Después del nombramiento de embajadores de Argentina y Colombia, España evalúa hacer lo mismo Los embajadores han vuelto este 2022 al palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, a entregar sus credenciales. Cuatro años después de que la comunidad internacional marcara distancia con el Gobierno de Nicolás Maduro, reelecto en unos comicios cuya legitimidad está cuestionada, el panorama local ha cambiado, pero el geopolítico más aún en medio de una crisis del mercado energético por la guerra en Ucrania. En un pronóstico de recesión mundial, inflación y crisis enérgica, se abren las oportunidades económicas en el que fue un país petrolero. Venezuela ya no es el país de la escasez de alimentos y las expropiaciones, pero tampoco es uno boyante y con plenas garantías porque la sombra de la pobreza y de un sector productivo postrado sigue apareciendo en la foto. El restablecimiento de las relaciones con Colombia, tras la elección de Gustavo Petro, fue el punto de inflexión. Pero antes de esto, Argentina ya había sustituido al encargado de negocios de los tiempos del distanciamiento por un embajador en plenas funciones. A menos de seis meses de que el argentino Óscar Laborde presentara sus cartas credenciales en Miraflores, ya recibió en su casa a Maduro, a su esposa Cilia Flores y a su hijo Nicolás Ernesto para compartir un asado, según las fotografías que ha compartido en sus redes sociales. En Bruselas no hay consenso sobre el estatus diplomático hacia Venezuela, que en 2021 expulsó a su embajadora Isabel Brilhante. Pero algunos países han empezado a dar pasos. Portugal presentó ante Maduro nuevo embajador en marzo pasado en una muestra de intenciones de elevar el nivel de sus relaciones. Ese mismo mes, una delegación de alto nivel de Estados Unidos se reunió con el mandatario chavista, en un hito en el descongelamiento de las relaciones entre ambos países, que también ha abierto la compuerta con el resto de la comunidad internacional. España podría hacer lo mismo próximamente, según ha revelado EL PAÍS, cuando se evalúa elevar al Consejo de Ministros el nombramiento de un embajador. Sería una medida que ocurre justo después del regreso del Gobierno y la oposición a la negociación de México concretado hace unos días. Un nuevo escenario que podría servir de argumento después de que Francia terminara de precipitar el acercamiento cuando reunió hace unas semanas a los delegados de ambos sectores en París, con el apoyo de Colombia y Argentina. Desde 2020 no hay embajador español en Caracas. Jesús Silva cesó sus funciones luego de haber dado refugio en su residencia al opositor Leopoldo López. En dos años, Juan Fernández Trigo y Ramón Santos han fungido de encargados de negocios. “Luego de las reuniones entre la Casa Blanca y Maduro, Europa cree que es posible el levantamiento progresivo de sanciones, específicamente en el sector petrolero. Europa no se quiere quedar fuera de la fotografía, sobre todo ahora que Chevron tiene una licencia y para Estados Unidos será más difícil ponerle limitaciones a los negocios que quieran hacer empresas energéticas europeas en Venezuela”, apunta Mariano de Alba, especialista en Relaciones Internacionales y asesor senior del centro de análisis Crisis Group. “La situación está cambiando porque se abren oportunidades económicas de magnitud”. Los años de mayor conflictividad con el Gobierno de Maduro, tras el colapso del modelo del llamado socialismo bolivariano, han empujado finalmente a una distensión de los controles económicos. Esta apertura, sin embargo, no ha tenido correlato en lo político. No se han producido mayores avances en las garantías democráticas. Hay evidencias. Todavía hay más de un centenar de presos políticos, los informes de la Misión Independiente de Naciones Unidas documentan una estructura de persecución a la oposición y también el avance de la investigación en la Corte Penal Internacional. “Podría decirse ahora que las limitaciones de las sanciones ya no serán la principal piedra de tranca. Pero todavía hay cierta cautela no sobre que el Gobierno quiera respetar las garantías democráticas, sino las inversiones extranjeras”, apunta de Alba. La licencia dada a Chevron, aunque todavía tiene muchas restricciones y está limitada a seis meses, ha generado grandes expectativas sobre el hecho de que PDVSA pueda aumentar su producción, gracias a las inversiones que tiene que hacer la petrolera estadounidense para reactivar sus operaciones. Esto, en teoría, redundaría en mayores ingresos para el Gobierno de Maduro, que está dispuesto a hacer algunas concesiones que le permitan llegar a una situación económica más beneficiosa para las elecciones presidenciales de 2024. Eni y Repsol recibieron en junio pasado de parte del Departamento del Tesoro un aval para comerciar petróleo venezolano hacia Europa con el objetivo de cobrarse deudas de la estatal. Tras la firma de un acuerdo social en la mesa de negociaciones de México, en Caracas el ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, firmó los primeros contratos con Chevron. “Venezuela sigue de pie y abierta a la inversión internacional en este sector”, dijo el funcionario. Nuevamente, México se ha convertido en el pivote en que se apoyan los movimientos diplomáticos hacia Venezuela. “La única alternativa es que la negociación de México avance, los principales países de Occidente creen que el regreso a las negociaciones fue un paso a la dirección correcta, pero no es nada escrito en piedra, porque siguen las tensiones”, añade De Alba. Esta semana la petrolera estadounidense tomó el control de las instalaciones de Petropiar, en Barcelona, en el oriente del país, de donde sacará crudo para enviarlo a las refinerías de la compañía en el Golfo de México, según ha revelado la agencia Bloomberg. Las exportaciones de petróleo de Venezuela se mantienen por encima de los 600.000 barriles diarios, muy por debajo de los más de tres millones de barriles que alguna vez produjo. Pero la perspectiva es de reactivación. El modelo Petro La posición que ha mostrado Petro sobre Maduro es, para De Alba, la que empezará a liderar en la región. Tender los puentes, restablecer las relaciones para reactivar la economía y rechazar las sanciones internacionales, pero no de forma incondicional, sino con la