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Ecuador: julio 15, 2024

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Ecuador, julio 15, 2024
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Histórico fallo: Corte de apelaciones devuelve territorio a indígenas amazónicos Siekopai, en Ecuador

Primicias .- La nacionalidad indígena amazónica Siekopai reclamaba la devolución de su territorio ancestral, tras ser desplazados en la década de 1940 por una guerra con Perú. Los indígenas amazónicos del pueblo Siekopai son uno de los 14 grupos reconocidos en Ecuador. Con una población de 800 habitantes en el lado ecuatoriano y 1.200 en el peruano, esta nacionalidad indígena celebra el fallo de una corte de apelaciones, informado el 28 de noviembre de 2023. La justicia de Ecuador resolvió en última instancia reconocer la propiedad de más de 42.000 hectáreas a los indígenas Siekopai. Ellos reclamaban la devolución de su territorio ancestral tras ser desplazados en la década de 1940 por una guerra con Perú. “Un tribunal de apelaciones ecuatoriano falló a favor de la demanda interpuesta por la nación Siekopai para recuperar y legalizar la propiedad de su territorio ancestral conocido como Pë’këya, ubicado en la selva amazónica, en la frontera entre Ecuador y Perú”, dijo en un comunicado la oenegé Amazon Frontlines, que acompañó a los Siekopai en su demanda. Los Siekopai, conocidos como la “nación de la gente multicolor“, denunciaron que tras ser desplazados por la guerra en 1941 se les impidió regresar a su territorio debido a que el Estado había declarado sus tierras como parte de la reserva amazónica de Cuyabeno. Ambiente deberá ofrecer disculpas En 2017 iniciaron un reclamo por el reconocimiento de su territorio y en 2022 empezó la batalla judicial para recuperar su Pë’këya en lengua paicoca, ubicado en la provincia de Sucumbíos (noreste y limítrofe con Colombia). La sentencia, emitida el pasado viernes y a la que tuvo acceso el martes la AFP, ordena al Ministerio de Ambiente que en un plazo de 45 días emita “la resolución de adjudicación, equivalente a título de propiedad colectiva, en favor de la Nacionalidad Siekopai respecto del territorio ancestral denominado Pë’këya sobre el área de 42.360 hectáreas”. Además, dispone que esa cartera ofrezca disculpas públicas a los siekopai “por la vulneración de su derecho a mantener la posesión de sus tierras y territorios ancestrales”. Jorge Acero, abogado de los siekopai, dijo que tras el fallo los indígenas “pueden retornar y retornarán a sus sitios sagrados, a sus sitios ancestrales de una manera garantizada”. Agregó que al ser el Cuyabeno un área protegida por el Estado, con ciertas restricciones para su uso, el ministerio de Ambiente y los siekopai deberán llegar a acuerdos para “respetar esas prácticas (ancestrales del uso del suelo) dentro de un marco que encaje con la sostenibilidad de la zona”.

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Acuerdo entre Petroecuador y comunidad waorani de Dicaro pone fin a casi cuatro meses de protestas

EL UNIVERSO .-  La estatal anunció el levantamiento de la medida tras llegar a un acuerdo con los comuneros que iniciaron sus protestas el 25 de diciembre Habitantes de la comunidad waorani de Dicaro levantaron la paralización que mantenían en las zonas de influencia de los bloques 16 y 67, en la provincia de Orellana, informó Petroecuador este martes 11 de abril a través de un comunicado.   La estatal aseguró que el levantamiento de la medida obedeció a los acuerdos alcanzados a través de mesas de diálogo desarrolladas el lunes 10 de abril, entre representantes de la comunidad y autoridades de Petroecuador, del Ministerio de Energía y Minas, de la Gobernación de Orellana y otras instituciones.   El mismo día del diálogo Petroecuador comunicó que el promedio diario de producción había caído el 50 % en los bloques mencionados “como consecuencia de actos vandálicos ocasionados por grupos externos a la operación petrolera que afectaron a las instalaciones”. Uno de estos sucesos se registró el 6 de abril pasado, según las Fuerzas Armadas, cuando personal militar que vigilaba las inmediaciones del bloque 16 “fueron atacados violentamente con escopetas y lanzas por parte de miembros de la comunidad de Guaiyero”.   En tanto, este acuerdo anunciado por la estatal marca el final de casi cuatro meses de protestas desde que el 25 de diciembre pasado la comunidad de Dicaro inició una resistencia pacífica en su territorio.   En ese periodo también hubo contradicciones. El 14 de febrero pasado la estatal también había anunciado el levantamiento de la medida, luego de llegar a un supuesto acuerdo, que fue negado después por la comunidad, que aclaró que solo se acordó un plazo de tres días para que Petroecuador pueda revisar sus instalaciones petroleras y levantar la información de sus necesidades básicas insatisfechas.   Esa protesta se debió a la supuesta contaminación causada por la empresa Repsol-Petrolia y al ingreso no consultado de Petroecuador al territorio ancestral de la comunidad waorani de Dicaro, que demandaba al Estado que transparente toda la operación de la empresa privada que operó los bloques 16 y 67 que fueron revertidos al Estado el 31 de diciembre de 2022; tras cumplirse el plazo contractual, Petroecuador asumió la operación el día siguiente, el 1 de enero de 2023. Entre otros pedidos, la comunidad solicitó entonces que se inicien acciones legales y administrativas por las supuestas violaciones a los derechos del pueblo waorani afectado por la empresa Repsol-Petrolia; y a Petroecuador que entregue la información de toda la operación y planes de la empresa estatal en el bloque 16, así como los posibles beneficios que representará la continuidad de la explotación petrolera a la comunidad.   Mientras, sobre los acuerdos alcanzados ahora, Petroecuador informó que de acuerdo a los lineamientos del Gobierno, trataron los puntos solicitados por los comuneros, enmarcados en la ley y competencia de cada entidad.   Según la estatal, estas resoluciones forman parte del Plan de Relaciones comunitarias que implementa en las zonas aledañas a sus proyectos, gestión que se relaciona a los ejes de infraestructura comunitaria, educación, derechos humanos, revalorización cultural, salud y fomento de proyectos productivos para el sustento de las comunidades de la zona de influencia de los bloques 16 y 67.   “La empresa realizará las gestiones pertinentes, dentro de sus competencias, para dar cumplimiento a los compromisos con todas las comunidades de la zona de influencia de los bloques 16 y 67 con las que se llegaron a acuerdos, entre las cuales están Pompeya, Indillama, Yarentaro y Dicaro”, especificó la estatal petrolera.

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Chile busca crear una cárcel especial para integrantes de pueblos indígenas

El Ministerio de Justicia de Chile está analizando la viabilidad de crear un recinto penitenciario exclusivo para presos integrantes de pueblos indígenas. “Hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros lo estamos evaluando”, ha explicado el subsecretario de Justicia chileno Jaime Gajardo, en declaraciones al periódico ‘La Tercera’. Así, ha indicado que el Gobierno está revisando los costos de esta medida “y si efectivamente es posible en el marco que establece el Convenio 169 de la (Organización Internacional del Trabajo) OIT”, en referencia a las normas específicas para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. “Tiene que haber seguridad para los internos, sus familias y también para los gendarmes, y así terminar con los disturbios en las calles de las ciudades donde están actualmente los penales”, ha señalado. Este anuncio tiene lugar meses después de que la ministra de Justicia chilena, Marcela Ríos, se reuniera con diputados de distintas bancadas en el marco de los beneficios carcelarios concedidos a comuneros indígenas, al tiempo que se debatía el traslado administrativo de internos que se encontraban en huelga de hambre en la prisión de Angol, en el sur de Chile.   Fuente: El Comercio

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