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En peligro la curul de la correísta Priscila Schettini

Priscila Schettini, quien fue electa para la Asamblea Nacional por el correísmo, podría perder su curul. La causa es la denuncia planteada por la fiscal general, Diana Salazar, en su contra y de Angélica Porras. LEER TAMBIÉN: Sancionadas activistas que injuriaron a fiscal Diana Salazar LEER TAMBIÉN: Angélica Porras, descalificada de concurso para renovación de jueces de la Corte Constitucional Ambas, a nombre del colectivo Acción Jurídica Popular, afirmaron que Salazar hizo trampa en el concurso que la llevó a la Fiscalía, y que su tesis para convertirse en doctora en jurisprudencia, fue producto de un plagio. Violencia política de género La fiscal rechazó esa versión, y demandó a su vez a Schettini y Porras ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por “violencia política de género”. Según Salazar, el reclamo se debió a la condena y destitución de Freddy Carrión, entonces defensor del Pueblo y esposo de Schettini, a quien acusaron de abuso sexual en plena pandemia de Covid. Fernando Muñoz, juez del TCE, determinó que las cabecillas de Acción Jurídica Popular, en efecto, “incurrieron en actos sistemáticos de violencia política de género, que afectaron la imagen personal y profesional de la autoridad, con el objetivo de incitarla a renunciar”. Por ello sancionó a Schettini a pagar una multa de 50 salarios (22.500 dólares), y la suspensión de sus derechos de participación política por 3 años. A Porras, asimismo, le impuso una multa de 30 salarios (13.500 dólares), y la suspensión de sus derechos por 2 años. Además, deben pedir disculpas y abstenerse de publicar nuevos post en redes sociales contra Salazar. Apelación Precisamente esa sanción contra Schettini le impediría asumir el puesto de legisladora, pues carece de los derechos. El caso estuvo suspendido varios meses, debido a que las sentenciadas apelaron. Pero una vez rechazada la impugnación, el fallo sería ratificado.

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Periodista Roberto Aguilar se ratifica sobre Diana Atamaint: su labor es pusilánime

Absurda y sin fundamento. Así califica el analista y comunicador, Roberto Aguilar, la demanda planteada en su contra por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. La funcionaria acusó a Aguilar de supuesta “violencia de género”, debido a un artículo de opinión que publicó en Diario Expreso, en el cual la cuestionó por permitir que el ex presidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción y, por tanto, con sus derechos políticos suspendidos, hiciera abiertamente campaña por los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Además, de acuerdo a la ley, los aspirantes a integrar dicho organismo no podían identificarse con partido o movimiento alguno. Sin embargo, en pancartas, mensajes en redes y en vallas publicitarias, se mostraron abiertamente como “la liga azul”, vinculada a la Revolución Ciudadana. Aguilar aclaró que en su artículo, titulado “Diana, levántate y anda”, hizo referencia a la abierta omisión de la funcionaria a dichas disposiciones, pues a pesar de que estaban a la vista graves delitos electorales, jamás ejerció acciones de control. Mal se puede mencionar una “violencia de género”, agregó, pues en ningún momento cuestionó a Atamaint por su condición de mujer. La presidenta del CNE exige que el TCE, le imponga al periodista una multa de 70 salarios básicos unificados (31.500 dólares), la suspensión de derechos de participación y otras medidas de reparación integral. Aguilar dijo sentirse sorprendido por la acusación, pues durante el gobierno de Rafael Correa, el entonces presidente lanzó duras expresiones –esas sí con violencia de género- contra ciertas mujeres, por ejemplo Cynthia Viteri, de quien dijo que “solo debería dedicarse al maquillaje”. El analista insistió que Atamaint muestra una actitud pusilánime, y de abierta complicidad con el correísmo. Y como prueba mencionó que ni Correa ni el ex vicepresidente Jorge Glas, también con los derechos políticos suspendidos por sentencias de corrupción, podían participar en la reciente campaña presidencial, y aun así el CNE se hizo de la vista gorda cuando lo hicieron. Aguilar realizó una analogía de su situación con la de Carlos Vera, también acusado de “violencia de género” en el TCE, pero en su caso por Priscila Schettini, esposa del ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por agresión sexual. En esa denuncia, Schettini citó como “prueba” un video –que no fue creado por Vera- en el cual la llaman “operadora correísta”. Curiosamente, habla de una “infracción electoral”, cuando ni ella ni el comunicador participaban en elecciones. Aguilar precisó que el verdadero objetivo del correísmo es tomarse el poder y no soltarlo en 30 años –según sus propias palabras-. Es decir, sus líderes no creen en la alternancia ni en la democracia. Y por si fuera poco, quieren meter la mano en la justicia para cambiar a los jueces, con miras a que anulen las sentencias contra quienes están prófugos. Y en este intento, no tienen empacho en colocar a la ex asambleísta Mireya Pazmiño, cuestionada por sus mentiras durante el caso Flopec, a colaborar en la comisión que elegirá a los nuevos magistrados. Algo sorprendente, pues se trata de una persona muy limitada, aunque fiel al correísmo. El analista recordó que existen sobradas sospechas de los vínculos, que la Revolución Ciudadana tiene con bandas delictivas y crimen organizado, sin mencionar que comparten abogados con los mafiosos.

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