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Ecuador: julio 24, 2024

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Ecuador, julio 24, 2024
Ecuador Continental: 13:56
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La Procuraduría capacita a militares sobre derechos humanos

Primicias .- Las capacitaciones de la Procuraduría General del Estado a los militares en Ecuador continuará hasta el 17 de enero de 2024. La Procuraduría General del Estado dijo un equipo de abogados capacitó a miembros de las Fuerzas Armadas en derechos humanos en el contexto del conflicto interno armado, decretado el 9 de enero de 2024. Los militares están siendo instruidos en Derecho Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. “El primer taller se realizó en la sala de capacitación del Ala de Combate No.22 de Guayaquil”, sostuvo la entidad. La Procuraduría también dijo que se analizaron varios casos.

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Periodistas expusieron en la CIDH la falta de protección del Estado ecuatoriano

El Universo .- Una delegación habló del grave deterioro del periodismo. Representantes del Gobierno afirmaron que el Ejecutivo promueve y defiende la libertad de expresión. Un grupo de periodistas participaron la tarde del lunes 6 de noviembre en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde expusieron “el grave deterioro del periodismo en Ecuador”. La audiencia se dio en el marco de en el marco del 188° período de sesiones del organismo. La delegación estuvo conformada por Karol Noroña, periodista exiliada desde marzo de 2023; Ricardo Rivas, director del colectivo Nos Faltan Tres, y hermano de Paúl Rivas, fotógrafo de diario El Comercio, asesinado en 2018; Christian Zurita, excandidato presidencial y periodista de investigación; María Sol Borja, periodista independiente; María Amelia Espinosa, coordinadora del área de Protección para Periodistas de Fundamedios; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. En representación del Estado participaron el ministro de Gobierno, Henry Cucalón; Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado; y más delegados. Los periodistas iniciaron con las intervenciones. Ricaurte hizo un resumen de los ataques que sufrió la prensa entre 2007 y 2017, recordó que el Estado no ha cumplido con recomendaciones de la CIDH en materia de protección a los trabajadores de medios de comunicación. Mencionó la situación de diario El Comercio, que en la actualidad atraviesa una severa crisis económica, “mientras los actuales dueños violan reiterada y sistemáticamente los derechos laborales de periodistas y trabajadores, a vista y paciencia del Estado ecuatoriano”, dijo. Señaló que el crimen de los tres periodistas de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, marcó un trágico precedente para el trabajo de prensa en el país, que ahora se ha ve sometido a amenazas de muerte, atentados, exilio de periodistas. Criticó la falta de acción del Estado a pesar de haber recibido constante información y recomendaciones de la CIDH, de la comunidad internacional y de la sociedad civil. “Su accionar ha sido de constante y sistemática negligencia, impavidez y falta de acciones”, expresó Ricaurte, quien reconoció que si bien se han impulsado dos reformas a la Ley de Comunicación, en la práctica “no se han tomado las acciones necesarias para garantizar, proteger y fortalecer el trabajo de la prensa y el ejercicio pleno del periodismo”. Expuso que en el año 2022 Fundamedios registró 356 agresiones contra la prensa, el cual es el segundo número más alto del monitoreo histórico que hace la organización. La cifra abarca tres asesinatos a periodistas, atentados contra medios, explosión de artefactos en domicilios de comunicadores, ataques a periodistas durante el paro de junio de 2022. En lo que va del año 2023, las agresiones suman 220, que incluye a 9 periodistas exiliados y desplazados, así como el asesinado del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ricardo Rivas, por su parte, mencionó que la investigación del caso denominado Nos Faltan Tres sigue en la impunidad. Que han pasado cuatro fiscales y todavía continúa en etapa de indagación. Dijo que desde hace dos años “ya no hay impulsos fiscales”. Señaló que en el año 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) cambió la información del caso de reservada a secreta, con lo cual la información permanecerá guardada por diez años más. Pese a constantes pedidos de desclasificación, todavía no existen respuestas. Reprochó que los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso ofreciaron al menos en 10 ocasiones desclasificar los informes, pero no cumplieron. Karol Noroña relató los detalles que la llevaron al exilio, luego de revelar casos relacionados con el crimen organizado, la vulneración de derechos humanos en las cárceles del país y los vínculos del Estado con las bandas criminales. Contó que el 23 de marzo de 2023 supo que los miembros de una organización criminal, que sirve logísticamente a cárteles internacionales presentes en Ecuador, planeaban un atentado en su contra. Que tuvo acceso a conversaciones y audios de las amenazas en su contra, que incluían fotografías suyas, del lugar de su domicilio, del medio de comunicación en el que trabajaba. “Y un plan de asesinato que escuché de las voces de los líderes narcocriminales, gracias a dos fuentes cercanas”, detalló Noroña. Dijo que al día siguiente abandonó Ecuador, sin fecha de regreso. “Fui la primera de nueve periodistas que tuvo que tuvo que exiliarse este 2023 de Ecuador”, relató la periodista y reclamó que ninguno de los casos ha merecido un pronunciamiento del gobierno de Guillermo Lasso, ni hubo apoyo para resguardar sus vidas. Christian Zurita compartió ante la CIDH que enfrenta tres juicios, incluyendo procesos en Estados Unidos, y “violencia desplegada por políticos y otras amenazas de uso de la justicia desde intereses corporativos y de crimen organizado”. Comentó que usar a las cortes de otros países “debilita más el trabajo de los periodistas de investigación, que de por sí ya son pocos en Ecuador”. Apuntó que cuando asumió la candidatura presidencial, en reemplazo de su amigo Fernando Villavicencio, también asumió el mismo nivel de riesgo y mencionó que los últimos comicios presidenciales fueron los más violentos, lo cual fue recopilado por organismos internacionales. Por ello, la CIDH le concedió medidas cautelares a él y a una parte de su equipo. María Sol Borja, en cambio, enfocó su intervención en los mensajes violentos de índole sexual que ha diario recibe por su trabajo periodístico. Citó que entre enero de 2022 y marzo de 2023, hay al menos 90 agresiones a periodistas por su condición de género. Reconoció que no ha denunciado formalmente las agresiones en su contra porque desconfía en las instituciones del Estado, que han dejado en la impunidad los casos de Karol Noroña y el asesinato de los periodistas de El Comercio. “La violencia empieza con discursos estigmatizantes hacia los periodistas, con una carga adicional hacia las mujeres, construye y normaliza la violencia sin que haya ninguna consecuencia”, mencionó. De lado del Gobierno, el ministro Henry Cucalón afirmó que el Ejecutivo, en los dos años en el poder, “se ha caracterizado por ser un férreo promotor y defensor del derecho a la libertad de expresión en el país”, lo cual, dijo, se demuestra en la “aceptación y tolerancia” ante las críticas que ha recibido Carondelet. Defendió la actuación de la administración de Guillermo Lasso, señalando que durante la gestión de presidente no se ha enjuiciado

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Arcotel puede prorrogar las concesiones de las telefónicas

Primicias .- La Procuraduría respondió la pregunta de la Arcotel, sobre el trámite de renovación de los contratos de concesión de las operadoras telefónicas Claro y Movistar. La Procuraduría General del Estado emitió este 19 de julio de 2023 su pronunciamiento ante una consulta de la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), sobre las demoras en la renovación de la concesión de las operadoras telefónicas Claro y Movistar.   La renegociación de ambos contratos está suspendida desde mayo de 2023. Pero los contratos de concesión vencen agosto (Claro) y noviembre (Movistar) de este año, por lo que había el riesgo de que el servicio de las telefónicas se suspenda.   Ante esto, la Arcotel consultó a la Procuraduría si la Ley les permite otorgar una prórroga a la concesión hasta que se resuelva el tema de la renovación de los contratos.   El pronunciamiento de la Procuraduría dice que Arcotel “tiene la atribución y el deber” de adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad en los servicios y los derechos de los usuarios.   Por lo tanto, la prórroga del plazo de vigencia de los títulos habilitantes, entre ellos los contratos de concesión, puede ser resuelta por Arcotel “bajo su exclusiva responsabilidad”.   La Procuraduría asegura que esta sería una “medida administrativa tendiente a asegurar la continuidad en la prestación del servicio y los derechos de los usuarios“.   Con esta decisión, la Arcotel puede prorrogar el tiempo de vigencia de los actuales contratos de concesión con las telefónicas Claro y Movistar, hasta que se resuelva su renovación.

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Titular de la Judicatura exige ‘presupuesto suficiente’ para la Función Judicial y presenta acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso

EL UNIVERSO .– La Judicatura sostiene que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia eficiente y oportuno.   Con el fin de exigir el presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda cumplir con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia, la mañana de este lunes 3 de abril, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), WilmanTerán, presentó una acción de protección contra Guillermo Lasso, como presidente de la República.   La garantía jurisdiccional fue ingresada en el Complejo Judicial Norte, en Quito, luego de que concluyó un foro nacional denominado Transformación a la Justicia. En ese evento participaron directores provinciales del CJ, representantes de la Corte Nacional de Justicia y presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia.   Según la Judicatura, la Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de $ 265.6 millones. De este total, $ 92.9 millones corresponderían a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.   El presidente Terán cree que las cifras en la institución revelan que existe un ataque sistemático a la Función Judicial y con ello una violación a los derechos ciudadanos. Para él con estas acciones se ha afectado el acceso a la justicia, al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica a los usuarios, al trabajo digno de abogados, al derecho de los niños a recibir de forma oportuna sus pensiones alimenticias, etc.   “Esto es una falta de voluntad del Poder Ejecutivo”, indicó Terán al tiempo de referir que presentó la demanda contra el Gobierno como ciudadano y como un hombre de derecho que cree en la ley y tiene fe en la justicia. El recién posesionado presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, reconoce que la falta de presupuesto incide en el trabajo de la Judicatura, en la eficiencia y eficacia, pero aclara que no es todo. Por ejemplo, manifestó, se deben pensar en proyectos de ley que reformen el Código Orgánico de la Función Judicial y con eso buscar también mejorar la calidad del servicio que se le está dando al país.   El vocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, acompañó a Terán en la presentación de la acción constitucional e indicó que ya es hora de que los Gonbiernos dejen de ver a la Judicatura como cualquier ministerio. Aseguró que son la columna vertebral del Estado de Derecho en el país.   Para David Guzmán, director General de la Judicatura, la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno. Desde su perspectiva los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando, por ejemplo, explicó, un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.   Además del presidente Lasso, la acción de protección fue presentada contra el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. Cifras del Consejo de la Judicatura revelan que actualmente en el país existen 1978 jueces, lo que determina que la tasa, por cada 100 mil habitantes, sea de 11 jueces. Esta cifra estaría por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12.8.   En un comunicado del CJ se sostiene que la reducción sistemática de recursos económicos perjudica también a procesos como la gestión de citaciones, pues no existiría el suficiente personal y vehículos para que la Función Judicial pueda cumplir con esta tarea. Solo en Quito existirían 17.777 citaciones pendientes.   Desde esa institución también se señala que hay un déficit de $ 77.3 millones, recursos necesarios para que el Consejo de la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, etcétera.   De igual forma, por la falta de recursos, se afirma desde la Judicatura, no se ha podido ejecutar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, ni tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a escala nacional. Para cumplir con estas tareas, la Función Judicial requiere más de 31 millones de dólares.   El déficit por costos de operatividad relacionados con insumos de oficina, bienes, arriendos, mantenimiento, repuestos, accesorios, seguros, servicios generales, combustibles,vehículos, …, a decir del CJ, alcanzaría los $ 46,8 millones. Pedidos que hacen parte de la acción de protección .- Que se ordene a la Presidencia de la República que coloque una placa visible en cada dependencia como reparación judicial. La placa debería decir que en “el sistema democrático del Ecuador se garantiza la seguridad jurídica y la independencia de poderes por medio de la adecuada asignación y dotación de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial”.   .- Que se ordene a la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas que devuelva el dinero ausente de la Función Judicial consistente en $ 265 millones.   .- Que se fijen intereses por los presupuestos faltantes de los últimos diez años.   .- En el caso de demorar la devolución, porque se está pidiendo que se lo haga dentro de un tiempo determinado, que exista un recargo del 10 % por cada día de retraso. 

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Caso Encuentro: Policía detuvo en Rumichaca a Mauricio Guim, exfuncionario de la Presidencia

El Universo.- A Guim se le atribuye un audio relacionado con la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas.   Mauricio Guim, exsevidor de la Presidencia de Guillermo Lasso, fue detenido la noche del miércoles en el puente de Rumichaca, en la frontera con Colombia, como parte del caso Encuentro que investiga una supuesta red de corrupción en las empresas públicas.   Las sospechas recaen sobre Guim debido a que el medio digital La Posta reveló un audio que lo comprometería con presuntas negociaciones irregularidades, en las que también estarían involucrados personas particulares y exautoridades de las empresas estatales del actual Gobierno.   El exfuncionario fue capturado por disposición de la Fiscalía cuando intentaba salir del país, informó el presidente Guillermo Lasso. Indicó que dos equipos de la subzona de Inteligencia de Carchi y un equipo de la Policía Judicial concretaron la aprehensión.   El ciudadano será trasladado a Quito y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, avisó el jefe de Estado, en redes sociales. Afirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción es total.   Guim fue subsecretario de Desarrollo Normativo de la Presidencia de la República y a finales de 2022 se convirtió en el secretario particular del Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. De este último cargo habría sido removido tras la divulgación del audio. Mauricio Guim también fue uno de los nueve candidatos para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Su nombre fue parte de la terna que presentó la Función de Transparencia y Control Social.  

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