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Ecuador: julio 15, 2024

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El Salvador extendió por otros 30 días la suspensión de garantías bajo el régimen de excepción instaurado por Bukele

Infobae .- La nueva prórroga entrará en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo.     La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por Nayib Bukele, aprobó la noche de este miércoles extender por 30 días más la suspensión de varias garantías constitucionales bajo la implementación de un régimen de excepción, “por la reactivación de miembros de pandillas aún en libertad”. La iniciativa, que fue presentada horas antes de su votación por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados en el órgano Legislativo al sumar 67 votos de los 84 diputados, sin debate previo. Esta es la decimoséptima ocasión que el Congreso amplia dicha medida, que se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. “Existe una amenaza de reagrupación de miembros de pandillas, persiste la amenaza de la criminalidad de dichos grupos, aún persisten miembros de pandilla y sus liderazgos, y se han registrado ataques contra agentes de la Seguridad”, indica el decreto legislativo leído y aprobado en el Parlamento. La nueva extensión entrará en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo. Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días. Esta es la decimoséptima ocasión que el Congreso amplia dicha medida, que se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. (AP) De acuerdo con cifras divulgadas por fuente oficiales, esta medida ha dejado a más de 72.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. La extensión de la medida se aprueba el mismo día en que representantes de unas 15 familias de personas detenidas durante el régimen de excepción protestaron contra unas reformas penales, que aún no están vigentes, que permiten juicios grupales y que podrían dilatar audiencias hasta el 2028. Esta protesta es la primera contra el régimen de excepción que se da en la ciudad de Santa Ana, la más importante del occidente del país y ubicada a más de 68 kilómetros de la capital. La diputada del opositor y partido Vamos, Claudia Ortiz, lamentó que “los inocentes detenidos no tienen derecho a la defensa porque es una de las garantías suspendidas”. La extensión de la medida se aprueba el mismo día en que representantes de unas 15 familias de personas detenidas durante el régimen de excepción protestaron contra unas reformas penales, que aún no están vigentes, que permiten juicios grupales y que podrían dilatar audiencias hasta el 2028. (AFP) “Todos sabemos que cualquier persona inocente que no tiene vínculos con estructuras de crimen organizado puede caer en el mal llamado margen de error”, que se produce en las detenciones, destacó Ortiz. Iglesia católica La Iglesia católica pidió el pasado fin de semana al gobierno de El Salvador que evite encarcelar a inocentes en el marco de la “guerra” contra las pandillas. “Si queremos revertir la historia desde los pobres, es necesario en primer lugar seguir trabajando en el mejoramiento de los procedimientos legales para evitar el encarcelamiento de inocentes, y para la pronta liberación de los inocentes encarcelados”, dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, en una homilía en la Catedral de San Salvador. Escobar abogó por “la administración de la pronta y cumplida justicia”, mientras organismos de derechos humanos critican los métodos de Bukele para acabar con las pandillas, que ejercían control territorial en buena parte del país y se financiaban con cobro de extorsiones, sicariato y venta de drogas. Bukele lanzó en marzo de 2022 su guerra contra las pandillas, al amparo de un régimen de excepción aprobado por el Congreso dominado por el oficialismo, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

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El Salvador: la cifra de detenidos bajo el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele ya supera los 71.770

Infobae .- De acuerdo con cifras de organizaciones civiles, las “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos llegó al menos a 5.490. Las privaciones de libertad arbitrarias representan el 95,32% de las denuncias.     La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto del régimen de excepción, implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para acabar con la pandillas, asciende a más 71.770, según informó este lunes el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro. “Tenemos a la fecha, y luego de un año de implementación, 71.776 capturas”, comentó el funcionario durante una entrevista matutina en un canal local. Villatoro señaló que las autoridades de Seguridad salvadoreñas “tienen comunicación” con las de México, Belice, Guatemala e “incluso con las Estados Unidos” para que se capturen a miembros de dichas estructuras que “han huido a esos países”. Apuntó que, “gracias a esta colaboración”, se han localizado y detenido a aproximadamente 30 personas en Guatemala, “arriba de 15″ en Belice, “entre 4 o 5″ en Honduras y aproximadamente 3 en Costa Rica. Además, apuntó que a la fecha se han capturado a “1.100 cabecillas (líderes) de pandillas” y que en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel con capacidad para al menos 40.000 pandilleros, hay 12.500 detenidos, todos miembros de pandillas, según el ministro. La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el pasado 11 de julio la decimosexta ampliación por 30 días de la medida de excepción que suspende varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa. El gobierno de Bukele es criticado por sus medidas para combatir a las pandillas en El Salvador (EFE/Rodrigo Sura) Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días. De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490. Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13.581 “hechos violatorios”, de los que el más denunciado es la detención arbitraria en el 95,32%, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado. El pasado 14 de julio, el Estado de El Salvador negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de las organizaciones humanitarias sobre atropellos, acoso a la prensa y torturas. La organización que vela por los derechos humanos había llamado al gobierno de Bukele el pasado mes de abril a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción “instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana”. “La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado. Organizaciones sociales sostiene que el “hecho violatorio” más denunciado en El Salvador es la detención arbitraria (REUTERS/Jose Cabezas) Agregó que “la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común” y destacó que se habrían registrado “188 días sin homicidios en los últimos 12 meses”. La CIDH indicó también que “ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas”. “También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal”, acotó. “El Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia – tanto el control así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana – se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho”, concluyó la CIDH.

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Más de mil menores de entre 12 y 17 años fueron apresados en El Salvador bajo el estado de excepción de Bukele

Infobae .- El gobierno fuerza a la policía a mantener cuotas diarias de capturas. A los jóvenes los acusan de “asociación ilícita” con las maras casi siempre sin prueba alguna, “alcanza con una mala mirada”, cuenta una madre a Infobae   Los cinco hijos de Gladys están presos. La policía, amparada en el régimen de excepción en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene al país desde marzo de 2022, se los llevó a todos y los repartió en tres cárceles del país. Al menor, Kevin, de 17 años, lo soltaron el nueve de junio del año pasado, después de que había estado preso cinco semanas: ni la policía ni la fiscalía salvadoreña tenían pruebas de las asociaciones ilícitas con pandillas que le achacaban. Kevin casi no habla desde que volvió a casa y, cuando lo hace, es para contarle a su madre, sin demasiados detalles, que sus carceleros le pegaban casi a diario y apenas le daban agua.   Kevin (los nombres de los protagonistas de esta nota se han cambiado por su seguridad y a petición de ellos) es uno de los 1.082 menores de edad a los que el gobierno de Bukele metió presos entre el 27 de marzo, cuando se decretó por primera vez el régimen de excepción en El Salvador, y el 31 de agosto de 2022, de acuerdo con una base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC) publicada por la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Entre los menores encarcelados hay 21 niños de entre 12 y 13 años, a los cuales la PNC de Bukele pudo meter presos gracias a una reforma de marzo del año pasado que redujo la edad de encarcelamiento de 16 a 12 años.   Kevin, como la mayoría de los menores arrestados, fue acusado de asociaciones ilícitas, un delito que, por las reformas que el gabinete de seguridad de Bukele promovió con el régimen de excepción, es castigado desde marzo con penas en prisión de 9 a 45 años. La estrategia de aplicar este delito de asociaciones ilícitas a centenares de jóvenes arrestados ha sido común en los últimos meses: según HRW, unas 39.000 de las 61.000 personas arrestadas desde que empezó el régimen de excepción están en la cárcel acusadas de asociaciones ilícitas.   Dos abogadas consultadas por Infobae en El Salvador, que han defendido a menores como Kevin y quienes accedieron a opinar desde el anonimato por temor a represalias de la Fiscalía General de El Salvador (FGR), aseguran que en la mayoría de audiencias iniciales, en las que de acuerdo con la legislación salvadoreña el gobierno debe demostrar que hay indicio suficiente de prueba para continuar con el proceso judicial, las evidencias que presentan los fiscales son vagas, incluso inventadas y no cumplen con uno de los requisitos de la ley nacional: individualizar la participación de los imputados en los hechos.   Una de las abogadas detalló que hay audiencias en que la fiscalía reúne hasta a 100 imputados ante un juez, la mayoría de los cuales no cuenta con recursos apropiados para defenderse. Amnistía Internacional se hizo eco de esto en un reporte publicado en junio de 2022, en el que advertía que los tribunales salvadoreños hacían audiencias masivas o en forma virtual a través de videollamadas con los reos en los centros penales, en las que se silenciaba los micrófonos para que los imputados no pudiesen hablar.   “Los juzgadores no intiman adecuadamente a las personas imputadas para darles a conocer los cargos que enfrentan; estas no comparecen personalmente a las audiencias, sino que lo hacen de forma virtual y en grupos numerosos; en la mayoría de estas audiencias se ha generado la práctica de silenciar el micrófono desde los centros penales, por lo que las personas que comparecen virtualmente no pueden tomar la palabra y ejercer su defensa material”, confirmó un informe de la organización salvadoreña Cristosal, una de las que mejor ha documentado los abusos durante el régimen de excepción.   Kevin, el hijo de Gladys, como los otros centenares de menores arrestados, tuvo que pasar preso 15 días antes de ver a un juez, pero él corrió mejor suerte que los otros que, después de alguna de esas audiencias masivas o sin micrófono, se quedaron presos. Gracias al régimen de excepción, y en última instancia a las reformas aprobadas por el congreso bukelista, pueden pasar meses, incluso años, antes de que la situación jurídica de estas personas se resuelva. Copia de un informe policial que detalla las cuotas de arrestos exigidos a agentes durante el régimen de excepcion impuesto por el gobierno de Bukele en El Salvador. La imagen corresponde a la zona metropolitana de San Salvador. La autenticidad del documento fue confirmada a Infobae por oficiales de la Policía. Zaira Navas, abogada de Cristosal, asegura que el régimen de excepción y las reformas legales están diseñados para mantener llenas las cárceles y que el gobierno ha establecido a la PNC cuotas diarias de capturas. “El régimen se ha prestado a muchas arbitrariedades, que es lo que ocurre al ordenar detenciones para cumplir números o cuotas de detenidos, al principio eran mil hoy son 500 cada día, y hay muchos audios y grabaciones de policías que lo prueban. Esto ha generado más arbitrariedades entre jefaturas medias de la PNC, pero también lo han aprovechado policías para saldar rencillas personales o para acosar personas”, dice Navas.   Gladys, la madre de Kevin, está convencida de que a sus hijos se los llevaron por eso, para cumplir una cuota. “Mis hijos son sanos trabajadores, pero la policía tenía que cumplir su meta”, dice la mujer a Infobae por mensajería electrónica.   Oficiales consultados en la PNC confirman que, al menos entre marzo y agosto de 2022, el gobierno de Bukele impuso cuotas de hasta mil capturas diarias en todo el país, sin importar si los detenidos tenían antecedentes o si había alguna investigación previa; bastaba una denuncia anónima o incluso, en algunos casos, que los agentes captores se inventaran excusas para justificar los arrestos.   “Todo esto provocó graves desaciertos, provocó

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Bukele intensificó su lucha contra las pandillas y cercó con más de 1.000 policías otra comunidad de la capital

El operativo es similar al montado sobre Soyapango a principios de mes, que aún se mantiene, y ya dejó más de 500 detenidos El Salvador avanza en su lucha contra las pandillas en su noveno mes consecutivo. Este sábado, Nayib Bukele dispuso el cercamiento de Tutunichapa, una populosa comunidad de la capital del país, en el segundo operativo de este tipo en diciembre. “Desde esta mañana, la comunidad Tutunichapa en San Salvador está totalmente cercada”, escribió en su cuenta de Twitter Bukele. El operativo involucra a más de 1.000 soldados y 130 agentes de la policía, que extraerán a los criminales “que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico”, continuó el mensaje. “Todos los terroristas, narcotraficantes y pandilleros serán removidos de esta comunidad, hasta hace unos meses bastión del crímen”, declaró y agregó que “los ciudadanos honrados no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente”. Tuit de Nayib Bukele Esta decisión no afecta el cerco similar dispuesto en Soyapango, la segunda ciudad más poblada del país, que fue montado el pasado 3 de diciembre. Este operativo incluyó a más de 10.000 efectivos policiales -en conjunto con la fuerza armada y la división élite de seguridad-, y fue el primero realizado en la quinta fase, de extracción, del famoso Plan Control Territorial impulsado por el Ejecutivo. Hasta el momento, el departamento de prensa de la Casa Presidencial ha informado de seis detenciones en Tutunichapa, aunque sin especificar si se trata de pandilleros o de personas dedicadas al narcotráfico. En tanto, en Soyapango eran 500 los presuntos delincuentes detenidos hasta el 15 de diciembre. Estos operativos incluyen registros tanto de las casas de las personas que allí habitan como de quienes circulan a pie o en vehículos, que ingresan o salen de las colonias. También, se realizan controles aleatorios en colectivos. Estos operativos se enmarcan en la quinta fase, de extracción, del famoso Plan Control Territorial impulsado por el Ejecutivo (REUTERS) A su vez, por las calles circulan carros blindados del ejército -algunos de ellos artillados- mientras otros vehiculos de la policía con agentes fuertemente armados con fusiles de asalto se introducen en las colonias del municipio en busca de pandilleros. El Salvador lleva meses embarcado en su guerra contra las pandillas, también llamadas maras, que lo ha llevado a establecer el régimen de excepción en todo el país, además de avanzar con este tipo de operativos en algunas ciudades. El Ejecutivo prorrogó el 15 de diciembre por novena ocasión este régimen, que suspende los derechos constitucionales, y lo extendió por otros 30 días. El Ejecutivo de El Salvador prorrogó por 30 días el régimen de excepción (REUTERS) “Las organizaciones criminales y sus integrantes mantienen su amenaza, que se ha evidenciado con ataques y agresiones concretados durante el régimen de excepción que aún transcurre, así como los remanentes de estas que no han sido capturados”, menciona el último escrito aprobado, en referencia a la ola de violencia que vivía el país en marzo, cuando los asesinatos escalaron a más de 80 en tan solo tres días -62 de ellos en una jornada-. Desde el inicio de esta lucha, ya se ha conseguido el arresto de más de 60.000 personas por supuestos nexos con organizaciones criminales o delincuentes per se. Sin embargo, esto le ha valido, también, críticas de múltiples familiares y organismos de derechos humanos que denuncian que se realizaron detenciones “ilegales” y sin respeto por los derechos. Unas 200 personas protestaron para exigir a los jueces la liberación de sus familiares detenidos “ilegalmente” durante el régimen de excepción y los acusaron de “complicidad” con las violaciones a derechos humanos (REUTERS) A mediados de noviembre, unas 200 personas del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) se manifestaron en las calles y emitieron un comunicado de prensa en el que manifestaron su rechazo a las actuaciones de los juzgadores, a quienes acusan de “cómplices” de Bukele y señalaron como “responsables de violaciones a los derechos humanos, vejaciones, torturas, degradación a la salud, muerte y lesiones graves” de los detenidos”. Fuente: Infobae

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Bukele se negó a concluir el estado de excepción en El Salvador

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que la estrategia no es sostenible en el tiempo y a la larga solo generará un rebrote de violencia El presidente de El Salvador Nayib Bukele contestó con un “no”  a la recomendación que Human Rights Watch (HRW) y Cristosal le hizo a su Gobierno para terminar la implementación del régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia. Bukele escribió “no” en un mensaje en Twitter en respuesta a un posteo de Juan Pappier, Director Asociado en funciones para las Américas de HRW, en el que señala que la ONG recomienda terminar con el régimen de excepción. Dicha recomendación es parte del informe denominado ‘Podemos detener a quien queramos’, según indicó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, durante la presentación del documento. Taraciuk señaló que se pidió una reunión con Bukele para presentar los hallazgos y las recomendaciones pero que aún no han recibido respuesta. La respuesta de Bukele a la recomendación de HRW en Twitter El informe difundido este miércoles por la ONG señala que la muerte de 86 personas con signos de tortura en cárceles de El Salvador muestra una política sistemática de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción decretado por Nayib Bukele para combatir a las pandillas. El estudio, elaborado en conjunto con la ONG Cristosal, se suma a las recientes críticas realizadas por otros colectivos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional o International Crisis Group (ICG) contra la medida tomada por la administración de Bukele en marzo. “No hay ningún falso dilema entre seguridad y derechos humanos. Una efectiva política de seguridad protege derechos humanos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, al presentar el documento en rueda de prensa virtual. El régimen de excepción, que ha sido prorrogado varias veces, fue solicitado por Bukele al Congreso -donde el oficialismo tiene mayoría- luego de que El Salvador registrara 92 homicidios atribuidos a pandillas entre el 24 y el 27 de marzo de 2022. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una ceremonia de despliegue de la quinta fase del plan de Control Territorial en San Juan Opico, El Salvador, el 23 de noviembre de 2022 (REUTERS/José Cabezas) HRW y Cristosal denunciaron que han documentado en El Salvador más de 1.000 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante este régimen de excepción decretado por el Congreso para combatir a las pandillas. La estrategia, que limita garantías constitucionales como el derecho a la libre asociación, la inviolabilidad de telecomunicaciones y los procesos judiciales imparciales, no es sostenible en el tiempo y solo generará a la larga un rebrote de violencia, agregó Goebertus. “Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”, expresó la directora para las Américas de HRW. La investigación afirma que además de la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, se han registrado desapariciones forzadas, torturas y muertes de detenidos bajo la custodia de agentes del Estado, además de arrestos masivos de personas que no están vinculadas con las pandillas. Imagen de archivo: Policías escoltan a un hombre detenido durante el estado de emergencia a la prisión La Esperanza, en Ayutuxtepeque, El Salvador el 5 de mayo de 2022 (REUTERS/José Cabezas) El informe cuestiona el establecimiento de políticas de “cuotas” de detenciones para agentes policiales en un proceso que ha derivado en la detención de unas 58.000 personas en un poco más de ocho meses y ha incrementado la población carcelaria en hasta 95.000 personas, triplicando la capacidad instalada. Human Rights Watch y Cristosal aseguraron que entre los detenidos en “operativos indiscriminados”, sobre todo en barrios de bajos ingresos, hay más de 160 niños y niñas. Las denuncias de HRW también se dan en el marco del reciente despliegue de unos 10.000 efectivos militares y policiales en el suburbio de Soyapango, al este de la capital, considerado en el pasado un bastión de los grupos criminales rivales Barrio 18 y MS-13. Bukele, que goza de niveles de popularidad superiores al 80%, ha desdeñado las críticas a su política de seguridad y ha sostenido que los únicos derechos humanos que le interesa defender son los de la “gente honrada”. Además, afirma que su estrategia ha reducido a dos el índice de homicidios por día. Fuente: Infobae

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Ignorando las denuncias de organizaciones de DDHH, Bukele ordenó el asedio de una ciudad de El Salvador controlada por pandillas

140 pandilleros han sido detenidos en la ciudad de Soyapango en el marco del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo, que permite detenciones sin una orden judicial El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró en la noche del domingo que más de 140 pandilleros han sido detenidos en la ciudad de Soyapango después de dos días de estar cercada por militares. “En menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco”, aseguró el gobernante en su cuenta de Twitter. Desde la madrugada del sábado, 8.500 soldados y 1.500 policías, establecieron un cerco para detener a presuntos pandilleros en el populoso municipio de Soyapango, vecino a la capital San Salvador, en el marco de la guerra que el gobierno mantiene desde marzo en contra de esas agrupaciones criminales. Bukele recordó que Soyapango, una de las localidades más pobladas del departamento de San Salvador con 242.000 habitantes y donde también se ubica la capital del mismo nombre, “está totalmente cercado”. Las autoridades, por el momento, no han presentado públicamente a los detenidos, como usualmente hacen en operaciones de seguridad pública. 8.500 soldados y 1.500 policías, establecieron un cerco para detener a presuntos pandilleros en el populoso municipio de Soyapango, vecino a la capital San Salvador, en el marco de la guerra que el gobierno mantiene desde marzo en contra de esas agrupaciones criminales. (REUTERS) El gobierno no ha mencionado, por aspectos de seguridad, hasta cuándo se mantendrá el cerco militar en Soyapango. En El Salvador está vigente un régimen de excepción desde el 27 de marzo y que permite detenciones sin orden judicial. El régimen de excepción, con el que se impulsa la guerra contra las pandillas, fue declarado en respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo. Cuestionado por organismos humanitarios, la medida fue prorrogada recientemente por el Congreso hasta mediados de diciembre y la misma ha permitido la detención de 58.800 personas, presuntos pandilleros, según cifras del gobierno. En El Salvador está vigente un régimen de excepción desde el 27 de marzo y que permite detenciones sin orden judicial. (REUTERS) Rodeada por verdes cerros y otras colonias, La Campanera, donde residen en su mayoría trabajadores de fábricas, es conocida por ser un bastión de Barrio 18, una de las pandillas más violentas que opera en el país. Este domingo la policía informó en su cuenta de Twitter la captura de uno de los principales líderes a nivel nacional del Barrio 18 en la colonia San José de esta localidad. Se trata de Guillermo Alexander Pineda, alias Lazy, que según la policía “era uno de los terroristas más buscados del país, quien ordenaba homicidios y extorsiones a nivel nacional”. Este domingo la policía informó en su cuenta de Twitter la captura de uno de los principales líderes a nivel nacional del Barrio 18 en la colonia San José de esta localidad. (REUTERS) Las acciones implementadas por el gobierno en Soyapango, en virtud del estado de excepción que ha sido cuestionado por organismos humanitarios, ha conducido a “una enorme mejora en su seguridad”, dijo recientemente la alcaldesa, Nercy Montano. “No nos vamos a ir de Soyapango hasta capturar al último pandillero”, señaló el ministro de Defensa, René Merino. Fuente: Infobae

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