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Ecuador: julio 24, 2024

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Ecuador, julio 24, 2024
Ecuador Continental: 13:07
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Ecuador venderá parte de su oro para cubrir gasto público y analiza focalizar subsidios

Primicias .- A USD 5.017 millones ascienden atrasos. Ministro Vega habla de vender el oro y emitir bonos internos, y analiza focalizar subsidios a combustibles. Por la escasez de recursos públicos, el Gobierno prevé cerrar el año 2023 con atrasos récord en pagos por USD 5.017 millones en el Presupuesto General del Estado. Los atrasos incluyen pagos pendientes a proveedores del Estado, a los gobiernos locales y a la seguridad social, y salarios a los funcionarios públicos. Lo dijo el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, en una rueda de prensa ofrecida el 18 de diciembre de 2023. Vega dijo que la cuenta del tesoro, que es como la cuenta corriente o el dinero de caja del Estado, comenzó diciembre de 2023 con apenas USD 95 millones. Oro a la venta Ante las necesidades de recursos, el Gobierno ya está preparado un nuevo plan económico, además del proyecto de reforma tributaria que solo dejaría ingresos para 2024. Entre las medidas que se están analizando están que el Banco Central de Ecuador (BCE) venda una parte del oro de sus reservas. Según Vega, en la actualidad el 40% de las reservas del BCE están en oro y el resto en otros activos, como dinero en efectivo y papeles de inversión. Para el ministro, es demasiado alto el porcentaje de reservas en oro, pues considera que el BCE debería tener más activos líquidos. La intención es que una parte ese oro se venda y así, al menos un 10% de ese metal se convierta en dinero en efectivo. Ahora mismo, el BCE tiene USD 2.201 millones en oro al 8 de diciembre de 2023. Sin embargo, el ministro aclaró que el Gobierno no tocará el dinero que resulte de la venta del oro del BCE. Explicó que, por ley, el 70% de la utilidad de esa venta que hará el BCE se entregaría al Ministerio de Finanzas. “Con las condiciones de riesgo de Ecuador, el BCE necesita reservas más líquidas. Tener esa liquidez le rendiría al BCE un interés importante porque las tasas internacionales están altas, además, más bien le cuesta tener ese oro en Suiza”, dijo. Ante las urgentes necesidades de liquidez, además, el Ministerio de Finanzas espera reperfilar la deuda que mantiene con el BCE, lo que implicaría aplazar los pagos hasta por 20 años, a una tasa de interés de 1,3% anual. Se trata de una propuesta incluida en el proyecto de reforma tributaria, que está previsto vaya a segundo y último debate el 19 de diciembre de 2023 en la Asamblea. Según el Ministerio de Finanzas, la deuda con el BCE que entraría en este reperfilamiento sería de USD 4.000 millones. “Grandes esfuerzos para pagar salarios” Vega explicó, además, que están haciendo grandes esfuerzos para pagar los salarios de los funcionarios públicos de diciembre y una parte de las asignaciones que le corresponden a los gobiernos locales. Para cubrir esa brecha, Finanzas prevé emitir más deuda interna, por alrededor de USD 844 millones. De ese monto, unos USD 350 millones serían deuda a corto plazo, esto es, Certificados de Tesorería (Cetes). Y el restante, serían bonos del Estado a más largo plazo. Otra medida que analiza el ministro Vega es la focalización de subsidios, agregó. Debe haber un debate claro sobre los subsidios y a quiénes están llegando. Juan Carlos Vega / Ministro de Finanzas “Estamos analizando (los subsidios, ndr) a muchísimo detalle, para no afectar a los más necesitados. Es una de las alternativas que estamos estudiando”, dijo Vega.

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Noboa pide bajar a la mitad el gasto para el cambio de mando

Primicias .- El presupuesto para los eventos del cambio de mando es USD 600.000. Daniel Noboa pide que se gaste menos del 50% de esa cantidad. El presidente electo, Daniel Noboa, solicitó a su equipo de transición que trabaje para reducir el presupuesto planificado para el cambio de mando, que se prevé sea el 23 de noviembre de 2023. “He dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad. Que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50% de la cantidad presupuestada para el cambio de mando”, publicó Noboa este lunes 13 de noviembre en su cuenta de X. Presupuesto para el cambio de mando El Gobierno ecuatoriano prevé gastar hasta USD 600.000 para los todos los eventos del cambio de mando, lo que incluye la recepción en el aeropuerto, la cena de despedida del presidente Guillermo Lasso, la transmisión de mando en la Asamblea y el almuerzo para dar la bienvenida al nuevo mandatario. La Cancillería prevé USD 9.000 para la entrega de regalos a los invitados internacionales. Según el proceso de contratación, la lista incluye: Sombreros de paja toquilla con caja Bufandas de alpaca Chales nacionales. Mancuernas de plata 925, bañadas en oro de 14k. Mancuernas de madera taraceada. Figuras de plata (colibríes, piqueros, tortugas, gallos) con base de madera. La posesión de Daniel Noboa está prevista para el 23 de noviembre, según anticipó la asambleísta electa Pierina Correa, quien presidirá la sesión inaugural de la Asamblea Nacional.

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Municipios anuncian movilizaciones contra el Gobierno

Primicias .- La Asociación de Municipalidades del Ecuador asegura que hay transferencias pendientes por parte del Gobierno central. La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) anunció la noche del miércoles 8 de noviembre de 2023 que iniciará movilizaciones a nivel nacional por el “incumplimiento en la transferencia de recursos” por parte del Gobierno central. En un comunicado publicado en la red social X, la AME asegura que hay transferencias pendientes por parte del Gobierno y reiteró su reclamo por el recorte en las asignaciones de los presupuestos de los municipios que corresponden al tercer cuatrimestre de 2023.   “Según cifras del Banco Central del Ecuador, existió un aumento de la producción y precio del barril de petróleo en el segundo cuatrimestre, por ende, existe discrecionalidad en el cálculo de los valores asignados en el modelo de equidad territorial para el tercer cuatrimestre de 2023″. 📢 #COMUNICADO| Ante el incumplimiento en la transferencia de recursos que adeuda el estado a los Municipios del #Ecuador, anunciamos la movilización de la municipalidad del país 🇪🇨. Más detalles aquí ⬇️ pic.twitter.com/df0QDufj3V — Municipalidades Ec (@AMEcuador) November 9, 2023 El gremio expresó su rechazo a un comunicado del Ministerio de Finanzas, en el que se asegura que se ha cumplido con las asignaciones de ley a los municipios. La AME sostiene que el Ministerio de Finanzas “no cumple con el compromiso de realizar las transferencias acordadas para el miércoles 8 de noviembre”, por lo que realizarán movilizaciones a nivel nacional, de forma progresiva.

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Municipios reclaman a Finanzas por reducción de USD 147,7 millones en sus presupuestos

Primicas .- El Ministerio de Finanzas asignará USD 2.081 millones para los municipios durante 2023. Alcaldías y prefecturas rechazaron el recorte. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) reclama de nuevo que el Ministerio de Finanzas ha recortado las asignaciones en los presupuestos de los 221 municipios. En esta ocasión, los alcaldes reclaman por una reducción en los presupuestos correspondientes al tercer cuatrimestre de 2023; es decir, de septiembre a diciembre. En una rueda de prensa realizada el 6 de noviembre de 2023, la AME informó que el Gobierno de Guillermo Lasso ya ha recortado USD 147,76 millones a los municipios, al reducir las asignaciones del primer cuatrimestre y las del tercer cuatrimestre. Según el acuerdo ministerial 062, el presupuesto que Finanzas asignará a los municipios será de USD 2.081 millones en 2023. Y si a esa asignación se añade lo que corresponde a prefecturas y juntas parroquiales, el monto total que el Ministerio de Finanzas asignará a los gobiernos seccionales en 2023 suma USD 3.104,9 millones. El recorte perjudicará la implementación de obra pública, la dotación de servicios básicos y la creación de empleo local, según la Asociación. Los alcaldes reclaman por los recursos que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Según esta ley, los gobiernos locales, municipios, prefecturas y juntas parroquiales, tienen derecho a recibir: El 21% de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado. En esa categoría se considera a los impuestos. Y el 10% de los ingresos no permanentes, esto es, aquellos recibidos por venta de petróleo. Patricio Maldonado, presidente de AME, dijo que el recorte perjudica a todos los municipios del país, pero en especial a los más pequeños, que dependen más de las asignaciones del Gobierno Central. De ahí que los alcaldes firmaron una acción de protección, con medidas cautelares, en rechazo de los acuerdos ministeriales 062 y 027, este último, correspondiente a las asignaciones del primer cuatrimestre. Tras la rueda de prensa, varios alcaldes acudieron a la sede del Ministerio de Finanzas, en el norte de Quito, en donde los recibió el viceministro Daniel Lemus. Según AME, el Ministerio de Finanzas también adeuda a los municipios USD 511,9 millones, que corresponden a las asignaciones pendientes por Ley 047, Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, Devolución del IVA, Ley Orgánica de Servicio Público, Fingad I,II y III. El Ministerio de Finanzas dijo que prepara un comunicado de prensa sobre las asignaciones a los gobiernos seccionales, pero hasta el cierre de esta edición (21:00) no lo difundió.

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Gobierno suspende pago de horas extras a los funcionarios

Primicias .- El Gobierno de Guillermo Lasso emitió directrices para restringir el gasto público, sobre todo en salarios, durante el último trimestre de 2023. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, emitió el 23 de octubre de 2023 una nueva circular con medidas para reducir el gasto públicodurante el último trimestre de 2023, a puertas del cambio de Gobierno, previsto para diciembre de 2023. Por ejemplo, se dispone que las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado (PGE) suspendan las autorizaciones para el pago de horas suplementarias y extraordinarias para los trabajadores durante el cuarto trimestre de 2023. Se trata de disposiciones que contemplan medidas sobre gastos de personal y sobre contratación de bienes y servicios. Estas medidas están dirigidas a todas las entidades del sector público: Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado (alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales). Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado, por ejemplo, empresas públicas. Las personas jurídicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para la prestación de servicios públicos, como empresas públicas municipales, por ejemplo. “Considerando el inicio de la transición de Gobierno; y, con la finalidad de precautelar el uso eficiente de los recursos disponibles y la sostenibilidad de las finanzas públicas, el Ministerio emite las siguientes directrices”, dice la circular del Gobierno de Guillermo Lasso. Estas son las disposiciones: Se restringen nuevas contrataciones Las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado (PGE) podrán ingresar personal únicamente en los siguientes casos: Retorno del titular a su puesto de origen por finalización de comisión de servicios, y licencias; Reemplazos por puestos únicos y reemplazos de puestos de Nivel Jerárquico Superior (por ejemplo, directores, viceministros). Pero solo aquellos que se desvincularon en septiembre y octubre, y que son prioritarios en la gestión institucional. Reingreso de servidores por cumplimiento de sentencias judiciales. Personal esencial de los sectores de Salud y Educación. El gasto del Gobierno en salarioses el más abultado, pues representa el 36% de todos los egresos presupuestados para 2023. Está previsto que el Estado gaste USD 9.783 millones en sueldos de la burocracia durante 2023. Hasta septiembre ya se ha gastado el 71% de ese presupuesto. Gobierno sugiere reasignar funciones El Ministerio de Finanzas también detalla que, para los funcionarios de Nivel Jerárquico Superior (NJS) cuyos puestos permanecieron vacantes hasta septiembre de 2023, permanecerán en la misma condición durante el cuarto trimestre del año 2023. En estos casos, las máximas autoridades institucionales deberán emitir un acuerdo de delegación de funciones a otra autoridad del mismo nivel jerárquico superior. Se podrá delegar a otra autoridad del mismo nivel jerárquico superior, delegar funciones a otro servidor de la misma área o realizar los movimientos administrativos internos a fin de cubrir la necesidad institucional. Además, las entidades que den por terminados los contratos de servicios ocasionales o nombramientos provisionales no podrán contratar o incorporar a ese mismo o nuevo personal con cargo a proyectos de inversión. El Ministerio también aclara que no se podrá autorizar la contratación de personal en reemplazo del personal en comisiones de servicios o licencias sin remuneración. Para estos casos, se deberá reasignar las funciones entre los servidores del área de la cual sale el funcionario. Finanzas aclara que no se asignarán recursos adicionales para gastos de personal nuevo en el ejercicio 2023. El Ministerio especifica, además, que todos los procesos administrativos relacionados con la incorporación de personal adicional en entidades de reciente creación quedan suspendidos durante el cuarto trimestre de 2023. Contratación pública Con esta nueva circular, Finanzas dispone que las instituciones de la Función Ejecutiva no emprendan nuevos procesos de contratación pública entre octubre y diciembre de 2023. En esta función están por ejemplo los ministerios, institutos y secretarías. El documento detalla, además, que el Ministerio de Finanzas no tendrá disponibilidad de recursos para nuevos proyectos de inversión ni autorizará incrementos presupuestarios en gasto corriente (como sueldos, por ejemplo) o inversión. Tampoco se autorizará reprogramaciones de las cuotas de recursos ya comprometidos, salvo excepciones para los Ministerios de Salud, Educación y Bienestar Social. Además, las entidades que no ejecuten actividades para la atención de la emergencia decretada deberán abstenerse de planificar, programar, certificar e iniciar nuevos procesos de contratación que no tengan el carácter de prioritario para la funcionalidad institucional. No se autorizarán modificaciones presupuestarias para financiar nuevos procesos de contratación de bienes y servicios del grupo 53 del Presupuesto, como por ejemplo: arriendos, capacitaciones de funcionarios públicos y compra de material de oficina. Tampoco para la cuenta conocida como Bienes de Larga Duración, dentro del grupo 84 del Presupuesto, por ejemplo: compra de vehículos, terrenos y equipos.

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Municipio de Guayaquil gastará USD 80.000 en un torneo de tenis

Primicias .- Durante la sesión de concejo municipal de Guayaquil, realizada la tarde del 5 de octubre, se aprobó la firma de un convenio de cooperación con el tenista Andrés Gómez. El acuerdo, según la Alcaldía, permitirá el “desarrollo del Challenger Ciudad de Guayaquil“, un torneo privado de tenis que se realizará entre el 29 de octubre y 5 de noviembre en la ciudad. Según consta en la cláusula tercera del convenio firmado, el Municipio se compromete a formalizar la “entrega de USD 80.000 al señor Andrés Gómez, para cubrir parte de los costos que se generen en la organización y realización del evento”.   Una de las justificaciones del ‘aporte’ municipal en este evento deportivo es que el denominado Challenger “permitirá incentivar la participación guayaquileña en diversos torneos”. Además, el alcalde Aquiles Alvarez y los concejales, que aprobaron el convenio, consideran que con el evento se “fomentará la reactivación y recuperación de Guayaquil, como lugar ideal para la realización de eventos nacionales e internacionales”. Por su parte, Gómez se compromete a utilizar el dinero solo en la organización de este torneo de tenis, y si existe algún excedente, se lo devolverá al Municipio. Para desembolsar estos recursos de las arcas municipales, la Alcaldía aseguró que cuenta con un informe de la jefatura de presupuesto, que emitió el informe de Reserva de Recursos. En la sesión de concejo también se autorizó al alcalde Alvarez y al Procurador Síndico a desistir de la demanda de expropiación del predio, para la construcción del proyecto Terminal Terrestre Municipal Costa.

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Judicatura notificó a la Fiscalía para que pague más de $ 1 millón por reparaciones económicas

El Universo .- La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó de que fue notificada por el Consejo de la Judicatura (CJ) con disposiciones jurisdiccionales que determina que la institución debe pagar alrededor de $ 1,3 millones por concepto de reparaciones económicas.   El Ministerio Público dio a conocer la novedad la noche del viernes 22 de septiembre mediante un comunicado. Explicó que las notificaciones de la Judicatura llegaron en menos de tres semanas e incluyen “multas compulsivas y la aplicación de medidas coercitivas”, las cuales fueron emitidas por jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Portoviejo (Manabí).   “Es necesario precisar que, en los procesos judiciales en los cuales se han emitido estas providencias, la Fiscalía General del Estado no ha sido parte procesal, pues dichas reparaciones se generaron por acciones u omisiones del mismo Consejo de la Judicatura, en procesos disciplinarios a través de los cuales se destituyó a agentes fiscales”, apuntó la entidad que dirige la fiscal general, Diana Salazar.   Asimismo, precisó que el presupuesto que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas “no incluye rubros para cubrir este tipo de obligaciones”. La Fiscalía señaló que únicamente el Ministerio de Economía puede aprobar un incremento de recursos para cancelar los valores que notificó el Consejo de la Judicatura. Si no se aprueba el aumento presupuestario “se podría perjudicar, incluso, a recursos que están destinados al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos”, advirtió el Ministerio Público e indicó que se activarán acciones legales “en salvaguarda de los intereses institucionales”. Hasta el momento no existe un pronunciamiento público del Consejo de la Judicatura sobre el tema. El aviso de la Fiscalía se dio el mismo día que debía desarrollarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso denominado Vocales, en el cual se investiga por presunto tráfico de influencias a los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo y al juez de Pichincha Vladimir Jhaya. Sin embargo, la diligencia no se instaló, por cuarta ocasión, debido a que los abogados de Barreno no se presentaron argumentando calamidad médica, diligencia jurisdiccional y nueva defensa. La nueva fecha para la audiencia se fijó para el miércoles 27 de septiembre, a las 08:30.

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Corte Provincial aceptó apelación de Wilman Terán en contra del Gobierno

El Universo .- El presidente del Consejo de la Judicatura reclama recursos para la Función Judicial. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó parcialmente la apelación que interpuso Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en calidad de ciudadano para exigir al Gobierno que transfiera recursos para la Función Judicial.   El proceso inició en abril, cuando Terán presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Economía, Pablo Arosemena, con la finalidad de que el Ejecutivo pague a $ 265,6 millones como medida de reparación integral para funcionarios, exservidores judiciales, abogados y usuarios que se han visto afectados por la falta de recursos en la Función Judicial. El monto era equivalente equivalentes al déficit presupuestario del sistema. La demanda se resolvió el 21 de abril. La jueza que atendió la causa decidió que se vulneró parcialmente el derecho de acceso a la justicia, pero no falló a favor de que el Ejecutivo transfiera el dinero. En su lugar, la magistrada dispuso que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) instalen mesas técnicas para establecer qué proyectos serán priorizados.   Ahora, casi cinco meses después, el 7 de septiembre la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia que aceptó parcialmente la apelación de Wilman Terán, también rechazó apelaciones que impulsaron el Ministerio de Economía y la Defensoría del Pueblo. Además, la Sala Penal dispuso como medida de reparación integral que la Presidencia de la República, por intermedio del MEF, en un plazo de 15 días consigne a la Judicatura el monto correspondiente al déficit del gasto corriente y de inversión para 2023. El Consejo de la Judicatura presentará informas técnicos sobre el presupuesto de la Función Judicial para 2024, los cuales serán considerados por la Presidencia y la Secretaría Nacional de Planificación.   El propósito es que se coordinen acciones para que el presupuesto cumpla con los requerimientos de la Función Judicial. Para ello, se tomará en cuenta los egresos permanentes que sean prioritario para la administración de la justicia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, al debido proceso y la independencia judicial.   Uno de los argumentos del reclamo de Terán ha sido que en los últimos diez años la Función Judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de $ 200 millones, perjudicando el acceso gratuito a la justicia a la ciudadanía. Que esto ha provocado que existan 7.498 procesos judiciales en los cuales las partes no pueden tutelar sus derechos por falta de gestión de la diligencia de citación.

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Fundaciones de Guayaquil pasarán a ser empresas públicas

Primicias .– El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, participó en un enlace radial en el que insistió en que el déficit presupuestario del municipio ha paralizado obras importantes.   El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dijo en un enlace radial que la visión del municipio es terminar con las fundaciones “por un tema de estilo, lo que no quiere decir que estuvieron mal hechas”. Por ello, Alvarez anunció que las fundaciones se convertirán en empresas públicas y que la primer que migró fue la Corporación de Seguridad Ciudadana en liquidación, que se convirtió en la Empresa Pública de Seguridad, Segura EP.   “Y en esa estructura, por ordenanza, la dirección de policías metropolitanos pasa a ser parte de la estructura de la empresa”, aseguró Alvarez.   En la municipalidad existen además otras fundaciones, que formaron parte de un modelo de gestión basado en la cooperación público-privada, desde la administración del exalcalde León Febres-Cordero:   Malecón 2000. Autoridad Aeroportuaria y Siglo XXI. Fundación Terminal Terrestre. Metrovía, en liquidación en 2021 y que se fucionó con la Empresa Pública Municipal de Tránsito.   Sin embargo, resaltó que al final de los casi 20 años de gestión del exalcalde de la ciudad, Jaime Nebot, por cada dólar que debía pagar el Municipio de Guayaquil, “tenía cuatro veces ese valor en caja”. Hoy, agregó el alcalde, por cada dólar hay USD 0,50. “Esa es la realidad, no es queja, pero la ciudadanía debe entender que esto es un proceso”.   Según Alvarez, cuando llegó al municipio encontró en caja USD 10,2 millones. Actualmente existen USD 80 millones y se ha pagado, desde el 14 de mayo, USD 90 millones por obras para la ciudad. “Nos reunimos con todos los contratistas del municipio, les transparentamos la situación financiera, pero les dimos la tranquilidad de que, con un flujo que ofrecimos y que gracias a Dios lo hemos venido cumpliendo, se comprometan a reactivar las obras”, sostuvo. También dijo que existe una nómina elevada de empleados municipales, que llegó a 5.500 personas y que ahora cerraron julio con 5.245. “Estamos buscando optimizar recursos en empresas públicas y fundaciones. No hemos llegado con odio y vamos a respetar a la gente que tiene sentido de pertenencia y que trabaja con profesionalismo”, aseguró. Por lo que anunció que la economía del municipio “podría llegar a estar sana recién en diciembre de 2024“.

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Las promesas del nuevo Presidente de mayor gasto se verán frenadas por el presupuesto estatal heredado de Lasso

La Hora .- El próximo mandatario tendrá la cancha marcada y escaso margen para financiamiento de afuera. El FMI está otra vez en el horizonte. Sin importar la tendencia política, el próximo presidente de la República deberá priorizar los gastos y enfocarse en lo más urgente. Las promesas de gastar más que Guillermo Lasso, aunque estén cargadas de buenas intenciones, como la lucha contra la delincuencia y la reactivación económica, son inviables.   Según la normativa vigente en Ecuador, el nuevo mandatario no podrá hacer su propio Presupuesto General del Estado (PGE), sino que tendrá que trabajar con el que se hizo para 2023.   “Lo que determina la ley es un presupuesto prorrogado. El presupuesto de 2023 pasa a 2024, de manera similar a cuando este Gobierno asumió en mayo de 2021 y no tuvo un nuevo presupuesto”, explicó Pablo Arosemena, ministro de Economía.   Así, las aspiraciones de gastar más se verán frenadas porque ya se tendrá la cancha marcada y, con un riesgo país que ha promediado los 2.000 puntos en los últimos días, el financiamiento externo será difícil de conseguir a menos que se busque un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).   Al respecto, Arosemena ha puntualizado que, en Ecuador, que es una economía donde no sobra el dinero, la única forma de cumplir con el presupuesto estatal es financiar en parte con créditos de multilaterales y priorizar los gastos.   “Cuando tienes dos huecos y un corcho, tapas uno y se destapa el otro. Hay que priorizar recursos donde más se necesiten. Nosotros cerramos con éxito un acuerdo con el FMI, pero será tarea del nuevo Gobierno intentar o no un nuevo acuerdo. Si miras la historia, en los últimos años, lo normal es que los Gobiernos intenten algún tipo de acuerdo con el fondo”, puntualizó.   En este contexto, al momento de evaluar las ofertas de campaña, los ciudadanos deben recordar, como lo hacía el exviceministro de Economía, José Gabriel Castillo, que “la primera lección en economía es la escasez: nunca hay suficiente de nada para satisfacer a todos. Y la primera lección en política es ignorar la primera lección de la economía.».   Por eso, antes de votar, se debe pensar dos veces sobre los anuncios populistas de los candidatos.   Margen de acción El monto total del Presupuesto General del Estado de 2023, y que será con el que deberá trabajar el nuevo Gobierno en 2024, es de $31.503 millones. Es decir, alrededor de $2.600 millones por mes.   Según el artículo 82 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, “durante la ejecución del presupuesto prorrogado, se podrá aumentar o rebajar ítems y partidas de ingresos y egresos que no incrementen el valor total fijado en el presupuesto inicial prorrogado. A su vez, se podrá iniciar procesos de optimización del gasto a los presupuestos institucionales durante la vigencia del presupuesto prorrogado que considere convenientes y oportunas”.   En otras palabras, sin pasarse del monto total presupuestado, se pueden hacer modificaciones y optimizaciones: destinar más a cierto sector, pero a condición de destinar menos a otro sector.   Así, el próximo Gobierno tendrá espacio de un poco más de $9.800 millones para sueldos de la burocracia; alrededor de $3.300 millones para transferencias a los Gobiernos locales; un poco más de $1.600 millones para el Plan Anual de Inversiones; y más de $2.700 millones para transferencias corrientes al IESS y otras instituciones de seguridad social.   De acuerdo con el Observatorio de la Política Fiscal, hasta julio de 2023, el actual Gobierno ya ha gastado más de $13.550 millones, con un déficit (más gasto que ingresos) de casi $2.000 millones.   Las cifras fiscales están en rojo, con caídas en los ingresos petroleros y tributarios. Y como ya ha publicado LA HORA, se podría llegar a un déficit de hasta $5.000 millones en diciembre de 2023.   Andrea Viteri, economista e investigadora en temas de desarrollo, puntualizó que el nuevo Presidente del Ecuador deberá explicar qué plan tiene para controlar la falta de ingresos para cubrir los gastos.   Además, tendrá que ver cómo conseguir entre $7.500 millones y $10.000 millones de nueva deuda para cubrir los vencimientos de deudas anteriores, el déficit fiscal.   Al menos la mitad de esas necesidades de financiamiento deberían salir de préstamos de multilaterales.   Por eso, dentro del especial de LA HORA “Si yo fuera Presidente”, el economista de la Universidad San Francisco, Pedro Romero, aseveró que, en la práctica, “Ecuador no puede endeudarse afuera. Y de intentar hacerlo, lo primero que debe hacer es un acuerdo con el FMI”.   El último componente del complejo rompecabezas fiscal es que, a pesar de que el actual Gobierno asegura que ha pagado $2.300 millones de deudas heredadas, el próximo inquilino de Carondelet lidiará con un remanente de atrasos y cuentas pendientes por pagar de entre $1.200 millones y $1.300 millones.   Una montaña de reformas y temas pendientes Además de las limitaciones presupuestarias, el nuevo Presidente deberá tener un plan para gestionar, o al menos avanzar, en la montaña de reformas pendientes y que no pudo concretar Lasso.   En primer lugar, por la urgencia e importancia están temas como la reforma laboral; los cambios en el sistema de pensiones del IESS; la focalización del subsidio a los combustibles, que cuestan al año casi $4.000 millones, entre otros.   Por otro lado, también deberá tener una posición sobre si retomará los proyectos que vía decretos de ley intentó concretar el actual Gobierno, pero fueron descartados por la Corte Constitucional: inversión en zonas francas, alivio de deudas educativas y reestructuración de deudas empresariales.   Asimismo, el nuevo Presidente tendrá que concretar los 26 proyectos de inversión privada que, según el secretario de Inversión Público-Privada, Roberto Salas, se dejarán estructurados o en fase de licitación.

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Alcaldía afirma que administra Guayaquil con “USD 99 millones en contra”

Primicias .– La Alcaldía de Guayaquil aprobó en primer debate el presupuesto prorrogado de 2023, y según Aquiles Alvarez, gran parte de los recursos ya están comprometidos en contratos previos. En una sesión de concejo, que arrancó con saludos de los funcionarios a sus amigos, la Alcaldía de Guayaquil aprobó el presupuesto prorrogado de 2023.   “Nosotros recibimos una administración con un presupuesto de USD 755 millones, pero la realidad es que en este año 2023 van a ingresar únicamente USD 656 millones“, dijo el concejal Raúl Chávez.   Según Chávez, más allá de darle trámite a la aprobación del presupuesto, que fue aceptado por 14 de los 15 concejales, era necesario conocer el dinero con el que cuenta la ciudad para obra social y pública.   “Esta administración recibe un presupuesto con obligaciones pendientes”, añadió Chávez, mostrando en unos gráficos e indicando que el 58% de los recursos serán asignados al sector social.   Como parte del presupuesto municipal, otro 16% se destinarán a gastos laborales y un 12% para gastos operativos.   Por su parte, el alcalde Aquiles Alvarez señaló que en ‘términos guayacos’, “la ciudad tiene USD 99 millones en contra“.   Este dinero, según la Alcaldía, ya ha sido comprometido en contratos firmados en la administración socialcristiana de Cynthia Viteri.   “Hemos tenido que recortar presupuestos en direcciones sin afectar la parte social y honrando la obra pública. Será difícil, pero haremos lo mejor por la ciudad”, añadió Alvarez.   Por otra parte, durante la sesión se aprobó un plan piloto de comerciantes minoristas, para que participen de ferias y puedan emprender en los espacios públicos, pero bajo las normas municipales.

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Alcalde de Guayaquil anuncia reducción en valor de las multas de tránsito

Primicias .- Sobre el control vehicular, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dijo que la meta es tener 5.000 agentes de la ATM en la ciudad. En una nueva entrevista radial, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reiteró que recibió un Municipio desordenado por parte de la anterior administración socialcristiana. Pero indicó que han priorizado las finanzas, y que han logrado aumentar la caja municipal a USD 40 millones; además de cancelar USD 9 millones en facturas vencidas a proveedores y contratistas municipales.   “Recibimos una institución desordenada en el tema financiero, con un presupuesto inflado y desfinanciado”, dijo Alvarez, al medio KCH, este miércoles.   Según Alvarez, a diferencia de la pasada administración, hoy todas las direcciones, fundaciones y entidades municipales operan al 100%.   “Antes en un gran porcentaje se rascaban la barriga, ahora estamos trabajando”, agregó. Sobre movilidad y multas  El alcalde Alvarez también se refirió a otros temas como la falta de agentes de tránsito en la ATM, donde dijo que la meta era tener 5.000 oficiales para el control de las calles.   “Hay agentes que son vagos (…), estamos analizando perfiles, a algunos los vamos a mantener y a otros, les daremos de baja”. Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil. Sobre las multas de tránsito, anunció que en un mes y medio tendrán una nueva ordenanza municipal para regular los “valores, regulación de carros y reducción de multas”.   Mientras que sobre la anunciada marcha LGBTI en el centro de Guayaquil, programada para el 1 de julio, Alvarez indicó que se ha reunido personalmente con los colectivos y organizadores para hallar un acuerdo.   Hasta ahora, el Municipio no ha autorizado la marcha y ha pedido que se realice en otro lugar de la ciudad.   En tanto que sobre el fenómeno de El Niño, un evento climático que se espera llegue entre noviembre y diciembre, Alvarez expresó que se activarán 112 comités ciudadanos. Estos comités permitirán canalizar las acciones y asistencia ante los efectos del fenómeno.

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$799’176.776 se requieren para financiar 30 proyectos de la Judicatura

La Hora .- Los datos se desprenden de un informe de 26 páginas de la mesa técnica integrada por funcionarios de la Judicatura y el Ministerio de Economía.   En cumplimiento de la sentencia emitida por Cecilia Pareja, jueza de la Unidad de la Familia de Pichincha, de abril de 2023, el  Consejo de la Judicatura (CJ) identificó 30 proyectos que cubren los requerimientos tecnológicos, de talento humano y bienes, con los cuales se garantizaría la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) de los usuarios del sistema, y cumplir con las obligaciones constitucionales y legales de la institución.   El monto de los 30 proyectos de gasto corriente e inversión que planteó como requerimiento el CJ en las mesas técnicas que se instalaron en junio con delegados del Ministerio de Economía para ser ejecutados entre 2023, 2024 y 2025, fue de $799’176.776.   Del total de proyectos, 19 son de inversión, 9 de gasto corriente y 2 corresponden a los requerimientos de la Fiscalía General de Estado (FGE) y de la Defensoría Pública.   Los prioritarios La Judicatura realizó una subdivisión de los 30 proyectos y solo presentó a la Secretaria Nacional de Planificación (Senplades) nueve considerados “prioritarios” para gasto corriente, que cubren los rubros de talento humano y bienes para el sostenimiento y mejoramiento del sistema judicial.   El financiamiento para los nueve proyectos durante 2023, 2024, y 2025, asciende a $267’215.125, entre otros para contratar jueces, compra de equipo jurisdiccional, infraestructura, plan de citaciones, etc.   Presupuesto para 2023 Para el ejercicio fiscal 2023, el monto que fue solicitado al Ministerio de Economía  durante las mesas técnicas y que está en análisis de la Senplades, desde el 22 de junio, es de $34’272.879,05.   Según la Judicatura  los proyectos son ejecutables si los recursos se transfieren con la debida oportunidad. Estas propuestas fueron presentadas entre mayo y junio de 2023.   Para talento humano En el requerimiento presupuestario para talento humano se agruparon todas las necesidades para solventar el déficit de jueces,  fiscales, defensores públicos, así como otros funcionarios judiciales necesarios para elevar la capacidad de despacho de las unidades, planteando una ejecución progresiva, considerando que, en algunos casos, el ingreso de funcionarios requiere procesos previos como concursos públicos de oposición y méritos.   En este grupo también se solicitaron los recursos para realizar los concursos, dado que el Consejo de la Judicatura ya no cuenta con bancos de elegibles de donde realizar designaciones para reemplazos de jueces.  Actualmente, solo está  vigente el banco de elegibles de primer nivel con tiempo de vigencia hasta enero de 2024. (SC)   Requerimientos tecnológicos En el ítem de requerimientos tecnológicos o automatización, el CJ presentó el Proyecto de ‘Acceso a la Justicia’ y ‘Automatización de sistemas de la Función Judicial’ que busca la materialización y aplicación adecuada del modelo de atención a víctimas de violencia de género, con la creación del Registro Único Judicial que, por mandato de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, debe integrar de forma automatizada la gestión judicial de defensores públicos, fiscales, jueces, peritos, etc.   Además, procesos de automatización que actualmente se manejan manualmente tales como métodos de solución de conflictos, justicia de paz.   Mejoramiento del sistema judicial El último grupo de proyectos tiene que ver con el eje de bienes para el mejoramiento del sistema judicial, entre los que se encuentran la construcción de edificios en lugares en los que la infraestructura actual no permite un buen servicio como en la ciudad de Esmeraldas, en Rioverde, en Orellana; la repotenciación de otros como el edificio de la Corte Nacional de Justicia, Santo Domingo de los Tsáchilas, etc.   En este grupo también están aquellos proyectos necesarios para el funcionamiento cotidiano del servicio judicial como el mantenimiento de la infraestructura, de los edificios, que implican, por ejemplo, la garantía de que las salas de audiencia cuenten con audio y video, que las Cámaras de Gessell estén habilitadas, el funcionamiento de ascensores, aires acondicionados, etc.   Asimismo, que se cuente con insumos de oficina: papel, tinta de impresión, etc.. Así también contempla los rubros para servicios básicos como agua, luz, internet.

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Fisco se ahorrará unos $ 33 millones entre sueldos y gastos de bienes y servicios de la Asamblea Nacional, ahora disuelta

El Univeros .- Los sueldos de los asambleístas, asesores y personal administrativo ascendían a $ 44 millones en presupuesto, hasta la fecha se han pagado $ 14,9 millones. Tras la disolución de la Asamblea Nacional, por efectos de la medida constitucional de muerte cruzada, el fisco se podrá ahorrar al menos $ 33 millones en el presupuesto que estaban destinados para la Función Legislativa. Al menos salarios y otros bienes y servicios ya no serán parte de los gastos a erogar por parte del Ministerio de Finanzas: $ 29,1 millones serían de salarios y $ 3,9 de bienes y servicios. De acuerdo con la ejecución presupuestaria que se reporta día a día en el Ministerio de Economía se conoce que el presupuesto de la Asamblea para el 2023 era de un total de $ 51,4 millones. Sin embargo, hasta ayer ya se habían ejecutado unos $ 17,7 millones, por lo que restaba ejecutar $ 33,7 millones. De este presupuesto, la mayor parte se dedica a gastos de personal. Según el presupuesto, estaba previsto desembolsar en el año $ 44 millones en gastos de personal, que estaban destinados para salarios de los 137 asambleístas y de cuatro asesores por cada uno (en total son 548 asesores), además del personal administrativo. Del total, ya se han pagado $ 14,9 millones en los cuatro meses y medio de gestión de la Asamblea Nacional (hay un saldo de $ 29,1 millones). Entre tanto, hay un presupuesto de $ 6,6 millones de bienes y servicios, de los que ya se han gastado $ 2,7 millones, por lo que estos recursos también constituirían un ahorro

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Resolver si el Ejecutivo debe o no entregar $ 265 millones para ‘mejorar’ el servicio de justicia, decisión que está en manos de una jueza de Pichincha

EL UNIVERSO .- La acción de protección que exige, entre otras cosas, un “presupuesto suficiente” para el trabajo de la Función Judicial lo planteó como ciudadano Wilman Terán. El próximo miércoles 19 de abril, la jueza de Pichincha Cecilia Pareja dará a conocer si acepta o no la acción de protección presentada como ciudadano por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), contra el primer mandatario, Guillermo Lasso, y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, con el fin de exigir el “presupuesto suficiente” para el trabajo de la Función Judicial.   La resolución resumirá los argumentos dados por las partes en más de doce horas de una audiencia que se suspendió el pasado 10 de abril.   En la diligencia participaron más de 20 víctimas que recordaron sus casos médicos, administrativos, para fundamentar la teoría de Terán de que se está afectando la dignidad humana de los funcionarios del sistema de justicia y de sus usuarios al tener desde el Ejecutivo un “goteo muy limitado” de recursos durante los últimos diez años. Terán señaló que no solo está solicitando $ 265 millones como reparación integral, sino que pide “que sea declarado vulnerador de los derechos el Poder Ejecutivo, representado por Guillermo Lasso y su ministro de Finanzas”.   En vereda contraria estuvieron abogados de la Presidencia de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Secretaría de Planificación y de la Procuraduría General del Estado. Desde el Gobierno se aseguró que el CJ devuelve fondos -por ejemplo, en los últimos diez años habrían devuelto $ 500 millones de $ 4.500 entregados-, que la demanda no tiene sustento y que ha existido un cumplimiento efectivo por parte de la Función Ejecutiva respecto de los presupuestos que se envían a la Función Judicial.   Según Terán, quien asumió su propia defensa, a la jueza Pareja le fueron entregados informes que revelan que en el sistema de justicia existen al momento 651.485 causas represadas. El accionante sostenía que por el problema estructural que atraviesa la Función Judicial se estima que las causas en materias civiles, contencioso administrativas y tributarias, inquilinato, laboral, contravenciones, penal, tránsito,… demoran en promedio entre cinco, seis y hasta ocho años. También recordó que hoy hay 267 jueces provinciales a nivel nacional, pero se requieren 364 y que todavía no es lo que se ajusta al estándar internacional. Que hay 101 tribunales distritales, cuando lo óptimo es tener 123; que para tribunales penales existen 186 juzgadores y lo que se necesitan son 243; que existen a nivel nacional 1.362 unidades judiciales, cuando lo que se requiere son 1.888.   Dijo además que de los informes entregados en la acción de protección se desprende que hacen falta diez conjueces en la Corte Nacional de Justicia; que del total de las unidades propias con las que cuenta la Función Judicial, el 93 % de la infraestructura está en malas condiciones y apenas el 7 % presenta condiciones adecuadas; que el 99 % de la flota de vehículos del CJ cumplió su vida útil; que para el concurso de Méritos y Oposición del Banco de Elegibles, carreras fiscales y fiscales provinciales se requiere un monto aproximado de $ 1,7 millones.   Para Wilman Terán, todo lo relatado, a partir de una merma constante en el presupuesto de la Función Judicial, ha impactado directamente en la eficiencia del servicio. “Debe haber un acceso material, real, que permita que la maquinaria judicial se movilice; si este acceso material no permite movilizar la maquinaria judicial, sucederá la violación del derecho al acceso a la justicia, la violación en la demora injustificada de los usuarios del servicio de justicia”.   El ex defensor público general Ernesto Pazmiño reconoce que la falta de recursos económicos puede generar complicaciones en el servicio de justicia, pero el problema de esta sector no es económico, sino que lo que falla es el modelo de gestión, su autonomía e independencia y la falta de liderazgo y conocimientos técnicos para conducirla.   “La generalidad de los jueces y fiscales no están capacitados. Lo que debe funcionar adecuadamente es la Escuela de la Función Judicial, convertida en una universidad de posgrado para capacitar por cuatro años a quienes han ganado un concurso para ingresar como jueces, fiscales o defensores públicos. Si desean plata, que sea para ello y para fortalecer el sistema de justicia y no para ‘negociar’ algún contrato millonario”, anotó Pazmiño, quien cree que si el MEF no ha transferido los recursos necesarios, lo que procedía en este caso era una acción de incumplimiento.   Terán planteó insistentemente que existe una incoherencia entre lo orgánico funcional y la partida presupuestaria, es decir, el orgánico funcional es mayor y la partida presupuestaria es menor. No cree que el Gobierno o los encargados de las arcas fiscales deberían asustarse por entregar $ 265 millones, ya que es fácil resolver ese tema si se toca algo de los $ 8.200 millones existentes en las reservas internacionales y activos externos, refirió.   El penalista Miguel Revelo sostuvo que habría sido más fácil que Wilman Terán, como presidente de la Judicatura, presente un plan con las necesidades reales que tiene la Función Judicial y de esa forma, conforme determina la norma, exigirle al Ejecutivo, sin la necesidad de una acción de protección como ciudadano, que desembolse los valores que se requieren. Él ve muy difícil que un juez dé paso al recurso planteado.   Para el jurista, es indiscutible que la Función Judicial está en crisis y el hecho mismo de que no se tengan los materiales necesarios para trabajar evidencia esa crisis. Pese a ello, indicó, el problema no está únicamente en que no se dé dinero; para él, el problema está en que el CJ no planifica, en que se necesita personal competente y conocedor del manejo del sector público para que puedan planificar y con el dinero que se les entregue ejecutar esos procesos.   La jueza Pareja convocó para las 09:00 la reinstalación de la audiencia en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en

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Consejo de la Judicatura ha devuelto $ 500 millones de presupuesto que no ha ejecutado, aclara el Gobierno

EL UNIVERSO.-En la audiencia por la acción de protección presentada por Wilman Terán, el Ministerio de Finanzas señaló que en 10 años asignó más de $ 4.000 millones al CJ. Durante la audiencia por la acción de protección que impulsa a título personal Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en contra del primer mandatario, Guillermo Lasso; el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, el Gobierno replicó que en los últimos diez años el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha asignado a la Función Judicial $ 4.497 millones, de los cuales la Judicatura ha ejecutado el 85 % y que “$ 500 millones han sido devueltos a las arcas fiscales”.   La diligencia se desarrolló desde las 09:00 del lunes en el Complejo Judicial Norte, en Quito. La causa está a cargo de la jueza de Pichincha Cecilia Pareja, de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. En este caso, Terán demanda que el Gobierno en 48 horas transfiera a la Judicatura $ 265,7 millones como medida de reparación, por la reducción que ha sufrido el presupuesto de la entidad, lo que ha afectado el servicio que se brinda a la ciudadanía.   Por la mañana intervino Wilman Terán, así como abogados en libre ejercicio, funcionarios y exfuncionarios judiciales, en calidad de víctimas, que respaldaron la acción de protección.   En horas de la tarde el turno fue de los representantes del Ministerio de Finanzas, Presidencia de la República y Procuraduría, quienes señalaron que no es procedente que Terán pretenda actuar a título personal buscando beneficiar a la entidad que preside.   Además enfatizaron en que Finanzas asigna los presupuestos de acuerdo a lo que cada institución informa que requiere. Mariné Dávila, directora nacional de patrocinio del MEF, reprochó que “$ 500 millones no han ejecutado para cubrir todas las necesidades de las personas que se han referido en esta audiencia (…). No podemos darles ejecutando”, dijo con base en un informe elaborado por la Subsecretaría de Presupuesto del MEF.   Criticó que el dinero que no ha sido ejecutado por la Judicatura supera los $ 265 millones que ahora Terán exige.   Dávila argumentó que en la última década los recursos del fisco se han mermado debido a “crisis exógenas” a las que se ha enfrentado el país, como el terremoto de 2016, la caída de los precios del petróleo y la actual reducción de la producción nacional, la crisis sanitaria por el COVID-19, entre otros factores.   Es difícil administrar el Estado en esas condiciones, señaló y explicó que los recursos públicos se asignan bajo los principios de equilibrio y flexibilidad, dependiendo de la cantidad de ingresos que se obtengan y las prioridades del gasto.   La directora nacional de patrocinio del Ministerio de Finanzas comentó que “se está desnaturalizando la acción de protección”, ya que estas garantías jurisdiccionales no pueden regular las finanzas públicas, sino que su objeto es determinar si han existido o no vulneraciones de derechos constitucionales. Añadió que la cartera de Estado “cumple con sus competencias constitucionales y legales”.   Después tomó la palabra el abogado Luis Felipe Riofrío, funcionario de Finanzas, insistió en que la acción de protección es improcedente. Aseguró que el ministerio todos los años asigna fondos a todas las instituciones.   Riofrío agregó que en las medidas de reparación no se aclara cómo se va a compensar a los supuestos perjudicados, sino que las disposiciones están establecidas para que el Consejo de la Judicatura recabe más recursos. “En ninguna parte de la demanda se dice cómo va a solucionar el problema de citaciones”.   Mencionó que la competencia para establecer valores por reparación económica es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, según sentencia de la Corte Constitucional (CC).   Tampoco habría sustento técnico o norma jurídica que haya presentado el abogado de la contraparte para justificar que hubo una errónea asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas. “Es un monto determinado discrecionalmente”, apuntó Riofrío.   Por otro lado, comentó que en caso de que la jueza falle a favor de Wilman Terán, se afectará a las finanzas públicas porque el Ministerio de Finanzas no tiene $ 265 millones para asignarlos “de un día para el otro”.   Advirtió que si la jueza acepta la acción de protección se sentará un “precedente de gran relevancia” porque más adelante otras instituciones públicas van a pedir a Finanzas, a través de acción de protección, que se les entreguen recursos. “No va a haber presupuesto general del Estado que aguante”, subrayó.   En representación del presidente Guillermo Lasso intervino Jorge Benavides Ordóñez, subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República.   Benavides señaló que el primer mandatario “no es una autoridad administrativa”, ya que no dirige ninguna unidad administrativa dentro de la Función Ejecutiva, así que no hay fundamentación jurídica para que se haya demandado al jefe de Estado.   En tanto, desde la dirección general del Consejo de la Judicatura se apoyó la acción de protección y se aclaró que no es cierto aquello de que Finanzas entrega la cantidad de dinero que solicita la entidad o que la Judicatura no ejecuta lo suficiente.   Se expusieron cifras de los montos requeridos versus los realmente asignados y lo devengado, para evidenciar que anualmente se ha recortado el presupuesto desde Finanzas.   Para el año 2019 se pidió al MEF un presupuesto de $ 383 millones, pero la cartera de Estado fijó $ 366 millones y de esa cantidad se ejecutó el 99,63 %. Para el 2020 se pidieron $ 382 millones, pero el MEF otorgó $ 350 millones, se ejecutó el 99,64 %.   Al año 2021 la Judicatura resolvió que necesitaba $ 350 millones, pero el MEF dio $ 342 millones y también se ejecutó el 99 %. Para el año 2022 se solicitaron $ 368 millones, sin embargo se recibieron $ 331 millones. Para el 2023 la Judicatura calculó que requiere de $ 432 millones, pero Finanzas asignó $ 345 millones.   Al cabo de casi doce horas de audiencia, con dos recesos y luego

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