los 800.000 barriles diarios de producción, lejos de sus tradicionales 3 millones de barriles del pasado. Las licencias a Eni y Repsol a la producción de gas nacional tendrán un impacto positivo en el fisco. El Gobierno de Maduro ha mejorado su recaudación en impuestos y aplica una dura voracidad fiscal a algunas actividades económicas. “Al entrar 2023, vino un frenazo en las ventas y eso tumbó las ilusiones de mucha gente. Veníamos de un excelente año. Se han venido recuperando, pero por debajo de lo esperado, y mucho menos que en tiempos anteriores”, afirma Rafael Montaña, empresario dedicado a la comercialización de alimentos, especialmente café a nivel nacional. “El empresario de este momento lucha es por mantenerse en el marcado, así sea en las mismas condiciones”. El mercado de la que fue la cuarta economía latinoamericana se ha reducido dramáticamente desde 2014. César Petit, economista exjefe del Departamento de Análisis Económico del Banco Central de Venezuela, hoy analista financiero de la firma BancTrust and Co, afirma que, en un nuevo contexto de incertidumbre política, muchos planes de inversión privada pueden postergarse. Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, opina que la puesta en vigor del Impuesto a las Transacciones Financieras, a finales del de 2022, tuvo un grave efecto en el desempeño económico. “El mayor de los problemas del país es que necesitamos incentivos para invertir, y financiamiento interno y externo. Nada de eso existe”, afirma. “Sin crédito bancario no hay producción ni consumo. Las necesidades de fondo de la economía requieren cambios profundos”. En medio del filtro informativo promovido por el Banco Central de Venezuela y las autoridades del país, los actores económicos trabajan para crear sus propios monitores de análisis e incorporar técnicos que les permitan elaborar una data confiable en torno a donde están parados. “Este equipo de asesores ecuatorianos que asiste al gobierno mantiene desde 2018 los mismos cuatro elementos de política económica, alternando la intensidad de uno y otro”, afirma Herrera. “El enfoque es restringir la cantidad de bolívares en la circulación para que la gente no compre dólares y bajar la presión del tipo de cambio. La hiperinflación pasó, pero esta política tiene efectos recesivos, y las tasas inflacionarias siguen muy altas”. Las diferencias entre el nivel de vida de Caracas y el interior del país son muy notorias. En la capital se sienten mucho menos los problemas con los servicios públicos. “Para llegar a lo que antes vendía en una semana, debo trabajar un mes”, afirma Euclides Do Nascimiento, hijo de emigrantes portugueses que administra una bodega en Boleíta, zona industrial al este de Caracas. “Viene mucha gente al negocio a pedir comida, ayuda. No puedo complacer a todo el mundo, les tengo que decir que se vayan.” “No parece muy probable que venga una nueva flexibilización de las sanciones internacionales”, observa Petit. “Si María Corina Machado sigue subiendo en las encuestas y Maduro se ve perdido en unas elecciones, pueden venir una radicalización que cree una crisis y afecte

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Luis Alejandro Ratti, el supuesto antichavista que quiere dinamitar las primarias de la oposición

Internacionales / streaming streaming / 07/07/2023

El País .- Empresario, conferencista y desconocido de la política local, este nuevo aspirante acude a los tribunales para impugnar la consulta opositora. Luis Alejandro Ratti, un desconocido de la política local venezolana, ha declarado que la elección primaria de las fuerzas antichavistas para escoger a un candidato presidencial, prevista para el próximo 22 de octubre, “no se va a dar”. En una entrevista difundida en las redes sociales, Ratti argumentó que este es un proceso “que está pasando por encima de las leyes” y que los desafía “los poderes del Estado venezolano”. En un tuit publicado en su cuenta, afirmó además que extendería una solicitud para que la dirigencia opositora, y Machado en particular, sean investigados ante la Corte Penal Internacional, que tiene en marcha un procedimiento contra el Gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de este lenguaje, tan simétrico al que emplea la jerarquía chavista, Luis Alejandro Ratti se presenta como un dirigente político “de la verdadera oposición”. Quiere mostrarse como alternativa ante “un mal Gobierno”, el de Maduro, pero al mismo tiempo toma distancia inequívoca de “los radicales”: aquellos que en su opinión promovieron hechos violentos y expusieron a la nación a una intervención extranjera, a los que acusa además de corrupción. A pesar de las gestiones y amenazas de Ratti, fue finalmente José Brito, del partido Primero Venezuela, el encargado de ahorrarle el trabajo y pedir ante la Contraloría General de la República la inhabilitación política de Machado, –opositora radical cuya popularidad sube aceleradamente en las encuestas–, que fue llevada a efecto inmediatamente, bajo acusaciones de promover una agresión internacional al país, y de “estimular” el éxodo venezolano, del cual ha sido tantas veces señalados como responsable tanto Maduro como Diosdado Cabello por la oposición. Brito es un antiguo militante del partido Primero Justicia que, junto a otros diputados, fue acusado en 2019 de usar su cargo para hacer gestiones en Europa procurando aligerar el expediente judicial de Alex Saab, empresario colombiano cercano al gobierno de Maduro acusado de lavado de dinero, y preso en Estados Unidos. La polémica produjo la ruptura de estos diputados –llamados, a partir de entonces, “alacranes”– con los partidos opositores de la Plataforma Unitaria, del cual fueron expulsados, y un duro enfrentamiento personal. Además de Brito, a este grupo pertenecen Luis Parra, Bernabé Gutiérrez, Goyo Noriega y Oscar Ronderos. Brito niega de forma tajante estas acusaciones, así como sus colegas, se bate furiosamente por su nombre en cualquier programa de televisión y afirma que la corrupción campea del lado del llamado G-4 (los principales partidos opositores) y de Machado. La guinda de la torta es lo que acaba de declarar sobre Alejandro Ratti: en una acalorada entrevista con el periodista Vladimir Villegas que se ha viralizado en las redes sociales, Brito dijo que a Ratti “le paga María Corina Machado por hacer lo que hace. Una figura que nadie conoce, de la noche a la mañana, declara solo para favorecer al Gobierno y pide inhabilitaciones. No permito a nadie que me comparen con esa rata. Yo soy un político y estoy ejerciendo un derecho”. Ratti, cuya exposición pública ha sido prácticamente inexistente hasta ahora, ha estado ajeno a este apasionado debate. A pesar de su interés en comportarse como un político en el lenguaje y los modales, toda su vida parece dedicada al ejercicio privado. Ha sido empresario y administró una librería-papelería en su ciudad natal, Maracay. Se postuló como diputado en la década anterior, pero obtuvo un minúsculo margen de votos. En su cuenta de Twitter se presenta además como “motivador, predicador y conferencista.” De hecho, Ratti ya es candidato presidencial para las elecciones de 2024, postulado por el Partido Acción Nacional, también desconocido. Con la consigna “Por amor a Venezuela” ha hecho el anuncio en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, de poco más de mil seguidores, es confrontado e insultado con alguna frecuencia por antichavistas iracundos que lo acusan de marioneta. “Para quienes dicen que nadie me conoce: fui candidato presidencial y luchamos por desenmascarar a la falsa oposición. Nos respetan en la calle, nos odian en el Twitter. Nunca estaremos con el G-4 y sus maricorinos. [voz coloquial y despectiva para aludir a los antichavistas más intransigentes]. No vamos a caminar en la ambigüedad”, afirma en su cuenta personal. Ratti se presentó como candidato presidencial a los discutidos comicios de mayo de 2018, que abrieron las compuestas internacionales de la crisis venezolana, en medio del veto a casi todos dirigentes opositores conocidos, y en los cuales Nicolás Maduro fue reelecto entre varias denuncias de fraude de la oposición y de parte importante de la comunidad internacional. Poco antes del día de la elección, Ratti declinó en favor de Henri Falcón, el único candidato opositor que pudo competir. Su papel en este momento consiste en enviar a las instituciones del chavismo los mensajes que necesita para procesar jurídicamente la decisión política de dejar sin efecto los esfuerzos organizativos político-electorales de la oposición venezolana, sus elecciones primarias y la elección de su liderazgo. Poco antes, Ratti, que asegura ser opositor, solicitó un recurso de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia, controlado en su totalidad por el chavismo, para solicitar la anulación de la elección primaria, además de pedir la inhabilitación política de María Corina Machado y otros candidatos de la oposición, presuntamente por alterar en el pasado la paz pública, “promover el bloqueo internacional contra el país y solicitar la invasión de fuerzas extranjeras”.

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Adiós al Petro, la criptomoneda fallida de Nicolás Maduro

Internacionales / streaming streaming / 03/07/2023

El País .– La trama de corrupción en torno a Tarek El Aissami produjo el colapso de la Superindentencia de Criptoactivos e hirió de muerte esta iniciativa del chavismo El fin del Petro, la criptomoneda estatal que ofrecía garantía de respaldo con petróleo y oro nacional, basado en la tecnología de cadena de bloques y lanzado con un enorme esfuerzo promocional por el Gobierno de Nicolás Maduro, está cerca. Entre las fuentes económicas y financieras consultadas se asume que el instrumento irá muriendo poco a poco, camino a su liquidación definitiva, después de, presumiblemente, asumir deudas y cerrar los compromisos con acreedores, vinculados sobre todo al sector comercial. Desde fines de mayo, según reportaron los usuarios, la cadena de bloques del Petro comenzó a ofrecer una conducta irregular y la plataforma #PetroApp a evidenciar fallas. La trama de la corrupción PDVSA, Crypto, estructurada por una red de altos funcionarios vinculados a Tarek El Aissami, hasta el pasado mes de febrero, presidente de Petróleos de Venezuela y vicepresidente del Área Económica del Gobierno de Nicolás Maduro, constituye una de las razones fundamentales de este enésimo experimento fallido de políticas públicas que ensaya el chavismo. La criptomoneda Petro —PTR— fue presentado en 2017 con enorme publicidad, concretado ya el derrumbe de la economía de controles de cambio y precios, como una herramienta para transar activos y capitalizar recursos, bajo el supuesto de que su soporte eran las cuantiosas reservas petroleras internacionales certificadas en el país. Muchos usuarios del entorno social del chavismo, vinculados al sistema Patria, se dedicaron a cambiar progresivamente bolívares por Petros, alentados por la propaganda oficial, con el objeto de ahorrar activos. También empresarios y cadenas comerciales. Su puesta en vigor fue tomando aliento progresivamente, incorporando su presencia como forma de pago en algunas transacciones digitales oficiales, obligatorio como unidad de referencia luego de la segunda reconversión monetaria de Maduro en servicios tributarios y consulares. Su nacimiento estuvo acompañado de una campaña muy activa de la plana dirigente oficialista para promocionar su uso y darlo a conocer entre la población, y en 2018 desembarcaron en el país, de manera masiva, las criptomonedas. Tarek El Aissami convenció a Maduro de que las criptomonedas eran un excelente instrumento para evadir las sanciones internacionales, ya entonces en vigor, y para dar oxígeno a una economía en colapso. Joselit Ramírez, presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, cercano en lo personal y lo político a El Aissami, está hoy en prisión. Hugbel Roa, también amigo de El Aissami —y también preso—, era el ministro de Ciencia y Tecnología y Educación Universitaria encargado de presentar y asumir el proyecto del Petro a finales de 2017. La purga adelantada por Maduro al desmantelar la extendida red, barrió a una parte importante del personal técnico de Sunacript. Ahora, se ha nombrado una nueva junta de este ente, presidida por Anabel Pereira. El escaso margen de maniobra para operar el Petro, basado en su naturaleza centralizada, conspiró contra su utilidad funcional desde el comienzo. También, la escasa credibilidad de su equipo promotor. “El Petro no es un bitcoin, que tienes que minar para validar las transacciones. Es un algoritmo con un techo”, explica Henkel García, analista financiero. “Para que ese proceso sea creíble, sobre todo en un Gobierno con gente que tiene tantos problemas de credibilidad, era necesario ofrecer una vía de canje. El Petro ha sido aceptado más por un juego de arbitraje, podía comprarse más barato en un mercado secundario, pero no mucho más”. La dolarización de la economía venezolana en 2018, apunta García, hizo que parte de la orientación estratégica del Petro como captador de recursos internacionales, perdiera peso específico. “El Petro fue relanzado como seis o siete veces antes de lo que sucede hoy”. “Las criptomonedas terminaron convertidas en el instrumento de un grupo de políticos corruptos chavistas para desfalcar lo poco que quedaba de dinero en Petróleos de Venezuela”, afirma a su vez el economista Omar Zambrano. Las sanciones internacionales en contra del Gobierno de Maduro obligaban a la jerarquía chavista a comercializar petróleo de manera irregular, adelantando operaciones comerciales “en negro”. Las transacciones con criptomonedas hicieron posible el desvío de recursos a los bolsillos de la escuadra de gerentes de Tarek El Aissami. Un informe publicado por la ONG anticorrupción Transparencia Venezuela sostiene que, al mando de El Aissami, Petróleos de Venezuela asignaba a la Superintendencia de CriptoActivos la responsabilidad de la comercialización del petróleo venezolano. Ya cerca de su final, la Asociación Nacional de Cripoactivos ha emitido un comunicado en el cual lamenta la progresiva mengua y decadencia del Petro, afirmando que se envía “un mensaje muy negativo a la comunidad nacional e internacional”.

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Proscripción serial: cómo funciona la estrategia de Maduro para sacar de carrera a los candidatos de la oposición

Internacionales / streaming streaming / 02/07/2023

Infobae .- El régimen venezolano confirmó la inhabilitación de María Corina Machado. Ahora los tres principales postulantes presidenciales antichavistas están vetados. Expertos explicaron a Infobae la maniobra. ¿Una elección sin candidatos opositores? Sucedió en noviembre pasado en Nicaragua, luego de que Daniel Ortega metiera presos -o desterrara- a todos los presidenciables. O en marzo en Cuba, donde nadie por fuera del Partido Comunista participa de los comicios ficticios… La táctica es conocida en América Latina y el régimen venezolano es un buen alumno. Históricamente ha echado mano a las proscripciones para manipular las elecciones. El objetivo es armar boletas a la carta, para minimizar riesgos de derrota. El régimen de Maduro ha metido líderes populares a la cárcel sin cuidar las formas (Leopoldo López, Antonio Ledezma, por ejemplo), su Asamblea Nacional elegida fraudulentamente para desplazar a la legítima le ha quitado la personería jurídica a los partidos más tradicionales y también a los emergentes y, además, ha torcido la Constitución para inhabilitar a los líderes opositores que mejor medían de cara a cada comicio presidencial. Ahora fue el turno de María Corina Machado, que se suma a la lista negra que ya integran el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles y Freddy Superlano, el postulante del partido de Leopoldo López y Juan Guaidó. Los tres precandidatos opositores a la presidencia de Venezuela están proscritos en la Venezuela de Maduro. La candidata de Vente Venezuela llena plazas en todo el país, incluso en los bastiones tradicionalmente chavistas, logró llegar a cada rincón en auto porque no la dejan ni siquiera usar vuelos nacionales, y cosecha una movilización inédita en los últimos meses. Con tamaña popularidad, el régimen le bajó el pulgar y el último viernes confirmó su inhabilitación para cargos públicos por 15 años. “El chavismo históricamente ha tenido tendencia a hacerle esto a los políticos con potencial de tener muchos votos”, afirma en diálogo con Infobae el analista político venezolano Alejandro Armas y recuerda que en 2008 Leopoldo López fue la primera víctima, cuando Hugo Chávez lo inhabilitó para que no pudiera competir por la Alcaldía de Caracas. Bajo el eufemismo de “irregularidades administrativas” el chavismo se deshace de todo aquel que presente peligro electoral. La táctica es la versión evolucionada de los gobiernos paralelos que elegía Chávez cada vez que perdía algún territorio. Entonces, armaba una estructura gemela y desviaba para allí los fondos despojando de recursos al opositor que legítimamente había ganado en las urnas. Maduro lo hizo con el Parlamento tras el histórico triunfo de 2015 pero ahora parece no ser suficiente, mejor intentar cortar de raíz e impedir que se presente. Es preventivo: Maduro teme que María Corina Machado gane las primarias y como es quién mejor intención de voto tiene, al mismo tiempo, busca desalentarlas. El opositor Henrique Capriles también está proscripto (Reuters) El método que implementa serialmente el chavismo además es contrario a la propia Carta Magna Bolivariana: estas inhabilitaciones emanan de la Contraloría General de la República a través de su polémico Código de Inhabilitaciones que viola la Constitución, que detalla que para quedar inhabilitado para ejercer derechos políticos tiene que existir una sentencia firme inapelable de la Justicia. “La Constitución dice claramente que la inhabilitación para ejercer un cargo de elección popular implica una sentencia definitivamente firme emanada de un tribunal de la República y donde evidentemente el imputado se ha podido defender”, explica a Infobae el abogado constitucionalista venezolano Juan Manuel Raffalli. El especialista detalla que el comunicado publicado el último viernes contra la opositora señala que María Corina es responsable de una serie de hechos que a ella no le han notificado, no se ha abierto ningún procedimiento al respecto y no ha tenido derecho a defenderse, es decir, “hay una ausencia absoluta del debido proceso”. El constitucionalista, además, insiste en la incompetencia de la Contraloría para tamaña sanción (15 años): “Ella no está ejerciendo ningún cargo público desde hace muchos años y ese es el único elemento que le daría competencia a la Contraloría”. Raffalli asegura que estos “nichos de inconstitucionalidad” terminan afectando los derechos de participación política que están consagrados en los Acuerdos y Tratados Internacionales y, que por el artículo 23 de la Constitución, deben ser aplicados de manera directa en Venezuela porque tienen rango constitucional incluso. “No solo vulnera el derecho del posible candidato a participar y recibir votos, también vulnera el derecho de las organizaciones políticas a postular y vulnera el derecho de los ciudadanos electores a ejercer su sufragio en función a los candidatos de su preferencia, es decir, atenta contra el sufragio como figura protagónica de la democracia constitucional”, afirma. “La posición del régimen es utilizar a la Contraloría para poder decidir quién va o no a ser el candidato de la oposición, lo cual es un absurdo. Es decir, esto es una receta al más puro estilo nicaragüense”. Freddy Superlano, el precandidato de «Voluntad Popular» también está inhabilitado (Reuters) “Aquí todos estamos inhabilitados” “Esto no es algo sorprendente, lo ha hecho históricamente el régimen de Maduro. Es una táctica cubana para intentar sacar de juego a las disidencias”, asegura en diálogo con Infobae Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de la campaña de Machado. Y gráfica el escenario con una tan brutal como honesta reflexión: “Aquí todos estamos inhabilitados. Todos tenemos un número y el régimen decide cuándo ese número sale sorteado”. Urruchurtu explica que la maniobra chavista no cambia nada de forma inmediata. Recuerda que desde el día uno la Comisión Nacional de Primarias dejó muy en claro que las inhabilitaciones no impiden postulaciones para las internas del 22 de octubre. “Si la mayoría de los precandidatos están proscritos por el chavismo, incluso Capriles”, apunta. Y asegura que Machado tiene más fuerza que nunca. “Hagan lo que hagan vamos a seguir”, dice y recalca que la movilización es imparable. “La primaria es muy importante porque es la oportunidad para renovar el liderazgo de la oposición con un componente de legitimidad, algo que no tiene desde el 2015. Permite escoger más que un candidato, un liderazgo, con capacidad de interlocución con la comunidad internacional, y legitimidad dentro del país para construir una ruta hacia elecciones en 2024″, asegura. Este punto es clave porque Maduro amenaza públicamente

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La dictadura de Maduro inhabilitó a María Corina Machado, candidata a la presidencia de Venezuela

Internacionales / streaming streaming / 30/06/2023

Infobae .- La información la dio a conocer el diputado chavista José Brito en la sede de la Asamblea Nacional. Dijo que la dirigente no podrá ejercer cargos públicos al menos por 15 años. La dictadura de Nicolás Maduro inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos a la candidata opositora venezolana María Corina Machado. La información la dio a conocer el diputado chavista José Brito. “Se continuó con la investigación patrimonial, encontrándose que la ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”, manifestó Brito. Minutos después de conocerse la noticia, la líder de Vente Venezuela publicó en sus redes sociales: “La inhabilitación del régimen es INÚTIL. Lo que demuestra es que están derrotados”. Noticia en desarrollo

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La Corte Penal Internacional reanuda la investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela

Internacionales / streaming streaming / 28/06/2023

El País .- El Gobierno de Nicolás Maduro ha intentado disuadir a la CPI con varios recursos judiciales y asegura que el proceso en su contra está impulsado por Estados Unidos Los defensores de derechos humanos esperaban desde hace semanas la respuesta de la Corte Penal Internacional (CPI). Después de varios vaivenes con el Gobierno de Venezuela y de que el fiscal Karim Khan visitara el país para instalar una oficina de cooperación en Caracas, la CPI ha ordenado avanzar en la investigación. La decisión es un revés para Nicolás Maduro, que ha intentado con varios recursos disuadir el proceso que se le sigue en La Haya por denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió en un comunicado las conclusiones del análisis de las reiteradas solicitudes de la Fiscalía de Venezuela de suspender el proceso bajo el argumento de que la justicia venezolana estaría haciéndose cargo. “Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”. Además, señalan que hay periodos de inactividad de investigación que consideran inexplicables y que las pesquisas solo se han centrado en oficiales de bajo rango y no en toda la cadena de mando, que es el objeto de esta instancia internacional de justicia. “Nosotros tenemos clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando”, dijo hace menos de un mes el fiscal venezolano Tarek William Saab, durante la tercera visita de Khan al país, en la que se acordó la instalación de una oficina de cooperación técnica. En respuesta al nuevo paso dado, la Cancillería venezolana ha respondido expresando su desacuerdo. Bajo el argumento del Gobierno, desde el inicio del proceso en 2018, la Corte alienta y contribuye a una estrategia con fines políticos “de cambio de régimen” en Venezuela, supuestamente impulsada por Estados Unidos, considerado el enemigo número para una parte del chavismo y con el que, sin embargo, ha retomado contactos en el último año. Los magistrados de la Sala, Péter Kovács, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, examinaron las observaciones de las autoridades venezolanas, así como 1.875 formularios recogidos por la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas que reúnen los testimonios de más de 8.000 víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2014 en el marco de manifestaciones antigubernamentales y como parte de una política de persecución por motivos políticos. A finales de 2021, la CPI anunció la finalización del examen preliminar, una fase previa para determinar la apertura de una investigación. El Gobierno de Maduro, a través de varias maniobras jurídicas, intentó poner freno al proceso pero solo logró ponerlo en pausa unos meses. Las estrategias del chavismo parecen haber tocado un techo, aunque han anunciado que nuevamente apelarán esta decisión, con pocas posibilidades de que esta vez sea considerada, según algunos analistas. Maduro se enfrenta otra vez a este escrutinio, luego de haber retomado relaciones diplomáticas con gran parte del mundo y en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024 para las que el líder chavista intenta mejorar su imagen. Si bien este camino en la CPI que iniciaron expresidentes de varios países de la región críticos con el chavismo, como el colombiano Iván Duque, el argentino Mauricio Macri, el chileno Sebastián Piñera o el paraguayo Mario Abdo Benítez, las ONG han sido fundamentales para documentar el expediente. El espectro político latinoamericano ha vuelto a virar y los señalamientos contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno han pasado a un segundo plano, al menos en las relaciones diplomáticas, mientras los defensores de derechos humanos en Venezuela han empujado la búsqueda de justicia en instancias internacionales. Es por ello que el Parlamento afín a Maduro se ha enfilado en contra de estas organizaciones y hace unos meses aprobó en primera discusión en una ley que restringe su funcionamiento y el acceso a financiamiento internacional. ONGs como Defiende Venezuela y Acceso a la Justicia han expresado que la decisión de la Sala es una victoria para las víctimas. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000. Este es la primera vez que se inicia una investigación contra un Gobierno en ejercicio y también la primera vez que se da apertura a una investigación en un país latinoamericano en esta instancia. En este caso también ha sido inédito que Estados parte -Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá- invocaran el Estatuto de Roma contra otro miembro, como ocurrió en 2018 con la solicitud que dio inicio a este expediente. Con la decisión de este martes se da un paso más en el largo camino para la comprobación de la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad y la posible sanción de figuras del alto Gobierno como responsables.

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Alex Saab podría salir libre, según el Gobierno de Venezuela

Internacionales / streaming streaming / 15/06/2023

Primicias .- El empresario colombiano Alex Saab, preso en Miami desde 2021, esta «más cerca» de salir libre, dijo el Gobierno de Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, aseguró que el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, está “más cerca” de ser liberado en Estados Unidos. Sin embargo, Gil no dio más detalles. Saab está preso desde octubre de 2021, acusado del delito de conspiración para lavado de dinero. Durante 16 meses, Alex Saab estuvo preso en Cabo Verde antes de ser extraditado a Miami. “Podemos decir que cada vez está más cerca el retorno (de Saab) a Caracas, a reencontrarse con su familia”, dijo el canciller durante un foro en Caracas el 14 de mayo de 2023. El ministro además acusó a Estados Unidos de haber vulnerado los derechos de Saab en prisión. “Se le ha negado cualquier tipo de asistencia, incluso legal, diplomática y de salud”, agregó. El Gobierno de Maduro exige la excarcelación de Saab, al alegar que este se encontraba en una misión humanitaria, como representante diplomático de Venezuela, cuando fue detenido. Este alegato ha sido desestimado por la justicia estadounidense. El pasado 16 de marzo, la esposa de Saab, Camila Fabri, llamó al Gobierno de Estados Unidos a negociar la excarcelación de su marido. Fabri dijo que su esposo corre peligro en el reclusorio de Florida, al que ingresó en octubre de 2021. La esposa de Alex Saab, además, pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y al secretario general de la ONU, António Guterres, que se pronuncien contra la “violación” de derechos de la que es víctima su marido. Recordó que Saab, quien enfrenta un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero en una corte de Miami, del que se declaró “no culpable”, es sobreviviente de cáncer. El médico de cabecera de Saab también ha dicho que el empresario padece de anorexia, anemia, hipotiroidismo e hipertensión.

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Brasil busca crear una alianza antiliberal y antinorteamericana con regímenes de izquierda latinoamericanos y otros rivales de EEUU

Internacionales / streaming streaming / 04/06/2023

Infobae .- Lula extendió la alfombra roja en Brasilia al dictador venezolano Nicolás Maduro e intentó relanzar la fallida alianza de la Unasur. La jugada se concretó después de su viaje a China, de recibir al canciller de Putin y de permitir buques iraníes en Río de Janeiro Durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil contribuyó a la seguridad de las rutas marítimas transatlánticas aliadas y, en 1944, envió a Italia una fuerza expedicionaria del tamaño de una División, que luchó valientemente para ayudar a liberar a Europa de las dictaduras asesinas de Hitler y Mussolini. En 1985, los brasileños se unieron en torno a Tancredo Neves y José Sarney para poner fin a un período de gobierno militar antidemocrático en su propio país. Qué inquietantemente lejos ha llegado el mundo. En mayo de 2023, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenado anteriormente por delitos graves de corrupción pero excarcelado en 2021 por un tecnicismo, extendió la alfombra roja en Brasilia al dictador venezolano Nicolás Maduro, también buscado internacionalmente por una amplia gama de cargos criminales, tachando de “exageradas” y sólo una “narrativa” las bien establecidas violaciones de Maduro del orden constitucional democrático de Venezuela, de la ley y de los más de 7 millones de venezolanos a los que su régimen abusa y mal gestiona el país. De hecho, Maduro evitó previamente asistir a la reunión de diciembre de 2022 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires por temor a que la justicia independiente argentina emitiera una orden de arresto internacional contra él mientras se encontraba en el país. Al parecer, Maduro no tenía temores similares por parte del poder judicial de Lula. El abrazo de Lula a Maduro fue sólo la salva inicial de la convocatoria de 12 líderes sudamericanos por parte del populista izquierdista brasileño, en una táctica para resucitar la fallida alianza UNASUR de 2008, fundamentalmente anti-estadounidense. La agenda de Lula era implícita, si no explícitamente antiestadounidense; arremetió contra Estados Unidos y otros países por sus sanciones y otros esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela, pero lo que es más importante, pidió que UNASUR estableciera su propia moneda (con un gran coste financiero e ineficacia transaccional) para liberar a la región de la dependencia del dólar estadounidense. El intento antiestadounidense de Lula de unir a la región contra el marco de la política estadounidense y un sistema financiero basado en el dólar, se produce tras el permiso dado por su régimen para que buques de guerra iraníes atraquen en el puerto de Río de Janeiro. También se produce tras su viaje con una enorme delegación de 240 personas a la República Popular China, donde fue mucho más allá de hablar de negocios, firmando 15 memorandos de entendimiento, incluyendo compromisos para un nuevo satélite desarrollado conjuntamente por valor de 100 millones de dólares, así como para la colaboración mediática y militar. De hecho, literalmente al día siguiente de que Lula abrazara al dictador venezolano Nicolás Maduro en Brasilia, su gobierno recibió a una delegación de 20 generales y otros oficiales de todas las ramas del Ejército Popular de Liberación de la RPC. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de China, Xi Jinping, asisten a una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de abril de 2023. (Reuters) Más allá de dicha colaboración, el abrazo de Lula a la RPC también incluye la coordinación en la expansión de la alianza explícitamente política Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica (BRICS), además de los intentos de Lula de insertar a su régimen junto con la RPC en una “iniciativa de paz” en Ucrania que no incluye explícitamente la retirada rusa del territorio ucraniano que ha invadido. De hecho, Lula trajo al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a Brasilia para hablar calurosamente de la expansión del comercio entre Rusia y Brasil en un momento en el que la mayor parte del mundo democrático está intentando utilizar las sanciones para reducir la capacidad de Rusia de financiar sus depredaciones militares en curso contra Ucrania. Irónicamente, al mismo tiempo, Lula ha criticado a Occidente por ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa como “prolongar la guerra”. Es difícil imaginar al emblemático presidente de Brasil Getúlio Vargas en 1944 criticando a los EEUU por ayudar a los aliados contra Hitler como “prolongar la guerra.” Espantosamente, la táctica de Lula en UNASUR es sólo la punta del iceberg de la orientación peligrosamente radicalizada con la que ha regresado al cargo tras su encarcelamiento de 580 días. Su régimen también está colaborando con China y Rusia para ampliar el BRICS e incluir al régimen peronista antiliberal de Argentina, la dictadura antiestadounidense de Maduro, además de Irán y Arabia Saudí. Este último estaría particularmente rebosante de dinero del petróleo para financiar causas antioccidentales, incluso mientras profundiza su colaboración económica con la RPC, y cada vez más resentido por el cuestionamiento de Washington de su historial en materia de Derechos Humanos y Democracia. La labor de Lula para crear una alianza antiliberal antiestadounidense de facto entre regímenes de izquierda latinoamericanos y rivales extrahemisféricos de Estados Unidos se produce además en un momento en el que los países geográficamente más cercanos a Estados Unidos, como México, los Estados del triángulo norte y partes del Caribe, se están alejando de la cooperación política y de seguridad con Estados Unidos y se acercan cada vez más a la República Popular China, de una forma sin precedentes en la generación actual. Aunque Estados Unidos debe respetar el liderazgo democráticamente elegido de Brasil y su derecho soberano a elaborar su propia política exterior, Washington debe demostrar que no dará al régimen de Lula un pase para abrazar a dictadores internacionalmente buscados y a rivales extra hemisféricos, o para reunir activamente a regímenes de izquierda simpatizantes para que trabajen en contra de los intereses de Estados Unidos, simplemente porque Lula coopere con Estados Unidos y Europa en cuestiones climáticas y de justicia social. Washington debería aumentar la coordinación con la Unión Europea y actores democráticos afines sobre los riesgos a largo plazo que entraña la

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Analista afirma que no tuvo éxito proyecto de revivir Unasur

Política / Fernando Castilla Fassio / 31/05/2023

El proyecto que busca recuperar la Unasur, y que fue presentado por el presidente brasileño Lula Da Silva, durante la reciente cumbre de mandatarios sudamericanos, no tuvo acogida. Así opinió el analista internacional, Carlos Verissimo. En su opinión, la propuesta de Lula no atrajo el interés de los demás presidentes. Tanto así, que a duras penas consiguió un documento muy matizado, carente de unidad. Además, cuando planteó una “hoja de ruta” en 120 días, a cargo de notables, Uruguay se opuso y exigió que sea elaborada por los cancilleres, a fin de ponerle algo de seriedad. El mismo rechazo recibió su afán de crear una moneda única latinoamericana, ya que los demás estados del continente, agobiados por una permanente inestabilidad, no confían en que esa propuesta sea la solución. Tampoco logró su fin el anfitrión, cuando pretendió exponer que las críticas hacia Venezuela, por la dictadura del presidente Maduro, eran solo “una narrativa”, y no correspondían a la realidad. El propio Gabriel Boric, de Chile, pese a su militancia socialista, se expresó en contra de tales argumentos, y advirtió que la situación venezolana es seria. Todo apunta, agregó Verissimo, a que Maduro, con el apoyo de Lula, pretende presentarse como demócrata, y conseguir que Estados Unidos levante las sanciones económicas en su contra. Algo en lo cual ha corrido con suerte, pues debido a los estragos del invierno en Europa, el petróleo venezolano tuvo finalmente acogida. El analista advirtió que esta posición de Brasil, en defensa de Maduro, le puede traer problemas a Lula, tanto internos, pues los conservadores son una fuerza poderosa, como internacionales, ya que se alejaría de Estados Unidos.

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Lula da Silva profundiza su acercamiento al chavismo: recibe al dictador Nicolás Maduro en Brasilia

Internacionales / streaming streaming / 29/05/2023

Infobae .- Los mandatarios se reúnen en la antesala de una cumbre de jefes de Estado de América del Sur. Planean firmar acuerdos sobre las tribus indígenas en la frontera amazónica El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibe el lunes al dictador venezolano Nicolás Maduro, luego de un período de aislamiento diplomático del líder chavista y un enfriamiento de las relaciones bilaterales durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Maduro aterrizó la noche del domingo en Brasilia y agradeció la “calida bienvenida” a través de Twitter. “Estaremos desarrollando, en las próximas horas, una agenda diplomática que viene a reforzar la unión necesaria de los pueblos de nuestro continente. ¡Estén pendientes!”, publicó, con fotos de su llegada junto a su esposa, Cilia Flores. El viaje se produce como antesala de una cumbre de jefes de Estado sudamericanos convocada por Lula da Silva, con el objetivo de impulsar la integración regional. Es la primera visita de Maduro desde 2015, cuando Maduro asistió a la toma de posesión para un segundo mandato de la expresidenta Dilma Rousseff. Maduro y Lula, junto a las primeras damas, Cilia Flores y Rosangela da Silva (Reuters) Según la agenda difundida por el gobierno brasileño, Maduro y Lula tienen programada una reunión privada a las 10.30 (hora local, 13.30 GMT), una reunión ampliada a las 11.30 y una ceremonia de firma de actas a las 12.30, seguida de un almuerzo. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, los dos presidentes deben avanzar en el proceso de “normalización de las relaciones bilaterales”. Entre los temas de la agenda está la reapertura de las respectivas embajadas y sectores consulares. “También será una oportunidad para que los presidentes conversen sobre los procesos de diálogo interno en Venezuela, con vistas a la realización de las elecciones de 2024″, dijo Itamaraty. En la reunión, se espera que los dos presidentes aborden los resultados de la reciente misión multidisciplinaria a la capital venezolana, organizada por la Agencia Brasileña de Cooperación, en la que participaron representantes de más de 20 órganos gubernamentales brasileños. “Se prestará especial atención a las cuestiones fronterizas, con énfasis en la protección de las poblaciones que residen en esta franja, entre ellas los pueblos yanomami”. También según la carpeta, los dos jefes de Estado tratarán temas de la agenda regional, como la integración sudamericana y la cooperación amazónica, y multilateral, en particular en lo que se refiere a la paz, la seguridad y el cambio climático. Imagen de archivo del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (izq) y el presidente venezolano Nicolás Maduro durante un homenaje al cubano Fidel Castro en Santiago de Cuba, Cuba. 3 diciembre 2016. REUTERS/Carlos Barría Datos del gobierno brasileño indican que el comercio bilateral con Venezuela alcanzó cerca de USD 1,7 mil millones en 2022, con exportaciones brasileñas de USD 1,3 mil millones e importaciones de cerca de USD 400 millones. El intercambio entre los dos países alcanzó los USD 6 mil millones en 2013, “lo que demuestra el potencial de la relación y estimula la profundización del diálogo con vistas a la reanudación de las asociaciones económicas, la complementariedad de las cadenas productivas y la eliminación de las barreras comerciales”. Cumbre sudamericana Un encuentro entre los líderes suramericanos no ocurría desde 2014 en Quito, durante la cumbre de Unasur, la instancia creada seis años antes por Lula (2003-2010) y el venezolano Hugo Chávez durante la primera ola de gobiernos izquierdistas. Pero luego de un giro conservador en las urnas, un Brasil bajo inestabilidad política tras el “impeachment” de Dilma Rousseff en 2016 y las desavenencias entre países por la crisis venezolana, el bloque regional quedó prácticamente paralizado, sin presupuesto y sin sede. El objetivo de la cumbre de presidentes, según la Cancillería de Brasil, es promover el diálogo entre todos los países de la región, con vistas a reactivar la agenda de cooperación en áreas clave como salud, cambio climático, defensa, lucha contra el crimen transnacional, infraestructura y energía, entre otras. Será la reunión de mandatarios sudamericanos más importante en casi una década, desde el encuentro de 2014 (AFP) El canciller brasileño, Mauro Vieira, señaló que su país ha invitado a los presidentes de las otras once naciones de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Todos confirmaron su asistencia, con la excepción de la mandataria peruana, Dina Boluarte, ya que no tiene vicepresidente y su salida del país obligaría a ceder el cargo al titular del Congreso. Luego de ser recibidos uno a uno por Lula, los presidentes se reunirán en dos sesiones -primero con pronunciamientos individuales y luego para un debate informal-, seguidas de una cena en la Alvorada, residencia oficial del mandatario brasileño. Todas las discusiones serán a puerta cerrada y aún no está garantizada una declaración final con una posición común. Sin una agenda preestablecida y con un formato reducido -en la sala solo estarán los mandatarios, sus cancilleres y algunos asesores-, la idea del “retiro” propuesto por Lula es que los países puedan discutir con franqueza los problemas comunes. Le dará a la cita un aire “desacartonado”, “con el máximo de conversación posible”, dijo a la AFP una fuente de cancillería. Según Gisela Maria Figuereido, secretaria brasileña para América Latina y Caribe, el encuentro tendrá tres objetivos. Los dos primeros son “retomar el diálogo” para buscar una “visión común” y acordar una agenda de cooperación en temas como salud, infraestructura, energía, medioambiente y combate del crimen organizado. Por ejemplo, el canciller brasileño Mauro Vieira dio impulso la semana pasada al llamado “corredor bioceánico”, una iniciativa para mover carga entre los océanos Atlántico y Pacífico, y que discuten desde hace años Perú, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. La tercera meta luce más complicada: encontrar un camino para un nuevo mecanismo de integración suramericana.

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Malestar social en Venezuela: se reportaron casi 500 protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en abril

Internacionales / streaming streaming / 18/05/2023

Infobae .- El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social presentó un nuevo informe para dar cuenta del número de manifestaciones el mes pasado en el país caribeño. Los detalles El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) presentó un nuevo informe en el que dio cuenta del número de protestas registrado en abril en el país caribeño. Constató 489 manifestaciones el mes pasado, lo que arroja un promedio de 16 diarias. “Del total general, 398 estuvieron relacionadas con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), lo que representa el 81%. Las principales exigencias fueron derechos laborales, seguridad social y servicios básicos”, resaltó el reporte; en tanto que indicó que “las exigencias relacionadas con los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron monitoreadas en 91 protestas, equivalente al 19% de la cifra total”. En cuanto a la distribución geográfica de las manifestaciones, la ONG explicó que Bolívar es el estado que más protestas registró en abril con 59. Le siguen Sucre con 58, Carabobo con 43, Anzoátegui con 35, y Lara con 33. Protestas en Venezuela (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) Las 10 características de las protestas durante abril en Venezuela 1- Protestas laborales: las manifestaciones de los trabajadores ocuparon el primer lugar de exigencias, representando el 61% del total registrado. 2- Protestas creativas: durante el asueto de Semana Santa trabajadores, jubilados, pensionados y vecinos reclamaron sus derechos a través de un viacrucis temático y las quemas de Judas. La exigencia fue salarios y pensiones dignas, así como el rechazo a los actos de corrupción de altos funcionarios del gobierno. 3- Sector educación: padres y representantes se unen a protestas de trabajadores del sector para exigir mejoras salariales, así como soluciones a problemas de infraestructura educativas y servicios dentro de las escuelas. Distribución geográfica de las protestas (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) 4- Justicia: trabajadores, vecinos y grupos políticos rechazaron casos de corrupción realizados por funcionarios gubernamentales. 5- Servicios básicos: agua potable y electricidad fueron los servicios básicos más exigidos por los vecinos. Además, reclamaron mejoras en la vialidad, preocupación por la falta de mantenimiento en la canalización de aguas servidas y fallas en la recolección de desechos sólidos. 6- Mineros de varias zonas del estado Bolívar protestaron contra el desalojo de las minas. 7- Huelga de hambre: fue protagonizada por los cañicultores de Cumanacoa, estado Sucre, quienes exigen respuestas sobre deudas de 2021 frente a la Gobernación del estado. Protestas combinadas (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) 8- Protestas por gasolina: en 11 estados hubo denuncias por la distribución del combustible y la baja calidad del mismo causando daños en los vehículos. 9- Participación política: miembros de partidos políticos, jóvenes y otros actores de la sociedad civil se concentraron para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la activación de nuevos puntos de registro electoral que promuevan la actualización de datos e inscripción para próximos eventos electorales en el país. 10- Salud: pacientes oncológicos denunciaron la paralización de radioterapias en centros asistenciales. Derechos más exigidos (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) Modalidades de las protestas más frecuentes durante abril El reporte destacó que las concentraciones frente a las oficinas gubernamentales e instituciones públicas continúan liderando las modalidades más frecuentes de protestas en Venezuela. “Dos protestas creativas, Viacrucis Nacional y Quemas de Judas, se desarrollaron durante la Semana Santa y continuaron los días posteriores. Las mismas fueron organizadas por distintas agrupaciones civiles; y los asistentes, en su mayoría trabajadores, manifestaron su descontento por los bajos salarios que reciben”, resaltó la ONG. Luego reportó que en abril hubo 294 concentraciones, 67 cierres de calles o avenidas, 48 protestas creativas y 46 marchas. Protestas más frecuentes (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) Respecto a las protestas combinadas, especificó: “De las 489 manifestaciones documentadas durante el mes de abril, 228 fueron combinadas. En este tipo de manifestaciones los ciudadanos exigen más de un derecho durante una misma acción. Un ejemplo lo encontramos en protestas donde vecinos denuncian fallas en servicios básicos y adicionalmente exigen más seguridad ciudadana en sus localidades. También en acciones donde trabajadores exigen mejores salarios y reparación de centros sanitarios y dotación de medicinas”. Por último, de las 489 protestas documentadas en abril, en 300 se exigieron derechos laborales, equivalente a un promedio de 10 diarias, lo que da el 61% del total. Además, 75 fueron por derecho a la justicia, 65 por derecho a servicios básicos, 53 por derecho a la seguridad social y 47 por derecho a la participación política. El informe completo

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Fricciones en la oposición venezolana ante el proceso de primarias en las que debe salir un candidato contra Maduro

Internacionales / streaming streaming / 09/05/2023

El País .-Las dudas sobre la participación técnica del Consejo Nacional Electoral es el principal factor de conflicto La Plataforma Democrática, instancia paraguas de los partidos de la oposición venezolana, está encontrando muchas dificultades para consensuar los mecanismos que le permitan organizar la elección primaria para escoger un liderazgo unificado de cara a los comicios presidenciales de 2024. En la oposición todo el mundo tiene muy presente que la unidad política es una obligación, pero está costando mucho zanjar determinados desacuerdos, y el resultado de estas tensiones podría redundar en deserciones que debiliten su estrategia. La anhelada unidad de la oposición podría ser, en 2024, una circunstancia bastante matizada, en la cual irremediablemente se presente más de un nombre a competir con el chavismo en condiciones desiguales. La encrucijada que se avecina, que podría convertirse en un parteaguas con consecuencias inevitables, lo constituye la decisión de organizar esta consulta con o sin la asistencia del Poder Electoral del país, una instancia controlada por el chavismo, y que, luego de tantas elecciones polémicas, genera enormes reservas en un sector importante de la oposición. En los sectores con posiciones más intransigentes frente al régimen de Maduro, como Vente Venezuela, de María Corina Machado, no pactar un protocolo de asistencia técnica con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar esta consulta ciudadana es un punto de honor. Machado exige una consulta organizada por cuenta propia con conteo manual. Una óptica similar tiene Andrés Velásquez, de la Causa Radical. Estos actores insisten en que el CNE hará lo necesario para desnaturalizar la consulta, y se muestran particularmente desconfiados del mecanismo biométrico de las captahuellas, presente en los sistemas automatizados del voto, el cual retiene la identidad del votante con el objeto de cumplir con el principio “un hombre, un voto”, pero que almacena una información que, opinan, puede ser usada en contra del elector, particularmente en una elección como esta, que no es nacional, sino la consulta previa de la disidencia a la revolución bolivariana. En el campo opositor está muy vivo el recuerdo del famosa “Lista Luis Tascón”, en 2004, que almacenó la data de los ciudadanos opositores que promovieron un referéndum revocatorio para sacar a Hugo Chávez del poder, y que luego fueron castigados, cesados de sus puestos laborales o impedidos a contratar con el Estado como represalia por formar parte de esta iniciativa constitucional. “Si la Comisión de Primarias claudica ante el CNE no me estarían excluyendo a mí, sino a la gente,” ha declarado María Corina Machado, en una amenaza no tan velada sobre las consecuencias que puede acarrear este anuncio. Algunos políticos opositores dan por descontado en privado que Machado continuaría con su candidatura por cuenta propia. “Si la Comisión de Primaria termina entregando información al CNE terminará pintada en la pared, matarán la elección y eso afectará gravemente la unidad”, dijo Velásquez. Los partidos opositores más moderados, agrupados sobre todo en torno al denominado G-3 –Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo- también tienen sus dudas, y no dejan de ver los puntos que coloca sobre la mesa Machado, pero en general parecen dispuestos a acordar –como ha ocurrido en el pasado- con el CNE. En una posición similar están los candidatos Henrique Capriles y Benjamín Rausseo. En esta parcela suele argumentarse que unas elecciones autogestionadas por la oposición serían el doble de costosas –y parte importante de los recursos para organizar cita no han llegado-, y mucho más expuestas a ser saboteadas con cualquier maniobra que quiera ensayar el chavismo: judicializar toda la cita ante cualquier desacuerdo entre candidatos, o sabotearla con militantes chavistas que actúen por cuenta propia. Ante el panorama, como ha afirmado un importante dirigente opositor que ha preferido mantener su nombre en la reserva, “no habrá decisión buena”, puesto que las dos presentan enormes costos. “Estamos obligados a tomar la que logre la mayor unidad posible”. El centro de gravitación estructurado en torno al G-3, proclive a acordar con el CNE, estaría en condiciones de imponer su mayoría. Organizar o no la consulta primaria con el CNE es, además, una decisión que la fragmentada oposición venezolana deberá tomar pronto: los tiempos del cronograma electoral se avecinan, se acumulan gestiones logísticas, y podrían no dar los tiempos si el debate con la decisión final se sigue retardando, puesto que, al no haber acuerdos, la decisión final se ha pospuesto en dos ocasiones.

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Los venezolanos exigen en la calle un salario digno mientras Maduro decreta bonos de emergencia

Internacionales / streaming streaming / 02/05/2023

El País .- Desde marzo de 2022 no se ha incrementado el sueldo mínimo en Venezuela mientras la inflación ha aumentado un 500% La marcha del Día del Trabajo transcurrió en Caracas como otra de las constantes protestas que en los últimos meses han organizado los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, que perciben una remuneración diluida por la voraz inflación. La movilización fue más concurrida, estuvo muy vigilada por los cuerpos de seguridad y fue bloqueada por vallas antimotines antes de llegar a su meta, en la sede la Fiscalía. Los manifestantes exigieron un salario digno y suficiente y denunciaron vivir con sueldos de hambre, de poco más de cinco dólares al mes. En una movilización paralela convocada por el Gobierno, Nicolás Maduro ofreció incrementos en dos bonificaciones, la de alimentación y la de la “guerra económica”, que no perciben todos los trabajadores y pensionados, no tienen incidencia en las prestaciones sociales y suman 60 dólares en total. Mientras, el ingreso mínimo se mantiene en 130 bolívares, que hoy equivalen a cinco dólares, desde marzo de 2022, cuando se hizo el último ajuste, aplastado por más de un 500% de inflación acumulada. Una manifestante grita a los policías del otro lado de un muro antimotines.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO En la marcha de los trabajadores, el profesor de dibujo técnico Miguel Martínez dijo sentirse asfixiado por la supervivencia. Tiene 61 años, está jubilado después de 30 años de servicio y ha tenido que salir a buscar trabajo. Algunos días le toca subirse al tope de edificios como ayudante de sus hijos en la instalación de antenas de telecomunicaciones. “Estamos en una condición deprimente. No me alcanza, no me puedo mantener. Mis hijos me ayudan, pero ellos salieron del país, tuvieron que regresar y tampoco están bien. Esto es algo que te agota, que te asfixia. Ellos hablan de bloqueo y sanciones y uno se pregunta por todo el dinero que se perdió en PDVSA”, dice el docente, también dirigente sindical del Sindicato de Maestros de Venezuela. “Dejaré los huesos en la calle en esta lucha, porque es doloroso que mis hijos y mis nietos estén viviendo lo peor cuando yo de joven pude vivir mejor”, asegura antes de seguir hacia el centro, donde los esperaba un piquete que impidió a la movilización llegar a su destino. Las medidas de Maduro, que ha hablado en su discurso de un “salario de emergencia” y ha pedido a los venezolanos resistir “hasta que se pueda tener la fortaleza financiera” para recuperar el ingreso mínimo de los trabajadores, se aleja del monto que vienen exigiendo los sindicatos que oscila entre los 100 y 400 dólares como ingreso mínimo vital, para cubrir una canasta básica que ya supera los 500 dólares mensuales. En el acto político, realizado a pocas cuadras de donde aspiraba a llegar la otra manifestación, el líder chavista leyó una propuesta entregada por Wills Rangel, presidente de la Central de Trabajadores Socialistas, afiliada al partido de Gobierno, y fue aprobando uno a unos los puntos que incluyen algunas mejoras en los servicios de salud, planes de vivienda y un aumento de los tributos a los más ricos. El dirigente sindical anticipó su apoyo al “presidente obrero”, a la vez que dio por perdida la lucha salarial. “Los trabajadores de la revolución no nos hacemos ilusiones con el tema de un salario mínimo porque nosotros creemos que tenemos instrumentos y usted nos ha dado el apoyo para ir por algo superior que es tomar el poder y hacer más con menos”, dijo Rangel al micrófono. La protesta por el Día del Trabajo en las calles de Caracas.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO En la propuesta de las bonificaciones, la organización propuso llevar el bono de guerra a 45 dólares y el de alimentación a 15 dólares. En pleno discurso, Maduro aceptó la propuesta, pero rápidamente aplicó la matemática en la proporción de las retribuciones dejando el bono de guerra, que tiene más beneficiarios, en 20 dólares, y el de alimentación, conocido en Venezuela como “el cestaticket”, que es obligatorio para el sector formal de la economía que es el más reducido, en 40 dólares. “Son 60 dólares redondeados como mínimo, además del salario. Este plan de emergencia y resistencia del ingreso nos debe llevar más temprano que tarde a la recuperación del salario en las convenciones colectivas. Tengan la seguridad y la confianza de que llegaremos a la recuperación total del salario, pero ahora tenemos que resistir y resistir con fuerza”, advirtió Maduro. Los cálculos reales implican un incremento de poco más de 10 dólares con respecto a lo que ya reciben y, en el caso de algunos jubilados de la administración pública, significa incluso una reducción, por el cambio en la proporción de las asignaciones. El mandatario agregó que estas dos bonificaciones estarán indexadas mensualmente al valor de la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, “para que no se deteriore”. No está claro cómo se producirá esto sin que tenga un impacto en el aumento de la inflación por el aumento del tipo de cambio. En años anteriores, el Gobierno ha dicho que el salario mínimo está anclado al precio de la llamada criptomoneda petro, que tiene como valor de referencia el precio del barril de petróleo, sin que esto se reflejara en lo que reciben los trabajadores. Hace un año también se ofreció un bono único que entonces equivalía a 2.200 dólares para 120.000 jubilados del sector público que se retiraron con salarios precarios. Hasta el momento no se ha pagado y a la tasa de hoy sería de apenas 400 dólares. Policías y ciudadanos forcejean durante la protesta.ANDREA HERNÁNDEZ BRICEÑO Después de una tímida recuperación y de los pronósticos de mejoría de la economía que hubo el año pasado, Venezuela vuelve a acercarse a un escenario hiperinflacionario. La contracción de la economía durante el primer trimestre y la caída del consumo ha sido reportada por varias firmas económicas. La presión por el aumento del salario mínimo se mantiene desde hace meses y se

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Petro y la oposición venezolana urgen al chavismo a fijar la fecha de las presidenciales de 2024

Internacionales / streaming streaming / 23/04/2023

EL PAÍS .- El Gobierno de Colombia insiste en que tiene que haber un proceso democrático en Venezuela que a la larga renueve todas las instituciones Gustavo Petro y la oposición venezolana han coincidido este sábado en la necesidad de que el chavismo fije una fecha para las elecciones presidenciales de 2024 en las que esperan que un candidato antichavista pueda hacerle frente a Nicolás Maduro con todas las garantías. El presidente de Colombia y la Plataforma Unitaria, una alianza política opositora que negocia con el Gobierno de Maduro en México, se han reunido por primera vez y han estado de acuerdo en que debe haber unas reglas electorales claras en las que se respete la democracia. “El momento es este, no hay otro”, dijo el canciller colombiano Álvaro Leyva tras la reunión. “Esperamos que las elecciones tengan lugar en 2024 con todas las reglas propias del sistema interamericano (…). Es el momento de dar un campanazo en América Latina en el sentido de que lo que vale es la democracia”, abundó Leyva. La primera petición que Petro le hizo a Maduro al llegar al poder fue que se adhiriera al sistema interamericano, pero el presidente venezolano todavía no ha dado muestras de querer regresar al organismo que abandonó el país a petición de Hugo Chávez. La semana pasada, Petro dijo en la propia OEA que se tenía que cambiar la carta democrática para reintegrar a Venezuela y Cuba. El canciller enfatizó que después de esas elecciones —el verdadero punto sobre el que gira toda la discusión entre el Gobierno, la oposición y la Casa Blanca— debe venir otro proceso electoral en el que tienen que reelegirse los cuerpos colegiados y celebrarse elecciones de gobernaciones y asambleas. Leyva repitió tres veces en su intervención que debe acordarse la fecha de las presidenciales, “de forma acelerada, pero no precipitada”. Gerardo Blyde, el líder de la Plataforma Unitaria, señaló que de la cumbre internacional organizada por Petro en Bogotá para tratar el tema venezolano debe salir “un exhorto” para que las partes vuelvan a la mesa de negociación de México, en punto muerto desde noviembre. “Nuestra intención es llegar a acuerdos que conformen el agotamiento de toda la agenda para obtener los acuerdos que requiere el país para que haya elecciones libres, para que haya condiciones de recuperar la economía venezolana, para que no haya presos políticos ni perseguidos ni violaciones a los derechos humanos”, abundó. Fue muy claro en agradecer el gesto de Petro, que ha adquirido mucho protagonismo en este proceso, pero reiteró hasta en dos ocasiones que la negociación debe llevarse a cabo en México. Esa es “la herramienta fundamental”. Insistió en que ellos nunca han paralizado le negociación ni se han levantado de la mesa, que siempre lo ha hecho el chavismo. Ellos tratan de agotar todas las vías. “Vamos a seguir trabajando con el Gobierno de Petro y todos los gobiernos de la cumbre para llevar democracia, libertad y mejoría económica y social a nuestro país”, acabó. El Gobierno de Colombia ha apostado casi toda su política exterior a la relación con Venezuela. Petro se había visto con Maduro hasta en seis ocasiones, pero no había tenido hasta ahora ningún acercamiento con la oposición. Su posición en esos encuentros era un tanto ambigua. Le pedía a Maduro que implementara una democracia liberal, pero a continuación defendía algunas posiciones del chavismo. Llegó a hablar de promulgar una amnistía para que los actuales dirigentes del Gobierno de Maduro no pudieran ser perseguidos judicialmente. Eso le ha granjeado críticas muy duras. El ministro de Exteriores brasileño, por ejemplo, ha tenido otro tono y siempre se ha referido a las dos partes cuando habla de la crisis política venezolana. “El diálogo político en Venezuela es doméstico, es interno, pero Brasil está listo para conversar con el Gobierno y la oposición y participar en ese diálogo”, dijo Mauro Vieira a principios de abril. Petro no ha dado esos pasos hasta estas últimas semanas. Ha citado a una parte de la oposición por carta y ha invitado al resto a unirse, incluso a los más escépticos. Sabe que necesita dialogar con las dos partes para conseguir un acuerdo, o al menos para convencerlos de que vuelvan a México. Ese diálogo está estancado desde hace cinco meses, cuando un lado y otro alcanzaron un acuerdo que parecía poner la primera piedra de un gran pacto que permitiese celebrar unas elecciones el año que viene en las que la oposición tenga posibilidades reales de victoria. El canciller Álvaro Leyva, en la rueda de prensa tras la reunión entre Gobierno y oposición. Detrás, Gerardo Blyde, líder de los antichavistas venezolanos en esta reunión. Ese entendimiento resultó ser un espejismo. Los fondos venezolanos congelados en el extranjero no fueron liberados, como se había prometido. Maduro se lo tomó como una afrenta. Washington respondió que el chavismo no ha mostrado interés en democratizar las instituciones venezolanas. La relación de ambos países ahora mismo es de desconfianza mutua. Ahí es donde entran los demás países, que tienen que servir de puente. De la conferencia internacional que ha armado Petro está previsto que salga una hoja de ruta con la que sentar a hablar a las partes. El presidente colombiano, así lo ha dicho muchas veces, es de la opinión de que las sanciones de EE UU se tienen que ir rebajando a medida que Maduro libere presos políticos y le levante la inhabilitación a candidatos opositores. Sin embargo, en su encuentro con Biden en el Despacho Oval de la Casa Blanca introdujo algunos matices. Al salir de la reunión dijo que había coincidido con el presidente de EE UU en que primero deberían celebrarse las elecciones y después levantar las sanciones. Eso choca directamente con los deseos del chavismo, que condiciona lo segundo para llevar a cabo lo primero. Los optimistas consideran que esta ofensiva internacional va a servir para encontrar una salida a la crisis venezolana, la presión sobre el Gobierno, creen, es demasiado grande. Maduro no

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Maduro volvió a condicionar el diálogo con la oposición: reiteró la exigencia de que se anulen las sanciones

Internacionales / streaming streaming / 18/04/2023

INFOBAE .- El régimen aclaró que “solo se podrá avanzar en el diálogo (…) una vez que se hayan anulado todas las medidas coercitivas unilaterales” El régimen de Venezuela reconoció este lunes los “esfuerzos” del presidente colombiano, Gustavo Petro, en su intento de reactivar el diálogo entre el chavismo y la oposición en México, estancado desde noviembre, a través de una conferencia internacional convocada para el próximo 25 de abril en Bogotá. De todas maneras, el régimen de Maduro aclaró que “solo se podrá avanzar en el diálogo (…) una vez que se hayan anulado todas las medidas coercitivas unilaterales”, las cuales son “contrarias al derecho internacional”. El chavismo “reconoce los esfuerzos del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, al convocar la denominada ‘Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela’, a la cual se han invitado 19 países de la comunidad internacional”, dice el comunicado, difundido por el canciller, Yván Gil, en Twitter. La dictadura de Nicolás Maduro además resaltó que en la conferencia en Bogotá “se abordarán estrategias y compromisos para favorecer el diálogo político entre los venezolanos, respetando los principios de autodeterminación y soberanía” del país. “El Gobierno bolivariano reitera al pueblo venezolano y a la comunidad internacional la disposición firme de avanzar en el logro de acuerdos concretos con todos los sectores políticos de nuestro país”, agregó el régimen. Imágenes del encuentro entre Nicolás Maduro y Álvaro Leyva (@CancilleriaCol) Las conversaciones entre el régimen de Maduro y la oposición se encuentran estancadas después de la reunión en noviembre en México, donde firmaron un acuerdo que contempla la recuperación de recursos retenidos en el sistema financiero internacional debido al bloqueo, algo que el oficialismo asegura que el antichavismo incumplió. Con el fin de desatascar el proceso de negociaciones, Colombia convocó para el 25 de abril una reunión internacional en la que está previsto que participen representantes de Estados Unidos, de países europeos y de varios estados latinoamericanos. Petro insistió este lunes que en esa cita se buscará, principalmente, “que no haya sanciones” y que “haya mucha más democracia”. Recientemente, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, explicó que, en la conferencia en sí, no participarán las partes venezolanas, pero se espera que la sigan muy de cerca y que pueda haber una invitación para ellas a continuación. Este domingo, Maduro y Leyva hablaron sobre esta conferencia durante una reunión en Caracas, según la Cancillería colombiana, sin que se conozcan mayores detalles sobre lo conversado.

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Las fuerzas de Maduro mataron a 9.465 personas en 10 años: “Institucionalizaron los asesinatos por parte del Estado”

Internacionales / streaming streaming / 16/04/2023

INFOBAE .- La ONG Provea reveló la cifra registrada entre 2013 y 2023. “La Fiscalía de la CPI ya afirmó que en Venezuela efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad”, denunció el coordinador de la organización, Marino Alvarado, en diálogo con Infobae 9.465 personas fueron asesinadas en Venezuela por policías y militares del régimen chavista en los diez años que lleva Nicolás Maduro al mando del país, según denunció este sábado la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos). “Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos”, expresó la organización venezolana en Twitter y señaló que, en la última década, también documentó 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal, que abarca malos tratos y tortura. Provea afirmó que agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asesinaron a cientos de personas en Venezuela envalentonados por “la impunidad estructural” y “el discurso de mano dura que dio pie a la masacre por goteo”. En diálogo con Infobae, el abogado y activista Marino Alvarado -coordinador de investigación de Provea- explicó que es “imposible” saber con precisión cuántos de esos homicidas han sido condenados y cuántos casos de asesinatos han sido llevados a un tribunal porque “no hay posibilidad de acceder a los expedientes y la justicia venezolana no es trasparente informando el estado de los procesos judiciales”. Foto de archivo: Un soldado de la Guardia Nacional de Venezuela apunta su lanzagranadas desde un puente hacia los manifestantes de una protesta contra el régimen chavista en Caracas el 4 de abril de 2017 (AFP / JUAN BARRETO) “En la Justicia venezolana no hay ninguna voluntad de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, ya sean los crímenes cometidos mediante detenciones arbitrarias o las ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad o en el contexto de protestas”, advirtió Alvarado. Pero señaló que la Fiscalia de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió su “investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela” en 2017 a raíz de toda la documentación que se le pudo hacer llegar con el trabajo de activistas y con los testimonios de familiares de las víctimas o las propias víctimas. “Luego, la CPI extendió el período a investigar desde 2014 a la actualidad ya afirmando que no son ‘presuntos’ crímenes sino que en Venezuela efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad”, remarcó. Por otra parte, Alvarado también indicó cuáles fueron los dos períodos más duros de la represión del régimen de Maduro desde 2013. “Uno abarca del 2015 al 2017 con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y las matanzas de jovenes pobres que realizan policías y militares en esos denominados ‘operativos de seguridad’; que luego continuó la FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía) de 2017 hasta el 2022, cuando fue disuelta”, contó Alvarado, y consideró que allí comenzó “la institucionalización de los asesinatos por parte del Estado” debido a que “quedó evidenciado que las ejecuciones no eran casos aislados sino que constituían una política de Estado”. Provea denunció también que más de 250 trabajadores y dirigentes sindicales «han sido detenidos y/o judicializados durante la gestión de Maduro» (Foto: Reuters) “Después estuvo la represión del 2017, que tiene características distintas porque se cometió con un uso excesivo de la fuerza frente a la protesta social que dejó un saldo de 143 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno. Pero no quiere decir que todos fueron asesinados por policías o militares porque también hubo una participación de colectivos (grupos paramilitares afines al chavismo)”, dijo Alvarado a Infobae, y recordó que las violaciones a derechos humanos del 2017 también fueron acompañadas con la “aplicación intensiva de justicia militar a civiles y el comienzo de la utilización de tribunales antiterroristas para asociar protesta social con terrorismo”. Nicolás Maduro cumplió el último viernes 10 años de su llegada al poder en el Palacio de Miraflores tras la muerte de Hugo Chávez y su victoria en las elecciones de 2013 con una diferencia de menos del 1% en los votos contra la oposición. “Una década oscura para los derechos humanos en Venezuela”, consideró Provea este sábado.

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Ecuador: enero 15, 2025