EL UNIVERSO .– La Judicatura sostiene que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia eficiente y oportuno.   Con el fin de exigir el presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda cumplir con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia, la mañana de este lunes 3 de abril, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), WilmanTerán, presentó una acción de protección contra Guillermo Lasso, como presidente de la República.   La garantía jurisdiccional fue ingresada en el Complejo Judicial Norte, en Quito, luego de que concluyó un foro nacional denominado Transformación a la Justicia. En ese evento participaron directores provinciales del CJ, representantes de la Corte Nacional de Justicia y presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia.   Según la Judicatura, la Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de $ 265.6 millones. De este total, $ 92.9 millones corresponderían a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.   El presidente Terán cree que las cifras en la institución revelan que existe un ataque sistemático a la Función Judicial y con ello una violación a los derechos ciudadanos. Para él con estas acciones se ha afectado el acceso a la justicia, al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica a los usuarios, al trabajo digno de abogados, al derecho de los niños a recibir de forma oportuna sus pensiones alimenticias, etc.   “Esto es una falta de voluntad del Poder Ejecutivo”, indicó Terán al tiempo de referir que presentó la demanda contra el Gobierno como ciudadano y como un hombre de derecho que cree en la ley y tiene fe en la justicia. El recién posesionado presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, reconoce que la falta de presupuesto incide en el trabajo de la Judicatura, en la eficiencia y eficacia, pero aclara que no es todo. Por ejemplo, manifestó, se deben pensar en proyectos de ley que reformen el Código Orgánico de la Función Judicial y con eso buscar también mejorar la calidad del servicio que se le está dando al país.   El vocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, acompañó a Terán en la presentación de la acción constitucional e indicó que ya es hora de que los Gonbiernos dejen de ver a la Judicatura como cualquier ministerio. Aseguró que son la columna vertebral del Estado de Derecho en el país.   Para David Guzmán, director General de la Judicatura, la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno. Desde su perspectiva los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, explicó, un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.   Además del presidente Lasso, la acción de protección fue presentada contra el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. Cifras del Consejo de la Judicatura revelan que actualmente en el país existen 1978 jueces, lo que determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, sea de 11 jueces. Esta cifra estaría por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12.8.   En un comunicado del CJ se sostiene que la reducción sistemática de recursos económicos perjudica también a procesos como la gestión de citaciones, pues no existiría el suficiente personal y vehículos para que la Función Judicial pueda cumplir con esta tarea. Solo en Quito existirían 17.777 citaciones pendientes.   Desde esa institución también se señala que hay un déficit de $ 77.3 millones, recursos necesarios para que el Consejo de la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, etcétera.   De igual forma, por la falta de recursos, se afirma desde la Judicatura, no se ha podido ejecutar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, ni tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a escala nacional. Para cumplir con estas tareas, la Función Judicial requiere más de 31 millones de dólares.   El déficit por costos de operatividad relacionados con insumos de oficina, bienes, arriendos, mantenimiento, repuestos, accesorios, seguros, servicios generales, combustibles,vehículos, …, a decir del CJ, alcanzaría los $ 46,8 millones. Pedidos que hacen parte de la acción de protección .- Que se ordene a la Presidencia de la República que coloque una placa visible en cada dependencia como reparación judicial. La placa debería decir que en “el sistema democrático del Ecuador se garantiza la seguridad jurídica y la independencia de poderes por medio de la adecuada asignación y dotación de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial”.   .- Que se ordene a la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas que devuelva el dinero ausente de la Función Judicial consistente en $ 265 millones.   .- Que se fijen intereses por los presupuestos faltantes de los últimos diez años.   .- En el caso de demorar la devolución, porque se está pidiendo que se lo haga dentro de un tiempo determinado, que exista un recargo del 10 % por cada día de retraso.