EL UNIVERSO.-En la audiencia por la acción de protección presentada por Wilman Terán, el Ministerio de Finanzas señaló que en 10 años asignó más de $ 4.000 millones al CJ. Durante la audiencia por la acción de protección que impulsa a título personal Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en contra del primer mandatario, Guillermo Lasso; el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, el Gobierno replicó que en los últimos diez años el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha asignado a la Función Judicial $ 4.497 millones, de los cuales la Judicatura ha ejecutado el 85 % y que “$ 500 millones han sido devueltos a las arcas fiscales”.   La diligencia se desarrolló desde las 09:00 del lunes en el Complejo Judicial Norte, en Quito. La causa está a cargo de la jueza de Pichincha Cecilia Pareja, de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. En este caso, Terán demanda que el Gobierno en 48 horas transfiera a la Judicatura $ 265,7 millones como medida de reparación, por la reducción que ha sufrido el presupuesto de la entidad, lo que ha afectado el servicio que se brinda a la ciudadanía.   Por la mañana intervino Wilman Terán, así como abogados en libre ejercicio, funcionarios y exfuncionarios judiciales, en calidad de víctimas, que respaldaron la acción de protección.   En horas de la tarde el turno fue de los representantes del Ministerio de Finanzas, Presidencia de la República y Procuraduría, quienes señalaron que no es procedente que Terán pretenda actuar a título personal buscando beneficiar a la entidad que preside.   Además enfatizaron en que Finanzas asigna los presupuestos de acuerdo a lo que cada institución informa que requiere. Mariné Dávila, directora nacional de patrocinio del MEF, reprochó que “$ 500 millones no han ejecutado para cubrir todas las necesidades de las personas que se han referido en esta audiencia (…). No podemos darles ejecutando”, dijo con base en un informe elaborado por la Subsecretaría de Presupuesto del MEF.   Criticó que el dinero que no ha sido ejecutado por la Judicatura supera los $ 265 millones que ahora Terán exige.   Dávila argumentó que en la última década los recursos del fisco se han mermado debido a “crisis exógenas” a las que se ha enfrentado el país, como el terremoto de 2016, la caída de los precios del petróleo y la actual reducción de la producción nacional, la crisis sanitaria por el COVID-19, entre otros factores.   Es difícil administrar el Estado en esas condiciones, señaló y explicó que los recursos públicos se asignan bajo los principios de equilibrio y flexibilidad, dependiendo de la cantidad de ingresos que se obtengan y las prioridades del gasto.   La directora nacional de patrocinio del Ministerio de Finanzas comentó que “se está desnaturalizando la acción de protección”, ya que estas garantías jurisdiccionales no pueden regular las finanzas públicas, sino que su objeto es determinar si han existido o no vulneraciones de derechos constitucionales. Añadió que la cartera de Estado “cumple con sus competencias constitucionales y legales”.   Después tomó la palabra el abogado Luis Felipe Riofrío, funcionario de Finanzas, insistió en que la acción de protección es improcedente. Aseguró que el ministerio todos los años asigna fondos a todas las instituciones.   Riofrío agregó que en las medidas de reparación no se aclara cómo se va a compensar a los supuestos perjudicados, sino que las disposiciones están establecidas para que el Consejo de la Judicatura recabe más recursos. “En ninguna parte de la demanda se dice cómo va a solucionar el problema de citaciones”.   Mencionó que la competencia para establecer valores por reparación económica es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, según sentencia de la Corte Constitucional (CC).   Tampoco habría sustento técnico o norma jurídica que haya presentado el abogado de la contraparte para justificar que hubo una errónea asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas. “Es un monto determinado discrecionalmente”, apuntó Riofrío.   Por otro lado, comentó que en caso de que la jueza falle a favor de Wilman Terán, se afectará a las finanzas públicas porque el Ministerio de Finanzas no tiene $ 265 millones para asignarlos “de un día para el otro”.   Advirtió que si la jueza acepta la acción de protección se sentará un “precedente de gran relevancia” porque más adelante otras instituciones públicas van a pedir a Finanzas, a través de acción de protección, que se les entreguen recursos. “No va a haber presupuesto general del Estado que aguante”, subrayó.   En representación del presidente Guillermo Lasso intervino Jorge Benavides Ordóñez, subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República.   Benavides señaló que el primer mandatario “no es una autoridad administrativa”, ya que no dirige ninguna unidad administrativa dentro de la Función Ejecutiva, así que no hay fundamentación jurídica para que se haya demandado al jefe de Estado.   En tanto, desde la dirección general del Consejo de la Judicatura se apoyó la acción de protección y se aclaró que no es cierto aquello de que Finanzas entrega la cantidad de dinero que solicita la entidad o que la Judicatura no ejecuta lo suficiente.   Se expusieron cifras de los montos requeridos versus los realmente asignados y lo devengado, para evidenciar que anualmente se ha recortado el presupuesto desde Finanzas.   Para el año 2019 se pidió al MEF un presupuesto de $ 383 millones, pero la cartera de Estado fijó $ 366 millones y de esa cantidad se ejecutó el 99,63 %. Para el 2020 se pidieron $ 382 millones, pero el MEF otorgó $ 350 millones, se ejecutó el 99,64 %.   Al año 2021 la Judicatura resolvió que necesitaba $ 350 millones, pero el MEF dio $ 342 millones y también se ejecutó el 99 %. Para el año 2022 se solicitaron $ 368 millones, sin embargo se recibieron $ 331 millones. Para el 2023 la Judicatura calculó que requiere de $ 432 millones, pero Finanzas asignó $ 345 millones.   Al cabo de casi doce horas de audiencia, con dos recesos y luego