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Ecuador: julio 18, 2024

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Ecuador, julio 18, 2024
Ecuador Continental: 10:05
Ecuador Insular: 10:05

Casi 2.000 alertas del ‘Código Plata’ hubo durante un año en hospitales

Primicias .- En 2023 se registraron 1.868 procedimientos de ‘Código Plata’, principalmente en las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, y Los Ríos. Con un protocolo denominado ‘Código Plata’ se busca garantizar el bienestar, seguridad e integridad de personal sanitario y usuarios de establecimientos de salud que se encuentran en situación de riesgo o violencia en Ecuador. El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó el 16 de enero del 2024 que este protocolo está activo a escala nacional. El ‘Código Plata’ pretende reducir el riesgo de daños adicionales a la víctima y daños colaterales, además permite que los entes de control apliquen sus protocolos de acuerdo a la Ley, según las autoridades. Los objetivos del Código Plata abarcan identificar las amenazas a la provisión del servicio de salud, al arribo de un paciente auto referido al Hospital; y contener incidentes violentos que amenacen la provisión de servicios de salud generados por pacientes y/o acompañantes en un determinado momento. En 2023 se registraron 1.868 procedimientos de ‘Código Plata’, principalmente en las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos, informó el Ministerio de Salud. Mientras que, entre el 1 y 14 de enero de 2024 se han registrado 90 procedimientos en las mismas provincias mencionadas.

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La violencia sexual alcanzó a 4.115 estudiantes, en un año

la Hora .- Aunque el país cuenta con hojas de ruta y protocolos ante la violencia sexual, los casos avanzan y cada vez más personas denuncian la ineficacia de las autoridades. Aunque las escuelas deberían ser espacios seguros para los niños, niñas y adolescentes, la realidad se ha tornado distinta y cada vez se vuelven más públicas situaciones como el acoso, el suicidio y la violencia sexual en las aulas.   Según el Ministerio de Educación, en 2022 se registraron 4.115 víctimas de violencia sexual. Las agresiones que se consideran violencia sexual – explicó la ministra de Educación, María Brown, van desde agresiones verbales hasta violaciones.   De las víctimas, la mayoría tiene entre 8 y 14 años. Un 90% de las agresiones son contra mujeres.   Además, en 2022, 424 estudiantes fueron agredidos por sus pares. Si bien Brown señaló que un 83% ha recibido acompañamiento psicológico y que el 17% restante “renunció a recibir esta ayuda”, para Sofía Narváez, psicóloga educativa, el sistema no puede ser reactivo, sino prevenir la violencia de todo tipo, así como evitar casos de suicidio: en 2022, 57 estudiantes que se quitaron la vida.   Narváez señala que “más de una vez el Ministerio de Educación ha reconocido que las autoridades no actuaron de forma correcta ante una alerta o denuncias de violencia sexual”. Un ejemplo es el caso de la estudiantes del colegio Dillon, cuya rectora fue retirada del cargo.   Lo mismo pasó con la muerte de la estudiante del colegio Mejía, donde se reconoció que no se actuó de forma correcta, ni se presentó una denuncia. Protocolos se incumplen En el país existen protocolos que se deben seguir en caso de violencia sexual, pero muchos se apagan en las mismas aulas. Es ahí donde se origina el problema, señala Marlon Ordóñez, docente especializado en pedagogía. “Tal como se tiene memorizado cómo actuar en medio de un sismo por ejemplo, así de claro, y con más razón, se debe tener el protocolo de acción ante la violencia en colegios”, señala Ordóñez. ¿Cuál es el protocolo? Detección, intervención, derivación y seguimiento son las palabras que marcan la hoja de ruta ante situaciones de violencias cometidas en el sistema educativo. Detección Si algún miembro de la comunidad educativa (autoridad, docente, padres o madres de familia, administrativos) conoce de un caso de violencia sexual dentro o fuera del establecimiento debe denunciarlo. La hoja de ruta marca que primero se deben informar al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) o al rector del plantel. Si un docente o directivo está implicado en el hecho, la coordinación del DECE, en conjunto con la Dirección Distrital de Educación debe realizar el procedimiento. Intervención – El personal del DECE tiene que comunicar inmediatamente lo sucedido a la familia del estudiante. Así como informar sobre las medidas que se tomarán desde el sistema educativo e iniciar el proceso de acompañamiento psicológico. – Si el agresor es parte del grupo de estudiantes se debe informar a su familia sobre el hecho, e iniciar una intervención. – Desde el DECE se debe elaborar un informe sobre lo ocurrido con la información, sin juicios de valor.  Derivación – La autoridad institucional será la responsable de acudir a la Fiscalía para colocar la denuncia. Deberá presentarla en menos de 24 horas y adjuntar el informe realizado por el DECE. – El denunciante debe solicitar medidas de protección inmediatas y la recepción del testimonio anticipado. – En caso de que el agresor sea miembro de la institución educativa (directivos, administrativos, docentes o estudiantes) se conformará una Junta Distrital de Resolución de Conflictos. – Si se trata de una violación o de un abuso sexual, el DECE tiene la posibilidad de referir a la víctima a un espacio externo para recibir apoyo emocional y tratamiento psicológico. Seguimiento – La autoridad educativa y el DECE deberán garantizar que el estudiante siga en el sistema educativo. – La Dirección Distrital podrá ejecutar los procesos de reubicación del niño, niña o adolescente. Este procedimiento se hará con la solicitud del representante legal. – La colaboración en la investigación es básica en estos casos. – El personal del DECE debe dar seguimiento a la parte académica, física, emocional y social del estudiante. Casos de abuso sexual  Sistema escolar de 2014 a 2020 Se han registrado 10.676 casos de abusos sexuales en el sistema educativo. 593 fueron cometidos en espacios educativos. Los demás también fueron contra estudiantes, pero fuera de escuelas y colegios. 92 corresponden a denuncias en las que el agresor es un docente o autoridad escolar. 165 son denuncias contra personal administrativo o de limpieza. Entre el 10 de agosto de 2014 y el 28 de febrero de 2022 hay 715 sentencias condenatorias en casos de violación a menores.  

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La violencia a la mujer, costo millonario para la universidad

Las pérdidas suman $ 68 millones anuales. Una de cada tres estudiantes afronta este problema. Pocos centros de estudios tienen protocolos de prevención. La violencia contra la mujer es parte del día a día en las instituciones de educación superior en Ecuador. No solo la verbal, sino también la física y la psicológica pueden acabar con carreras y dejar grandes costos económicos a las universidades, aunque en la parte legal estas entidades siempre salen intactas. Una investigación realizada en 16 universidades del país, difundida hace dos semanas, revela que una de cada tres mujeres ha sido víctima de agresiones y violencia de género en los centros de estudios superiores del país. En la investigación participaron 24.000 estudiantes y 4.500 docentes y personal administrativo encuestados. El estudio denominado ‘De la evidencia a la prevención: Cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas’, fue elaborado por la Universidad San Martín de Porres de Perú, PreviMujer, y la Cooperación Alemana Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Arístides Vara-Horna, docente investigador de la USMP, asegura que los principales agresores en la universidad son otros compañeros, pero en segundo lugar están los docentes. La violencia que sufren las mujeres en la universidad las alejas de las aulas, incluso las obliga a abandonar sus estudios.FREDDY RODRIGUEZ / EXPRESO “Parte de la problemática es que pocas universidades tienen protocolos para denunciar el acoso o violencia del cual son víctimas; y en donde existen estas normas, las estudiantes las desconocen”, menciona en diálogo con EXPRESO, al dar a conocer más detalles sobre los resultados de esta investigación y qué medidas proponen para evitar que este problema siga presente. Las estudiantes dejan de ir a clases para evitar encontrarse con su agresor (docente). Además, pueden estar en el lugar y estar pensando sobre los comentarios que pueda emitir el acosador. Arístides Vara-Horna, docente investigador de la USMP Vara-Horna señala que las universitarias pierden 11 días al año cuando son agredidas por sus parejas y casi 13 días cuando la agresión viene de los profesores, personal administrativo o autoridades. La mayoría de las universidades públicas del país no cuenta con protocolos de violencia de género y aquellas que las tienen, no lo ejecutan y muchos menos lo dan a conocer a su comunidad. Deyanira Moreta, representante del colectivo Sororas Violetas Sin embargo, agrega que la pérdida es mucho mayor cuando sufren, al mismo tiempo, ambos tipos de violencia, llegando a casi 29 días perdidos al año. Se han vuelto número las cosas que nosotras hemos estado viviendo en las universidades, donde existe un abuso de poder que pone a las mujeres en una condición de vulnerabilidad. Ljubica Fuentes, coordinadora de la Coalición Feminista Universitaria Pero la violencia también tiene un costo monetario que pocas veces se expone. “Las universidades de Ecuador asumen 68 millones de dólares indirectamente al año. Este valor surge debido a que este tipo de agresiones ocasiona que tanto estudiantes como docentes falten a sus actividades”, explica, al revelar que es la primera vez que se realiza una investigación de esta índole en el país. TareaDirectivos de varias universidades asentadas en Guayaquil aseguran contar con planes para prevenir la violencia a la mujer, así como protocolos a seguir en estos casos. La falta de protocolos apropiados crea un campo fértil para los casos de acoso y abuso que afectan a las estudiantes, mientras el Estado es criticado por su inacción. Así lo hace conocer Deyanira Moreta Carvajal, del colectivo Sororas Violetas, quien señala que las universidades deberían adaptar un modelo de prevención integral. “No solo debe enfocarse en estudiantes, sino también en docentes y personal administrativo; no solo en mujeres, sino también en perpetradores”, menciona. Y aquello es importante porque seis de cada 10 integrantes de la comunidad universitaria afirman que nunca han sido capacitados sobre violencia en la universidad. La agrupación que ella lidera se creó en 2018 para apoyar el caso de Cristina Álvarez, quien fue la primera en iniciar un proceso de denuncia contra un docente por acoso sexual, en las instancias institucionales de una universidad de Quito, para luego llegar hasta la Fiscalía. Su denuncia mostró que no era la única, que más estudiantes habían vivido similar violencia en otras universidades a nivel nacional. “Nos encargamos de ofrecer acompañamiento psicológico y legal a las víctimas y de velar para que los protocolos de prevención en las universidades se cumplan, por lo menos en aquellas que lo tienen”, anota. Ljubica Fuentes, fundadora y coordinadora de la Coalición Feminista Universitaria, dice que el Estado tiene una deuda en políticas públicas para prevenir y atender estos casos. Por ello, manifiesta que se debe entregar a las universidades el presupuesto necesario para la ejecución de planes preventivos y capacitación de docentes. Ella recomienda conformar una coalición, pues a través de un trabajo en conjunto, las universidades pueden compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas para contrarrestar, finalmente, la violencia contra las mujeres. Fuente: Expreso

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